Alejandro Figueroa Marín
Expediente 1883/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1883/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/03/2018
Partes del expediente
- Alejandro Figueroa Marín
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el comunicado de cuenta remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por el que devuelve diligenciado el exhorto 122/2018, orden 122/2018 (foja153), mediante el cual se solicitó notificar al quejoso Alejandro Figueroa Marín el proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho (fojas 150 a 152); en ese sentido, téngase por notificado al quejoso de mérito el acuerdo de referencia para los efectos legales conducentes. Sin que en el caso haya lugar a acusar recibo en la vía tradicional, pues como lo refiere la autoridad exhortada, al remitir dicha comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), la constancia que se obtiene de dicha plataforma virtual hace las veces del acuse físico. Luego, dado que en el presente expediente no existe diligencia pendiente por acordar, dese cumplimiento a lo acordado en auto de veinte de febrero último (fojas 150 a 152), y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 111 a 120), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Maribel Díaz Ávalos, en representación del directo quejoso Alejandro Figueroa Marín, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Aquí cabe señalar que en auto de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 148 y 149), causo estado la determinación de veintinueve de febrero de dos mil dieciocho (foja 111 a 120), en la que este Juzgado Federal determinó desechar de plano la demanda de amparo promovida por Maribel Díaz Ávalos, por propio derecho. En virtud de lo anterior, y dado que del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar, se ordena el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada y se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora, toda vez el domicilio señalado por el quejoso Alejandro Figueroa Marín, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este órgano de control constitucional y con independencia de la fecha en que reciba la presente encomienda, incluso en días y horas inhábiles como lo establece el artículo 21 de la Ley de la materia, se sirva notificar al quejoso Alejandro Figueroa Marín la presente determinación en el Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete en Michoacán. Sin necesidad de que se acuse de recibo del exhorto de mérito, pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) arroja éste al momento del envío relativo, por lo que este órgano de control constitucional desde ese momento tiene conocimiento de quién realizará la diligencia correspondiente. Además, se solicita al Titular del citado Juzgado de Distrito que remita el resultado de la comunicación oficial de mérito vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en lo previsto por la Dirección General de Estadística Judicial en el oficio CJF/SECJYCNO DGEJ/3290/2016, localizado en el compilador de criterios de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que los documentos digitalizados o escaneados deberán ser legibles y permitir la lectura de todos los elementos relevantes como son: texto, sellos y fechas. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, por cuanto hace a la notificación de la quejosa Maribel Díaz Ávalos, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, dado que por auto de doce de diciembre (fojas 17 a 23), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese; y mediante exhorto al quejoso Alejandro Figueroa Marín en el lugar de su reclusión, y por lista a la quejosa Maribel Díaz Ávalos. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de enero del año en curso (fojas 111 a 120), a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por *********************, por propio derecho, sin que la quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Por otra parte, fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el comunicado de cuenta proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por el que devuelve diligenciado el exhorto 72/2018, orden 72/2018 (foja121), mediante el cual se solicitó notificar al quejoso Alejandro Figueroa Marín el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace a dicho quejoso (fojas 111 a 120); en ese sentido, téngase por notificado al quejoso de mérito del acuerdo de referencia para los efectos legales conducentes. Sin que en el caso haya lugar a acusar recibo en la vía tradicional, pues como lo refiere la autoridad exhortada, al remitir dicha comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), la constancia que se obtiene de dicha plataforma virtual hace las veces del acuse físico. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del precepto legal 2° de la Ley de Amparo, glósese a los autos para los efectos legales conducentes el comunicado de cuenta recibido vía electrónica y signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual remite debidamente diligenciado el exhorto 1268/2017, orden 1295/2017 (foja 43), deducido del presente asunto; en ese sentido, téngase por notificado al quejoso del proveído de dieciocho de diciembre pasado (fojas 40 a 41); acúsese recibo. Al respecto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que remita el acuse de recibo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento (S.I.S.E.), y/o herramienta de interconexión, y hecho lo anterior asiente la constancia respectiva. Atento a lo anterior, se aprecia que en la constancia de notificación Alejandro Figueroa Marín, ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre por Maribel Díaz Ávalos, asimismo, autoriza a la citada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y finalmente, señala domicilio para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, téngase por ratificada la demanda de amparo y en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maribel Díaz Ávalos, puesto que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, conforme a lo establecido en los artículos con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como lugar para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en el lugar de reclusión del quejoso: Centro Federal de Readaptación Social, número diecisiete (17) "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, pues así lo manifestó expresamente el peticionario de amparo. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que con fecha veintiséis de diciembre del año anterior y diecisiete de enero del presente año (fojas 56 y 76, respectivamente), se reservó acordar los escritos presentados por Maribel Díaz Ávalos, en los que pretendió desahogar los requerimientos de fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 17 a 23), así como ampliar la demanda en el presente asunto, hasta en tanto obrara la comunicación oficial de referencia, lo cual ya aconteció, por tanto, se levanta dicha reserva y en atención a su contenido, dígase a la promovente que no ha lugar a tener por desahogados los requerimientos formulados en autos, ni tampoco la ampliación de demanda que refiere, por lo que respecta a Alejandro Figueroa Marín. Lo anterior, tiene razón de ser en virtud de que el quejoso en la diligencia de notificación de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (106 y 107), manifestó expresamente que era su deseo autorizar a la citada Maribel Díaz Ávalos, por lo cual en esta data se le tuvo por autorizada en términos restringidos, toda vez que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de ahí que carece de facultades para realizar tales peticiones, máxime que en el momento en que el impetrante de amparo ratificó la demanda promovida en su nombre, cesó la representación provisional de la promovente, por ende, se insiste en que carece de facultades para actuar en representación del directo agraviado. En diverso aspecto, de la primera certificación de cuenta, se aprecia que el directo quejoso no desahogó la prevención formulada en auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 17 a 23); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Maribel Díaz Ávalos, en representación del directo quejoso Alejandro Figueroa Marín. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, toda vez que Maribel Díaz Ávalos, al suscribir la demanda de amparo refirió que promovía además de promover en representación del directo quejoso Alejandro Figueroa Marín, por ende, se tiene por desahogada la prevención formulada en auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 17 a 23), únicamente respecto de la quejosa Maribel Díaz Ávalos, por ende, procede acordar lo relativo. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, por cuanto hace a la citada quejosa, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la misma. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, de una lectura íntegra a la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: La orden de traslado del interno Alejandro Figueroa Marín, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social, número diecisiete (17) "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán. En ese contexto, este juzgador federal considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para ello, es necesario señalar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." Por su parte, los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Luego, de la lectura del precepto constitucional y legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, los que establecen como regla general para la procedencia del sumario constitucional, que éste únicamente podrá seguirse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico o en casos excepcionales, este principio puede cumplirse a través del representante del agraviado, su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Empero, señala que cuando se traten de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el gobernado deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, tener reconocido un derecho subjetivo público que proteger. Ahora bien, como se infiere de los preceptos legales mencionados, mediante el juicio de amparo se pueden salvaguardar dos tipos de intereses: el jurídico y el legítimo. Cuando se reclaman actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, necesariamente se requiere de un interés jurídico; en cambio, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas el quejoso puede alegar un interés jurídico o un interés legítimo. En el caso a estudio, la quejosa Maribel Díaz Ávalos, reclama la orden de traslado del interno Alejandro Figueroa Marín, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social, número diecisiete (17) "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán. Por ende, se debe distinguir si la quejosa promueve el amparo con base en una afectación a un interés jurídico o a uno legítimo. El interés jurídico aparece cuando de forma fehaciente, la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 293, localizable en la página doscientos cuarenta y dos del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Así, el ejercicio de la acción constitucional, cuando se pretende proteger un interés jurídico únicamente se encuentra reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 294, visible en la página 243 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esta situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." En conclusión, el interés jurídico es aquella situación legal en la que un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no existirá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Resulta ilustrativa, con relación al tema, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, página 374, del siguiente texto: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la diversa jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número J/17 publicada en la página 35 de la Gaceta 60, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 217651, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por otro lado, existe interés legítimo cuando el interesado no tiene un derecho subjetivo para combatir una ley o acto autoritario, pero