Alejandro Colín Carrazco
Expediente 1542/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Alejandro Colín Carrazco
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se tuvo por no presentada la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, de las que se advierte que ha fenecido el plazo concedido al directo quejoso en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la ratificación de la demanda promovida en su favor, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado y con fundamento en los numerales 108, fracción I y 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, de autos se advierte que en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se reservó acordar respecto al domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, hasta en tanto se contara con la ratificación de la demanda; por lo tanto, en virtud a lo acordado en párrafos precedentes, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para tales efectos el señalado en el escrito de demanda, esto es, la lista que se publica en los estrados de este Juzgado.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el informe a la suspensión de plano rendido por la autoridad que lo suscribe; atento a ello, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a los que señala.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 930/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y al día siguiente en este órgano jurisdiccional; Manuel Montes de Oca Colín, por propio derecho, solicitó la protección constitucional. SEGUNDO. Por acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se admitió la ampliación de demanda por cuanto hace al acto y autoridad señalada como ejecutora, Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Seguido el juicio con las formalidades de ley, se desahogó la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 36 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados, lo son a autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a: 1. El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México; 2. El Director del Órgano Oficial "Gaceta Universitaria", de la Universidad Autónoma del Estado de México; 3. La Abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México; 4. El Director de Responsabilidad Universitaria adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México; 5. La Directora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México; 6. La Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México; 7. La Coordinadora Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México; 8. El Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México; y, 9. La Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. De quienes se reclama: a) La emisión y publicación del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado en la "Gaceta Universitaria", número doscientos setenta y tres, marzo de dos mil dieciocho, época XV, año XXXIV; b) El acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el cual se radicó el procedimiento de responsabilidad universitaria instaurado en contra del quejoso, bajo el expediente número DRU/035/2018; y, por el que se le impone como medida provisional, la suspensión de manera inmediata y temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en la Universidad Autónoma del Estado de México, en tanto se resuelve en definitiva el procedimiento de responsabilidad universitaria; c) El oficio AG/1533/18 de ocho de junio de dos mil dieciocho, por el cual el Director de Responsabilidad Universitaria informó a la Directora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que con motivo del procedimiento de responsabilidad universitaria al cual estaba sujeto el aquí quejoso, se había decretado de manera provisional, su suspensión inmediata y temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa, por lo que le solicitaba se le suspendiera el pago de sus percepciones a partir de la fecha de recepción de esa comunicación hasta en tanto se resolviera dicho procedimiento; d) El consecuente establecimiento de la Comisión por presuntas faltas de responsabilidad universitaria ordenada por el Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en sesión ordinaria y conjunta 05/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho; y, la prohibición al quejoso de continuar con sus actividades académicas, entendiéndose por ello, tanto docentes como en su carácter de aspirante a alumno del Doctorado en Derecho Parlamentario Promoción 1018-2021, en la citada Faculta de Derecho; y, e) La emisión de la "Convocatoria al personal académico universitario interesado en participar en el concurso de oposición para ocupar siete plazas de profesor de asignatura definitivo"; y, la consecuente negativa formal y material para que el quejoso pueda participar en el concurso de oposición para ocupar siete plazas de profesor de asignatura definitivo. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la Directora de la Facultad de Derecho y al Secretario de Investigación y Estudios Avanzados, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de México, consistente en la prohibición al quejoso de continuar con sus actividades académicas, en su carácter de aspirante a alumno del Doctorado en Derecho Parlamentario Promoción 2018-2021, en la citada Faculta de Derecho. Lo anterior es así, pues al rendir su respectivo informe justificado (folios 122 y 134), las responsables indicaron que el ahora peticionario de amparo había sido notificado por presuntas faltas a la responsabilidad universitaria que atentan a derechos humanos y universitarios, en su calidad de profesor de asignatura y no en su calidad de aspirante alumno. Negativa que no desvirtuó con medio de prueba idóneo alguno; pues, por el contrario, el propio quejoso exhibió copia certificada ante Notario del registro 132170 de la solicitud de admisión a Doctorado en Derecho Parlamentario Modalidad a Distancia periodo 2018, expedido por la Universidad Autónoma del Estado de México, con fecha de registro nueve de abril de dos mil dieciocho; constancia a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de la que se advierte que Manuel Montes de Oca Colín, en su calidad de aspirante a alumno, en la citada data registró su solicitud de admisión a dicho curso académico. De ahí que no acredite la existencia de la prohibición de continuar con sus actividades académicas, en su carácter de aspirante a alumno del Doctorado en Derecho Parlamentario Promoción 2018-2021, en la citada Faculta de Derecho. Por su parte, la Abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 136), negó la certeza de los actos que se le reclaman; negativa que no fue desvirtuada por el quejoso con medio de convicción alguno. Lo anterior es así, pues si bien en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la aquí tercero interesada compareció voluntariamente ante el Director de Responsabilidad Universitaria, el cual depende administrativamente de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma del Estado de México, a fin de referir conductas presuntamente cometidas en su contra por el aquí quejoso; así como, mediante oficio DDU/109/2018 de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la defensora universitaria adjunta a la Defensoría de los Derechos Universitarios, remitió un escrito de la aquí tercero interesada a la Abogada General de la citada universidad; no menos cierto es, que derivado de ello, fue el Director de Responsabilidad Universitaria, dependiente administrativo de la referida Oficina del Abogado General, quien atendió dichos ocursos y se pronunció al respecto. Máxime que, en términos del artículo 134 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Administración Central es la instancia de apoyo con que cuenta el Rector para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto y fines institucionales; y, si bien dicha administración se encuentra conformada, entre otros, por el Abogado General, ésta dependencia administrativa cuenta con una jerarquía de niveles de delegación compuesta de Direcciones, Departamentos y Unidades, dentro de las cuales se ubica, precisamente, la Dirección de Responsabilidad Universitaria. Luego, es incuestionable que no es cierto el acto que se reclama a la citada autoridad Abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México, al haber sido emitido por una de sus dependencias administrativas, en ejercicio de las funciones que le delegó. Orienta el criterio del suscrito, por identidad de razón, la tesis VI.3o.23 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 775, tomo V, junio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. NO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITEN LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Si bien es cierto que la institución del Ministerio Público goza de la característica de unidad y que el titular de dicha institución es el procurador general de Justicia en el Estado, también lo es que cada funcionario es responsable de sus actos, por lo que no puede legalmente atribuirse al titular de la Procuraduría General de Justicia, responsabilidad por la actuación de todos los servidores públicos que laboren en dicha dependencia." La Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe justificado (fojas 212), negó la certeza del acto que se le reclama, consistente en "la negativa formal y material para que el quejoso pueda participar en el concurso de oposición para ocupar siete plazas de profesor de asignatura definitivo". Así, debe decirse que los actos cuya existencia es negada por las autoridades responsables, no tienen el carácter de negativos, pues no consisten en un rehusar a hacer algo por parte de las autoridades responsables en favor de lo solicitado por el gobernado; por tanto, la carga de la prueba corresponde al quejoso, es decir que éste tiene el deber de acreditar la existencia de los actos reclamados, conforme con la máxima de derecho que señala que "el que afirma debe probar". En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa. Luego, si en el caso la negativa expresada por la responsable no fue desvirtuada por el peticionario de amparo, mediante prueba idónea alguna, trae como consecuencia que el acto reclamado se torne inexistente. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1445, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1624, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Séptima Época, del Apéndice de 2011, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el Juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa." En tal virtud, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, por cuanto hace a los actos y autoridades precisados en este apartado, al actualizarse la causal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De ahí que, como lo refieren las citadas responsables, se actualiza la causa de sobreseimiento que éstas hacen valer. CUARTO. Es cierto el acto que se reclama del Director de la "Gaceta Universitaria", de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues al rendir su informe justificado (foja 130), aceptó su existencia. Por su parte, la Abogada General, en representación del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe justificado (folio 142), no negó ni aceptó de manera expresa la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, niega que el acuerdo que se señaló como acto reclamado resulte inconstitucional; por tanto, se evidencia la certeza del mismo. Máxime que la existencia de las disposiciones legales combatidas se encuentra acreditada con la publicación en el órgano de difusión oficial universitario "Gaceta Universitaria", dado que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sirve de apoyo, por analogía, el criterio jurisprudencial identificado bajo la tesis 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, tomo XII, agosto de 2000, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En tanto que, el Director de Responsabilidad Universitaria adscrito a la Oficina de la Abogada General y la Directora de Recursos Humanos, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe justificado (fojas 147 y 138), aceptaron la existencia de los actos que se les reclama. La Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe justificado (folio 122), negó la existencia de los actos que se le reclaman; empero, tal negativa se desvirtúa, pues por una parte, de las constancias allegadas al presente juicio se advierte que mediante oficio DIR/620/18 de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 37 del expediente DRU/035/2018), la citada responsable informó a la Dirección de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, que en ese organismo académico se había dado inicio a la queja presentada por la aquí tercero interesada, en contra del ahora quejoso, de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por presuntas faltas de responsabilidad que establece la legislación universitaria; y, entre otras constancias, le remitía la notificación de integración de Comisión formada por el Consejo de Gobierno, por lo que una vez que se realizara el procedimiento que disponían los artículos 23, 25, 26, 27, 28, 29, 38 y 40 del acuerdo por el que se establece el procedimiento de responsabilidad universitaria de la referida universidad, emitiera el dictamen correspondiente y fuera devuelto el expediente y proyecto a ese organismo académico, para los efectos del artículo 47 del Estatuto Universitario. Asimismo, de dichas actuaciones se aprecia que mediante diverso oficio AG/1477/18, de seis de junio de dos mil dieciocho, el Director de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, hizo del conocimiento de la Directora de la Facultad de Derecho de dicha universidad, que se había decretado de manera provisional, la suspensión inmediata y temporal del aquí quejoso de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa. Por su parte, la Coordinadora Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe justificado (folio 117), negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, dicha negativa se ve desvirtuada, pues del acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el cual se radicó el procedimiento de responsabilidad universitaria instaurado en contra del quejoso, bajo el expediente número DRU/035/2018, se advierte que con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, se ordenó informar de su radicación a dicha autoridad responsable. En tanto que, el Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la citada Universidad, al rendir su informe justificado (folio 134), negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en las consecuencias del acto reclamado, las cuales se traduce en la suspensión de manera inmediata y temporal de toda actividad académica; empero, tal negativa debe desvirtuarse, ello, dadas sus funciones dentro de la referida casa de estudios, en términos del Estatuto Universitario, así como su calidad de ejecutora con la que fue señalada por la parte quejosa. