Alejandro Bernal Moreno

Expediente 1796/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1796/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Bernal Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. Devolución de exhorto Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual, devuelve diligenciado el exhorto 257/2022, orden 294/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; mismo que se envió a efecto de notificar al quejoso Alejandro Bernal Moreno, el proveído de desechamiento de ocho de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas. Atento a ello, y vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha quedado firme. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Devolución de exhorto Intégrese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado electrónicamente por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual, devuelve diligenciado el exhorto 242/2022, orden 274/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, toda vez que en auto de catorce de los actuales, se acordó lo conducente respecto de la notificación a la parte quejosa previamente realizada por diverso órgano jurisdiccional en auxilio de este Juzgado.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Devolución de exhorto Intégrese el oficio signado por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual, devuelve diligenciado el exhorto 242/2022, orden 274/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Alejandra Viera Maldonado, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Desahogo de prevención Intégrese el escrito signado por el quejoso a través del cual, desahoga la prevención de veintitrés de noviembre del año en curso. Consideración previa Del análisis a la demanda, así como del escrito de desahogo, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revocación interpuesto en el juicio ordinario civil ********************, por el que se confirmó el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, resolución que le fue notificada al quejoso el veintisiete de octubre de dos mil veintidós. El auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que determinó no aplazar la audiencia para absolver posiciones por no señalarse causa suficiente para tal efecto, mismo que le fue notificado al quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintidós. El auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por confeso al aquí quejoso -demandado en el juicio de origen- de diversas posiciones, mismo que le fue notificado al quejoso el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Desechamiento del acto reclamado identificado con el inciso a) Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se colige que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, del entendimiento sistemático de los preceptos en cita, se deriva que la acción constitucional procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparacio´n, entendie´ndose como tales los que afecten de forma material, actual, real y directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Este marco jurídico ha sido materia de interpretación por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); así como, la diversa jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, que dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sobre el tema, el Alto Tribunal destacó que para que los actos puedan ser calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasen lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, estableció que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de estos últimos no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, y ahí es el momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, en la especie se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto de molestia en esencia se traduce en la sentencia interlocutoria dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revocación interpuesto en el juicio ordinario civil ********************, por el que se confirmó el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el que se determinó no aplazar la audiencia para absolver posiciones y posteriormente se declaró confeso al quejoso, lo que no afecta derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que, respecto al acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revocación interpuesto en el juicio ordinario civil ********************, por el que se confirmó el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el que se determinó no aplazar la audiencia para absolver posiciones y posteriormente se declaró confeso al quejoso, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque dicho acto, en todo caso, sólo afecta derechos procesales de la parte quejosa, no así derechos sustantivos. Lo anterior es así, en razón de que el acto reclamado, no es de aquellos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen, y puede ser reparable con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si es acorde a los intereses del quejoso; de ahí que, el acto reclamado no es considerado de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, es dable sostener que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre él, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse el laudo o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos del peticionante del amparo y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Máxime que en el juicio de origen a la fecha en que se emite el presente auto, no se ha dictado sentencia que ponga fin a ese procedimiento; de ahí que si al momento en que esta se dicte, resulta favorable a los intereses del quejoso, ningún perjuicio le causa a este último, ya que los efectos del acto reclamado habrán desaparecido, lo que conlleva a establecer que el auto no es de imposible reparación y, por ende, el juicio biinstancial se torna improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 208717, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Por lo anterior, debe insistirse que el acto reclamado no constituye un acto de ejecución irreparable, sino más bien es una cuestión de naturaleza eminentemente procesal, en virtud de que no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos del quejoso, en virtud de que el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revocación interpuesto en el juicio ordinario civil ********************, por el que se confirmó el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el que se determinó no aplazar la audiencia para absolver posiciones y posteriormente se declaró confeso al quejoso, únicamente afectan derechos procesales o adjetivos; máxime que una vez que esta se lleve a cabo, contra de la sentencia que resuelva en definitiva la controversia puede hacerse valer el amparo directo, en términos de la fracción l del diverso ordinal 170 de la legislación en comento, toda vez que hasta ese momento del dictado la sentencia definitiva se podrá apreciar si se vulneraron sus defensas, trascendiendo tal violación al resultado del fallo, pues de no considerarse así, todos los actos de carácter procesal, tendrían que ser combatidos en la vía indirecta y se haría nugatoria la mencionada fracción I del numeral 170 de la Ley de Amparo; de ahí que no proceda el juicio de amparo indirecto, porque contrario a lo que se pretende, el último de los ordinales citados, dispone que procede el juicio de amparo directo, contra las sentencias definitivas, en las que se podrá alegar las violaciones que se cometan durante el procedimiento y que afecten las defensas de las impetrantes del amparo que hayan trascendiendo al resultado del fallo. Tiene aplicación a lo antes expuesto, por el tema que informa, la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, publicada en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el epígrafe siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ELARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. " Es por ello que cuando el acto reclamado pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del proceso de referencia, cuestión que, se insiste no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda, respecto del acto consistente en: La sentencia interlocutoria dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revocación interpuesto en el juicio ordinario civil ********************, por el que se confirmó el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós. Desechamiento de los actos reclamados identificados con el inciso b) y c) Aunado a lo anterior, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita, respecto de los actos reclamados: << El auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que determinó no aplazar la audiencia para absolver posiciones por no señalarse causa suficiente para tal efecto, mismo que le fue notificado al quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintidós; y, El auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por confeso al aquí quejoso -demandado en el juicio de origen- de diversas posiciones, mismo que le fue notificado al quejoso el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. A efecto de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido literal de la porción normativa a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De la interpretación de la porción normativa transcrita, permite aducir válidamente que el motivo de improcedencia descansa esencialmente en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación oportuna de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se desprende que la presentación o promoción de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas excepciones que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, el plazo para su presentación será de treinta días; (2) En el caso de que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; (3) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establecen las diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas con antelación. Así, respecto de los actos reclamados, se advierte que, el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, las fechas en que se le notificaron dichos acuerdos, como a continuación se observa: El auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que determinó no aplazar la audiencia para absolver posiciones por no señalarse causa suficiente para tal efecto, mismo que le fue notificado al quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintidós; y, El auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por confeso al aquí quejoso -demandado en el juicio de origen- de diversas posiciones, mismo que le fue notificado al quejoso el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. < En tal sentido, se destaca que dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa óptica, debe decirse que si el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados antes precisados desde el catorce y diecinueve de septiembre de dos mil veintidos, respectivamente, el término de quince días para que acudiera a presentar la demanda de amparo transcurrió en exceso, es decir, si la demanda del presente juicio de amparo se depositó en el Buzón Judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el veintidós de noviembre de dos mil veintidós; resulta inconcuso que se presentó de forma extemporánea, esto es, fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 ambos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente, respecto de los actos consistentes en: El auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que determinó no aplazar la audiencia para absolver posiciones por no señalarse causa suficiente para tal efecto. El auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por confeso al aquí quejoso -demandado en el juicio de origen- de diversas posiciones. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Notificación por exhorto A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso y toda vez que aún se encuentra transcurriendo el plazo señalado en auto de veintitrés de noviembre a efecto de que proporcione un usuario en el Sistema Integral de expedientes para efecto de oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la legislación aplicable, líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien sus funciones ataña y con las formalidades de ley, realice la notificación de la presente determinación en el domicilio ubicado en ********************, debiendo entregar copia de la presente determinación. La comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como su anexo deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo, y sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el sistema lo genera automáticamente. Debido a lo anterior, se solicita al Juez Federal al que corresponda el exhorto en cita, que de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la misma vía. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Alejandra Viera Maldonado, que da fe.

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