Alejandro Calderon Arteaga
Expediente 1461/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1461/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Calderon Arteaga
- Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral Y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1461/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el diez de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente respecto al escrito signado por la tercera interesada María Cecilia Romero Ángel, hasta que se dictara sentencia en el presente asunto, lo cual ya aconteció; en consecuencia se provee: Téngase por recibido el escrito signado por la tercera interesada María Cecilia Romero Ángel, mediante el cual se apersona a juicio; asimismo, atento a su contenido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Hugo Francisco Pantaleón Valle, pues la diversa persona que refiere, no acredita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado, como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo se les tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones, así como a las demás personas que se indica. Por otro lado, sin que haya lugar a proveer respecto a las manifestaciones que realiza, toda vez que el diez de enero del año en curso, se resolvió el presente juicio de amparo. Finalmente, glósese el cuaderno provisional formado con motivo de la celebración de la audiencia constitucional al expediente principal, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Arturo
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1461/2018-IV, promovido por ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, por su propio derecho y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, los que hizo consistir: ".El AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en mi contra por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Alimentaria en la causa penal JC/262/2018." SEGUNDO.- Previo desahogo de prevención, por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. El emplazamiento de los terceros interesados se llevó a cabo el uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 45) Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radica la autoridad responsable a quien se le reclama el acto reclamado. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consistente en la resolución de vinculación a proceso dictada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que al rendir el informe justificado así lo aceptó (foja 49). Certeza que además se corrobora con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, a los cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". TERCERO. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son inoperantes en una parte e infundados por otra para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Es oportuno establecer que el quejoso citó el artículo 1°. de la Constitución; y aunque no formula conceptos de violación respecto de dicho artículo; se hace la precisión que el principio pro persona contemplado en ese artículo, reconoció que no necesariamente implica que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Ahora bien, resulta pertinente destacar que en el caso, no hubo transgresión a los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Carta Magna; no obstante que en sus conceptos de violación señaló de forma reiterada que se habían violado los derechos fundamentales contenidos en dichos numerales, razón por la cual este Juzgador procede a su análisis. En este orden de ideas, del análisis a la resolución combatida se advierte que no se contravino el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de las constancias de autos se constata que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en que el inculpado fue escuchado en audiencia de corte acusatorio y oral, respetando los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, estuvo asistido por un defensor permitiéndosele aportar datos y medios de prueba antes de que se resolviera su situación jurídica. También, debe decirse que conforme a la grabación que contiene la continuación de la audiencia inicial, en la parte que el Juez responsable emite el auto de vinculación a proceso reclamado, se aprecia que acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Ley Fundamental y si bien el artículo citado prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no es necesario que la determinación del Juez de control en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto en tratándose de una determinación emitida al resolver la vinculación a proceso de un imputado a que se refiere el arábigo 19 constitucional deba plasmarse por escrito, sino lo relevante es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa; lo que en el particular acontece. Por tal razón, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Razón por la que se estima correcta la actuación de la responsable en el aspecto de no emitir una resolución escrita del auto combatido, sino únicamente la videograbación de la audiencia, sobre cuyo análisis versará esta resolución. Fundamenta lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación 1ª/J.34/2017 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).". Así, el auto de vinculación combatido se encuentra debidamente fundado y motivado, al invocarse los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, particularmente los que contienen la descripción típica del hecho considerado delito por la ley atribuido al peticionario de amparo, siendo éste el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos; refiriendo los motivos que lo condujeron a estimar idóneos los datos de prueba aportados; exponiendo además las causas, motivos o razones que tuvo en consideración para concluir que se encontraban demostrados los elementos del hecho delictivo anteriormente indicado que se atribuyó al accionante del amparo así como la probabilidad de su participación en la comisión del mismo; advirtiendo este juzgador que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, concluyendo que tampoco existe violación al artículo 16 de la Constitución. Ello, en atención a la jurisprudencia con registro 394216, identificada con el número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Así también, este Juzgador estima que el Juez de control, al emitir el auto de vinculación a proceso no vulneró en perjuicio de ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, las garantías contenidas en el numeral 19 de la Ley Fundamental, al advertirse, que existen datos y medios de prueba suficientes, para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. En efecto, se estima que el auto de vinculación combatido, es legal, porque basó su resolución en las reglas de valoración de los datos de prueba establecidos en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que las referencias formuladas al juzgador del contenido de los datos de prueba aún no desahogados ante la presencia de éste, y de los medios de prueba debidamente valorados como acertadamente lo estimó la responsable, se advirtieron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho delictuoso, así como demostrada la probable participación del imputado, conduciendo al conocimiento que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso omitió proporcionar los recursos económicos para la subsistencia de sus menores hijos de acuerdo a las resoluciones emitidas en el juicio familiar 26/2014 del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que provisionalmente el veinticinco de febrero de dos mil catorce, se le fijó como pensión provisional un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y una pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete, lo cual consideró la Juez responsable encuadra en el hecho delictuoso de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. En este sentido, es menester precisar que el primer párrafo del artículo 19 constitucional, textualmente dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..". Por su parte, los diversos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, que se imputó al quejoso está contemplado en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, que dispone: "ARTICULO 201.- Al que sin motivo justificado no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, y exceda de un lapso de treinta días naturales, se le impondrán de un año a cuatro años de prisión "y" de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente a la parte ofendida. