Alejandro Hernández Camacho
Expediente 75/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/06/2022
Partes del expediente
- Alejandro Hernández Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Alejandro Hernández Camacho, interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, transcurrió del treinta de mayo al diez de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de mayo así como el cuatro y cinco de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental, al resolverse: "Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias de autos se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. (.)" Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios S.A./2142/2022 y S.A./2189/2022 de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, en atención al requerimiento realizado en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 780/2015. De conformidad, con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, las copias certificadas que remite con los oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, Alejandro Hernández Camacho, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el expediente laboral 780/2015 (fojas 1 a 3). Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado mencionó que no era cierto el acto reclamado por el quejoso, toda vez que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se fijaron horas y fechas para el desahogo de probanzas que fueron admitidas en el expediente 780/2015, pero dicho acuerdo no fue notificado, por lo que por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, señaló diversas fechas y horas en el mes de julio del año en curso, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en dicho juicio, especificando que se señalaban hasta ese mes, toda vez que cuentan con una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y a los recursos insuficientes materiales y humanos (fojas 32 a 52). Ahora bien, de las constancias recibidas se desprende que el quejoso Alejandro Hernández Camacho, fue notificado del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cuatro de mayo del año en curso. Copias certificadas a las que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y fijado horas y fechas en el mes de julio del año en curso, para el desahogo de probanzas que fueron admitidas en el expediente 780/2015, y haber notificado al quejoso dicha determinación el cuatro de mayo del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias de autos se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, vista la razón de uno de marzo de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio en el domicilio proporcionado por la parte quejosa a los terceros interesados: 1. Aceros Internacionales de México Sociedad Anónima de Capital Variable; 2. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Campeche Sociedad Anónima de Capital Variable; y 3. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, la falta de emplazamiento a juicio de las terceras interesadas no representa un obstáculo para resolver en definitiva este juicio de amparo, ya que esta determinación en modo alguno es desfavorable a dichos terceros, antes bien, les favorece el sentido, pues se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la tercera interesada Universidad Autónoma del Carmen; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios S.A./2142/2022 y S.A./2189/2022 de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, en atención al requerimiento realizado en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 780/2015. De conformidad, con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, las copias certificadas que remite con los oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, Alejandro Hernández Camacho, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el expediente laboral 780/2015 (fojas 1 a 3). Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado mencionó que no era cierto el acto reclamado por el quejoso, toda vez que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se fijaron horas y fechas para el desahogo de probanzas que fueron admitidas en el expediente 780/2015, pero dicho acuerdo no fue notificado, por lo que por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, señaló diversas fechas y horas en el mes de julio del año en curso, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en dicho juicio, especificando que se señalaban hasta ese mes, toda vez que cuentan con una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y a los recursos insuficientes materiales y humanos (fojas 32 a 52). Ahora bien, de las constancias recibidas se desprende que el quejoso Alejandro Hernández Camacho, fue notificado del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cuatro de mayo del año en curso. Copias certificadas a las que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y fijado horas y fechas en el mes de julio del año en curso, para el desahogo de probanzas que fueron admitidas en el expediente 780/2015, y haber notificado al quejoso dicha determinación el cuatro de mayo del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias de autos se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, vista la razón de uno de marzo de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio en el domicilio proporcionado por la parte quejosa a los terceros interesados: 1. Aceros Internacionales de México Sociedad Anónima de Capital Variable; 2. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Campeche Sociedad Anónima de Capital Variable; y 3. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, la falta de emplazamiento a juicio de las terceras interesadas no representa un obstáculo para resolver en definitiva este juicio de amparo, ya que esta determinación en modo alguno es desfavorable a dichos terceros, antes bien, les favorece el sentido, pues se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la tercera interesada Universidad Autónoma del Carmen; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA TERCERO CON INTERES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBIL, SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARLE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios S.A./2142/2022 y S.A./2189/2022 de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, en atención al requerimiento realizado en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 780/2015. De conformidad, con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, las copias certificadas que remite con los oficios de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, Alejandro Hernández Camacho, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el expediente laboral 780/2015 (fojas 1 a 3). Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado mencionó que no era cierto el acto reclamado por el quejoso, toda vez que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se fijaron horas y fechas para el desahogo de probanzas que fueron admitidas en el expediente 780/2015, pero dicho acuerdo no fue notificado, por lo que por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, señaló diversas fechas y horas en el mes de julio del año en curso, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en dicho juicio, especificando que se señalaban hasta ese mes, toda vez que cuentan con una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y a los recursos insuficientes materiales y humanos (fojas 32 a 52). Ahora bien, de las constancias recibidas se desprende que el quejoso Alejandro Hernández Camacho, fue notificado del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cuatro de mayo del año en curso. Copias certificadas a las que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y fijado horas y fechas en el mes de julio del año en curso, para el desahogo de probanzas que fueron admitidas en el expediente 780/2015, y haber notificado al quejoso dicha determinación el cuatro de mayo del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias de autos se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, vista la razón de uno de marzo de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio en el domicilio proporcionado por la parte quejosa a los terceros interesados: 1. Aceros Internacionales de México Sociedad Anónima de Capital Variable; 2. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Campeche Sociedad Anónima de Capital Variable; y 3. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, la falta de emplazamiento a juicio de las terceras interesadas no representa un obstáculo para resolver en definitiva este juicio de amparo, ya que esta determinación en modo alguno es desfavorable a dichos terceros, antes bien, les favorece el sentido, pues se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la tercera interesada Universidad Autónoma del Carmen; y por oficio a la autoridad responsable.
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