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que exhibió el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México como anexo a su informe, consistentes en copias certificadas del expediente DRU/035/2018; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Finalmente, es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Docencia y a la Directora de la Facultad de Derecho, ambas de la Universidad Autónoma del Estado de México, consistente en la emisión de la "Convocatoria al personal académico universitario interesado en participar en el concurso de oposición para ocupar siete plazas de profesor de asignatura definitivo", pues al momento en que la primera de ellas rindió su informe justificado (foja 212), indicó que dicha convocatoria se había realizado de manera pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del capítulo II del Concurso de Oposición, del Reglamento de Personal Académico de la citada universidad. Aunado a que el quejoso ofreció como medio de prueba, el consistente en la fe de hechos de once de julio de dos mil ocho, de la que se advierte que el Notario Público Número Cinco del Estado de México dio fe de que en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, se observaron dos convocatorias, una para siete plazas de profesores de asignatura definitivo y otra, para ocupar dos plazas de tiempo completo definitivo, las que contenían las bases y requisitos que los participantes debían cumplir; así como de las mismas se observó que las autoridades señaladas como responsables fueron las que las emitieron. De ahí que deban tenerse por ciertos los actos que se reclaman a la referidas autoridades. QUINTO. Para un mejor entendimiento del asunto, conviene traer a contexto los antecedentes de los actos reclamados: 1. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la tercero interesada Marissa Itzel Benítez Antonio, asistida de la auxiliar jurídico Laura Roxana Ortega Jaimes, compareció voluntariamente ante el Director de Responsabilidad Universitaria, dependiente de la Oficina de la Abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México, a fin de referir conductas presuntamente cometidas en su contra por el aquí quejoso Manuel Montes de Oca Colín; 2. Por oficio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Secretario de los Consejos de Gobierno y Académico, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, informó al Consejero de Gobierno de dicha Facultad, que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria y conjunta 05/2018 de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se formó la comisión especial que iba a conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria contenidas en el artículo 42 y 45, fracciones II y III, del Estatuto Universitario, cometidas por el docente Manuel Montes de Oca Colín, en contra de la aquí tercero interesada; Comisión que quedó conformada por el M. en D. José Miguel Roldán Sánchez (función-Presidente, cargo-Consejero Docente); M. en D. Margarita Ayala Valdés (función-Vocal, cargo-Consejero Docente); M. en D. Jorge Alejandro Vázquez Caicedo (función-Secretario, cargo-Consejero alumno); y, María Fernanda Uribe Prado (función-Vocal, cargo-Consejero alumno)-; 3. Por oficio de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho José Miguel Roldán Sánchez, en su carácter de Presidente de la Comisión especial que iba a conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria, notificó al docente Manuel Montes de Oca Colín el requerimiento para que se presentara en la Sala de Directores de ese organismo académico, el día siete de junio de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, con la finalidad de desahogar su derecho de audiencia, en el asunto referente a las posibles faltas a la responsabilidad universitaria cometidas por el aquí quejoso, en contra de la ahora tercero interesada; 4. Mediante oficio DDU/109/2018 de treinta y uno de mayo del año en curso, la Defensora Universitaria adjunta a la Defensoría de los Derechos Universitarios, remitió a la Abogada General de la citada universidad, el escrito signado por la tercero interesada, en su carácter de alumna de la Facultad de Derecho de esa máxima casa de estudios, pues consideró haber detectado en el mismo presuntas violaciones a los derechos universitarios y humanos de la citada alumna por parte del docente Montes de Oca Colín; 5. Consecuencia de ello, mediante acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de Responsabilidad Universitaria, tomando en cuenta la comparecencia voluntaria de la aquí tercero interesada, así como el oficio y anexos que le remitió la Defensora Universitaria adjunta a la Defensoría de los Derechos Universitarios, con fundamento entre otras normatividades, en el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, radicó el procedimiento de responsabilidad universitaria, instaurado en contra de Manuel Montes de Oca Colín, a través del expediente número DRU/035/2018; Asimismo, dispuso que en términos del artículo 21 del citado acuerdo, dado que se ventilaban cuestiones de vulneración a derechos humanos, se informara de su radicación a la Defensoría de los Derechos Universitarios y a la Coordinación Institucional de Equidad de Género; De igual manera, señaló las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciocho, para el desahogo de la garantía de audiencia del presunto responsable, a quien debería citársele; Y, con fundamento en los artículos 11, 12 y 36 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, fijó como medidas provisionales, el que se le suspendiera de manera inmediata y temporal de toda actividad académica al profesor Manuel Montes de Oca Colín, que venía desempeñando en la Facultad de Derecho de la citada universidad, en tanto se resolviera en definitivo el procedimiento de responsabilidad universitaria, pues era un deber de la institución adoptar las medidas necesarias para proteger el bienestar de la persona, así como establecer condiciones que le aseguraran un ambiente libre de violencia y garantizaran su educación integral, un derecho que se estimaba podía sufrir un menoscabo o peligro inminente en contra de la seguridad e integridad de la víctima, ello, en observancia a los instrumentos internacionales, federales y estatales sobre derechos humanos. Determinación que se ordenó fuera notificada a las partes; lo cual aconteció el seis de junio de dos mil dieciocho, respecto del aquí quejoso, mediante oficio AG/1476/2018. 6. Derivado de la anterior determinación, mediante oficio AG/1477/18 de seis de junio de dos mil dieciocho, el Director de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, hizo del conocimiento de la Directora de la Facultad de Derecho de dicha universidad, que se había decretado de manera provisional, la suspensión inmediata y temporal del aquí quejoso de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa. 7. Por otra parte, por oficio DIR/610/18 de cinco de junio de dos mil dieciocho, la Directora de la Facultad de Derecho informó a la Dirección de Responsabilidad Universitaria, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que en ese organismo académico se había dado inicio a la queja presentada por la aquí tercero interesada, en contra del ahora quejoso, de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por presuntas faltas de responsabilidad que establece la legislación universitaria; y, entre otras constancias, le remitía la notificación de integración de Comisión formada por el Consejo de Gobierno, la notificación de la alumna y la del catedrático Manuel Montes de Oca Colín; por lo que una vez que se realizara el procedimiento que disponían los artículos 23, 25, 26, 27, 28, 29, 38 y 40 del acuerdo por el que se establece el procedimiento de responsabilidad universitaria de la referida universidad, emitiera el dictamen correspondiente y fuera devuelto el expediente y proyecto a ese organismo académico, para los efectos del artículo 47 del Estatuto Universitario. 8. Mediante oficio AG/1533/18 de ocho de junio de dos mil dieciocho, el Director de Responsabilidad Universitaria informó a la Directora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que mediante diverso oficio AG/1477/18 de seis de junio de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de la Directora de la Facultad de Derecho de dicha universidad, que con motivo del procedimiento de responsabilidad universitaria al cual estaba sujeto el aquí quejoso, se había decretado de manera provisional, su suspensión inmediata y temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa, por lo que le solicitaba instruyera a quien corresponda suspendiera el pago de sus percepciones a partir de la fecha de recepción de esa comunicación hasta en tanto dicho procedimiento fuera resuelto en definitivo. Siendo éste el estado que guardaba el procedimiento de origen, al momento en que se instó en la presente vía constitucional. 9. El veinte de junio de dos mil dieciocho tuvo verificativo la garantía de audiencia, en la que al estar presente el aquí quejoso, asistido del defensor adjunto de los derechos universitarios, el Director de Responsabilidad Universitaria le hizo de su conocimiento los actos presumiblemente constitutivos de faltas de responsabilidad universitaria, a fin de que éste manifestara lo que a su interés conviniere, lo cual llevó a cabo una vez que se le hizo saber el nombre completo de la persona que realizó la imputación que sustentaba el procedimiento de origen; enseguida, se declaró abierta la etapa de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas; luego, tuvo verificativo la fase de alegatos; y, finalmente, una vez que quedaron notificadas las partes de las determinaciones emitidas, se dio por concluida dicha audiencia. Este era el estado que guardaba el procedimiento de origen, al momento en que la responsable Director de Responsabilidad Universitaria rindió su informe justificado -veintiocho de junio de dos mil dieciocho-. SEXTO. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la publicación del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado en la "Gaceta Universitaria", número doscientos setenta y tres, marzo de dos mil dieciocho, época XV, año XXXIV, atribuida al Director del Órgano Oficial "Gaceta Universitaria", de la Universidad Autónoma del Estado de México, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no formuló conceptos de violación para combatir el acto de referencia. Los preceptos en mención indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación." De la lectura lisa y llana de la última fracción del numeral 61 transcrito, destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de diverso impedimento legal que se consigne en la Carta Magna o en la propia Ley de Amparo. Por su parte, las fracciones III y VIII, del artículo 108, también transcritas, imponen al quejoso la obligación de señalar a las autoridades que hayan intervenido en la promulgación o publicación de las normas, únicamente, cuando combata por vicios propios dichos actos, así como a expresar los conceptos de violación por los que estime que la ley fundamental se transgrede en su perjuicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dado que de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de garantías, el Juez de amparo se encuentra impedido para pronunciarse al respecto. Entonces, aunque los conceptos de violación no deben considerarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que estiman infringidos, la premisa menor los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas, deben formularse como la relación razonada entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados por la parte quejosa, demostrando jurídicamente la contravención de éstos con dichos actos expresando la causa de pedir que se configura al manifestar los actos que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados por su expedición o ejecución, así como los motivos o razones que acreditan el resquebrajamiento del orden constitucional. En síntesis, los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular la demanda de garantías, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación; b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le producen los actos reclamados en la esfera de derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus garantías individuales. A partir del cumplimiento de estas premisas surgirá la actualización de la pauta para la conclusión del silogismo y establecer, de esa manera, el problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a los actos reclamados. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien incumbe la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, excepción hecha de los casos en que se trate de actos apoyados en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados que obligue al juzgador a suplir la deficiencia de la queja, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. En efecto, el máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. En este sentido, del escrito inicial de demanda se deduce que la parte quejosa no satisfizo las premisas indicadas, dado que no formuló argumento alguno dirigido a demostrar que la publicación del ordenamiento reclamado ocasionó una afectación en su esfera de derechos, con lo que se acredita la hipótesis de improcedencia y debe sobreseerse en el juicio respecto de la publicación reclamada, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Así, no basta que el peticionario de amparo lo haya invocado como acto reclamado, en virtud de que del análisis de los argumentos vertidos en la demanda de amparo se advierte que dichos señalamientos carecen de las premisas mínimas que debe cumplir todo concepto de violación para tener por satisfecha la causa de pedir. Es aplicable la Jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2248, libro 23, octubre de 2015, tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Asimismo, apoya la anterior determinación la jurisprudencia XVII.5o. J/2, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 446, tomo XV, junio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86). Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.', sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las diversas opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que Carnelutti llama 'motivo o título de la demanda', lo que si bien es fácil determinar al inicio de las controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro derivado de los motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho de los testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que origina que se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en esos términos ante la responsable." De igual manera, en relación al diverso acto reclamado, consistente en el oficio AG/1533/18 de ocho de junio de dos mil dieciocho, por el cual el Director de Responsabilidad Universitaria informó a la Directora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que con motivo del procedimiento de responsabilidad universitaria al cual estaba sujeto el aquí quejoso, se había decretado de manera provisional, su suspensión inmediata y temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa, por lo que le solicitaba instruyera a quien corresponda suspendiera el pago de sus percepciones a partir de la fecha de recepción de esa comunicación hasta en tanto dicho procedimiento fuera resuelto en definitivo; atribuido al Director de Responsabilidad Universitaria y a la Directora de Recursos Humanos, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de oficio, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aun cuando subsiste el procedimiento del que derivó la medida provisional, la materia para la cual se concedería la protección constitucional ha desaparecido, pues de las constancias alegadas al presente juicio, se advierte que a la fecha el peticionario de amparo ya no funge como catedrático en la referida institución. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)." A fin de establecer el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sentado lo anterior, se tiene que del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualicen los siguientes requisitos: a) Subsista el acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable no lo ha revocado o nulificado; y, b) Que no obstante dicha subsistencia, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por cuanto ha dejado de existir el objeto o materia del mismo. Dichos supuestos se actualizan en la especie, en virtud de que no obstante que siga subsistiendo el oficio AG/1533/18 de ocho de junio de dos mil dieciocho, por el cual el Director de Responsabilidad Universitaria informó a la Directora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que con motivo del procedimiento de responsabilidad universitaria al cual estaba sujeto el aquí quejoso, se había decretado de manera provisional, su suspensión inmediata y temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa; sin embargo, la orden que se contiene en éste, en el sentido de que se instruyera a quien corresponda suspendiera el pago de sus percepciones a partir de la fecha de recepción de esa comunicación hasta en tanto dicho procedimiento fuera resuelto en definitivo, ya no es posible que sea ejecutada materialmente, porque el objeto de la misma ha dejado de existir por cuanto la temporalidad para la cual había sido asignado como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias allegadas al presente sumario, precisamente las exhibidas como pruebas por el propio quejoso, se advierte la relativa a la Constancia de Asignación de Actividades signada por la Directora y el Subdirector Académico, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la que se desprende que se hizo saber a Manuel Montes de Oca Colín, que impartiría la cátedra de proceso mercantil, ciclo escolar febrero-julio 2018, del Plan de Estudios de Licenciado en Derecho (F1-2004), a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, con un horario de lunes y miércoles, de las quince a las diecisiete horas. Por tanto, si la materia del acto reclamado era que con motivo del procedimiento de responsabilidad universitaria al cual estaba sujeto el aquí quejoso, se había decretado de manera provisional, su suspensión inmediata y temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa y, consecuentemente, se le suspendió el pago de sus percepciones a partir de la fecha de recepción del oficio AG/1533/18 de ocho de junio de dos mil dieciocho, hasta en tanto dicho procedimiento fuera resuelto en definitivo; es incuestionable que, la fecha hasta donde tendría actividad académica como catedrático en dicha institución, lo era al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Lo anterior significa que los efectos del acto de autoridad impugnado no se continúan concretando en la esfera jurídica del quejoso, ni se decretarán, en virtud de que la autoridad ejecutora materialmente ya no podría ejecutar la suspensión del pago de percepciones, en una temporalidad en la que el peticionario de amparo ya no tiene asignada, como catedrático, actividad académica alguna. Consecuentemente, como se actualiza de manera patente la causa de improcedencia mencionada, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en relación a aludido acto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ilustra a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD.- Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Por otra parte, la Coordinadora Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México, estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque los actos de autoridad que el quejoso considera como inminentes son futuros e inciertos, cuya realización es remota e incierta. Es infundado el argumento expuesto por la responsable. Se afirma lo anterior, pues de las constancias allegadas al presente asunto, se advierte que los actos reclamados se encuentran dirigidos a su persona, por lo que es incuestionable que afectaran su esfera jurídica. El artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." El primero de los preceptos transcritos establece uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada, el cual, implica que el acto reclamado debe causar un perjuicio a quien solicita la protección constitucional. Tal principio está estrechamente vinculado con el concepto de interés jurídico, que consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En otras palabras, el interés jurídico referido en la fracción XII del numeral 61, transcrito en líneas que anteceden, se refiere a la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que esa transgresión cese. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero de 2008, tomo XXVII, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Luego, dado que en el presente asunto, se reclaman actos materialmente jurisdiccionales, así como sus consecuencias, ello redunda en que impere el interés jurídico, aspecto que acreditó de manera fehaciente la parte quejosa. Ahora, la parte quejosa y las responsables exhibieron documentos con los cuales se acredita que los actos reclamados se encuentran dirigidos al peticionario de amparo, tales como el acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, por el cual el Director de Responsabilidad Universitaria, tomando en cuenta la comparecencia voluntaria de la aquí tercero interesada, así como el oficio y anexos que le remitió la Defensora Universitaria adjunta a la Defensoría de los Derechos Universitarios, con fundamento entre otras normatividades, en el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, radicó el procedimiento de responsabilidad universitaria, instaurado en contra del aquí quejoso, a través del expediente número DRU/035/2018; y, derivado de ello, el citado Director de Responsabilidad Universitaria dispuso que en términos del artículo 21 del citado acuerdo, dado que se ventilaban cuestiones de vulneración a derechos humanos, entre otra, se informara de su radicación a la Coordinación Institucional de Equidad de Género. Circunstancia la anterior que, adversamente a lo referido por la responsable, per se, actualiza la afectación inminente que pudiese ocasionarse al quejoso, pues es evidente que el referido procedimiento se instruye en su contra y, en su caso, el proceder de las responsables no se encuentra condicionado a determinado actuar del peticionario de amparo, pues los actos reclamados no se traducen en algún requerimiento o apercibimiento que de cumplirse por la parte quejosa, genere un actuar distinto de las autoridades. Por tanto, se encuentra acreditado el interés jurídico del quejoso, en relación a los actos que reclama. De ahí que resulte infundada la causa de improcedencia que se hace valer por la aludida responsable. Por su parte, el Director de Responsabilidad Universitaria, la Directora de la Facultad de Derecho y la Directora de Recursos Humanos, todos de la Universidad Autónoma del Estado de México, en relación a los actos que se les reclama, consistentes en "el acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el cual se radicó el procedimiento de responsabilidad universitaria instaurado en contra del quejoso, bajo el expediente número DRU/035/2018" y "la prohibición al quejoso de continuar con sus actividades académicas, entendiéndose por ello, tanto docentes.", estiman se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, pues consideran que los actos reclamados derivan del acuerdo de radicación del procedimiento de responsabilidad universitaria, en que se decretó de manera provisional la suspensión inmediata y temporal del profesor Manuel Montes de Oca Colín, en sus actividades académicas, por lo que si dichos actos provenían de un procedimiento, y tales actos no revestían el carácter de una resolución con la que culminara dicho procedimiento, era incuestionable que se actualiza dicha causal. No asiste la razón a las referidas autoridades responsables. Los artículos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." De dichos preceptos, como bien lo indica la responsable, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando se reclamen actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, precisándose que dicha improcedencia se actualiza, cuando tratándose de actos realizados después de concluido el juicio, no se refiera a la última resolución con la que culmine el procedimiento; empero, adversamente a lo estimado por tales autoridades, dicha "última resolución" debe ser la emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia y no, en cualquier procedimiento. Luego, si en la especie, los actos reclamados se traducen en la comunicación que la Directora de la Facultad de Derecho y la Directora de Recursos Humanos, ambas de la Universidad Autónoma del Estado de México, recibieron del Director de Responsabilidad Universitaria, en el sentido de que en el procedimiento de responsabilidad universitaria número DRU/035/2018, instaurado en contra de Manuel Montes de Oca Colín, mediante acuerdo de radicación del mismo, se había decretado de manera provisional, la suspensión inmediata y temporal del aquí quejoso de toda actividad académica que venía desempeñando en esa institución educativa y, por ende, la segunda de las responsables debía suspender el pago de percepciones del peticionario de amparo; es inconcuso que no se está en el supuesto de improcedencia que estiman las responsables, pues en el caso, los actos que se reclaman no fueron emitidos por un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo; aunado a que, derivaron de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que se encuentra en trámite y no, en su etapa de ejecución. De ahí que resulte infundada la causa de improcedencia que estiman las citadas autoridades. En ese tenor, y contrario a lo estimado por las aludidas responsables, dado que en el caso los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo, es preciso traer a contexto el contenido de las diversas fracciones III y V del citado artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, las cuales disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Así, cabe señalar que la fracción transcrita en primer término, que determina que tratándose de actos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la diversa V del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues lo que se pretende a través de este último supuesto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio. Orienta el criterio del suscrito, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Volumen 133-138, Tercera Parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio." Luego, al hacerse un estudio de las constancias obrantes en autos, no se advierte diversa causa de improcedencia que las partes hicieran valer, ni se actualiza alguna que este juzgado deba examinar de manera oficiosa, por lo que, lo procedente es emprender el estudio del fondo del asunto. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad. Una vez estudiados en su integridad los motivos de disenso del quejoso, así como el caudal probatorio existente en autos, se estiman infundados e inoperantes. El peticionario de amparo aduce que el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México es incompetente para expedir el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de dicha universidad, al desplegar en su emisión una notoria invasión de esferas competenciales que corresponden a otra autoridad - Consejo Universitario-, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 19 fracción I, 20 y 21 fracción I, de la Ley de la Universidad; así como carece de debida fundamentación y motivación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." Como se observa, el artículo antes transcrito involucra de manera específica el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad, que exige que cualquier acto de autoridad que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica de los gobernados, deba cumplir con determinados requisitos, a saber: a) que conste por escrito; b) que provenga de autoridad competente; y, c) que esté fundado y motivado. Así, el primero de dichos requisitos, exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, asegurando con ello la certeza de su existencia, y que el afectado conozca con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y consecuencias, de modo que sea factible su análisis y confrontación con la normatividad aplicable. La segunda de tales exigencias, garantiza que la autoridad que emite determinado acto se encuentre facultada para ello de manera expresa en una ley. El tercero de dichos presupuestos obliga a las autoridades a citar en el acto de molestia los preceptos legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la tesis 674 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo III, Parte TCC, página 493, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." En ese tenor, tratándose de actos legislativos, tal como la expedición de un reglamento, acuerdo o disposición, el principio de seguridad jurídica en su vertiente de fundamentación y motivación legislativa, se debe entender como observado con el hecho de que la autoridad que la expide, esté facultada para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la legislación correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes o normatividad que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivación específica. Es ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, volumen 181-186, primera parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." En el caso, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, emitió el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de dicha universidad, actuar que llevó a cabo, en términos de lo dispuesto por los artículos 3° fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafo noveno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 2° párrafo tercero fracción I, 3°, 12 y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 2°, 10 fracción III, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 51, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario y de los numerales segundo y tercero del Acuerdo del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, por el cual se crea la Dirección de Responsabilidad Universitaria como dependencia administrativa adscrita a la Oficina del Abogado General de dicha universidad. A fin de resolver el problema de constitucionalidad planteado, conviene traer a colación los artículos citados por la autoridad responsable, al momento de emitir el acuerdo reclamado. El artículo 3° fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. (.) VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; (...)." En tanto que, el numeral 5°, párrafo noveno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone: "Artículo 5.- (.) La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del Estado de México, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios; se encontrará dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico. Tendrá por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." Por su parte, los artículos 1°, 2° párrafo tercero fracción I, 3°, 12 y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, indican: "Artículo 1. La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del Estado de México, establecida por esta Ley con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico. El Instituto Científico y Literario del Estado de México es el antecedente de esta Universidad, que constituye una comunidad académica dedicada al logro del objeto y fines que le son asignados por la presente Ley, conforme a los principios del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 2. (...) La Universidad tiene las siguientes atribuciones: l. Expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior, conforme a la presente Ley y preceptos aplicables. (.)." "Artículo 3. La Universidad ejercerá su autonomía en los términos de la fracción VIII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Universidad y su comunidad observarán la presente Ley, el Estatuto Universitario, reglamentos y demás disposiciones internas expedidas por sus órganos de gobierno. El Estatuto Universitario señalará la forma, modalidades y procedimientos de aprobación y modificación de éste y de la reglamentación derivada. En la interpretación de esta Ley y reglamentación interna, se tomará en consideración la esencia de la Universidad, los principios fundamentales consignados en la presente Ley, la tradición y el prestigio de la Institución, y las condiciones de desarrollo del entorno social y cultural." "Artículo 12. La Universidad, a través de los órganos correspondientes, conocerá, resolverá y, en su caso, sancionará las conductas de faltas a la responsabilidad universitaria que realicen dentro de la Institución los integrantes de la comunidad universitaria, individual o colectivamente, independientemente de que tales hechos o actos constituyan responsabilidad de otro ámbito jurídico. Los órganos competentes en materia de responsabilidad universitaria y controversias administrativas, actuarán con apego al orden jurídico interior, escuchando a los interesados y observando las instancias, recursos y procedimientos conducentes." Los numerales 2°, 10 fracción III, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 49, 50, 51, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, señalan: "Artículo 2. La Universidad Autónoma del Estado de México ejerce su autonomía para establecer objetivos, políticas y mecanismos necesarios para el cumplimiento de su objeto y fines; asumir teorías, tesis, concepciones y demás posturas indispensables para la conservación, creación, y recreación del conocimiento universal y otras manifestaciones de la cultura; y determinar su organización y funcionamiento." "CAPÍTULO III DEL ORDEN NORMATIVO INTERIOR Artículo 10. La legislación universitaria se integrará con la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, el presente Estatuto, Reglamentos Ordinarios, Especiales y Administrativos, Decretos y Disposiciones Administrativas. (.) III. Las Disposiciones Administrativas serán acuerdos, circulares e instrucciones, destinados a conducir el ejercicio de la función administrativa." "CAPÍTULO VII DE LA RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA Artículo 42. Faltas a la responsabilidad universitaria, son las acciones u omisiones que contravengan la normatividad, produzcan menoscabo a la tradición y prestigio de la Universidad o, causen daño o perjuicio a ésta o a sus integrantes." "Artículo 43. Son causales graves de faltas a la responsabilidad universitaria: suspender ilegalmente, en forma pacífica o violenta, en todo o en parte, las actividades de la Universidad, de un Organismo Académico, Centro Universitario, Dependencia Académica o Plantel de la Escuela Preparatoria, o apoderarse, retener, disponer, aprovecharse, destruir o alterar, en forma pacífica o violenta, en todo o en parte, los bienes o instalaciones del patrimonio de la Institución." "Artículo 44. Son causales de faltas a la responsabilidad universitaria para los alumnos, las siguientes: (.)." "Artículo 45. Son causales de faltas a la responsabilidad universitaria para el personal académico las siguientes: I. Incumplir las responsabilidades y obligaciones establecidas en la legislación universitaria de naturaleza distinta a la laboral. II. Dañar física, moral o patrimonialmente a cualquier integrante de la comunidad universitaria. III. Denostar o menospreciar de palabra u obra el prestigio de la Institución. IV. Abstenerse de participar, intervenir o desempeñar algún cargo o comisión de gobierno o académico sin causa justificada. V. Inducir a terceras personas para dañar, de cualquier forma, a la Universidad o a sus integrantes. VI. Usar como propios o reproducir por cualquier medio, total o parcialmente documentos, información, materiales, instrumentos y otros que sean recibidos de los alumnos, sin autorización y reconocimiento de éstos. VII. Dañar el patrimonio universitario. VIII. Realizar actos que suspendan las labores académicas con fines distintos a los previstos para las mismas. IX. Utilizar los recursos humanos, financieros o materiales que tenga a su cargo, en beneficio o aprovechamiento personal o de terceros. X. Abstenerse de informar a la Autoridad Universitaria cuando tenga impedimento legal para participar en algún órgano colegiado interno. XI. Incurrir en desviación o abuso de autoridad, o cometer agravios en perjuicio de terceros. XII. Falsificar o utilizar documentos apócrifos para cualquier fin, en su relación con la Universidad. XIII. Las demás que establezca la legislación universitaria." "Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Universidad, previa garantía de audiencia, podrán imponer a los alumnos las siguientes sanciones: I. Amonestación. II. Nota de demérito. III. Suspensión hasta por dos ciclos escolares IV. Expulsión definitiva de la Universidad. V. Suspensión o cancelación de derechos escolares, en el caso de que haya terminado sus estudios y aún no obtenga su certificado, título, diploma o grado correspondiente. (.)." "Artículo 47. Los órganos de autoridad de la Universidad, previa garantía de audiencia, podrán imponer al personal académico las siguientes sanciones: l. Extrañamiento escrito. II. Suspensión hasta por tres meses. III. Suspensión hasta por seis meses. IV. Sanción económica para resarcir el daño causado. V. Inhabilitación hasta por cuatro años. El extrañamiento escrito y la suspensión hasta por tres meses, serán impuestas por el Director, previo acuerdo del Consejo de Gobierno correspondiente. La suspensión hasta por seis meses, la sanción económica y la inhabilitación sólo podrán ser impuestas por el Rector, a solicitud del Consejo de Gobierno correspondiente o por el Consejo Asesor en el caso de la Administración Central, independientemente de lo conducente en el ámbito del orden común o federal." "Artículo 48. Para conocer de faltas a la responsabilidad universitaria, se observará lo siguiente: l. Los integrantes del Consejo Universitario, de los Consejos de Gobierno y de los órganos colegiados académicos, sólo serán responsables de su actuación como consejeros ante el órgano al que pertenezcan, en primera instancia; y ante el Consejo Universitario, en segunda, en términos de la legislación universitaria. II. El Rector y los Directores de Organismos Académicos, Centros Universitarios y Planteles de la Escuela Preparatoria, sólo serán responsables de su actuación como titulares de su cargo, ante el Consejo Universitario, en términos de la reglamentación aplicable. III. Los integrantes del personal académico y los alumnos serán responsables en términos de la Ley de la Universidad, el presente Estatuto y reglamentación derivada. IV. Los integrantes del personal administrativo sindicalizado serán responsables en los términos del Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo y disposiciones aplicables." "Artículo 50. Para la aplicación de sanciones por faltas a la responsabilidad universitaria y ejercicio de los recursos de revisión y de inconformidad, deberá observarse lo dispuesto en la reglamentación aplicable." "Artículo 51. La salvaguarda de los derechos universitarios de la comunidad universitaria se garantizará a través del servicio gratuito de Defensoría Universitaria que consistirá en la asesoría, apoyo y, en su caso, representación jurídicos, en el desahogo de los procesos previstos en el presente Capítulo. Se prestará de manera directa o a través de un Defensor Universitario. La Defensoría estará a cargo de tres Defensores Universitarios, designados por el Rector a propuesta del Consejo de Gobierno del Organismo Académico de Derecho, quienes ocuparán el cargo con carácter honorario y por un periodo de dos años. Ante determinada situación, el interesado podrá seleccionar al Defensor de su conveniencia, solicitando al Rector sea comisionado para asesorarlo, apoyarlo y, en su caso, representarlo." "CAPÍTULO II DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Artículo 133.