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios a que se refiere el Código Familiar para el Estado de Morelos (.) Si la omisión mencionada en este artículo ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.". Ahora bien, se hace la precisión que a este Juzgado de Distrito, corresponde analizar en esta sede, la legalidad y la constitucionalidad del auto de vinculación, a la luz de los razonamientos y consideraciones esgrimidos por la autoridad jurisdiccional responsable en la audiencia respectiva por ser quien está en aptitud de apreciar si los mismos resultan idóneos, porque el ejercicio de ponderación de datos y medios de prueba corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato o medio de prueba aportados, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. Lo anterior es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que es suficiente con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; por tanto al apreciar que mediante la oralidad, consagrada en el arábigo 20 constitucional se materializan en el procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, y por ello el Juez de control debe resolver de forma verbal los conflictos que le sean planteados por los intervinientes, en todo caso exponiendo el sentido de sus resoluciones de forma fundada y motivada, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quedará registrado mediante la videograbación de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. Ello tiene como consecuencia que en el juicio de amparo indirecto, en respeto irrestricto de los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; y privilegiando que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo su libre apreciación y a este Juzgador atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de aquellas, así como de admitir probanzas en el controvertido de amparo, tendría por efecto desnaturalizar y contravenir el orden constitucional reglado para la substanciación de dichos procedimientos penales acusatorios, actuación que está vedada, precisamente al ejercer funciones directas de garantes y protectores de la Norma Fundamental. Robustece lo anterior, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCLI/2011 (9a.), pág.270, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.", así como la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, I.7°.P.83 P (10ª.), página 986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, tomo II, décima época del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." En este orden de ideas, en el caso concreto una vez reproducido el disco de video y vistas las audiencias de veinticuatro y de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se advierte lo siguiente: 1.- El Agente del Ministerio Público en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, formuló imputación en contra del aquí quejoso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. 2.- Asimismo, en la referida audiencia se otorgó la oportunidad al imputado, aquí quejoso, para declarar en relación a los hechos, sin embargo, decidió no hacerlo, posteriormente la Juez requirió a la Agente del Ministerio Público hiciera del conocimiento del imputado todos los datos de prueba, lo cual realizó y posteriormente la Juez responsable, cuestionó al quejoso para que manifestara si era su deseo que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia o dentro del plazo constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas, a lo que solicitó la duplicidad del plazo constitucional. De lo anterior se advierte que previamente a que el imputado decidiera si se acogía o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resolviera sobre su situación jurídica, tuvo conocimiento de las razones específicas y los datos de prueba recabados durante la investigación informal que sirven de sustento de la solicitud de la vinculación a proceso, con lo cual se atendió a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2015704, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 392 del rubro siguiente: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)." 3.- El auto de vinculación a proceso se dictó por los hechos que fueron motivo de la imputación. 4.- En la resolución de vinculación a proceso la Juez responsable estableció el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución del hecho delictuoso. Asimismo, referente a los elementos de fondo del auto de vinculación a proceso, también se encuentran colmados. En efecto, la Juez responsable en la resolución reclamada estableció que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, advirtió datos de prueba de los que se desprenden indicios razonables que permiten suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. Asimismo, determinó que de dichos indicios se desprende la existencia de la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso lo cometió y no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En efecto, respecto del hecho que la ley señale como delito, la Juez responsable estableció que los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público son suficientes para demostrar que el imputado incumplió con el pago de las pensiones alimenticias que le fueron fijadas en por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado del Morelos, en el juicio 26/2014, la provisional de veinticinco de febrero de dos mil catorce, por un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y a la pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete y que por ello se generó un detrimento patrimonial a la parte ofendida por un monto de $126,600.00 (CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), hechos que, la Juez responsable, estableció que encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, que prevé el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado. Asimismo, estableció que de los datos de prueba aportados, son suficientes para establecer que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión ya que la Juez responsable estableció que además del señalamiento de la madre de los menores existe una resolución judicial con fuerza coercitiva que obliga al imputado como padre de los menores, acreditado en la instancia familiar, y por ello se le impuso la obligación del pago de la pensión alimenticia, por lo tanto, determinó, la Juez responsable, que al ser único sentenciado en la resolución definitiva del once de diciembre de dos mil quince, por ello es probable su participación en el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. Así, al no existir ningún dato en contrario y por lo tanto para la etapa procesal, el Juez consideró más allá de toda duda razonable que se actualizaba tanto el hecho delictivo como la probabilidad de que el imputado intervino con tal calidad en la comisión del mismo. Razón por lo cual, al tenor de los artículos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictó auto de vinculación a proceso, en contra del ahora quejoso ALEJANDRO CALDERON ARTEAGA, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. De ahí que no le asiste razón al quejoso para afirmar que la responsable violó los derechos fundamentales dispuestos en los artículos 14, 16, , 19 y 20, porque emitió el acto reclamado de conformidad con los preceptos recién citados, de forma fundada, motivada, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, dictando el auto de vinculación con el rigor establecido para la etapa procesal y respetando los principios del sistema acusatorio y oral, así como los derechos de imputado. Contrario a ello, ha quedado evidenciado que la resolución reclamada no solo está fundada y motivada, sino que además se considera acertada en atención a que, efectivamente, hasta ese estadio procesal, los datos de prueba, resultan idóneos y pertinentes para evidenciar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que existe la posibilidad de que el imputado intervino en su comisión. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la interpretación al artículo 19 de la Constitución, efectuada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 35/2017, derivada de la resolución de contradicción de tesis 87/2016, publicada en la página 360, del Tomo I, Libro 45, Agosto de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.". Por tanto, por una parte, devienen inoperantes y por otra, infundados, los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: 1.- Argumenta el quejoso que la parte ofendida se duele de que no le ha dado la diferencia de la pensión alimenticia que le corresponde respecto de las cantidades de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n) por concepto de pensión alimenticia establecida en el juicio 26/2014, por lo que no es la vía para dilucidar tal reclamo. Es inoperante el argumento de la parte quejosa, toda vez que parte de una premisa equivocada, ya que la parte ofendida no reclama la diferencia de la pensión alimenticia, sino la omisión de proporcionar los recursos económicos para la subsistencia de sus menores hijos de acuerdo a las resoluciones emitidas en el juicio familiar 26/2014 del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que provisionalmente el veinticinco de febrero de dos mil catorce, se le fijó como pensión provisional un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y una pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete, reclamo que determinó la Juez responsable encuadra en el ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, por lo que la vía legal idónea es la penal para dilucidar tales hechos. En efecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 49/2015 (10a.), estableció que para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello lo consideró así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo. La jurisprudencia de que se trata tiene el número de registro 2010410, fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, materia Penal, página 753, con el rubro: "INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, BASTA CON QUE LA PERSONA QUE TIENE EL DEBER DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, DERIVADO DE UNA SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL, DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE MICHOACÁN, QUERÉTARO Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)." 2.- Asimismo, el quejoso señaló que tiene una justificación para dar una pensión menor a la ordenada por el juez familiar dado que con sus ingresos es imposible depositar la totalidad de la pensión a que fue condenado. Es inoperante dicho concepto de violación, toda vez que en el procedimiento penal que se instaura en su contra no es factible que la Juez del conocimiento se pronuncie sobre el monto de la cuantía de la pensión alimenticia que debe otorgar el imputado de acuerdo a sus posibilidades económicas, dado que ello fue materia del juicio familiar en el que la Juez de esa materia atendiendo al caudal probatorio, a los hechos necesidades y de más circunstancias demostradas, así como a las percepciones del aquí quejoso fijó los montos de las pensiones provisional y definitiva, por ello, la instancia que es competente para determinar si hay cambiado el entorno económico del quejoso y disminuir el monto de las pensiones alimenticias es el juez en materia familiar y no en el procedimiento penal. 3.- En otro aspecto, aduce el quejoso que al momento de la formulación de imputación el Agente del Ministerio Público no fue congruente porque no estableció en qué hipótesis se encuadraba la conducta del imputado, aquí quejoso. Es infundado el concepto de violación porque el Agente del Ministerio Público formuló imputación contra el quejoso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos y solicitó la vinculación a proceso por el mismo ilícito apoyándose en la misma disposición legal, de ahí que no exista incongruencia. 4.- Por otra parte, el quejoso refiere que no se estableció de manera clara los hechos que se le imputan, lo cual lo coloca en un estado de indefensión ya que para llevar a cabo una defensa adecuada la formulación de imputación debe ser clara y reunir los requisitos que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es infundado el referido argumento, pues al margen que no corresponde calificar la actuación de una de las partes formales en el procedimiento de origen, sino analizar la constitucionalidad de la actuación del Juez de Control a partir de los argumentos expuestos por éstas, la Juez Penal en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, sí estableció los hechos que se le imputan por los que se le vinculó a proceso, al establecer que el quejoso incumplió con el pago de las pensiones alimenticias que le fueron fijadas por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado del Morelos, en el juicio 26/2014, la provisional de veinticinco de febrero de dos mil catorce, por un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y a la pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete y que por ello se generó un detrimento patrimonial a la parte ofendida por un monto de $126,600.00 (CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.). En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, anteriormente citada, estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. 5.- De igual manera señala el quejoso que sí proporciona los recursos indispensables para la subsistencia de sus menores hijos como quedó demostrado en la audiencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dado que se relataron los depósitos que realizó, los cuales fueron de acuerdo a sus posibilidades económicas incluso la propia ofendida admitió haber recibido diversos depósitos, además también exhibió documentos que acreditan su salario, el cual es insuficiente para cubrir sus gastos. Es infundado el argumento del quejoso, dado que si bien se demostró que ha realizado diversos pagos parciales, sin embargo, como lo estableció la Juez responsable dichos pagos no cubrieron el monto de la pensión fijada por el Juez Familiar en el juicio 26/2014, de ahí que se actualice el incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, pues, en el caso, existen determinaciones judiciales que fijaron el monto de las pensiones provisional y definitiva que el quejoso debe otorgar a sus menores hijos, las cuales no pueden quedar al arbitrio del quejoso, pues como se estableció en los párrafos que anteceden, la autoridad competente, Juez Civil en Materia Familiar, dentro de un juicio familiar de alimentos atendiendo a las pruebas desahogadas, y a los hechos, necesidades y de más circunstancias demostradas, ponderando las percepciones del aquí quejoso fijó los montos de las pensiones provisional y definitiva, con las cuales debe cumplir cabalmente, pues, jurídicamente no es aceptable que el propio deudor alimentario habiendo determinaciones judiciales firmes que establecen el monto de la pensión alimenticia, proporcione la cantidad que a su juicio puede dar; además, si el entorno económico del quejoso cambió con posterioridad a las resoluciones firmes emitidas en el juicio de alimentos, tiene el derecho expedito de promover lo que a sus intereses convenga en la instancia competente, pero se insiste, no motu proprio, al constituir el cumplimiento de una obligación legal que busca tutelar la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos, frente a la cual prevalece el interés general de la comunidad respecto del sano desarrollo psicosomático de los miembros de la colectividad constituyendo su incumplimiento además una deuda pública o legal; de ahí que no quede a voluntad del quejoso el variar o modificar el alcance o monto de la pensión inicialmente fijada . 6.- Por otra parte, argumenta el quejoso que en Materia Familiar existen vías para que se cumplan la determinaciones, por ello, la ofendida previo a denunciar debió agotar el proceso en materia familiar, es decir, solicitar que la sentencia causara ejecutoria y presentar un incidente de liquidación a efecto de que el juez de lo familiar resolviera y determinara la cantidad que se debe pagar y no como indebidamente resuelve la Juez responsable en materia penal. Son infundados los argumentos del quejoso, en primer término debe establecerse que como lo señaló la Juez responsable, la sentencia definitiva de alimentos causó ejecutoria al resolverse el recurso de apelación ya que contra ésta determinación no procede ningún recurso ordinario y, por otra parte, no existe ninguna disposición legal que obligue a la parte ofendida, a agotar el incidente de liquidación previo a denunciar los hechos ante el Agente del Ministerio Público, además, como se señaló con anterioridad, los hechos denunciados encuadran en el hecho delictuoso de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, pues, como se estableció en los párrafos que anteceden para que se actualice hecho delictuoso, basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello porque se trata de delito de peligro y por tal razón no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, pues la norma penal responde al espíritu de tutelar la institución de la familia, pues se elevó el incumplimiento a la categoría de ilícito penal con el que se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo. Además, la obligación alimentaria no nace de un acuerdo entre dos o más personas que tenga por objeto crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones, sino que surge de la propia ley y se concretiza a través de una determinación jurisdiccional, esto es, de una sentencia emitida al resolverse no una controversia civil, sino una de carácter familiar, que si bien es cierto forma parte del derecho civil y, por ende, se regula por los códigos adjetivo y sustantivo de dicha materia, también lo es que por ser la subsistencia de los ciudadanos de vital trascendencia para una sociedad y, por ello, para el Estado, la obligación de dar alimentos se considera de orden público, esto es, de inicio se trata de una obligación legal y no de un convenio privado celebrado entre particulares, que si bien, en un principio, por virtud del contrato de matrimonio, se trató de un acuerdo de voluntades, al subsistir el interés general de la comunidad respecto del sano desarrollo psicosomático de los miembros de la colectividad, prevalece el interés público sobre el privado y, por tanto, la omisión de dar alimentos constituye una deuda pública o legal. De ahí que el artículo 201, del Código Penal del Estado de Morelos, no sanciona el mero incumplimiento de la obligación civil, sino que va más allá, porque prevé un delito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en la descripción legal, como consecuencia de la omisión del activo de cumplir con la obligación de dar alimentos. 