Alejandro Agusto Castillo Ortiz

Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
549/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Agusto Castillo Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Milton Alejandro Pech Juarez, apoderado legal de Alejandro Augusto Castillo Ortiz, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del veintiocho de septiembre al once de octubre del año en curso, con exclusión de los días uno, dos, ocho y nueve de octubre del año en curso, por ser inhábiles, en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio S.A./4148/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, remite copia certificada del laudo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el juicio laboral 19/2016, así como de las notificaciones realizadas a las partes del citado laudo. Lo anterior, sin mayor pronunciamiento en razón de que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio S.A./4055/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta de agosto del año en curso, remite copia certificada del laudo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós en el juicio laboral 19/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de Alejandro Augusto Castillo Ortiz, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, de dictar laudo en el juicio laboral 19/2016. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que cierto el acto reclamado por el quejoso; sin embargo, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se emitió laudo en el expediente laboral 19/2016. Lo que se corrobora con las constancias recibidas de las que se desprende que el treinta y uno de agosto del año en curso, se emitió sentencia en el expediente laboral 19/2016. Constancias a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable sentencia en el expediente laboral 19/2016, el treinta y uno de agosto del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No se soslaya que la resolución en forma de laudo, carece de la firma de la totalidad de sus integrantes, pues de su certificación, se advierte que el representante de la parte obrera se negó a firmar el mismo. Sin embargo, ello no es impedimento para emitir la presente resolución; pues ésta no prejuzga sobre los requisitos que debe contener la resolución en forma de laudo. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con treinta y un minutos del seis de octubre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. No se soslaya, que en auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días hábiles proporcionara domicilio correcto donde pueden ser emplazados a juicio a los terceros interesados. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio le irroga el sentido. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente de Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a los terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto los autos, se advierte que mediante oficio 5228/2022, de treinta de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para que informara si en el juicio laboral 19/2016, ya se emitió la resolución en forma laudo, en caso afirmativo proporcionara copia certificada de dicha resolución y su notificación, en caso negativo proporcionara copia certificada de lo actuado en el juicio laboral 19/2016, a partir del auto que decretó el cierre de instrucción hasta su última actuación sin que a la fecha hayan dado cumplimiento. Por lo anterior, gírese atento recordatorio a la autoridad citada, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este auto, informe si en el juicio laboral 19/2016, ya se emitió la resolución en forma de laudo, en caso afirmativo, proporcione copia certificada de dicha resolución y su respectiva constancia de notificación a la parte actora. En caso negativo, proporcione copia certificada de lo actuado en el juicio laboral 19/2016, a partir del auto que decretó el cierre de instrucción hasta su última actuación. . Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el apercibimiento decretado en proveído de treinta de agosto del año en curso, continúa subsistente, esto es, para el caso de que no de cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cincuenta el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada a las doce horas con once minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional; y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes; y por oficio a la autoridad responsable.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano