Alejandro Colín Hernández

Expediente 622/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
622/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
22/08/2017

Partes del expediente

  • Alejandro Colín Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    III. Toluca, México; veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de julio de dos mil diecisiete (foja 210 a 212), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se concedió al quejoso, el amparo y protección de la Justicia de la Unión (Punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo de referencia). Asimismo, es menester referir que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Toluca, México; diez de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta mediante el cual el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 652/2017 (orden 679/2017) del índice de este juzgado, por el que se solicitó notificar personalmente al quejoso Alejandro Colín Hernández, el auto de diez de julio pasado; en ese sentido, agréguese a los autos dicho comunicado para los efectos legales a que haya lugar, sin que se haga mayor pronunciamiento, toda vez que los efectos de dicho auto han cesado, pues el veintiséis de julio pasado (fojas 210 a la 212), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, la cual fue notificada personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, el veintisiete de ese mes y año (fojas 214). En consecuencia, dése de baja la comunicación oficial de cuenta y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con el Secretario Jonathan Corona Belendez, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    III. Toluca, México; veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que el quejoso hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: La orden de traslado de uno de abril de dos mil diecisiete, contenida en el oficio DGPRS/DTL/0254/2017, emitido por el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, por el que se autorizó el egreso (traslado) del quejoso Alejandro Colín Hernández, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, al diverso de Tenancingo, ambos en el Estado de México; y, 2. Su ejecución material. El trece de junio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente en el presente sumario (fojas 131 a 149), en la que se resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Colín Hernández, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos, causas y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Colín Hernández, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, para los efectos precisados en la parte final del considerando séptimo de esta sentencia.". Por ende, el diez de julio de dos mil diecisiete (foja 180 a 182), la sentencia emitida en el presente juicio causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento, en los términos siguientes: "Por lo antes expuesto, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Alejandro Colín Hernández, para efecto de que la autoridad responsable Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, deje insubsistente la orden de traslado reclamada; así como sus consecuencias, lo que se traduce en reincorporar al quejoso al Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ejecutar la orden emitida por autoridad competente que le otorga la ley en relación a los traslados, pero, de manera fundada y motivada. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables ejecutoras, habida cuenta que sus actuaciones no se reclaman por vicios propios." En acatamiento a la sentencia de mérito, mediante oficios registrados con los números de control interno 16094 (fojas 188 a 191) y 16138 (fojas 198 a 200), las autoridades responsables, el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México y el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, remitieron copia certificada del oficio DGPRS/DTL/11007/2017 de once de julio del año en curso, con la que aducen se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dejaron insubsistente el oficio DGPRS/DTL/0254/2017 de uno de abril de dos mil diecisiete, al efecto autorizó el egreso del quejoso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, para ser ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, traslado que se materializó el doce de julio del año en curso, tal y como se advierte de la boleta de traslados, de doce del mes y año en curso (fojas 189 y 190). Por lo que, se advierte que se encuentra cumplimentada la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que las responsables han realizado los actos que dentro de sus atribuciones les fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    MESA III. Visto el comunicado de cuenta mediante el cual el Director General de Prevención y Reinserción Social, del Estado de México, en cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en este sumario, dejó insubsistente el contenido del oficio DGPRS/DTL/0254/2017, de uno de abril de dos mil diecisiete, y a su vez, remite copia certificada del oficio DGPRS/DTL/11007/2017, de once de julio pasado, con el que aduce acreditar fehacientemente su acatamiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el referido comunicado y anexo, dése vista al quejoso, por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.".

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