7.- Aduce el quejoso que la sentencia de once de diciembre de dos mil quince, aún no causa ejecutoria, dado que así lo debe declarar la propia autoridad que la emitió, además, considera que la Juez responsable indebidamente argumentó que la sentencia sí había causado ejecutoria lo que violenta el principio de igualdad entre las partes y debido proceso. Son infundados los argumentos del quejoso porque de acuerdo a los datos de prueba que refirió el Agente del Ministerio Público, es posible establecer que contra la sentencia emitida el once de diciembre de dos mil quince, en el juicio familiar 26/2014 se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el dos de mayo de dos mil dieciocho, por tanto es factible establecer que existe sentencia ejecutoriada en dicho juicio familiar, porque contra dicha resolución de segunda instancia (que sustituye procesalmente a la de la primera) no procede ningún recurso en términos del artículo 468, fracción I del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Y por otra parte, la Juez responsable no violentó el principio de igualdad ante las partes, por que el hecho de que haya expresado que la sentencia en el juicio familiar había causado ejecutoria, ello es una inferencia lógica de los datos proporcionados por el Agente del Ministerio Público quien en diversas ocasiones le refirió que la sentencia había sido apelada y el recurso se había resuelto confirmando la sentencia, por ende, con dichos datos la Juez dedujo que la sentencia había causado ejecutoria, razón por la cual no se vulneró el principio de igualdad de las partes, en la medida que en ésta se logra y se respeta, al permitir a los intervinientes ejecutar y contar con los medios efectivos de defensa en el procedimiento y en el particular no se observa lo contrario. 8.- También arguye el impetrante que la Juez responsable toma en cuenta para emitir el auto de vinculación a proceso el informe rendido por la perito en contabilidad Liliana Bahena Oropeza en el que determina una afectación patrimonial para la agraviada por un monto de $126,000.00 (ciento veintiséis mil pesos 00/100), sin embargo, el bien jurídico que protege el delito no es el patrimonio de la agraviada sino la familia. Es infundado dicho argumento, dado que el hecho de que la perito haya señalado en su dictamen que existió una afectación patrimonial, ello no invalida su conclusión en cuanto al monto total de la pensiones que el quejoso dejó de cumplir, pues dicho informe pericial auxilia en la investigación en relación con la cuestión contable, es decir, en cuanto al monto de las pensiones que no cubrió el imputado, y de ninguna manera, le corresponde a la perito establecer la afectación al bien jurídico tutelado, de ahí que es irrelevante jurídicamente que la perito haya establecido en su dictamen que existió una "afectación patrimonial". 9.- Por otra parte el quejoso argumenta que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14, párrafo tercero constitucional, toda vez que se decretó auto de vinculación a proceso por simple analogía ya que suponiendo sin conceder que sus acciones fuesen ilícitas no se adecuan en al artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, ya que no se reúnen los elementos objetivos, subjetivos y normativos, consistentes en la conducta, el resultado y nexo causal. Son infundados los argumentos de la parte quejosa de acuerdo a las consideraciones jurídicas siguientes: La disposición legal que prevé el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria establece: "ARTICULO 201.- Al que sin motivo justificado no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, y exceda de un lapso de treinta días naturales, se le impondrán de un año a cuatro años de prisión "y" de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente a la parte ofendida. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios a que se refiere el Código Familiar para el Estado de Morelos (.) Si la omisión mencionada en este artículo ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.". Ahora bien, como se ha reiterado en los párrafos que anteceden, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia 1a./J. 35/2017 estableció que el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2) La ley señale como delito a ese hecho y 3) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, la Primera Sala señaló que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Por lo que, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, estableció la Primera Sala, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Por tanto, atendiendo a dicho criterio jurisprudencial para la acreditación del hecho delictuoso, es necesario que el juez encuadre la conducta del imputado a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Lo anterior, fue observado por la Juez responsable, toda vez que en la resolución de vinculación a proceso impugnada determinó que de los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público se desprenden hechos que encuadran en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, puesto que se acreditó el hecho de la omisión por parte del imputado aquí quejoso, de proporcionar los recursos económicos para la subsistencia de sus menores hijos de acuerdo a las resoluciones emitidas en el juicio familiar 26/2014 del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que provisionalmente el veinticinco de febrero de dos mil catorce, se le fijó como pensión provisional un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y una pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince. Confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete, hechos que determinó adecuadamente la Juez responsable encuadran en el ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos; por tanto, no existe aplicación de la norma por analogía; además, de acuerdo a la jurisprudencia reseñada con antelación para la emisión del auto de vinculación a proceso no es exigible constitucionalmente la acreditación de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del cuerpo del delito, porque dicho análisis es materia de estudio de la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal. 10.- Por otra parte, alega el quejoso que la autoridad judicial responsable en su resolución rebasó lo expuesto y argumentado por el Agente del Ministerio Público, que la acción desplegada por el sujeto activo el veinticinco de febrero de dos mil catorce no se corrobora con ningún medio de prueba para acreditar el hecho delictivo y menos aún la responsabilidad del quejoso, máxime que estableció fechas pero no horas. Son infundados los argumentos del quejoso, toda vez que independientemente de que el quejoso no expuso porqué a su juicio la Juez responsable rebasó lo expuesto por el Agente del Ministerio Público, del audio y video de las audiencias de veinticuatro y veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que la autoridad judicial responsable emitió el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso atendiendo exclusivamente a los argumentos y datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, sin rebasar sus peticiones. Además como se expuso al inicio de este considerando se advierte que en el auto de vinculación a proceso se expusieron los datos de prueba que acreditan la existencia del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos; sin que sea necesario que se hubiese demostrado la existencia de la responsabilidad penal del imputado aquí quejoso, dado que ello es materia de análisis de la sentencia definitiva, pues para la emisión del auto de vinculación a proceso únicamente es necesario que se demuestre que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual fue satisfecho en la resolución reclamada y por otra parte, dadas las características del hecho delictuoso es innecesario que se hubiesen señalado como circunstancia de ejecución "las horas" de ejecución dado que el hecho delictuoso no lo requiere dado que se trata de un hecho negativo (omisión) que se prolonga a través del tiempo "Al que sin motivo justificado no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, y exceda de un lapso de treinta días naturales," de ahí que el hecho de que no se hubiesen especificado la horas, como lo pretende el quejoso, en la resolución reclamada es intrascendente y no coloca al quejoso en estado de indefensión. Consecuentemente al resultar, por una parte inoperantes y, por otra, infundados los conceptos de violación analizados, y al no advertir deficiencia qué suplir de oficio en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso contra el ato de vinculación a proceso reclamado. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE AL QUEJOSO ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, contra el auto de vinculación a proceso emitido el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial JC/262/2018 que se reclamó a la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de enero de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del de diez de enero del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1461/2018-IV, promovido por ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, por su propio derecho y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, los que hizo consistir: .El AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en mi contra por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Alimentaria en la causa penal JC/262/2018." SEGUNDO.- Previo desahogo de prevención, por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. El emplazamiento de los terceros interesados se llevó a cabo el uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 45) Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radica la autoridad responsable a quien se le reclama el acto reclamado. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consistente en la resolución de vinculación a proceso dictada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que al rendir el informe justificado así lo aceptó (foja 49). Certeza que además se corrobora con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, a los cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". TERCERO. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son inoperantes en una parte e infundados por otra para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante. Es oportuno establecer que el quejoso citó el artículo 1°. de la Constitución; y aunque no formula conceptos de violación respecto de dicho artículo; se hace la precisión que el principio pro persona contemplado en ese artículo, reconoció que no necesariamente implica que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Ahora bien, resulta pertinente destacar que en el caso, no hubo transgresión a los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Carta Magna; no obstante que en sus conceptos de violación señaló de forma reiterada que se habían violado los derechos fundamentales contenidos en dichos numerales, razón por la cual este Juzgador procede a su análisis. En este orden de ideas, del análisis a la resolución combatida se advierte que no se contravino el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de las constancias de autos se constata que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en que el inculpado fue escuchado en audiencia de corte acusatorio y oral, respetando los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, estuvo asistido por un defensor permitiéndosele aportar datos y medios de prueba antes de que se resolviera su situación jurídica. También, debe decirse que conforme a la grabación que contiene la continuación de la audiencia inicial, en la parte que el Juez responsable emite el auto de vinculación a proceso reclamado, se aprecia que acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Ley Fundamental y si bien el artículo citado prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no es necesario que la determinación del Juez de control en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto en tratándose de una determinación emitida al resolver la vinculación a proceso de un imputado a que se refiere el arábigo 19 constitucional deba plasmarse por escrito, sino lo relevante es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa; lo que en el particular acontece. Por tal razón, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Razón por la que se estima correcta la actuación de la responsable en el aspecto de no emitir una resolución escrita del auto combatido, sino únicamente la videograbación de la audiencia, sobre cuyo análisis versará esta resolución. Fundamenta lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación 1ª/J.34/2017 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).". Así, el auto de vinculación combatido se encuentra debidamente fundado y motivado, al invocarse los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, particularmente los que contienen la descripción típica del hecho considerado delito por la ley atribuido al peticionario de amparo, siendo éste el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos; refiriendo los motivos que lo condujeron a estimar idóneos los datos de prueba aportados; exponiendo además las causas, motivos o razones que tuvo en consideración para concluir que se encontraban demostrados los elementos del hecho delictivo anteriormente indicado que se atribuyó al accionante del amparo así como la probabilidad de su participación en la comisión del mismo; advirtiendo este juzgador que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, concluyendo que tampoco existe violación al artículo 16 de la Constitución. Ello, en atención a la jurisprudencia con registro 394216, identificada con el número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Así también, este Juzgador estima que el Juez de control, al emitir el auto de vinculación a proceso no vulneró en perjuicio de ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, las garantías contenidas en el numeral 19 de la Ley Fundamental, al advertirse, que existen datos y medios de prueba suficientes, para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. En efecto, se estima que el auto de vinculación combatido, es legal, porque basó su resolución en las reglas de valoración de los datos de prueba establecidos en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que las referencias formuladas al juzgador del contenido de los datos de prueba aún no desahogados ante la presencia de éste, y de los medios de prueba debidamente valorados como acertadamente lo estimó la responsable, se advirtieron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho delictuoso, así como demostrada la probable participación del imputado, conduciendo al conocimiento que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso omitió proporcionar los recursos económicos para la subsistencia de sus menores hijos de acuerdo a las resoluciones emitidas en el juicio familiar 26/2014 del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que provisionalmente el veinticinco de febrero de dos mil catorce, se le fijó como pensión provisional un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y una pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete, lo cual consideró la Juez responsable encuadra en el hecho delictuoso de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. En este sentido, es menester precisar que el primer párrafo del artículo 19 constitucional, textualmente dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..". Por su parte, los diversos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, que se imputó al quejoso está contemplado en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, que dispone: "ARTICULO 201.- Al que sin motivo justificado no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, y exceda de un lapso de treinta días naturales, se le impondrán de un año a cuatro años de prisión "y" de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente a la parte ofendida. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios a que se refiere el Código Familiar para el Estado de Morelos (.) Si la omisión mencionada en este artículo ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.". Ahora bien, se hace la precisión que a este Juzgado de Distrito, corresponde analizar en esta sede, la legalidad y la constitucionalidad del auto de vinculación, a la luz de los razonamientos y consideraciones esgrimidos por la autoridad jurisdiccional responsable en la audiencia respectiva por ser quien está en aptitud de apreciar si los mismos resultan idóneos, porque el ejercicio de ponderación de datos y medios de prueba corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato o medio de prueba aportados, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. Lo anterior es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que es suficiente con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; por tanto al apreciar que mediante la oralidad, consagrada en el arábigo 20 constitucional se materializan en el procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, y por ello el Juez de control debe resolver de forma verbal los conflictos que le sean planteados por los intervinientes, en todo caso exponiendo el sentido de sus resoluciones de forma fundada y motivada, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quedará registrado mediante la videograbación de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. Ello tiene como consecuencia que en el juicio de amparo indirecto, en respeto irrestricto de los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; y privilegiando que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo su libre apreciación y a este Juzgador atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de aquellas, así como de admitir probanzas en el controvertido de amparo, tendría por efecto desnaturalizar y contravenir el orden constitucional reglado para la substanciación de dichos procedimientos penales acusatorios, actuación que está vedada, precisamente al ejercer funciones directas de garantes y protectores de la Norma Fundamental. Robustece lo anterior, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCLI/2011 (9a.), pág.270, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.", así como la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, I.7°.P.83 P (10ª.), página 986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, tomo II, décima época del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." En este orden de ideas, en el caso concreto una vez reproducido el disco de video y vistas las audiencias de veinticuatro y de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se advierte lo siguiente: 1.- El Agente del Ministerio Público en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, formuló imputación en contra del aquí quejoso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. 2.- Asimismo, en la referida audiencia se otorgó la oportunidad al imputado, aquí quejoso, para declarar en relación a los hechos, sin embargo, decidió no hacerlo, posteriormente la Juez requirió a la Agente del Ministerio Público hiciera del conocimiento del imputado todos los datos de prueba, lo cual realizó y posteriormente la Juez responsable, cuestionó al quejoso para que manifestara si era su deseo que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia o dentro del plazo constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas, a lo que solicitó la duplicidad del plazo constitucional. De lo anterior se advierte que previamente a que el imputado decidiera si se acogía o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resolviera sobre su situación jurídica, tuvo conocimiento de las razones específicas y los datos de prueba recabados durante la investigación informal que sirven de sustento de la solicitud de la vinculación a proceso, con lo cual se atendió a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2015704, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 392 del rubro siguiente: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)." 3.- El auto de vinculación a proceso se dictó por los hechos que fueron motivo de la imputación. 4.- En la resolución de vinculación a proceso la Juez responsable estableció el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución del hecho delictuoso. Asimismo, referente a los elementos de fondo del auto de vinculación a proceso, también se encuentran colmados. En efecto, la Juez responsable en la resolución reclamada estableció que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, advirtió datos de prueba de los que se desprenden indicios razonables que permiten suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. Asimismo, determinó que de dichos indicios se desprende la existencia de la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso lo cometió y no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En efecto, respecto del hecho que la ley señale como delito, la Juez responsable estableció que los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público son suficientes para demostrar que el imputado incumplió con el pago de las pensiones alimenticias que le fueron fijadas en por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado del Morelos, en el juicio 26/2014, la provisional de veinticinco de febrero de dos mil catorce, por un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y a la pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete y que por ello se generó un detrimento patrimonial a la parte ofendida por un monto de $126,600.00 (CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), hechos que, la Juez responsable, estableció que encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, que prevé el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado. Asimismo, estableció que de los datos de prueba aportados, son suficientes para establecer que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión ya que la Juez responsable estableció que además del señalamiento de la madre de los menores existe una resolución judicial con fuerza coercitiva que obliga al imputado como padre de los menores, acreditado en la instancia familiar, y por ello se le impuso la obligación del pago de la pensión alimenticia, por lo tanto, determinó, la Juez responsable, que al ser único sentenciado en la resolución definitiva del once de diciembre de dos mil quince, por ello es probable su participación en el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. Así, al no existir ningún dato en contrario y por lo tanto para la etapa procesal, el Juez consideró más allá de toda duda razonable que se actualizaba tanto el hecho delictivo como la probabilidad de que el imputado intervino con tal calidad en la comisión del mismo. Razón por lo cual, al tenor de los artículos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictó auto de vinculación a proceso, en contra del ahora quejoso ALEJANDRO CALDERON ARTEAGA, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos. De ahí que no le asiste razón al quejoso para afirmar que la responsable violó los derechos fundamentales dispuestos en los artículos 14, 16, , 19 y 20, porque emitió el acto reclamado de conformidad con los preceptos recién citados, de forma fundada, motivada, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, dictando el auto de vinculación con el rigor establecido para la etapa procesal y respetando los principios del sistema acusatorio y oral, así como los derechos de imputado. Contrario a ello, ha quedado evidenciado que la resolución reclamada no solo está fundada y motivada, sino que además se considera acertada en atención a que, efectivamente, hasta ese estadio procesal, los datos de prueba, resultan idóneos y pertinentes para evidenciar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que existe la posibilidad de que el imputado intervino en su comisión. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la interpretación al artículo 19 de la Constitución, efectuada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 35/2017, derivada de la resolución de contradicción de tesis 87/2016, publicada en la página 360, del Tomo I, Libro 45, Agosto de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.". Por tanto, por una parte, devienen inoperantes y por otra, infundados, los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: 1.- Argumenta el quejoso que la parte ofendida se duele de que no le ha dado la diferencia de la pensión alimenticia que le corresponde respecto de las cantidades de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n) por concepto de pensión alimenticia establecida en el juicio 26/2014, por lo que no es la vía para dilucidar tal reclamo. Es inoperante el argumento de la parte quejosa, toda vez que parte de una premisa equivocada, ya que la parte ofendida no reclama la diferencia de la pensión alimenticia, sino la omisión de proporcionar los recursos económicos para la subsistencia de sus menores hijos de acuerdo a las resoluciones emitidas en el juicio familiar 26/2014 del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que provisionalmente el veinticinco de febrero de dos mil catorce, se le fijó como pensión provisional un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y una pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete, reclamo que determinó la Juez responsable encuadra en el ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, por lo que la vía legal idónea es la penal para dilucidar tales hechos. En efecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 49/2015 (10a.), estableció que para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello lo consideró así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo. La jurisprudencia de que se trata tiene el número de registro 2010410, fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, materia Penal, página 753, con el rubro: "INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, BASTA CON QUE LA PERSONA QUE TIENE EL DEBER DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, DERIVADO DE UNA SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL, DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE MICHOACÁN, QUERÉTARO Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)." 