éste sí es susceptible de causarle un perjuicio, derivado de su situación particular frente al orden jurídico. Entonces tiene interés legítimo, aquel a quien la ley le otorgue la facultad de exigencia oponible frente a la autoridad para que ejecute determinada conducta o no la haga, es decir, aquel que justifique la medida en que el acto autoritario compromete sus derechos fundamentales, así como su interés específico, concreto, cualificado y no simple, general y abstracto que aduce para acudir en demanda de amparo. Ello es así, pues lo que tutela el juicio de amparo no es la legalidad en abstracto o la garantía de cualquier derecho subjetivo, sino un tipo preciso de derechos que en la especie son los derechos fundamentales personalísimos; de ahí que carece de interés legítimo cualquier miembro de la sociedad que por el solo hecho de pertenecer a ella, tiene la pretensión de que se cumpla la legalidad. Entonces, no puede ser procedente el juicio de amparo que se promueva con apoyo en un mero interés general por la legalidad, porque no se trata de una vía abstracta o preventiva ni de un medio reparador de violaciones generales. Como apoyo a lo anterior se cita la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1736, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, registro 2003067, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Asimismo, se invoca la tesis XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 822, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, registro 2002812, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, los elementos constitutivos del interés legítimo son: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Sirve de apoyo, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En tal contexto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario contar con un interés jurídico o un interés legítimo, pero no se puede aducir una afectación a ambos, es decir, se cuenta con interés jurídico o con un interés legítimo. Así, en la presente instancia la quejosa reclama la orden de traslado del interno Alejandro Figueroa Marín, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social, número diecisiete (17) "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán; acto que se estima sólo causa una afectación en lo individual, no a la sociedad. En ese supuesto, es decir, al reclamar una afectación individual, se exige al gobernado que acude a solicitar la protección constitucional que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido; además de forma inherente a dicho interés, para la procedencia del juicio de amparo, también debe existir un perjuicio con motivo del acto de autoridad o por la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para la procedencia del juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de esa trasgresión. De esta manera, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, y así, el perjuicio de que se habla, se debe entender como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado directa o indirectamente, el cual desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Por lo expuesto, es inconcuso que la orden de traslado del interno Alejandro Figueroa Marín, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social, número diecisiete (17) "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, que reclama Maribel Díaz Ávalos, por sí misma, no ocasiona un perjuicio o menoscabo a la quejosa en su persona o su patrimonio; máxime, que quien pudiera presentar en su caso algún perjuicio con la emisión del acto que reclama la promovente sería el directo agraviado, por tanto, Maribel Díaz Ávalos, cuenta con un interés simple, pues el jurídico corresponde a Alejandro Figueroa Marín. En consecuencia, es claro que el traslado que reclama, por sí, no ocasiona afectación a su esfera de derechos, lo que de suyo implica que se trata de un interés simple que la quejosa pretende sea protegido en esta instancia constitucional, cuestión que no autoriza la Ley de Amparo, en razón de que ello no puede invocarse como un interés legítimo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, Libro 73, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, con número de registro 2014433, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5 fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Maribel Díaz Ávalos, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Ahora, toda vez el domicilio señalado por el quejoso Alejandro Figueroa Marín, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este órgano de control constitucional y con independencia de la fecha en que reciba la presente encomienda, incluso en días y horas inhábiles como lo establece el artículo 21 de la Ley de la materia, se sirva notificar al quejoso Alejandro Figueroa Marín la presente determinación en el aludido centro penitenciario. Sin necesidad de que se acuse de recibo del exhorto de mérito, pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) arroja éste al momento del envío relativo, por lo que este órgano de control constitucional desde ese momento tiene conocimiento de quién realizará la diligencia correspondiente. Además, se solicita al Titular del citado Juzgado de Distrito que remita el resultado de la comunicación oficial de mérito vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en lo previsto por la Dirección General de Estadística Judicial en el oficio CJF/SECJYCNO DGEJ/3290/2016, localizado en el compilador de criterios de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que los documentos digitalizados o escaneados deberán ser legibles y permitir la lectura de todos los elementos relevantes como son: texto, sellos y fechas. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, no obstante que el presente auto de desechamiento debe notificarse de manera personal a la parte quejosa Maribel Díaz Ávalos, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, lo cierto es que por auto de doce de diciembre (fojas 17 a 23), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
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