Alejandro Becerril Valdés

Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez, Estado de México
  • Alejandro Becerril Valdés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Toluca, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de conservación, ya que se declaró fundada y procedente la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte denunciante para realizar manifestaciones en relación al cumplimiento informado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de once de mayo de dos mil veintitrés, se declaró procedente y fundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovida por ********************, para el efecto siguiente: ".para efecto de que la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, dentro de los tres días siguientes a partir de que se notifique la presente resolución, realicen lo siguiente: 1. Deje insubsistente el oficio ******************** emitido el veintidós de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual determinó improcedente la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y de psicotrópicos "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocidos como "marihuana", actividades como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, acondicionar, poseer y transportar. 2. Dicte otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad ******************** emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que resuelva la solicitud del gobernado, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en las jurisprudencias de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Además, se indica que la autorización que, en su caso, se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal en las tesis que más adelante se señalan, y considerando solo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad materia de esta denuncia. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo, en los términos señalados por dicha declaratoria y las suspensiones aquí reproducidas.". Luego, por auto de siete de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia y se dio vista con el cumplimiento informado previamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al que acompaño copia certificada del diverso oficio ******************** de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dirigido al denunciante. Ahora bien, del primer punto de este último oficio signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se advierte que se dejó insubsistente el oficio ********************, emitido el veintidós de mayo de dos mil veintidós. Del segundo punto de ese nuevo oficio emitido por la autoridad sanitaria, se aprecia que determinó inaplicar los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad ******************** emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en el tercer punto del nuevo oficio, con libertad de jurisdicción, la autoridad denunciada emitió autorización sanitaria al promovente, para realizar las siguientes actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópicos "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocidos como "marihuana", actividades como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, acondicionar, poseer y transportar; lo mismo que adquisición legal de semilla de cannabis sativa, indica y americana. Luego, en el cuarto punto del oficio, requirió al denunciante para que precisara el domicilio donde serían realizadas las actividades de siembra, cosecha y cultivo autorizadas, para que la autoridad pudiera ejercer sus funciones de vigilancia sanitaria. En el siguiente punto, la autoridad sanitaria se pronunció respecto a la forma de adquisición legal de la semilla, hasta en tanto no se definan en la reglamentación sanitaria los requisitos específicos para su adquisición. Luego, en el sexto punto, la autoridad sanitaria la precisó al denunciante, que dicha autorización no comprendería en ningún caso la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y/o distribución de las sustancias aludidas, incluida en esa prohibición las semillas adquiridas mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas en el punto tercero de esa autorización, y que en ningún caso ello suponía la autorización para transmitir la propiedad de forma gratuita. Mientras que en el punto séptimo del documento, la autoridad sanitaria precisó que el ejercicio del derecho comprendido en esa autorización, no debe perjudicar a terceros y, en consecuencia, dicho ejercicio no podría efectuarse en presencia de personas menores de edad o mujeres embarazadas, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan otorgado su autorización, por lo que su ejercicio sería únicamente en lugares privados; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas sustancias que puedan poner en riesgo o dañar a terceros, incluido conducir vehículos u operar maquinas peligrosas. Seguidamente, en los puntos octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo, de forma respectiva, la autoridad sanitaria se pronunció, con libertad de decisión, respecto a las facultades con que cuenta para revisar que se mantengan las condiciones y términos bajo los cuales se emite la autorización, la forma en que el denunciante deberá realizar el registro de las actividades autorizadas, la vigencia indeterminada de dicha autorización, su carácter personal e intransferible y las causas de su revocación. En ese sentido del examen de la documental que anexó la autoridad denunciada, misma que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron los efectos del fallo protector, con lo que se restituyó a la parte denunciante en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 en relación con el diverso 210 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia dictada, sin excesos o defectos.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintitrés. Firme Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra la resolución que declaró procedente y fundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Vista de cumplimiento Ahora, de autos de advierte que en proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, se reservó acordar el oficio de la autoridad denunciada Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por medio del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en este expediente. Ante la recepción de esas constancias, se estima que es innecesario requerir el cumplimiento, pues éste ya ha sido informado; por tanto, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Toluca, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mediante el cual remite constancias en pretendido cumplimiento a la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintitrés, en este expediente de denuncia por incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora bien, de la certificación que antecede se advierte que a la fecha trascurre el plazo de quince días con que cuenta el denunciante para, en su caso, impugnar la sentencia dictada en autos. En ese sentido, esta autoridad se reserva proveer lo conducente al cumplimiento que informa la autoridad denunciada, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución emitida en autos.

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