2.- Asimismo, el quejoso señaló que tiene una justificación para dar una pensión menor a la ordenada por el juez familiar dado que con sus ingresos es imposible depositar la totalidad de la pensión a que fue condenado. Es inoperante dicho concepto de violación, toda vez que en el procedimiento penal que se instaura en su contra no es factible que la Juez del conocimiento se pronuncie sobre el monto de la cuantía de la pensión alimenticia que debe otorgar el imputado de acuerdo a sus posibilidades económicas, dado que ello fue materia del juicio familiar en el que la Juez de esa materia atendiendo al caudal probatorio, a los hechos necesidades y de más circunstancias demostradas, así como a las percepciones del aquí quejoso fijó los montos de las pensiones provisional y definitiva, por ello, la instancia que es competente para determinar si hay cambiado el entorno económico del quejoso y disminuir el monto de las pensiones alimenticias es el juez en materia familiar y no en el procedimiento penal. 3.- En otro aspecto, aduce el quejoso que al momento de la formulación de imputación el Agente del Ministerio Público no fue congruente porque no estableció en qué hipótesis se encuadraba la conducta del imputado, aquí quejoso. Es infundado el concepto de violación porque el Agente del Ministerio Público formuló imputación contra el quejoso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos y solicitó la vinculación a proceso por el mismo ilícito apoyándose en la misma disposición legal, de ahí que no exista incongruencia. 4.- Por otra parte, el quejoso refiere que no se estableció de manera clara los hechos que se le imputan, lo cual lo coloca en un estado de indefensión ya que para llevar a cabo una defensa adecuada la formulación de imputación debe ser clara y reunir los requisitos que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es infundado el referido argumento, pues al margen que no corresponde calificar la actuación de una de las partes formales en el procedimiento de origen, sino analizar la constitucionalidad de la actuación del Juez de Control a partir de los argumentos expuestos por éstas, la Juez Penal en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, sí estableció los hechos que se le imputan por los que se le vinculó a proceso, al establecer que el quejoso incumplió con el pago de las pensiones alimenticias que le fueron fijadas por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado del Morelos, en el juicio 26/2014, la provisional de veinticinco de febrero de dos mil catorce, por un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y a la pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince, confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete y que por ello se generó un detrimento patrimonial a la parte ofendida por un monto de $126,600.00 (CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.). En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, anteriormente citada, estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. 5.- De igual manera señala el quejoso que sí proporciona los recursos indispensables para la subsistencia de sus menores hijos como quedó demostrado en la audiencia de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dado que se relataron los depósitos que realizó, los cuales fueron de acuerdo a sus posibilidades económicas incluso la propia ofendida admitió haber recibido diversos depósitos, además también exhibió documentos que acreditan su salario, el cual es insuficiente para cubrir sus gastos. Es infundado el argumento del quejoso, dado que si bien se demostró que ha realizado diversos pagos parciales, sin embargo, como lo estableció la Juez responsable dichos pagos no cubrieron el monto de la pensión fijada por el Juez Familiar en el juicio 26/2014, de ahí que se actualice el incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, pues, en el caso, existen determinaciones judiciales que fijaron el monto de las pensiones provisional y definitiva que el quejoso debe otorgar a sus menores hijos, las cuales no pueden quedar al arbitrio del quejoso, pues como se estableció en los párrafos que anteceden, la autoridad competente, Juez Civil en Materia Familiar, dentro de un juicio familiar de alimentos atendiendo a las pruebas desahogadas, y a los hechos, necesidades y de más circunstancias demostradas, ponderando las percepciones del aquí quejoso fijó los montos de las pensiones provisional y definitiva, con las cuales debe cumplir cabalmente, pues, jurídicamente no es aceptable que el propio deudor alimentario habiendo determinaciones judiciales firmes que establecen el monto de la pensión alimenticia, proporcione la cantidad que a su juicio puede dar; además, si el entorno económico del quejoso cambió con posterioridad a las resoluciones firmes emitidas en el juicio de alimentos, tiene el derecho expedito de promover lo que a sus intereses convenga en la instancia competente, pero se insiste, no motu proprio, al constituir el cumplimiento de una obligación legal que busca tutelar la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos, frente a la cual prevalece el interés general de la comunidad respecto del sano desarrollo psicosomático de los miembros de la colectividad constituyendo su incumplimiento además una deuda pública o legal; de ahí que no quede a voluntad del quejoso el variar o modificar el alcance o monto de la pensión inicialmente fijada . 6.- Por otra parte, argumenta el quejoso que en Materia Familiar existen vías para que se cumplan la determinaciones, por ello, la ofendida previo a denunciar debió agotar el proceso en materia familiar, es decir, solicitar que la sentencia causara ejecutoria y presentar un incidente de liquidación a efecto de que el juez de lo familiar resolviera y determinara la cantidad que se debe pagar y no como indebidamente resuelve la Juez responsable en materia penal. Son infundados los argumentos del quejoso, en primer término debe establecerse que como lo señaló la Juez responsable, la sentencia definitiva de alimentos causó ejecutoria al resolverse el recurso de apelación ya que contra ésta determinación no procede ningún recurso ordinario y, por otra parte, no existe ninguna disposición legal que obligue a la parte ofendida, a agotar el incidente de liquidación previo a denunciar los hechos ante el Agente del Ministerio Público, además, como se señaló con anterioridad, los hechos denunciados encuadran en el hecho delictuoso de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, pues, como se estableció en los párrafos que anteceden para que se actualice hecho delictuoso, basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello porque se trata de delito de peligro y por tal razón no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, pues la norma penal responde al espíritu de tutelar la institución de la familia, pues se elevó el incumplimiento a la categoría de ilícito penal con el que se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo. Además, la obligación alimentaria no nace de un acuerdo entre dos o más personas que tenga por objeto crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones, sino que surge de la propia ley y se concretiza a través de una determinación jurisdiccional, esto es, de una sentencia emitida al resolverse no una controversia civil, sino una de carácter familiar, que si bien es cierto forma parte del derecho civil y, por ende, se regula por los códigos adjetivo y sustantivo de dicha materia, también lo es que por ser la subsistencia de los ciudadanos de vital trascendencia para una sociedad y, por ello, para el Estado, la obligación de dar alimentos se considera de orden público, esto es, de inicio se trata de una obligación legal y no de un convenio privado celebrado entre particulares, que si bien, en un principio, por virtud del contrato de matrimonio, se trató de un acuerdo de voluntades, al subsistir el interés general de la comunidad respecto del sano desarrollo psicosomático de los miembros de la colectividad, prevalece el interés público sobre el privado y, por tanto, la omisión de dar alimentos constituye una deuda pública o legal. De ahí que el artículo 201, del Código Penal del Estado de Morelos, no sanciona el mero incumplimiento de la obligación civil, sino que va más allá, porque prevé un delito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en la descripción legal, como consecuencia de la omisión del activo de cumplir con la obligación de dar alimentos. 7.