Alejandro Chavarría Gallegos

Expediente 44/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
44/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Chavarría Gallegos
  • Director de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 44/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho a la Jueza Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente acuerdo y la sentencia dictada por el juzgado auxiliar a ALEJANDRO CHAVARRÍA GALLEGOS, le corra traslado al quejoso con copia autorizada del presente proveído; asimismo, asiente la descripción pormenorizada de cada una de las constancias con las que le corra traslado; y, hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes remita las constancias correspondientes. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso y correrle traslado con las constancias que se agregan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 238, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 44/2017-IV, promovido por ALEJANDRO CHAVARRÍA GALLEGOS, constante de seiscientos tres fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho a la Jueza Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente acuerdo y la sentencia dictada por el juzgado auxiliar a Alejandro Chavarría Gallegos, la cual se le remite en copia certificada y le corra traslado al quejoso con copia simple del presente proveído y la sentencia dictada el veintiocho de agosto actual; asimismo, asiente la descripción pormenorizada de cada una de las constancias con las que corra traslado al quejoso; y, hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguiente remita las constancias correspondientes. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso y correrle traslado con las constancias que se agregan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 44/2017-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 358/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Alejandro Chavarría Gallegos, por propio derecho, en contra de actos del director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en la Oficina de Correos el nueve de enero de dos mil diecisiete y recibido el diez del mismo mes y año (fojas 2 a 7), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Alejandro Chavarría Gallegos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos de las autoridades, que a continuación se transcriben: "IV. Actos que reclamo: Primer acto que reclamo: Lo reclamo de la autoridad señalada como responsable en esta demanda con el número 01 que corresponde al C. Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y el acto que reclamo lo hago consistir en: la omisión de darme a conocer lo acontecido con el sobre rotulado dirigido al C. Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno, que entregue el día 29 de Noviembre de 2016 al oficial responsable del Módulo N°3 del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, para su envío correspondiente, siendo este el procedimiento instaurado en esta institución para el envío de correo postal de uno, como persona privada de la libertad. Segundo acto que reclamo: Lo reclamo de la autoridad señalada como responsable en esta demanda con el número 02 que corresponde a: Encargado del departamento de Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y el acto que reclamo lo hago consistir en: la omisión de remitir al C. Juez de Distrito en el Estado de Morelos en Turno, el sobre y su contenido de la correspondencia dirigida por el quejoso al C. Juez de Distrito en el Estado de Morelos en Turno, enviada desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial el día 29 de Noviembre de 2016 por el quejoso. III. Autoridades responsables 01.- Director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 02. Encargado del departamento de Oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 8º y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que ignora si existe tercero interesado y no expresó conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, el cual, mediante proveído de once de enero de dos mil diecisiete (fojas 8 y 9), la registró con el número 44/2017-IV; y previno al promovente para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al oficial encargado del Módulo Tres del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ya que de la demanda se advertía su participación en el acto reclamado; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se tendrían como autoridades responsables, únicamente, las ya señaladas. Una vez satisfecha la prevención formulada, el Juzgado auxiliado admitió a trámite la demanda de amparo en proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 23 a 28); solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Mediante escrito recibido el nueve de marzo de dos mil diecisiete (fojas 116 a 119), en el Juzgado auxiliado, el quejoso amplió su demanda de amparo por lo que hace a una nueva autoridad; después, el diez siguiente (foja 121 a 125), se admitió a trámite la ampliación de la demanda promovida respecto del encargado de Oficialía de Partes del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, y, consecuentemente, se solicitó su informe justificado. El diez de mayo de dos mil diecisiete (fojas 198 y 199), se dio vista al quejoso con el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/3385/2017 del director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos (fojas 196 y 197), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de dos del mismo mes y año (foja 188), informó que en la fecha de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, no se realizó entrega de correspondencia en el Centro Federal; lo anterior, a efecto que se impusiera de su contenido y manifestara lo que a su interés conviniera. Posteriormente, a las once horas con treinta y cuatro minutos del uno de junio de dos mil diecisiete, dio inicio la audiencia constitucional (foja 214). Por medio del escrito recibido el seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 244 a 247), en el Juzgado auxiliado, el quejoso realizó diversas manifestaciones en torno a la vista que se le otorgó el diez de mayo de ese año (foja 198 y 199); luego el siete de junio siguiente (foja 249), se ordenó reservar proveer lo conducente hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente, en virtud de que ya se había iniciado la audiencia constitucional. El ocho de junio de dos mil diecisiete (foja 215), se remitieron los autos del presente juicio de amparo, al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el cual, en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, dictó sentencia el veintitrés de junio de ese año (fojas 219 a 221), en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo por inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo. Inconforme