Alejandro Honorio Martínez Jiménez

Expediente 1103/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Honorio Martínez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, transcurrió del siete al veintidós de marzo del dos mil veintitrés, con exclusión de los días once, doce, dieciocho, diecinueve y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el veinte de marzo del año en curso, de conformidad con el numeral 74 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, en atención al oficio ***, remite copias certificadas de las constancias de notificación practicadas a las partes correspondientes al proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral ***. Lo anterior, sin mayor pronunciamiento toda vez que con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, quejoso en el presente juicio, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste Juzgado, el doce de diciembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen, a quien le reclamó la negativa de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de prueba, en los autos del expediente laboral ***. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que de las constancias remitidas en su informe justificado, se desprende que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se señaló día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral ***. En razón de lo anterior, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio de origen, hoy quejoso dentro del presente juicio, ***. Para corroborar su dicho la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen, remitió copia certificada del acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, y del oficio ***, girado al Instituto Mexicano del Seguro Social, relativos al expediente laboral ***. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da f

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, POR MEDIO DE LISTA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, quejoso en el presente juicio, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste Juzgado, el doce de diciembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen, a quien le reclamó la negativa de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de prueba, en los autos del expediente laboral ***. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que de las constancias remitidas en su informe justificado, se desprende que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se señaló día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral ***. En razón de lo anterior, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio de origen, hoy quejoso dentro del presente juicio, ***. Para corroborar su dicho la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen, remitió copia certificada del acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, y del oficio ***, girado al Instituto Mexicano del Seguro Social, relativos al expediente laboral ***. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje con sede en Carmen. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da f

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