- Aduce el quejoso que la sentencia de once de diciembre de dos mil quince, aún no causa ejecutoria, dado que así lo debe declarar la propia autoridad que la emitió, además, considera que la Juez responsable indebidamente argumentó que la sentencia sí había causado ejecutoria lo que violenta el principio de igualdad entre las partes y debido proceso. Son infundados los argumentos del quejoso porque de acuerdo a los datos de prueba que refirió el Agente del Ministerio Público, es posible establecer que contra la sentencia emitida el once de diciembre de dos mil quince, en el juicio familiar 26/2014 se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el dos de mayo de dos mil dieciocho, por tanto es factible establecer que existe sentencia ejecutoriada en dicho juicio familiar, porque contra dicha resolución de segunda instancia (que sustituye procesalmente a la de la primera) no procede ningún recurso en términos del artículo 468, fracción I del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Y por otra parte, la Juez responsable no violentó el principio de igualdad ante las partes, por que el hecho de que haya expresado que la sentencia en el juicio familiar había causado ejecutoria, ello es una inferencia lógica de los datos proporcionados por el Agente del Ministerio Público quien en diversas ocasiones le refirió que la sentencia había sido apelada y el recurso se había resuelto confirmando la sentencia, por ende, con dichos datos la Juez dedujo que la sentencia había causado ejecutoria, razón por la cual no se vulneró el principio de igualdad de las partes, en la medida que en ésta se logra y se respeta, al permitir a los intervinientes ejecutar y contar con los medios efectivos de defensa en el procedimiento y en el particular no se observa lo contrario. 8.- También arguye el impetrante que la Juez responsable toma en cuenta para emitir el auto de vinculación a proceso el informe rendido por la perito en contabilidad Liliana Bahena Oropeza en el que determina una afectación patrimonial para la agraviada por un monto de $126,000.00 (ciento veintiséis mil pesos 00/100), sin embargo, el bien jurídico que protege el delito no es el patrimonio de la agraviada sino la familia. Es infundado dicho argumento, dado que el hecho de que la perito haya señalado en su dictamen que existió una afectación patrimonial, ello no invalida su conclusión en cuanto al monto total de la pensiones que el quejoso dejó de cumplir, pues dicho informe pericial auxilia en la investigación en relación con la cuestión contable, es decir, en cuanto al monto de las pensiones que no cubrió el imputado, y de ninguna manera, le corresponde a la perito establecer la afectación al bien jurídico tutelado, de ahí que es irrelevante jurídicamente que la perito haya establecido en su dictamen que existió una "afectación patrimonial". 9.- Por otra parte el quejoso argumenta que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14, párrafo tercero constitucional, toda vez que se decretó auto de vinculación a proceso por simple analogía ya que suponiendo sin conceder que sus acciones fuesen ilícitas no se adecuan en al artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, ya que no se reúnen los elementos objetivos, subjetivos y normativos, consistentes en la conducta, el resultado y nexo causal. Son infundados los argumentos de la parte quejosa de acuerdo a las consideraciones jurídicas siguientes: La disposición legal que prevé el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria establece: "ARTICULO 201.- Al que sin motivo justificado no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, y exceda de un lapso de treinta días naturales, se le impondrán de un año a cuatro años de prisión "y" de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente a la parte ofendida. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios a que se refiere el Código Familiar para el Estado de Morelos (.) Si la omisión mencionada en este artículo ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.". Ahora bien, como se ha reiterado en los párrafos que anteceden, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia 1a./J. 35/2017 estableció que el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2) La ley señale como delito a ese hecho y 3) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, la Primera Sala señaló que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Por lo que, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, estableció la Primera Sala, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Por tanto, atendiendo a dicho criterio jurisprudencial para la acreditación del hecho delictuoso, es necesario que el juez encuadre la conducta del imputado a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Lo anterior, fue observado por la Juez responsable, toda vez que en la resolución de vinculación a proceso impugnada determinó que de los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público se desprenden hechos que encuadran en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos, puesto que se acreditó el hecho de la omisión por parte del imputado aquí quejoso, de proporcionar los recursos económicos para la subsistencia de sus menores hijos de acuerdo a las resoluciones emitidas en el juicio familiar 26/2014 del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el que provisionalmente el veinticinco de febrero de dos mil catorce, se le fijó como pensión provisional un monto de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y una pensión definitiva de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) determinada en resolución de once de diciembre de dos mil quince. Confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil diecisiete, hechos que determinó adecuadamente la Juez responsable encuadran en el ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos; por tanto, no existe aplicación de la norma por analogía; además, de acuerdo a la jurisprudencia reseñada con antelación para la emisión del auto de vinculación a proceso no es exigible constitucionalmente la acreditación de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del cuerpo del delito, porque dicho análisis es materia de estudio de la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal. 10.- Por otra parte, alega el quejoso que la autoridad judicial responsable en su resolución rebasó lo expuesto y argumentado por el Agente del Ministerio Público, que la acción desplegada por el sujeto activo el veinticinco de febrero de dos mil catorce no se corrobora con ningún medio de prueba para acreditar el hecho delictivo y menos aún la responsabilidad del quejoso, máxime que estableció fechas pero no horas. Son infundados los argumentos del quejoso, toda vez que independientemente de que el quejoso no expuso porqué a su juicio la Juez responsable rebasó lo expuesto por el Agente del Ministerio Público, del audio y video de las audiencias de veinticuatro y veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que la autoridad judicial responsable emitió el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso atendiendo exclusivamente a los argumentos y datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, sin rebasar sus peticiones. Además como se expuso al inicio de este considerando se advierte que en el auto de vinculación a proceso se expusieron los datos de prueba que acreditan la existencia del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado en el artículo 201 del Código Penal del Estado de Morelos; sin que sea necesario que se hubiese demostrado la existencia de la responsabilidad penal del imputado aquí quejoso, dado que ello es materia de análisis de la sentencia definitiva, pues para la emisión del auto de vinculación a proceso únicamente es necesario que se demuestre que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual fue satisfecho en la resolución reclamada y por otra parte, dadas las características del hecho delictuoso es innecesario que se hubiesen señalado como circunstancia de ejecución "las horas" de ejecución dado que el hecho delictuoso no lo requiere dado que se trata de un hecho negativo (omisión) que se prolonga a través del tiempo "Al que sin motivo justificado no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, y exceda de un lapso de treinta días naturales," de ahí que el hecho de que no se hubiesen especificado la horas, como lo pretende el quejoso, en la resolución reclamada es intrascendente y no coloca al quejoso en estado de indefensión. Consecuentemente al resultar, por una parte inoperantes y, por otra, infundados los conceptos de violación analizados, y al no advertir deficiencia qué suplir de oficio en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso contra el ato de vinculación a proceso reclamado. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE AL QUEJOSO ALEJANDRO CALDERÓN ARTEAGA, contra el auto de vinculación a proceso emitido el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial JC/262/2018 que se reclamó a la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de enero de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.
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