Alejandro Lopez Arango
Expediente 637/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALEJANDRO LOPEZ ARANGO y Otros.
- Alejandro Lopez Arango
- Ivonne Alejandra Lopez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
MESA III "#... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Ahora, por oficio 05/2020, el Secretario encargado por ministerio de ley del Juzgado Octavo de Familiar y Conclusión de asuntos del Séptimo de lo Civil, del Distrito Judicial del centro de esta ciudad, informó que se aprobó en forma definitiva un convenio de treinta de noviembre de dos mil veinte, celebrado entre el quejoso Alejandro López Arango y la tercera interesada Deysi Carolina Pérez López, del cual se advierte en términos generales su decisión y voluntad a reincorporarse como familia con su hijas menores de edad I.A.L.P y L.L.P en el domicilio que citan; convenio que la aludida autoridad judicial aprobó en forma definitiva elevándose a la categoría de sentencia; asimismo, ordenó el archivo del expediente 202/2020, como asunto concluido. Ahora, dado que en sentencia pronunciada el treinta de diciembre de dos mil veinte, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, dejara insubsistente el acuerdo reclamado de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la parte en que fijó pensión provisional al deudor alimentista, aquí quejoso, deducido en los autos del expediente número 202/2020 de su índice, y, en su lugar, dictara otro, en que hicera ponderación de los hechos, a la luz del numeral 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable Juez Octavo de Familiar y Conclusión de asuntos del Séptimo de lo Civil, del Distrito Judicial del centro de esta ciudad; a las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º del mismo ordenamiento legal, se les otorga pleno valor probatorio, se advierte que dicha responsable aprobó en forma definitiva un convenio de treinta de noviembre de dos mil veinte, celebrado entre el quejoso Alejandro López Arango y la tercera interesada Deysi Carolina Pérez López, elevándose a la categoría de sentencia, dando por concluido el citado asunto y ordenó su archivo, por lo que, ante la imposibilidad jurídica y material para el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales correspondientes. Es ilustrativo al caso, por interpretar un precepto de la Ley de Amparo reformada, de contenido similar a la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por el Actuario adscrito a este juzgado, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte tercera interesada la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veinte, por los motivos que expone; en tales circunstancias, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista de acuerdos la resolución de referencia a dicha parte. CÚMPLASE. INSERCIÓN: "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 637/2020; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Materia del juicio. De la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa reclama a la Juez Octavo de lo Familiar del distrito judicial del centro de Oaxaca, el acuerdo de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente de controversias del orden familiar, donde fijó al ahora quejoso una pensión provisional a favor de las menores I.A.L.P y L.L.P., como también de la tercero interesada Deisy Carolina Pérez López, y, al actuario de su adscripción, la diligencia de emplazamiento de fecha seis de octubre de dos mil veinte. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Octavo de lo Familiar del distrito judicial del centro de Oaxaca y actuario de su adscripción, aun cuando éstos los hayan reconocido parcialmente en sus informes justificados, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente número 202/2020, relativo al conflicto o controversia de orden familiar, adjunta al informe justificado de la primera. CUARTO. Causales de improcedencia.- Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que el suscrito advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, respecto del acto reclamado que se hace consistir en la diligencia de emplazamiento de fecha seis de octubre de dos mil veinte, reclamada al actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Familiar, se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, por ausencia de conceptos de violación relativos, los cuales, no podrían ser analizados ni aun en suplencia de la deficiencia de la queja (lo que, por regla general, ocurre en tratándose del reclamo de la falta de emplazamiento), en razón a que de las constancias de autos se advierte que el demandante del amparo, demandado en el juicio natural, ya contestó la demanda instaurada en su contra, de cuya contestación la juez de los autos acordó al respecto en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por lo que, no se encuentra en estado de indefensión, al haber comparecido ya al procedimiento. De ahí que, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, sea procedente sobreseer en el juicio. Se invoca en apoyo la tesis jurisprudencial número 28/93, de la entonces tercera sala de la suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 dela Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTAN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO". QUINTO. Los conceptos de violación, en su aspecto formal, son esencialmente, fundados. Para sostener lo