- Para los efectos del artículo 34 de la Ley de la Universidad, la Administración Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución para llevar a cabo la gestión de las actividades adjetivas que resulten necesarias al cumplimiento de las finalidades institucionales. Sus partes componentes son una Administración Central, la Administración de cada Organismo Académico y la de cada Plantel de la Escuela Preparatoria. Las partes componentes conducirán sus actividades en forma coordinada y programada y, se organizarán de acuerdo a las Dependencias Administrativas previstas en los artículos 134, 135 y 136 del presente Estatuto. La legislación universitaria regulará lo conducente a estas administraciones y a sus dependencias, siendo complementada por manuales de organización, de sistemas y procedimientos e instrumentos administrativos necesarios." "Artículo 134.- La Administración Central es la instancia de apoyo con que cuenta el Rector para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto y fines institucionales. Se integrará con Dependencias Administrativas que llevarán el nombre de Secretarías, Direcciones Generales, Coordinaciones Generales y Abogado General, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de delegación compuesta de Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento o Unidad." "Artículo 136.- Las Dependencias Administrativas son unidades congruentes y coherentes de apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia. Estarán dotadas de facultades y funciones necesarias para el ejercicio de su encargo. Las de la Administración Central serán competentes para toda la Universidad, y las de la Administración de Organismo Académico o de Plantel de la Escuela Preparatoria, sólo para el régimen interior correspondiente. Al frente de cada una de ellas habrá un titular, nombrado por el Rector en la Administración Central y nombrado por éste a propuesta del Director correspondiente, en la Administración de Organismo Académico o de Plantel de la Escuela Preparatoria." Y, los numerales segundo y tercero del Acuerdo del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado en la Gaceta 265 de julio de dos mil diecisiete, por el que se crea la Dirección de Responsabilidad Universitaria como dependencia administrativa adscrita a la Oficina del Abogado General de dicha universidad, establecen: "PRIMERO. Se crea la Dirección de Responsabilidad Universitaria, como dependencia administrativa adscrita a la Oficina del Abogado General, de la Universidad Autónoma del Estado de México. SEGUNDO. La Dirección de Responsabilidad Universitaria tendrá como objeto coadyuvar en el desarrollo de las funciones de la Oficina del Abogado General, relativas a la correcta sustanciación de las diferentes etapas del procedimiento de Responsabilidad Universitaria que llevan a cabo los espacios académicos y/o dependencias administrativas de la Institución. (.)." De la interpretación sistemática de tales disposiciones se advierte que la Universidad Autónoma del Estado de México, en tanto institución de educación superior autónoma, tiene la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Federal; que el párrafo noveno del artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 1° de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México establecen que la Universidad es un organismo público descentralizado del Estado de México, con plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a su aspecto de gobierno. En ese tenor, en términos del artículo 2 de la referida ley universitaria, entre otras facultades, la Universidad cuenta con la atribución de expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior, en términos de lo dispuesto en esa Ley y preceptos aplicables; por tanto, la Universidad y su comunidad observarán la referida Ley, el Estatuto Universitario, reglamentos y demás disposiciones internas expedidas por sus órganos de gobierno; en la inteligencia de que la forma, modalidades y procedimientos de aprobación y modificación de dicho Estatuto y de la reglamentación derivada, deberá atender a lo dispuesto en aquél. Así, la Universidad, a través de los órganos correspondientes y competentes, conocerá, resolverá y, en su caso, sancionará las conductas de faltas a la responsabilidad universitaria que realicen dentro de la Institución los integrantes de la comunidad universitaria, individual o colectivamente, independientemente de que tales hechos o actos constituyan responsabilidad de otro ámbito jurídico; en el entendido de que tales órganos actuarán con apego al orden jurídico interior, escuchando a los interesados y observando las instancias, recursos y procedimientos conducentes. Por tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México contará con un orden normativo interior, el cual se conformará con la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Estatuto Universitario, Reglamentos Ordinarios, Especiales y Administrativos, Decretos y Disposiciones Administrativas. Y dentro de estas últimas quedarán comprendidos los acuerdos, circulares e instrucciones, destinados a conducir el ejercicio de la función administrativa, esto es, tendrán por objeto establecer los procedimientos respecto del actuar de las autoridades administrativas de la citada universidad. En ese tenor, es preciso señalar que las faltas a la responsabilidad universitaria, son las acciones u omisiones que contravengan la normatividad, produzcan menoscabo a la tradición y prestigio de la Universidad o, causen daño o perjuicio a ésta o a sus integrantes; y, en relación al personal académico, entre otras, se encuentra la relativa a dañar física, moral o patrimonialmente a cualquier integrante de la comunidad universitaria. Luego, adversamente a lo estimado por el quejoso, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, en pleno ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como el Estatuto Universitario de la misma, emitió el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de dicha universidad. Se afirma lo anterior, pues si bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 19 fracción I, 20 y 21 fracción I, de la Ley de la Universidad, el Consejo Universitario se encuentra facultado para emitir determinados ordenamientos, como se aprecia de dicha legislación; por su parte, la normatividad universitaria, le confiere al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México la facultad de emitir acuerdos, como el aquí reclamado. En efecto, los artículos citados establecen: "Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad adoptará las formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y administración, que considere convenientes. El Estatuto Universitario, en observancia de la presente Ley, determinará las bases y requisitos para establecer, transformar, fusionar o desaparecer las formas y modalidades de organización y funcionamiento mencionadas." "Artículo 19. El gobierno de la Universidad se deposita en los órganos de autoridad siguientes: I. Consejo Universitario. (.)." "Artículo 20. El Consejo Universitario es la Máxima Autoridad de la Universidad, siendo sus resoluciones obligatorias para éste y la comunidad universitaria, y no podrán ser revocadas o modificadas sino por el propio Consejo. El Consejo Universitario se integra por consejeros ex-oficio y electos. (.)." "Artículo 21. El Consejo Universitario tiene las siguientes facultades: I. Expedir y modificar el Estatuto Universitario, reglamentos, y demás disposiciones necesarias para la organización y funcionamiento de la Universidad, observando el procedimiento previsto en la reglamentación aplicable. (.)." De dichos preceptos se obtiene que la Universidad Autónoma del Estado de México, para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, adoptará las formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y administración, que considere convenientes. Así, entre los órganos de autoridad que la gobiernan, se encuentra el Consejo Universitario, el cual constituye la máxima autoridad universitaria, y dentro de sus facultades se halla la de expedir y modificar el Estatuto Universitario, reglamentos y demás disposiciones necesarias para la organización y funcionamiento de la Universidad, observando el procedimiento previsto en la reglamentación aplicable. Sin embargo, a efecto de establecer si es o no competente el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México para emitir el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de dicha universidad, conviene traer a contexto el contenido de los artículos 10 y 11 del Estatuto Universitario, los cuales establecen: "CAPÍTULO III DEL ORDEN NORMATIVO INTERIOR Artículo 10.- La legislación universitaria se integrará con la Ley de la institución, el presente Estatuto, Reglamentos Ordinarios, Especiales y Administrativos, Decretos y Disposiciones Administrativas. I. Los Reglamentos serán: a) Ordinarios, destinados a regular actos, hechos o situaciones jurídicas de observancia general para la Universidad o una de sus partes o, un objeto o situación de la misma competencia. b) Especiales, destinados a establecer la operatividad de ordenamientos superiores o, regular un objeto, proceso o situación determinados. c) Administrativos, regularán la aplicación y cumplimiento de normas superiores u ordenarán el ejercicio de la función administrativa. II. Los Decretos serán acuerdos o lineamientos destinados a regular un acto, hecho o situación específicos, o determinar la observancia o ejecución de normas superiores. III. Las Disposiciones Administrativas serán acuerdos, circulares e instrucciones, destinados a conducir el ejercicio de la función administrativa. Artículo 11.- El Consejo Universitario es el órgano facultado para expedir, modificar, derogar o abrogar el presente Estatuto, los reglamentos y decretos. Los reglamentos administrativos serán expedidos, modificados, derogados o abrogados por el Rector. Los correspondientes al régimen interior de Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria lo serán por el Consejo de Gobierno correspondiente, a propuesta de su Director. Las disposiciones administrativas serán expedidas y modificadas por el Rector o los Directores de Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria, dentro de sus respectivas competencias. Las últimas deberán contar con el acuerdo del Rector. Las disposiciones mencionadas y sus modificaciones entrarán en vigor el día de su expedición. Deberán ser publicadas en el Órgano Oficial Gaceta Universitaria, que se regirá por el decreto que para tal efecto expida el Consejo Universitario." De los preceptos transcritos se advierte que la legislación universitaria se conforma con la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Estatuto Universitario, Reglamentos Ordinarios, Especiales y Administrativos, Decretos y Disposiciones Administrativas. Así, los reglamentos se clasifican en ordinarios, los que se encuentran destinados a regular actos, hechos o situaciones jurídicas de observancia general para la Universidad o una de sus partes o, un objeto o situación de la misma competencia; especiales, que son los destinados a establecer la operatividad de ordenamientos superiores o, regular un objeto, proceso o situación determinados; y, administrativos, que son los que regulan la aplicación y cumplimiento de normas superiores u ordenarán el ejercicio de la función administrativa. Por su parte, los decretos son acuerdos o lineamientos destinados a regular un acto, hecho o situación específicos, o determinar la observancia o ejecución de normas superiores. Y, las disposiciones administrativas, que son acuerdos, circulares e instrucciones, destinados a conducir el ejercicio de la función administrativa. Ahora, en relación a la competencia para su expedición, modificación, derogación o abrogación, la citada normatividad establece: - En relación al Estatuto Universitario, reglamentos -ordinarios y especiales- y decretos, lo será el Consejo Universitario; - Por cuanto hace a los reglamentos administrativos, será el Rector; y, en respecto a los de régimen interior de Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria lo será el Consejo de Gobierno correspondiente, a propuesta de su Director; - En tanto que, las disposiciones administrativas -dentro las que se ubican los acuerdos-, serán expedidas y modificadas por el Rector o los Directores de Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria, dentro de sus respectivas competencias, en la inteligencia de que estas últimas deberán contar con el acuerdo del Rector. De lo que se obtiene que el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, se emitió por el Rector de dicha institución, en ejercicio de la facultad que le confiere el Estatuto Universitario. Se afirma lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción III, de citado Estatuto Universitario, el Rector de la citada institución, tiene la facultad de expedir y modificar las disposiciones administrativas, dentro las que se ubican los acuerdos. Además, es preciso señalar que la emisión del acuerdo tildado de inconstitucional, entre otros aspectos, tiene como destino conducir el ejercicio de la función administrativa de la Dirección de Responsabilidad Universitaria, que es la dependencia administrativa adscrita a la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objeto es el conocimiento del desarrollo de las etapas del procedimiento de responsabilidad universitaria que realizan los espacios universitarios, de conformidad con el acuerdo del Rector de dicha