con aludida resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión (foja 279), del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con el número 776/2017 de su índice; órgano colegiado que mediante ejecutoria de veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 321 a 329), dejó insubsistente la sentencia dictada y ordenó reponer el procedimiento a partir de la celebración de la audiencia, a fin de que el juez auxiliado proveyera sobre el escrito del quejoso, recibido el seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 244 a 247), en el Juzgado de su adscripción, toda vez que no se respetó el término que se le concedió el diez de mayo de dos mil diecisiete (fojas 198 y 199), respecto del oficio del director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. En auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 330 a 333), en cumplimiento a la ejecutoria anterior, el juez auxiliado acordó el escrito del quejoso, por el cual realizó diversas manifestaciones y ofreció la prueba de inspección judicial, con la finalidad de demostrar que sí existe registro de la correspondencia que adujo entregó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis; por lo tanto, ordenó correr traslado a las partes con los puntos propuestos por el promovente para el desahogo de la prueba de mérito, a fin de que añadieran más o ampliaran los existentes, si a su derecho conviniera. El veintisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 545 y 546), se llevó a cabo la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, a cargo del actuario adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede Ayala. Finalmente, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del seis de julio de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional al tenor del acta que obra a foja 579 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 580), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 44/2017-IV de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato; en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 358/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de seis de julio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en Ayala y en Cuernavaca, Morelos; localidades donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados lo constituyen: a) La omisión de dar a conocer al quejoso lo que sucedió con el sobre que entregó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, al oficial responsable del módulo 3, para su respectivo envío (correspondencia que aduce el quejoso, se encontraba dirigida al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos). Acto reclamado de las siguientes autoridades: 1. Director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. 2. Director de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. 3. Oficial encargado del Módulo 3 del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. 4. Encargado de la Oficialía de Partes del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. b) La omisión de remitir al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos, la correspondencia que aduce el quejoso le envió el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. Acto reclamado de las siguientes autoridades: 1. Director de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. 2. Oficial encargado del Módulo 3 del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. 3. Encargado de la Oficialía de Partes del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. 4. Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, con tal carácter y en representación del director de seguridad, oficial encargado del Módulo 3 y encargado de la Oficialía de Partes, todos del referido Centro Federal (fojas 80 a 82 y 162 a 164); al rendir el informe justificado negó la existencia del acto que se les reclama, precisado en el inciso a) del considerando segundo, que consiste en: ? La omisión de dar a conocer al quejoso lo que sucedió con el sobre que entregó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, al oficial responsable del módulo 3, para su respectivo envío (correspondencia que aduce el quejoso, se encontraba dirigida al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos). Como cuestión previa, cabe señalar que la omisión reclamada debe analizarse al tenor del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: El derecho de petición se encuentra reconocido en el artículo 8º constitucional, y conforme a su contenido cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta en breve término. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto referido. En el caso, si el quejoso reclama que las autoridades responsables citadas no le dan a conocer lo que sucedió con el sobre que entregó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, al oficial responsable del módulo 3, para su respectivo envío (que aduce se encontraba dirigida al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos); corresponde al citado quejoso acreditar que ha solicitado esa información, para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de analizar si a dicha petición se le dio o no una respuesta. Sin embargo, el quejoso no ofreció prueba para demostrar que elevó la petición correspondiente ante las mencionadas autoridades responsables; por lo contrario, en el escrito mediante el cual desahoga la vista que se le dio en relación con los informes justificados (foja 183), manifestó que no ha realizado ninguna petición, solicitando se le informara lo acontecido con la correspondencia que entregó el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, al oficial responsable del módulo 3, para su respectivo envío; de ahí que se considere inexistente el acto reclamado. No se soslaya que el quejoso también manifestó en el escrito aludido, que si no formuló ninguna petición, fue porque abordó de manera personal al encargado de la Dirección de Seguridad; empero, el derecho de petición tiene como premisa fundamental que la petición se formule de manera escrita; pues si no existe una previa petición, las autoridades responsables no están obligadas a contestarla al ser inexistente tal solicitud. Así, toda vez que en el cuaderno de amparo no se acreditó la existencia de la omisión que se les atribuye al director general, director de seguridad, oficial encargado del Módulo 3 y encargado de la Oficialía de Partes, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; pues no quedó demostrada la existencia de la citada solicitud de información, en los términos descritos; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado que aquí se analiza. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." II. Por otra parte, el jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (fojas 67 y 68); al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, señalado en el inciso b) del considerando segundo, consistente en: ? La omisión de remitir al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos, la correspondencia que aduce el quejoso le envió el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. Sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa. Por lo tanto, si el inconforme no ofreció prueba en contrario para desvirtuar la negativa anterior, es procedente aceptarla en sus términos, pues no existe en el sumario elemento de prueba idóneo que la desvirtúe. En consecuencia, al no demostrarse la existencia del acto impugnado a la referida autoridad, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, por lo que hace al acto analizado en este apartado; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El director de seguridad, el oficial encargado del Módulo 3 y el encargado de la Oficialía de Partes, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, al rendir sus respectivos informes de justificados, por conducto del director general del referido Centro Federal (fojas 80 a 82 y 162 a 164); fueron omisos en pronunciarse en cuanto a la existencia del acto que se les reclama, precisado en inciso b) del considerando segundo, que se hace consistir en: ? La omisión de remitir al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos, la correspondencia que aduce el quejoso le envió el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. Por ende, procede tener por presuntivamente cierto el acto reclamado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa línea de pensamiento, este juzgado federal considera que el presente asunto es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que el acto reclamado, precisado en el inciso b) del considerando segundo, consistente en la omisión de remitir al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos, la correspondencia que aduce el quejoso le envió el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; no es susceptible de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad." "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial." Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados; en los casos y condiciones que establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Ahora bien, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales, se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018." De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: Primero: la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Segundo: únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado; los artículos señalados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de dos mil diecisiete o previa Declaratoria, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho o previa Declaratoria, a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, ya que con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido, no debe perderse de vista que el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se considera que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional; por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento; pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley establece en sus artículos 1º y 2º, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por:  Prisión preventiva,  Ejecución de penas y  Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la Ley en cita establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva [.]". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación [.]". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito [.]". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente [.]". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente:  Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento.  Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación.  Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el juez de ejecución.  Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el juez de ejecución.  En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el juez de ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva.  Los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas.  Para la procedencia de la controversia ante el juez de ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. Ahora bien, como puede advertirse, el nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 7 vuelta), el quejoso acudió al juicio de amparo y como acto reclamado, en esencia, señaló la omisión de remitir al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Morelos, la correspondencia que aduce le envió el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; pues en su escrito de demanda, al respecto menciona: "Segundo acto que reclamo: Lo reclamo de la autoridad señalada como responsable en esta demanda con el número 02 que corresponde a: Encargado del departamento de Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y el acto que reclamo lo hago consistir en: la omisión de remitir al C. Juez de Distrito en el Estado de Morelos en Turno, el sobre y su contenido de la correspondencia dirigida por el quejoso al C. Juez de Distrito en el Estado de Morelos en Turno, enviada desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial el día 29 de Noviembre de 2016 por el quejoso". Por lo que debe entenderse que tal queja se realizó ese día, pues es la fecha que se desprende de los autos, en consecuencia, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Por tanto, conforme a lo antes citado, el quejoso debió acudir ante las autoridades penitenciarias a formular su queja y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el juez de ejecución, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia. En efecto, como se puede observar en autos, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; por lo tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante las autoridades penitenciarias, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 18 y 21 de la constitucionales; de ahí que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, no es susceptible de combatirse en sede constitucional. Al caso es aplicable, por las razones que informa, la tesis aislada III.2o.P.135 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que dice: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". Así como la tesis XVI.1o.P.15 P (10ª) , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que establece: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMEN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, exige agotar los medios de defensa ordinarios procedentes para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, previo a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en