Alejandro Carrillo García

Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
951/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Carrillo García
  • Alejandro Carrillo García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. ASESOR JURÍDICO FEDERAL SOLICITA. Agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta signados por el representante especial de las menores quejosas, Santiago Orozco Valencia, mediante los cuales solicita se le indique si el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, en el que se acordó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, fue debidamente notificado a las partes. Atento a lo anterior, dígasele que dicho proveído no encuadra en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que no es necesaria su notificación personal; sin embargo, para mayor certeza de las partes se ordena notificar por lista el presente auto, así como el diverso de dos de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista el presente auto, así como el diverso de dos de julio de dos mil diecinueve. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe. svm

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR LISTA A LAS PARTES EL SIGUIENTE AUTO:Morelia, Michoacán, dos de julio de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del aludido acuerdo, en razón de haberse SOBRESEÍDO el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento a los cuadernos incidentales por no haberse formado los mismos. Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el amparo solicitado por ALEJANDRO CARRILLO GARCÍA O ALEJANDRO CARRILLO PONCE; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba y discos compactos que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del expediente 791/2017. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número VII-951/2018, promovido por Alejandro Carillo García, por sí, contra actos que reclama del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán y otra; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Alejandro Carillo García, por sí y en cuanto representante de los menores Regina e Iker Alejandro, ambos de apellidos Carrillo Jurado, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos siguientes: IV. .ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMEN. Como acto reclamado. La resolución de fecha 23 de octubre de 2018, en la que el Juzgado de lo Familiar no admitió el incidente no especificado de reducción de pensión alimenticia que promoví en contra de la c. LORENA JURADO MORALES, dentro del expediente 791/2018, y que se encuentra plenamente reconocido en el Código Familiar del Estado de Michoacán, y que ese acto vulneran categóricamente los derechos humanos del suscrito". En escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa solicitó se tuviera a los menores como terceros interesados en el juicio de amparo, en razón de no ostentar la guarda y custodia de los mismos. En su demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se formó expediente y se registró bajo el número 951/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias remitidas por la responsable, se advierte que los actos reclamados consisten en: a). El auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Primera Instancia en materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, dentro del juicio familiar especial sobre guarda, custodia y pensión alimenticia número 791/2017, en el que se estableció que no procedía la modificación de la pensión alimenticia provisional, hasta en tanto se dictara la sentencia definitiva. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad señalada como responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó la existencia del acto que la parte quejosa le reclama en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable ordenadora exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia fotostática certificada del juicio familiar especial sobre guarda y custodia 791/2017. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Ahora, para un mejor entendimiento del asunto, se estima necesario realizar una breve reseña de los antecedentes que obran el juicio de origen. 1. El once de diciembre de dos mil diecisiete, Lorena Jurado Morales, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Iker Alejandro y Regina, ambos de apellidos Carrillo Jurado, presentó demanda frente a Alejandro Carrillo Ponce, sobre guarda y custodia, pago de pensión alimenticia del cuarenta y cinco por ciento a favor de sus menores hijos, de manera provisional y en su momento la definitiva, así como a favor de la promovente, en su carácter de cónyuge. 