anterior, es menester señalar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, prescribe: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De ese precepto, se colige que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; así, por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado, debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, que debe señalar con precisión las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión de este, por lo que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Luego, para adecuar una norma jurídica al caso concreto al emitir un acto de molestia, la autoridad debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los cuales deben manifestarse en los hechos o circunstancias objetivas del caso para que este encuadre en los supuestos abstractos previstos normativamente, como se describe en la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el acto reclamado consiste en el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente número 202/2020, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito judicial del Centro, Oaxaca, el cual en lo que interesa, es del tenor literal siguiente: "." En cuanto a la medida provisional que solicita la ocursante respecto de la PENSION ALIMENTICIA PROVISIONAL a favor de sus menores hijas con iniciales I.A.L.P. y LL.P., toda vez que del atestado del Registro Civil relativo al nacimiento de la menor, se desprende que cuenta con la edad de seis años y dieciséis días y tres años, tres meses y seis días, tomando en consideración que los alimentos son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la subsistencia de quienes los demandan o de aquellos en cuya representación se exigen, mientras se dicte sentencia definitiva, aunado a la facultad que concede a esta autoridad el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles, para fijar la petición del acreedor, sin audiencia del deudor una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, ello al encontrarse acreditado que el demandado es progenitor de la menor de referencia, con la documental expedida por el Registro Civil exhibida por la actora, al ser los alimentos de orden público y de urgente necesidad, así como que los mismo comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de necesidad, aunado a ello de que las necesidades del acreedor alimentario en cita, son apremiantes, con el solo fin de garantizar los alimentos del acreedor alimentario; tomando en cuenta que se trata de dos deudores alimentarios, y máxime que los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, en términos de los establecidos por el artículos 315 del Código Civil; la capacidad económica del demandado se presume, toda vez que de la narrativa de hechos de su escrito de cuenta, se desprende que la actora refiere que el demandado es concesionario de transporte público taxi número 19-144, perteneciente al sitio de taxis "trece de noviembre" de San Agustin Yatareni, Oaxaca, quien además de trabajar en su ruta establecida también realiza viajes especiales en el interior del Estado, sin embargo no acompaña prueba alguna para corroborar su dicho. En cuanto a la MEDIDA PROVISIONAL que solicita la ocursante para sí misma, y toda vez que del atestado del Registro Civil relativo al matrimonio de la actora con el demandado se acredita que ALEJANDRO LOPEZ ARANGO, es cónyuge de la promovente, y tomando en consideración que los alimentos son una prioridad, de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la subsistencia de quienes los demandan o de aquellos en cuya representación se exigen, mientras se dicte sentencia definitiva, aunado a la facultad que concede a esta autoridad el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles, para fijar a petición del acreedor, sin audiencia del deudor una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, ello al encontrarse acreditado que el demandado ALEJANDRO LOPEZ ARANGO, es cónyuge de la actora DEISY CAROLINA PEREZ LOPEZ, con la documental expedida por el Registro Civil exhibida por la actora, al ser los alimentos de orden público y de urgente necesidad, así como que los mismos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, aunado a ello de que las necesidades del acreedor alimentario en cita, son apremiantes con el solo fin de garantizar los alimentos del acreedor alimentario; y máxime que los cónyuges deben darse alimentos, en términos de lo establecido por el artículos 314 del Código Civil, la capacidad económica del demandado se presume, toda vez que de la narrativa de hechos de su escrito de cuenta, se desprende que el demandado es concesionario de transporte público (taxi) número 19-144, perteneciente al sitio de taxis , "trece de noviembre" de San Agustín Yatareni, Oaxaca, quien además de trabajar en su ruta establecida, también realiza viajes especiales en el interior del Estado, sin embargo no acompaña prueba alguna para corroborar su dicho. Por lo tanto, este Órgano Jurisdiccional para hacer efectivo el derecho de recibir alimentos, en términos de los artículos 313, 314, 315, 320, 327 y 329 del Código civil del Estado, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de sus Procedimientos, atendiendo a la apariencia del buen derecho y la necesidad de la medida de la que puede depender la subsistencia de sus acreedores alimentarios, se fija por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo del demandado ALEJANDRO LOPEZ ARANGO, y a favor de los menores con inicales I.A.L.P. y L.L.P. y de la promovente DEISY CAROLINA PEREZ LOPEZ, el equivalente a DOS SALARIO Y MEDIO mínimo general diario vigente, correspondiendo un salario mínimo general diario vigente para cada una de sus menores hijas y medio salario mínimo general diario vigente para la cónyuge acreedora, por lo que la cantidad que resulte de manera semanal deberá exhibirse por parte del demandado ALEJANDRO LOPEZ ARANGO mediante depósito que deberá realizar EL DIA LUNES DE CADA SEMANA o al día siguiente si fuere feriado; en consecuencia, requiérase al demandado, al momento de su emplazamiento para que de forma SEMANAL deposite ante el Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado dicho pago por concepto de pensión alimenticia a favor de la actora y como representante legítima de sus menores hijas de iniciales I.A.L.P. y L.L.P. previa identificación y recibo que al efecto otorgue. Certificado que de manera inmediata exhibir a este Juzgado para que sea entregado a la acreedora alimentista por conducto de la actora, previa identificación y recibo que al efecto otorgue. Resulta aplicable al caso la Tesis de Jurisprudencia visible a página 34 del Semanario judicial de la Federación, Tercera Sala, Cuarta Parte, Sexta Época, bajo el rubor "ALIMENTOS PROVISIONALES, EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLOS NO ES ANTICONSTITUCIONAL". (transcribe texto). De la lectura de la resolución reclamada, se advierte, que no es inconstitucional para la autoridad responsable, como lo sustenta en la tesis que invoca, la fijación de alimentos a favor de sus acreedores alimentarios. Se respalda, como un hecho indiscutible que los alimentos son de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable. Efectivamente, su tendencia es proteger a los acreedores alimentarios, cuya obligación, en el caso, probado con las actas respectivas, surge del contrato de matrimonio, por lo que respecta a la esposa y, por su filiación como hijas, de las menores, para cubrir los conceptos de alimentación, vestido, habitación y asistencia médica, lo que se encuentra fundamentado, desde luego, en los artículos 313, 314, 315, 320, 327 y 329 del Código civil del Estado, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de sus Procedimientos. No obstante lo anterior, es el caso, que la responsable, como se vierte en los conceptos de violación, no hizo debida ponderación de la totalidad de los hechos, de modo tal que los motivos aducidos para la fijación de dos salarios y medio diarios, a que obliga a pagar al deudor alimentario, ahora quejoso, a favor de sus acreedoras alimentarias, de manera semanal, se apartan, en el aspecto formal, del marco de la Ley Fundamental del país, en tanto, si bien la responsable atiende lo pedido por la actora, como es que a ella y las hijas del matrimonio -en el marco las últimas de su interés superior- se las proteja, mediante la fijación provisional de una pensión alimenticia, mientras dura el juicio instado en la vía de controversias del orden familiar, cierto es también que dejó de hacer debida ponderación sobre la subsistencia del deudor alimentario, de conformidad con el numeral 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Es verdad, dicho numeral señala: Art. 323. "Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos". En ese sentido, y, aun cuando, por principio, debe decirse, es incuestionable que la responsable debe fijar alimentos al deudor alimentario, con motivo de la obligación que le impone la ley del acto, para garantizar la subsistencia de la esposa y de sus menores hijas, esto último, en respeto al principio de su interés superior; no menos verdad es que la autoridad judicial, aun y cuando no tiene los elementos suficientes para considerar que el deudor alimentario, ahora quejoso, percibe un ingreso de más de dos salarios mínimos, pues por dos ocasiones, en su acuerdo reclamado, señala que no hay pruebas de su ingreso, aun así, le fija para pagar semanalmente a sus acreedoras alimentarias, dos y medios salarios mínimos diarios, sin considerar que también el propio deudor alimentario debe subsistir para proveer sus propios alimentos. En tal circunstancia, como ello, revela el quejoso que el acto no está debidamente motivado, pues lo determinado por el juez responsable, deja al margen lo estipulado en el apuntado numeral 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, lo propio entonces, es CONCEDER al quejoso el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. SEXTO. El efecto de la concesión implica que la autoridad responsable Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, deje insubsistente el acuerdo reclamado de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la parte que interesa, deducido en los autos del expediente número 202/2020 de su índice, y, en su lugar, dicte otro, en que haga ponderación de los hechos a la luz del numeral 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. SEPTIMO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio promovido por (.) , en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a (.) , en términos del considerando quinto y para los efectos del sexto subsiguiente. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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