Alejandro Calderón Arteaga
Expediente 592/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Calderón Arteaga
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de diecisiete de abril actual, dictado en el juicio de origen; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita la constancia de envío relativa al oficio 1289/2018, ordenado mediante auto de diecisiete de abril actual, dictado en el juicio de origen, así como las constancias de notificación ordenadas por estrados del referido auto; remitiendo copia certificada para acreditar lo anterior. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por la Directora General y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el veinte de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa MIREYA GUADALUPE BELTRÁN DÁVILA, para el efecto siguiente: "Para que de inmediato la quejosa le sea entregado el medicamento para el asma (Salbutamol en spray) y sea canalizada con el médico general, a fin de que éste determine la periodicidad para el tratamiento efectivo contra dicho padecimiento que le ha sido diagnosticado y determine si es necesaria la prescripción del mismo medicamento o uno diverso." Por acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector la Directora General y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, remitieron el oficio 6653/2018, así como fotocopias certificadas de la nota médica de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, del control de medicamento y la hoja de registro de suministro, de los que se advierte que a la quejosa le fue entregado el medicamento denominado salbutamol, con la indicación de aplicar dos disparos de manera periódica hasta el término de dicho tratamiento, esto es, el quince de mayo del año en curso. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al haber proporcionado la atención médica correspondiente a la quejosa, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Alejandro Calderón Arteaga, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 592/2018-III que por orden le corresponde. Antes de entrar al análisis del acto que por esta vía se reclama, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. INCOMPETENCIA. En ese sentido, toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal de estudio preferente; derivado de un análisis integral que este Juzgador, realiza de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda por razón de territorio y determina remitirla con sus copias al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno. Los referidos numerales 37 y 48, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." En efecto, del análisis del precepto 37 invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se hubiese presentado la demanda. Ahora bien, en el presente caso como ya se precisó, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Del análisis del ocurso que se acuerda, se evidencia que el quejoso bajo protestad de decir verdad señala que el lugar en donde se pretende ejecutar la orden de aprehensión reclamada, lo es en su domicilio particular en Calle San Francisco Número 685, Fraccionamiento Santa María, municipio de García, Nuevo León, sitio en donde ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. Ahora bien, si la orden de detención, aprehensión o la eventual imposición de medida cautelar de prisión preventiva requiere de ejecución material, el juez competente para conocer dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir preferentemente en el lugar en el que pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, en su caso el domicilio en el cual el quejoso manifestó radicar actualmente, calle San Francisco Número 685, Fraccionamiento Santa María, en Garza García, Nuevo León. En la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra en el Municipio de García, Estado de Nuevo León, lugar en el que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado por lo que se estima que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, sin que sea un obstáculo para la anterior determinación el hecho de que no haya señalamiento expreso de autoridades ejecutoras que tengan residencia en aquélla entidad, lo cual, en modo alguno implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, ello siguiendo la regla de competencia respecto del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado, pues no obstante tal alta de designación, eso no impide que el mandato de captura reclamado no se ejecute en la localidad en donde refiere radica el accionante. Sin que se desconozca la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10ª) sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.", habida cuenta que no se estima procedente prevenir al quejoso para que manifieste si desea señalar alguna autoridad con residente en el Estado de Nuevo León, toda vez que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia trascrita los Ministros de la Primera Sala establecieron lo siguiente: ".93. De conformidad con lo hasta aquí vertido, es factible dar respuesta al cuestionamiento de la presente contradicción en el sentido de que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de una orden de detención o aprehensión, no es forzoso que en la demanda se hubieran señalado autoridades responsables que tengan su residencia en el lugar donde aquél ejerce jurisdicción, si bajo protesta de decir verdad, el quejoso asegura que en su domicilio -que debe corresponder al de la circunscripción territorial del referido juzgador de amparo- se trata de ejecutar el acto reclamado." (Lo resaltado es propio) Por tanto, debe considerarse que es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, esto es, el lugar donde la parte quejosa tiene su domicilio -en el Estado de Nuevo León- ya que como lo manifestó la parte quejosa en la foja (19), las autoridades responsables no han podido notificarlo en su domicilio debido a que este se encuentra en Calle San Francisco Número 685, Fraccionamiento Santa María García, Nuevo León. No pasa inadvertido que, además de la orden de detención, aprehensión o medida cautelar de prisión preventiva, a que se hizo referencia en la presente determinación, el quejoso combate diversos actos, como lo son la negativa del derecho de audiencia dentro de la carpeta de origen; improcedencia de la formulación de imputación por falta de incidente de pago de pensiones vencidas y no pagadas; falta de notificación del inicio de la carpeta de investigación; falta de lectura de derechos; falta de entrega de copia certificada de la carpeta de investigación, así como la negativa de permitirle una legal defensa dentro de la carpeta de investigación que se integró en su contra, habida cuenta que por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; esto es, al tratarse de actos negativos, no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, por lo que dichos actos no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material. Por ello, atendiendo al principio de mayor beneficio para el quejoso, se estima competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrán lugar los actos que sí conllevan ejecución material, como lo son los restrictivos de la libertad combatidos por el quejoso, respecto de los cuales formuló conceptos de violación. En tal virtud, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo primero del artículo 37, de la Ley de Amparo Vigente. Por otra parte, en el Acuerdo General 3/2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; precisando que los Juzgados de Distrito en turno en el Estado de Nuevo León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto reclamado; es decir, el Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey, en turno. En mérito de lo expuesto, este Juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con Residencia en Monterrey, para que resuelva sobre la competencia declinada a su favor, dejando en este Juzgado Federal cuaderno de antecedentes respectivo. De igual forma, se solicita al Juez de Distrito que conozca del presente asunto, tenga a bien acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar. Pese al sentido de esta resolución, con fundamento en el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, no procede decretar la suspensión provisional de los actos reclamados, pues dicha hipótesis opera únicamente en los casos en que se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y en el caso, la quejosa no reclama actos de esa naturaleza. En aras de una pronta impartición de justicia, para no demorar el envío del asunto al juez que se estima competente, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese esta determinación por lista a la parte quejosa, máxime que el artículo 26 de la ley de la materia, no establece que el auto de incompetencia, indefectiblemente deba ser notificado de manera personal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.
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