2. Por razón de turno, le correspondió conocer al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de Zitácuaro, Michoacán, quien en auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, admitió dicha demanda, ordenó emplazar al demandado, fijó provisionalmente como monto de alimentos la cantidad de $2,294.80 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N), a cubrirse quincenalmente de manera provisional por el demandado a favor de los referidos acreedores alimentarios, correspondiente al cincuenta por ciento de una Unidad de Medida y Actualización, que lo es la cantidad de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) diarios multiplicados por treinta días; para lo cual ordenó girar el oficio correspondiente al Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, para que ordenara a quien correspondiera realizara el descuento por la cantidad citada a Alejandro Carrillo Ponce, quien se desempeña como elemento de la Policía de Municipal de ese Ayuntamiento y una vez que efectuara el descuento correspondiente, lo hiciera llegar a los acreedores alimentistas, dejando dicho comunicado a disposición de la interesada, para que lo entregara a su destino y gestionara lo necesario para su diligenciación; de igual forma, decretó la guarda y custodia de los mencionados menores a favor de la actora. 3. El demandado fue emplazado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete; a través de escrito presentado el nueve de enero de dos mil dieciocho, dio contestación y promovió acción reconvencional sobre guarda, custodia, solicitando además la reducción de la pensión alimenticia en un 50%, y otros conceptos, frente a Lorena Jurado Morales, mismo que fue acordado el doce de ese mismo mes y año, y en relación a la reducción de la pensión solicitada se proveyó: ".Por otra parte, dígasele que no procede la reducción de la pensión alimenticia decretada provisionalmente en este trámite, toda vez que los elementos de prueba que aporta, son insuficientes para modificar esa medida provisional". 4. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el allá demandado presentó escrito en contestación a las prestaciones reclamadas en vía de reconvención, y de nueva cuenta solicitó la reducción de la pensión alimenticia provisional. 5. En auto de uno de febrero del año en cita, se tuvo a Alejandro Carrillo Ponce, desahogando la vista que se le dio con la contestación de la demanda reconvencional, y en relación a la reducción de alimentos se proveyó: ".Sin que proceda mandar reducir la pensión alimenticia fijada provisionalmente a favor de sus hijos menores de edad, ya que no acredita con prueba alguna, que la misma sea excesiva." 6. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el allá demandado Alejandro Carrillo Ponce, informó al juez de origen que causó baja como elemento policial, y a efecto de cumplir con la pensión alimenticia, ofreció se le autorizara la exhibición provisional de quinientos pesos semanales; con lo anterior, el juez responsable ordenó dar vista a su contraparte a efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera. 7. En audiencia celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, con la asistencia de la parte actora y demandada, en el minuto 34:40, la primera solicitó la modificación de la pensión alimenticia, para ahora establecer se aplique en porcentaje a la totalidad del sueldo percibido por el quejoso, incluyendo la compensación garantizada. A lo anterior el juez dio uso de la voz al representante del demandado, y éste expuso que la compensación no está garantizada, porque ello depende de muchos factores, para después hacer referencia al incumplimiento en que ha incurrido la parte actora, por no permitir la convivencia, por lo que solicitó el cambio de guarda y custodia. El juez reiteró a la parte demandada que lo que pretendía la parte actora es que se modificara la pensión alimenticia, para ahora fijarla en un porcentaje en lugar de cantidad líquida, por lo que de nueva cuenta otorgó uso de la voz a la parte demandada, a efecto de que precisara si tenía algo que decir. El representante del demandado refirió que estaba de acuerdo, pero siempre y cuando la pensión se fijara sólo en relación con el sueldo base. Enseguida, a efecto de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, el juez dio lectura al artículo 842 del Código Familiar del Estado y refirió que el único propósito de establecer medidas cautelares, era evitar un grave daño a integrantes de la familia, y que ello acontece cuando se advierte un riesgo inminente, que las medidas cautelares se decretan atendiendo a la sana crítica o apariencia del buen derecho, más no para presionar a las partes. El juzgador también indicó que en el caso concreto se trataba de una solicitud en la que se pide modificación de la pensión alimenticia provisional, que ello implica un estudio que debía hacerse en la sentencia, se valoran todas las pruebas de manera objetiva, no sólo se toman en cuenta los estudios de trabajo social, también psicológicos, quien es el más capacitado, así como las actitudes procesales de las partes. De ahí que se determinó que no procedía la modificación de esas medidas cautelares; con lo anterior ordenó el cierre de esa fase de la audiencia. 8. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el allá demandado Alejandro Carrillo Ponce, solicitó la reducción de la pensión alimenticia a un 50%; lo anterior por considerar que la fijada era excesiva e imposible de pagar. 