Alejandro Enríquez Almazán
Expediente 1938/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1938/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/01/2018
Partes del expediente
- Alejandro Enríquez Almazán
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, México; once de enero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta signado por Orlando García Acosta, autorizado en términos amplios del quejoso Óscar Manuel Gómez Núñez, mediante el cual pretende ampliar su demanda en actos reclamados y autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes, y se hace del conocimiento de la promovente que no ha lugar a acordar lo conducente respecto de la ampliación de demanda, por cuanto hace a los actos precisados. Lo anterior, pues no tiene capacidad legal para realizar actos a nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de la parte agraviada; asimismo, la ampliación de demanda debe provenir directamente de la voluntad del interesado e influye en la Litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por haberse interpretado disposiciones de similar contenido jurídico, la jurisprudencia 1a./J.37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2011, Tomo XXXIII, Materia Común, pagina 68, registro 161909, que establece: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina Atento a lo anterior, se desecha la ampliación de demanda, promovida por Orlando García Acosta, autorizado en términos amplios del quejoso Óscar Manuel Gómez Núñez. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las diez horas con veinticinco minutos, tal como se estableció en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 180 a 181); sin embargo, el cuatro de enero del año en curso (foja 218), se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad Aserradero, en el complejo penitenciario "Islas Marías"; sin que a la fecha haya transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido. Aunado a lo anterior, en autos no obra constancia de notificación realizada al quejoso del auto de cuatro y nueve de enero del año en curso (foja 222). En consecuencia, a fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho para su celebración. Sirve de apoyo, la tesis XXVII.3o.7 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1451, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Décima Época, con registro número 2006279, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.
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VI.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL TERCERO INTERSADO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTINO DE DICIEMBRE QUE DICE: Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso en el precepto legal 2° de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Titular de la Oficina Registral de Toluca, del Instituto de la Función Registral del Estado de México, quien en atención al proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 737 a 739 vuelta), comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para aseverar su dicho remite el oficio 233B13110/2598/2017 de dieciocho de diciembre del año en curso; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado en el acuerdo de referencia y sin efectos el apercibimiento respectivo. En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de la materia, lo cierto es que la impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
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V.- Toluca, México; diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de cuatro de los actuales (foja 123), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247 con número de registro 917781, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: El presente juicio se promovió por Marcos Rafael García Núñez, contra el acto consistente en la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de emitir el laudo en los expedientes laborales acumulados 260/2010, 1432/2010 y 1256/2013. Mediante sentencia de quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 29 a 36), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marcos Rafael García Núñez, contra los actos y la autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, en los términos expuestos en el considerando último de esta sentencia." Así las cosas, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 443 y 44), causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cabal cumplimiento. En esa tesitura, previos requerimientos e informes de la responsable en el sentido de las diligencias encaminadas al total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el uno de diciembre del año en curso (fojas 107 a 122), el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral J.29/260/2010 y acumulados 1432/2010 y 1256/2013, el veintidós de noviembre de la presente anualidad. Ahora, se procede a realizar el análisis de las constancias citadas, de las cuales se advierte que la responsable, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emitió el laudo en el expediente laboral J.29/260/2010 y acumulados 1432/2010 y 1256/2013. Así las cosas, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues dictó el laudo respectivo en el expediente laboral J.29/260/2010 y acumulados 1432/2010 y 1256/2013, de su índice estadístico, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Finalmente, para el caso de que la autoridad se encuentre en período vacacional y por tal motivo haya suspendido sus labores, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito para que en la fecha en que reanude actividades la dependencia, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; por tanto, el comunicado queda a su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sea debidamente entregado a su destinatario. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo acordó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Marco Antonio Maya García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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VII.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA TERCERO INTERESADA Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: El estado procesal de los autos evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de quince de noviembre del año en curso (fojas 349 a 374), por la cual se sobreseyó en el presente asunto, por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese tenor, se precisa que el veintitrés de noviembre se notificó por lista, previo citatorio de espera, al quejoso Sixto Arroyo Mejía, la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en su carácter de tercero interesado, que se le reconoció en el juicio 1118/2017, y si bien tiene el carácter de quejoso en el expediente 1119/2017-VIII, mismo que se acumuló al presente juicio de amparo 1118/2017-VII, se analiza que al conocer la sentencia que se dictó en este juicio constitucional como tercero interesado por haber sido notificado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (foja 388), no puede desconocerla como quejoso; de ahí que se determina que feneció el computo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar la referida resolución. Es aplicable, por las razones jurídicas que la conforman, la jurisprudencia IV,3o.J/30, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 682 del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1997, Novena Época, con número de registro 197543, que establece: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe cómo persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvase al juez responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las actuaciones relativas al juicio civil 367/2003 y requiérasele para que dentro del término de tres días contados legalmente, acuse el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y en la carátula del presente juicio. Ahora, por cuanto hace a los documentos exhibidos, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados Ivonne e Irasema ambas de apellidos Arroyo Benítez, para que dentro del plazo de noventa días, por si o conducto de persona autorizada para ello, comparezcan a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que exhibieron en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo establecido, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 377), se tuvo como domicilio de la tercero interesada Irasema Arroyo Benítez para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a los quejosos y a la tercera interesada Ivonne Arroyo Benítez, y por lista a Irasema Arroyo Benítez.
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