favor de los internos en los centros de reclusión, un mecanismo de protección de sus derechos denominado: "petición administrativa" y que se tramita directamente ante la autoridad penitenciaria, aunque se trata de un medio de defensa judicializado. Así, estas peticiones tienen como finalidad que dicha autoridad declare la existencia de alguna afectación suscitada durante el procedimiento de ejecución respecto de las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de su libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, si fuere el caso, subsanarla. En ese tenor, cuando se reclaman hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, previo a acudir al juicio de amparo y atento al principio de definitividad, debe agotarse la "petición administrativa" y su procedimiento subsecuente, previsto en el artículo 107 indicado. Con ello se colman dos objetivos fundamentales: a) propiciar en mayor medida la funcionalidad de la reforma constitucional en materia de ejecución penal; y, b) dotarla de congruencia con respecto a los principios y reglas de tramitación que rigen en el juicio de amparo. Caso contrario, permitir que todas las cuestiones relacionadas con la procuración de la vida digna y segura en reclusión, conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se siguieran dirimiendo ante los juzgadores de amparo, se eludiría el espíritu de la reforma constitucional señalada, propiciando su inoperatividad y desaprovechando incuantificables recursos económicos y, sobre todo, humanos, dada la experticia con la que cuentan los juzgadores especializados citados, no solamente en materia de protección de derechos humanos, sino también en materias que resultan vitales para una mejor comprensión y óptima resolución de las problemáticas que aquejan a las personas privadas de su libertad. Sin soslayar que la hipotética irreparabilidad de dichos actos no constituirá, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, en tanto no se surta alguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII referida." En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales; y lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En consecuencia, dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos por el quejoso, porque el sobreseimiento que se decreta impide a este juzgado federal su estudio. En apoyo de lo anterior, es de invocarse la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cabe señalar que en la presente resolución, se acoge el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al resolver el amparo en revisión 388/2017 en sesión de nueve de marzo de dos mil dieciocho. Ello, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica de las partes, al pertenecer el juzgado auxiliado al Decimoctavo Circuito. Finalmente, en lo que atañe a los alegatos formulados por quejoso (fojas 362 a 365), no es dable que sean tomados en cuenta, toda vez que la presente controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación, en su caso, con el acto reclamado y los informes justificados de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; de ahí que los alegatos no forman parte de la Litis; máxime que las manifestaciones del quejoso ahí vertidas, se refieren a las documentales allegadas por las autoridades responsables, respecto de lo cual, el juez auxiliado se pronunció en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 372 y 373). Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo". SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Chavarría Gallegos, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la secretaria Ana Laura Belén Jante Vallejo, que firma y da fe, hoy veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos, destáquese que el ocho de mayo del año actual se tuvo por recibido el despacho 181/2018-IV-D, por el cual, la Jueza Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió la inspección judicial del veintisiete de abril del año que transcurre; ahora, de ésta el fedatario asentó que el quejoso en uso de la voz manifestó lo siguiente: "que solicitaba al Juez de Distrito que la autoridad responsable, presentara las hojas de entrega de correspondencia del módulo número tres (3) de los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciséis, solicitando se requieran las mismas..." En atención a lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos. Ahora bien, respecto a lo peticionado, dígase al quejoso que no ha lugar acordar de conformidad, en virtud de que las constancias que solicita ya fueron remitidas por la autoridad responsable, y en consecuencia, se ordenó darle vista con las mismas el dieciséis de abril y cuatro de mayo, ambos de dos mil dieciocho. Entonces, una vez que se le notifique el acuerdo de cuatro de mayo del año actual y se le dé vista con las constancias anexas, estará en oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho a la Jueza Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente acuerdo al quejoso Alejandro Chavarría Gallegos y le corra traslado al quejoso con copia simple del presente proveído; asimismo, asiente la descripción pormenorizada de cada una de las constancias con las que corra traslado al quejoso; y, hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguiente remita las constancias correspondientes. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso y correrle traslado con las constancias que se agregan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 416/2018-IV-D; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de la comunicación oficial aludida se advierte que el impetrante, realizó la siguiente manifestación: "no me fueron puestas a la vista las copias, de las constancias rendidas por la C. Directora de este Centro, motivo por el cual no pudo manifestar lo que a mi interés convenga". En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho a la Jueza Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, realice lo siguiente: Notifique el presente acuerdo al quejoso Alejandro Chavarría Gallegos y le corra traslado al quejoso con copia simple del presente proveído; así como, del oficio remitido a este juzgado el trece de abril del año en curso por la Directora General del centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y con las constancias a él adjuntas, constantes en veintiséis fojas útiles. Asiente la descripción pormenorizada de cada una de las constancias con las que corra traslado al quejoso; y, Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguiente remita las constancias correspondientes. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso y correrle traslado con las constancias que se agregan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

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