institución, publicado en la Gaceta 265 de julio de dos mil diecisiete, por el que se creó dicha Dirección. Lo anterior, pues las funciones de la Dirección de Responsabilidad Universitaria, consisten en elaborar estudios y proyectos, brindar asesoría a espacios universitarios y a sus integrantes, capacitar a las instancias competentes, coadyuvar en el procedimiento y las demás relacionadas con las faltas a la responsabilidad universitaria. Por tanto, precisamente el hecho de que el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentre facultado para emitir ese tipo de acuerdos, trae como consecuencia que se haya observado el principio de seguridad jurídica en su vertiente de fundamentación y motivación legislativa, pues se satisficieron al haber actuado dentro de los límites de las atribuciones que la citada legislación le confiere (fundamentación), y dado que el acuerdo que emitió se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación). Aunado a que, aun cuando tal disposición no deba ser necesariamente materia de una motivación específica, la autoridad responsable, en vía de fundamentación de la normatividad reclamada, señaló los preceptos en los que fundamentó su actuación y, entre otras cosas, expuso que los procedimientos de responsabilidad universitaria constituyen herramientas para la salvaguarda de los intereses de la Universidad y de sus integrantes; que los miembros del personal académico y los alumnos sujetos al procedimiento de responsabilidad universitaria deben contar con las herramientas suficientes para conocer, seguir y actuar en cada una de las etapas del proceso y en su caso, recurrir las resoluciones que resulten del mismo; ello, con el propósito de promover la correcta convivencia entre las personas que integran la comunidad universitaria y de crear un ambiente de pleno respeto de sus derechos y de cumplimiento de sus obligaciones. Manifestaciones que evidencian, que la autoridad responsable observó el principio de seguridad jurídica en su vertiente de fundamentación y motivación legislativa. De ahí que, como se dijo, resulten infundados los motivos de disenso que sobre el particular hacer valer el quejoso. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 41/2007, de la Primera Sala del Tribunal Supremo de la Nación, publicada en la página 361, tomo XXV, mayo de 2007, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Congreso de la Unión o el presidente de la República, en el ejercicio de la función que a cada uno compete en el proceso de formación de las leyes y, específicamente, este último al emitir un decreto en términos del artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no están obligados a explicar los fundamentos o motivos por los cuales las expiden y promulgan, en virtud de que esa función sólo requiere que la autoridad correspondiente esté constitucionalmente facultada para ello, lo cual es acorde con el criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 269, con el rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.", en el sentido de que tratándose de actos legislativos, dichas garantías se satisfacen cuando la autoridad que expide la ley actúa dentro de los límites de las atribuciones constitucionalmente conferidas (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieran a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación)." En ese tenor, resulta fundado pero inoperante el argumento vertido por el quejoso, en el sentido de que, al emitirse el Acuerdo reclamado, en su parte considerativa se indicó que "la Oficina del Abogado General es la dependencia administrativa de la Administración Central que cuenta con una estructura de niveles de delegación compuesta de direcciones, departamentos y unidades, de acuerdo a lo establecido por el artículo 134 del Estatuto Universitario y puede establecer responsabilidad universitaria en términos del numeral 145 del mismo ordenamiento.", por lo que estima que la autoridad responsable ejecutora, carece de facultades para llevar al cabo el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria en contra de un docente, al presentar el citado acuerdo una evidente falta de adecuada y correcta motivación y fundamentación. Así, lo fundado de dicho motivo de inconformidad, deviene del hecho de que, efectivamente, el artículo 145 del Estatuto Universitario que se citó en el Acuerdo reclamado, prevé lo relativo a las facultades de la Contraloría Universitaria, las cuales no competen a la Oficina del Abogado General y, por ende, a la Dirección de Responsabilidad Universitaria, dependiente de aquélla; sin embargo, el citado motivo de disenso deviene inoperante, pues de la lectura íntegra de la parte considerativa de dicho Acuerdo, se advierte de manera clara y precisa, que en el mismo se establece el procedimiento de responsabilidad universitaria, el cual queda a cargo de la Dirección de Responsabilidad Universitaria, que es la dependencia administrativa adscrita a la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues a dicha Dirección compete el conocimiento del desarrollo de las etapas del procedimiento de responsabilidad universitaria que realizan los espacios universitarios, de conformidad con el acuerdo del Rector de la máxima casa de estudios en cita, publicado en la Gaceta 265 de julio de dos mil diecisiete, por el que se creó esa Dirección. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia número 445, visible en la página 783 del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917/1988, Segunda Parte, volumen II, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimida al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Consecuentemente, resultan infundados e inoperantes los argumentos tendentes a evidenciar la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. OCTAVO. Estudio de legalidad. Negativa de amparo. Una vez que ha quedado rebasado el análisis de constitucionalidad, procede hacer lo mismo en relación al diverso de legalidad, de los actos reclamados, el cual versará al tenor de los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo. Estudio del acto reclamado, consistente en la medida provisional, consistente en la suspensión de manera inmediata y temporal de toda actividad académica, que venía desempeñando el quejoso en la Facultad de Derecho de la citada universidad, en tanto se resolviera en definitivo el procedimiento de responsabilidad universitaria. Al respecto, el quejoso aduce que el Director de Responsabilidad Universitaria, dependiente de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma del Estado de México, le impuso una irracional medida provisional, sin darle oportunidad de ser oído y vencido previamente al juicio, pues se le ha prejuzgado y se le ha declarado culpable, al imponerle una suspensión inmediata y temporal de todas sus actividades académicas, violando el principio de presunción de inocencia. Tal motivo de disenso es infundado, pues al constituir el acto reclamado uno de molestia, previo a su emisión, la autoridad responsable no se encontraba obligada a otorgarle garantía de audiencia al aquí quejoso. Previo a realizar pronunciamiento al respecto, es necesario señalar, lo que el artículo 14, párrafo segundo, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." El primero de los preceptos de previa inserción protege el llamado derecho fundamental de audiencia, que se traduce en que las partes, previo al acto de privación, puedan tener la oportunidad de una adecuada defensa en el proceso judicial o administrativo en el que intervengan o deban actuar, con la finalidad de estar en posibilidad de defender sus bienes jurídicos que salvaguarda la Constitución como la vida, la propiedad, la posesión, entre otros, ante la posible actuación de una autoridad que atente contra ellos. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos contempla los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, que se refieren en que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente, constar por escrito y contener los fundamentos y razones en que se apoye, a fin de que el particular pueda tener conocimiento de ello y así estar en posibilidad de ejercer su defensa. Ahora bien, el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional presupone, que previamente a la emisión de un acto privativo, la autoridad respectiva cumpla con determinadas formalidades que son esenciales dentro de todo procedimiento, para poder decir que efectivamente se preservó el derecho que todo gobernado posee para ser oído y vencido oportunamente. De esa manera, para tener por colmadas las principales formalidades que deben otorgarse a todo individuo, deben respetarse los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 3. La oportunidad de alegar; y, 4. La emisión de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en la que se diriman las cuestiones debatidas. Así, las anteriores formalidades a las que se une el derecho fundamental de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, constituyen los elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dictó de un modo arbitrario ni anárquico, sino en estricta observancia del marco jurídico que la rige; por lo que de faltar alguna de las anteriores exigencias, indudablemente se lesionará la esfera de derechos del sujeto a quien se dirija el acto privativo o de molestia, ante el completo estado de inseguridad jurídica para acceder a una adecuada defensa en el procedimiento o juicio de que se trate. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, diciembre de 1995, página 133, que enseguida se inserta: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 82, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribual del país, publicada en el Informe 1974, parte II, página 25, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE. En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decir acerca de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional." De lo anterior se puede observar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Por tal razón, los derechos fundamentales de audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y debido proceso legal del gobernado, únicamente son de observancia obligatoria tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar sustento a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de 19916, página 5, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Así, con base en la jurisprudencia precedente, para saber si un acto es privativo o de molestia, debe apreciarse la finalidad que el mismo persigue, esto es, si la privación de un bien es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. En ese contexto, si bien es cierto que el derecho fundamental de previa audiencia únicamente es de observancia obligatoria tratándose de actos privativos y no de actos de molestia, debido a que estos últimos no tienen la finalidad de privar de manera definitiva al afectado de alguno de sus bienes o derechos, sino sólo constituyen una medida provisional, también lo es que la aludida prerrogativa constitucional no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Establecido lo anterior, se tiene que en el presente juicio de amparo, el quejoso reclama la resolución contenida en el oficio 1476/2018 que le fue notificado el seis de junio de dos mil dieciocho, y por el que se le hizo de su conocimiento que se le instaura un procedimiento de responsabilidad universitaria, así como el que se le fijó como medida provisional, la consistente en la suspensión de manera inmediata y temporal de toda actividad académica, que venía desempeñando en la Facultad de Derecho de la citada universidad, en tanto se resolviera en definitivo el procedimiento de responsabilidad universitaria. En ese sentido, la medida provisional contenida en el acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho y que le fuera notificada al quejoso mediante oficio 1476/2018, lo fue en términos de los numerales 11, 12 y 36 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, los cuales prevén la posibilidad de que se imponga al presunto infractor, como medida provisional, la suspensión temporal de toda actividad académica, en tanto se resuelva el procedimiento de responsabilidad universitaria. Luego, si la suspensión que consignan los artículos 11 y 12 del Acuerdo invocado sólo tiene el carácter de provisional o preventiva, pues no tiene la finalidad de privar en forma definitiva de algún derecho al sujeto afectado, al tratarse únicamente de una medida provisional o cautelar para proteger determinados bienes jurídicos hasta en tanto se decide si procede o no la privación definitiva por la Comisión Especial que conocerá de las presuntas faltas a la responsabilidad universitaria, entonces no lo rige el derecho fundamental de audiencia previa. Máxime, que la suspensión temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, que prevén los numerales en estudio, de ninguna manera impiden que el académico afectado pueda ejercer su derecho de defensa en el procedimiento de responsabilidad universitaria, pues de conformidad con el artículo 29, fracciones III y XV, del Estatuto Universitario, así como 26 y 29 del Acuerdo Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, se colige que el presunto infractor será citado a una audiencia en la que podrá ofrecer pruebas y formular alegatos, y para ello se le dará la oportunidad de imponerse de los autos, y una vez concluida la audiencia con la presencia del presunto infractor, se le notificará del dictamen respectivo y se le hará saber el derecho y plazo que tiene para promover el recurso que corresponda. Circunstancias que evidencian lo infundado de los argumentos vertidos por el quejoso, pues como ya se demostró, el oficio reclamado no vulnera el artículo 14 de la Ley Suprema, en virtud de que la medida provisional de ninguna manera tiende a privar de manera definitiva los derechos del afectado, de ahí que no lo rija el derecho fundamental de audiencia previa. Al respecto, cabe destacar que el Pleno del Máximo Tribunal del país ha fijado criterio respecto de las medidas cautelares, el cual se contiene en la jurisprudencia P./J. 21/98, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, marzo de 1998, página 18, cuyo rubro y texto son: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." El quejoso estima que la referida medida provisional carece de fundamentación y motivación, pues la responsable sólo señaló ".esto en observancia a los instrumentos internacionales, federales y estatales sobre derechos humanos.", sin explicar cuáles ni señalar su nombre o rubro de identificación y autoridad que lo emite. También deviene infundado tal motivo de disenso. Pues, adversamente a lo estimado por el peticionario de amparo, el Director de Responsabilidad Universitaria responsable, sí fundó y motivó el acuerdo que emitió el cinco de junio de dos mil dieciocho, precisamente, al imponerle la medida provisional de suspensión inmediata y temporal de toda actividad académica que venía desempeñando en la Facultad de Derecho de la citada universidad, en tanto se resolviera en definitivo el procedimiento de responsabilidad universitaria. Como se dijo, el artículo 16 de la Constitución Federal, involucra de manera específica el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad, que exige que cualquier acto de autoridad que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica de los gobernados, deba cumplir con determinados requisitos, a saber: a) que conste por escrito; b) que provenga de autoridad competente; y, c) que esté fundado y motivado. Así, este último presupuestos obliga a las autoridades a citar en el acto de molestia los preceptos legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la tesis 674 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo III, Parte TCC, página 493, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL.". En la especie, mediante acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de Responsabilidad Universitaria, tomando en cuenta la comparecencia voluntaria de la aquí tercero interesada, así como el oficio y anexos que le remitió la Defensora Universitaria adjunta a la Defensoría de los Derechos Universitarios, al advertirse de éstas el presunto incumplimiento a lo establecido en los artículos 16 fracción IV y 45 fracción I, con relación al diverso 30, fracciones I y XIX, todos del Estatuto Universitario; así como la actualización de las causales de responsabilidad previstas en el numeral 10, fracciones II y IV, del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México; y, con fundamento en los diversos 15, 16 fracción I y 23 de este último ordenamiento, radicó el procedimiento de responsabilidad universitaria, instaurado en contra de Manuel Montes de Oca Colín, a través del expediente número DRU/035/2018. Asimismo, dispuso que en términos del artículo 21 del citado acuerdo, dado que se ventilaban cuestiones de vulneración a derechos humanos, se informara de su radicación a la Defensoría de los Derechos Universitarios y a la Coordinación Institucional de Equidad de Género. De igual manera, con fundamento en los artículos 29 fracción III y 47 del Estatuto Universitario, y 23 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló las diez horas del veinte de junio de dos mil dieciocho, para el desahogo de la garantía de audiencia del presunto responsable, a quien debería citársele. Y, con fundamento en los artículos 11, 12 y 36 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la institución en cita, fijó como medida provisional, el que se le suspendiera de manera inmediata y temporal de toda actividad académica al profesor Manuel Montes de Oca Colín, que venía desempeñando en la Facultad de Derecho de la citada universidad, en tanto se resolviera en definitivo el procedimiento de responsabilidad universitaria, pues era un deber de la institución adoptar las medidas necesarias para proteger el bienestar de la persona, así como establecer condiciones que le aseguraran un ambiente libre de violencia y garantizaran su educación integral, un derecho que se estimaba podía sufrir un menoscabo o peligro inminente en contra de la seguridad e integridad de la víctima, ello, en observancia a los instrumentos internacionales, federales y estatales sobre derechos humanos. Determinación que se ordenó fuera notificada a las partes; lo cual aconteció el seis de junio de dos mil dieciocho, respecto del aquí quejoso, mediante oficio AG/1476/2018. En ese sentido, del acuerdo reclamado se advierte que la autoridad responsable para decretar la medida provisional de suspensión inmediata y temporal de toda actividad académica impuesta al aquí quejoso, citó como fundamento los artículos 11, 12 y 36 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, los cuales establecen: "ARTÍCULO 11. El alumno o personal académico que incurra en una falta establecida en el artículo anterior, en el Estatuto Universitario o en la normatividad aplicable que vulnere derechos humanos y universitarios podrá ser suspendido, temporalmente, de toda actividad académica, en tanto se resuelva el procedimiento de responsabilidad universitaria." "ARTÍCULO 12. La suspensión temporal a que se refiere el artículo anterior, interrumpe los efectos del acto que haya dado origen a la condición académica, empleo, cargo o comisión y regirá desde el momento que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio." "MEDIDAS PROVISIONALES ARTÍCULO 36. La Dirección de Responsabilidad Universitaria, bajo su más estricta responsabilidad, aplicarán fundada y motivadamente las medidas provisionales idóneas que estime pertinentes para salvaguardar los derechos humanos y universitarios de quienes estén involucrados." Tales preceptos facultan a la Dirección de Responsabilidad Universitaria, a aplicar de manera fundada y motivada las medidas provisionales idóneas que estime pertinentes para salvaguardar los derechos humanos y universitarios de quienes estén involucrados; así, en el caso en que personal académico incurra en una falta establecida en el artículo 10 del Acuerdo en cita, en el Estatuto Universitario o en la normatividad aplicable que vulnere derechos humanos y universitarios podrá ser suspendido, temporalmente, de toda actividad académica, en tanto se resuelva el procedimiento de responsabilidad universitaria; suspensión temporal que interrumpe los efectos del acto que haya dado origen a la condición académica, empleo, cargo o comisión y regirá desde el momento que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. Luego, es incuestionable que la responsable sí fundamentó el acuerdo reclamado, pues al respecto citó los artículos que prevén lo relativo a las medidas provisionales dentro de un procedimiento de responsabilidad universitaria. De igual manera, la determinación reclamada se advierte motivada, pues se indicó que la citada medida provisional se imponía, dado que era un deber de la institución adoptar las medidas necesarias para proteger el bienestar de la persona, así como establecer condiciones que le aseguraran un ambiente libre de violencia y garantizaran su educación integral, un derecho que se estimaba podía sufrir un menoscabo o peligro inminente en contra de la seguridad e integridad de la víctima, ello, en observancia a los instrumentos internacionales, federales y estatales sobre derechos humanos. Esto es, la medida provisional se imponía con el fin de prevenir una situación de riesgo, así como proteger y garantizar un derecho que se estimaba podía sufrir un menoscabo -educación-; así como, evitar una afectación inminente en contra de la seguridad de integridad de la alumna -víctima-. Por tanto, contrario a lo estimado por el quejoso, la autoridad responsable al imponer la medida provisional, sí observó la obligación que le impone el artículo 16 constitucional, de fundar y motivar su actuación. No es óbice a lo anterior, el que la responsable hubiese señalado que la medida cautelar se imponía con la finalidad de salvaguardar los derechos de la víctima, en observancia a los instrumentos internacionales, federales y estatales sobre derechos humanos, sin que se indicara a cuáles se refería; pues, no debe pasar por alto que, precisamente, la imposición de la medida provisional se fundamentó y motivó, como quedó evidenciado, y la citación genérica de tales instrumentos sobre derechos humanos, no significa que el acuerdo reclamado carezca de debida motivación, pues éstos no constituyeron el sustento fundamental de la imposición de la medida en análisis. Máxime que dicha determinación se comunicó al ahora quejoso el seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio AG/1476/2018, a efecto de que tuviera conocimiento de tal decisión. De ahí que, resulte infundado el motivo de disenso que al respecto hace valer el peticionario de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/43 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531, tomo XXIII, mayo de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Sin que por el hecho de haberse fundamentado la medida provisional en el artículo 11 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, se esté violando en perjuicio del quejoso, el principio de presunción de inocencia, pues como se advierte de la lectura integra del acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, en todo momento se le consideró como presunto responsable de la conducta que se estima llevó a cabo. En efecto, el artículo 11 del citado Acuerdo, establece: "ARTÍCULO 11. El alumno o personal académico que incurra en una falta establecida en el artículo anterior, en el Estatuto Universitario o en la normatividad aplicable que vulnere derechos humanos y universitarios podrá ser suspendido, temporalmente, de toda actividad académica, en tanto se resuelva el procedimiento de responsabilidad universitaria." Precepto del cual se advierte que, en su redacción se asentó que en el caso en que un alumno o personal académico "incurra en una falta" de las establecidas en el artículo 10 de Acuerdo invocado, en el Estatuto Universitario o en la normatividad aplicable que vulnere derechos humanos y universitarios "podrá ser suspendido, temporalmente", de toda actividad académica. Sin embargo, dicha afirmación debe entenderse en el sentido de que, al haberse iniciado un procedimiento administrativo en contra de un alumno o integrante del personal académico, por alguna de las conductas previstas en la referida normatividad, dará lugar a imponerle como medida provisional, una suspensión temporal, de toda actividad académica, pues el mismo precepto establece que la misma durará "en tanto se resuelva el procedimiento de responsabilidad universitaria". Circunstancia que pone de manifiesto el hecho de que la referida suspensión, dada su naturaleza cautelar, será temporal, pues al no derivar de una determinación que resuelva el procedimiento de manera definitiva, no constituye una sanción, sino que sólo se traduce en una medida provisional. Máxime que, como se dijo, del acuerdo por el cual se determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad universitaria, así como se impuso la medida provisional, se advierte que en todo momento se le consideró como presunto responsable de la conducta que se estima llevó a cabo. De ahí que, la forma en que se encuentra redactado el citado precepto, no trae como consecuencia afectación alguna al peticionario de amparo. Por otra parte, el quejoso aduce que la responsable Director de Responsabilidad Universitaria adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Universidad Autónoma del Estado de México, le corrió traslado incompleto de todas y cada una de las actuaciones y documentos que se detallan en su oficio AG/1476/2018 de seis de mayo (sic) de dos mil dieciocho, pues únicamente le corrieron traslado con dos fojas por una sola de sus caras relativas a la comparecencia voluntaria de la alumna de iniciales M.I.B.A., ante la Oficina de la Abogada General de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, y cuatro fojas suscritas por una sola de sus caras, relativas al escrito de queja remitido por la Defensoría de los Derechos Universitarias el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el cual fue presentado por la alumna de iniciales M.I.B.A., a la Directora de la Facultad de Derecho; aunado a que el nombre completo de la denunciante o quejosa se encontraba completamente rayado, violando su derecho a saber el nombre completo de quien realiza en su contra una imputación tan grave, pues si bien tal información no puede ser revelada a terceros, no debe ocultarse a las partes de un proceso, pues atenta contra los principios del derecho acusatorio-adversarial, aplicable en la materia administrativa. Tal motivo de inconformidad es infundado. Ello es así, pues si bien al momento en que lo notificaron y corrieron traslado, únicamente le hicieron entrega de los documentos que refiere, de las constancias que conforman el procedimiento de origen que se allegaron al presente juicio, se advierte que en fecha once de junio de dos mil dieciocho, tuvo acceso directo al expediente DRU/035/2018, pues la propia autoridad responsable se lo permitió; circunstancia que se corroboró con la propia manifestación del quejoso, en el sentido de que en esa fecha tuvo conocimiento de los actos de autoridad al consultar el citado expediente. En efecto, de la comparecencia de once de junio de dos mil dieciocho, se aprecia que el aquí quejoso, en términos del artículo 8° del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, consultó el expediente DRU/035/2018. Luego, cualquier irregularidad que pudiera haberse presentado al momento en que se efectuó la notificación respectiva, se convalidó, al haber tenido acceso directo el peticionario de amparo al expediente de origen, pues incluso, derivado de ello, el veinte de junio del año en curso compareció a la garantía de audiencia ante la autoridad responsable, así como ofreció pruebas y formuló alegatos. Máxime que, contrario a lo que argumenta, tiene conocimiento de a quién le recae la calidad de quejosa en el expediente de origen, pues al instar en la presente vía constitucional señaló el nombre de la persona a quien le asiste el carácter de tercero interesada, indicando a Marissa Itzel Benítez Antonio, quien aparece en diversas actuaciones de dicho expediente, tales como la notificación que le fue realizada mediante oficio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, así como las placas fotográficas que se anexaron al mismo. Consecuentemente, resulta infundado el citado concepto de violación. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los motivos de disenso, lo que procede es negar el amparo solicitado, respecto a la medida provisional, consistente en la suspensión de manera inmediata y temporal de toda actividad académica al quejoso, que venía desempeñando en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Negativa de amparo que debe hacerse extensiva en relación a la autoridad responsable Coordinadora Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues los actos a ella reclamados son en vía de consecuencia del diverso consistente en la determinación de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente DRU/035/2018, la cual se comunicó al ahora quejoso, mediante oficio AG/1476/2018. NOVENO. Concesión de amparo. Estudio relativo al acto reclamado, consistente en el establecimiento de la Comisión Especial por presuntas faltas de responsabilidad universitaria, ordenada por el Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al respecto, el quejoso estima que con el establecimiento de la Comisión por presuntas faltas de responsabilidad universitaria, ordenada por el Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México -Comisión conformada por M. en D. José Miguel Roldán Sánchez (Presidente, Consejero Docente); M. en D. Margarita Ayala Valdés (Vocal, Consejero Docente); M. en D. Jorge Alejandro Vázquez Caicedo (Secretario, Consejero alumno); y, María Fernanda Uribe Prado (Vocal, Consejero alumno)-, se le pretende juzgar dos veces por los mismos hechos y bajo los mismos fundamentos del acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora. Asiste razón al quejoso. Se arriba a tal aserto, pues como bien lo refiere el peticionario de amparo, de las constancias que conforman el expediente de origen, se aprecia el oficio de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el cual el Maestro en Derecho José Miguel Roldán Sánchez, en su carácter de Presidente de la Comisión Especial de la Facultad de Derecho que iba a conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria, con fundamento en los artículos 29 fracción III y 47 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, dirigió al docente Manuel Montes de Oca Colín el requerimiento para que se presentara en la Sala de Directores de ese organismo académico, el día siete de junio de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, con la finalidad de desahogar su derecho de garantía de audiencia, en el asunto referente a las posibles faltas a la responsabilidad universitaria cometidas por el aquí quejoso, en contra de la ahora tercero interesada, contenidas en los artículos 42 y 45 fracciones II y XII del Estatuto Universitario. De igual manera, en dicho comunicado se le hacía saber al aquí quejoso que en dicha audiencia podría manifestar lo que a su derecho conviniere, así como ofrecer pruebas tendentes a desvirtuar los hechos que se le imputaban, pudiendo estar acompañado de persona de confianza en el desarrollo de la misma; bajo el apercibimiento que de no comparecer a la misma, se le tendría por perdido su derecho, requiriendo su puntual asistencia. Circunstancias que ponen de manifiesto que, contrario a lo establecido en la normatividad universitaria, la aludida Comisión Especial de la Facultad de Derecho, no se encuentra facultada para instaurar el procedimiento que pretende en contra del aquí quejoso. En efecto, de los artículos 15 a 35 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, los cuales geográficamente se encuentran en el rubro denominado "Del Procedimiento de Responsabilidad Universitaria", se advierte que dicho procedimiento se iniciará, tramitará y decidirá con arreglo a las disposiciones de dicho Acuerdo, el Estatuto Universitario y demás normatividad aplicable o bien, se aplicarán los principios generales del derecho; además, podrá iniciarse de oficio, por queja o derivado de las auditorías. Así, tratándose de queja podrá presentarse en el espacio universitario o ante la Dirección de Responsabilidad Universitaria, la cual deberá contener los requisitos que para tal efecto prevé el artículo 18 del Acuerdo invocado, y al mismo deberán adjuntarse los documentos que acrediten la personalidad del promovente, cuando no se gestione a nombre propio y los documentos que se ofrezcan como prueba. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del citado acuerdo, en el caso en que la queja se presente ante el espacio universitario, dentro de los cinco días siguientes de presentada o que se tenga conocimiento del hecho se remitirá el expediente a la Dirección de Responsabilidad Universitaria con los documentos e información que se estime necesaria para su tramitación. En dicha Dirección, al estar integrado el expediente, se le registrará bajo el número correspondiente y, previo análisis: - se ordenará su radicación; - se dictarán las medidas provisionales que se estimen pertinentes; - se señalara día y hora para la celebración de la garantía de audiencia del presunto responsable; y, - se ordenara su citación. De haber sido recibida la queja ante la Dirección de Responsabilidad Universitaria, se informará al espacio universitario para su conocimiento; ello, en términos de lo dispuesto por los numerales 23 y 24 de la normatividad invocada. Por su parte, los artículos 25 y 26 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, prevén lo relativo a la notificación que habrá de realizarse al presunto responsable, para el caso de tratarse de un profesor, como en el caso acontece. Una vez que se desahogue la diligencia de garantía de audiencia, en los términos que dispone el diverso numeral 29, o bien, de no comparecer a la misma el presunto responsable, y habiéndose desahogado las pruebas ofrecidas, así como formulado los alegatos, se turnará el asunto para la emisión del dictamen, que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes, como lo prevén los artículos 31 y 32 del Acuerdo de mérito. Luego, elaborado el dictamen, serán devueltos el expediente y proyecto, al espacio universitario para su discusión y aprobación por el Órgano de Gobierno que corresponda en la sesión más próxima; y, posterior ejecución en términos de la legislación universitaria aplicable. Ahora bien, de las constancias que conforman el expediente de responsabilidad universitaria de origen, se aprecia el oficio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el cual el Secretario de los Consejos de Gobierno y Académico, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, informó al Consejero de Gobierno de dicha Facultad, que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria y conjunta 05/2018 de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se formó la Comisión Especial que iba a conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria contenidas en el artículo 42 y 45, fracciones II y III, del Estatuto Universitario, cometidas por el docente Manuel Montes de Oca Colín, en contra de la aquí tercero interesada. Comisión que quedó conformada por el M. en D. José Miguel Roldán Sánchez (función-Presidente, cargo-Consejero Docente); M. en D. Margarita Ayala Valdés (función-Vocal, cargo-Consejero Docente); M. en D. Jorge Alejandro Vázquez Caicedo (función-Secretario, cargo-Consejero alumno); y, María Fernanda Uribe Prado (función-Vocal, cargo-Consejero alumno)-. Que derivado de ello, el Maestro en Derecho José Miguel Roldán Sánchez, en su carácter de Presidente de la Comisión especial que iba a conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria, dirigió el oficio de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, al docente Manuel Montes de Oca Colín, por el cual por el cual le hacía saber el requerimiento para que se presentara en la Sala de Directores de ese organismo académico, el día siete de junio de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, con la finalidad de desahogar su derecho de audiencia, en el asunto referente a las posibles faltas a la responsabilidad universitaria cometidas por el aquí quejoso, en contra de la ahora tercero interesada. En ese sentido, lo anterior pone en evidencia que la Comisión Especial que se formó para conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria, cometidas por el docente Manuel Montes de Oca Colín, en contra de la aquí tercero interesada, indebidamente fijó día y hora para que se presentara ante dicha Comisión, a fin de desahogar su derecho de audiencia, en el asunto que formó con relación a las posibles faltas a la responsabilidad universitaria cometidas por el aquí quejoso, en contra de la aquí tercero interesada. Se afirma lo anterior, pues del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, en modo alguno se aprecia que dicha Comisión Especial se encuentre facultada para señalar día y hora para la celebración de la garantía de audiencia del presunto responsable y ordenar su citación, dado que dicha función compete al Director de Responsabilidad Universitaria de la citada institución. Por tanto, si como se desprende de párrafos precedentes, dicha Dirección radicó el correspondiente expediente relativo al procedimiento de responsabilidad universitaria por presuntas conductas cometidas por el aquí quejoso, en contra de la ahora tercero interesada, el cual registró bajo el número DRU/035/2018, donde señaló día y para para que tuviera verificativo el desahogo de la garantía de audiencia, ordenó citar al presunto responsable, así como estableció medidas provisionales; y, de igual manera, la Comisión Especial que se conformó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria y conjunta 05/2018 de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, para conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria contenidas en el artículo 42 y 45, fracciones II y III, del Estatuto Universitario, cometidas por el docente Manuel Montes de Oca Colín, en contra de la aquí tercero interesada, fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de garantía, así como citó al aquí quejoso, en calidad de presunto responsable; deviene incuestionable que en contra del peticionario de amparo se están tramitando dos procedimientos respecto de las mismas conductas. Aunado a lo anterior, el procedimiento que inició la referida Comisión Especial no encuentra sustento en precepto legal alguno, pues lo que prevé el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, es lo relativo a la actuación de la Dirección de Responsabilidad Universitaria. En esas circunstancias, resulta fundado el motivo de disenso que hace valer el quejoso, pues no puede ser sujeto a dos procedimientos y, en su caso, sancionado dos veces por los mismos hechos; máxime que, uno de tales procedimientos no se encuentra previsto en disposición legal alguna. Ante lo fundado de los motivos de disenso, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México: - Deje sin efecto el oficio de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el cual el Presidente de la Comisión Especial que se conformó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho en la sesión ordinaria y conjunta 05/2018 de la referida data, para conocer de las presuntas faltas de responsabilidad universitaria cometidas por el docente Manuel Montes de Oca Colín, en contra de la aquí tercero interesada, fijó día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de garantía, así como citó al aquí quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 930/2018, promovido por Manuel Montes de Oca Colín, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por las razones asentadas en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Montes de Oca Colín, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de la presente sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel Montes de Oca Colín, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por las razones y para los efectos indicados en el considerando último de esta determinación. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ante el secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe; hoy veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores de este órgano de control constitucional permiten su engrose. El Juez El Secretario
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Alejandro Bárcenas Ortega192/2016
- Alejandro Becerril Valdés1/2023
- Alejandro Benhumea Meneses1448/2022
- Alejandro Benítez Benítez1178/2016
- Alejandro Bernal Moreno1796/2022
- Alejandro Castillo Martínez480/2022
- Alejandro Contreras de Jesús2030/2023
- Alejandro Contreras García315/2022
- Alejandro Coyote Martínez948/2018
- Alejandro Coyote Martínez531/2019
- Alejandro Cruz Vázquez455/2016
- Alejandro Cuadros Medina1320/2018