9. A lo anterior recayó acuerdo emitido el veintitrés de octubre, en los términos siguientes: ".Dígase a Alejandro Carrillo Ponce, que se esté a lo ordenado en audiencia oral de fecha once del mes y año en curso, dentro de la cual se solicitó la modificación de la pensión alimenticia provisional, y se le dijo por el momento no había lugar a decretar su modificación, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en este juicio." El anterior acuerdo constituye el acto reclamado. En ese sentido, no obstante la certeza del acto reclamado, del análisis a las actuaciones del sumario, este órgano de control constitucional estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, y con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: Época: Quinta Época Registro: 393973 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 17 Página: 12 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Quinta Época: Amparo en revisión 8/17. Flores Teófilo. 17 de julio de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 411. Amparo en revisión. Sánchez Gavito Indalecio. 7 de agosto de 1918. Mayoría de nueve votos. Amparo en revisión 84/17. Ruiz vda. de Fuentes Antonia. 9 de octubre de 1918. Mayoría de ocho votos. Tomo IV, pág. 153. Amparo en revisión. Lobo de González Herminia. 13 de enero de 1919. Mayoría de diez votos. Tomo V, pág. 154. Amparo en revisión. López Negrete Laureano. 16 de julio de 1919. Unanimidad de once votos. NOTA: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, y los Apéndices 1917-1954, 1917-1965 y 1917-1975 aparece la tesis publicada con el rubro: ´ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS´.". De los artículos referidos y la tesis trascrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato un diverso acto que ha sido consentido por la parte quejosa. Es complementario de lo anterior, por el tema que trata acerca de la causa de improcedencia que se analiza, la tesis que dice: Época: Octava Época Registro: 918356 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, P.R. TCC Materia(s): Común Tesis: 193 Página: 165 "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 358/92.-José Fernández Gamiño.-23 de marzo de 1992.-Unanimidad de votos.-Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.-Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo en revisión 421/92.-Rodolfo Aguirre Medina.-19 de marzo de 1992.-Unanimidad de votos.-Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: J. Jesús Contreras Coria. Octava Época: Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.-Amparo en revisión 704/90.-Fernando Carvajal.-11 de octubre de 1990.-Unanimidad de votos.-Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, junio de 1992, página 364, Tribunales Colegiados de Circuito. Nota: Por ejecutoria de fecha 22 de noviembre de 2002, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 37/2002-SS en que participó el presente criterio." Con base en lo anterior, se puede colegir que para que opere la causa de improcedencia en estudio, se requieren dos supuestos: Un acto previo en contra del cual, el quejoso no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo, sólo sea consecuencia legal, directa o forzosa del primero, el que, desde luego, no se combata por vicios propios. Ahora, el análisis relativo al consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con éste, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el que se estima consentido y el derivado. Así las cosas, los actos derivados de actos consentidos son aquéllos que emanan directamente de uno que expresamente o por manifestaciones de voluntad es consentido por el promovente del juicio de amparo y para que se dé tal circunstancia, además de la relación causal que debe existir entre el acto de la autoridad consentido y el acto de autoridad que participe de dicho carácter, se requiere que la inconstitucionalidad entre ambos no sea independiente o no esté desvinculada. Bajo esa premisa, en el particular, la parte quejosa se duele del proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que el juez de origen respecto de la solicitud realizada en el escrito de diecisiete de ese mes y año, en cuanto a que se le tuviera por interpuesto incidente de reducción de la pensión alimenticia, determinó que tenía que estarse a lo acordado en audiencia oral de once del referido mes y anualidad, en donde previamente se había determinado que no era procedente resolver sobre la solicitud de modificación de pensión alimenticia, hasta en tanto se emitiera la sentencia respectiva. En dicha audiencia, como ya se vio, se consideró que no era procedente modificar la pensión alimenticia, porque ello sería motivo de análisis en la sentencia. Por lo tanto, si en audiencia celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, se adoptó por primera ocasión la determinación a la que fue remitida al solicitar la incidencia de reducción, esto es, en esa audiencia se procedió a la revisión de medidas cautelares y respecto a la modificación de la pensión alimenticia se determinó negar esa medida, porque se adujo que ello sería motivo de análisis en sentencia; sin que el ahora quejoso se hubiere inconformado con esa determinación. . Así, el acto reclamado es una consecuencia de lo resuelto en audiencia celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, en que se negó la modificación de la pensión alimenticia, sin que el quejoso se hubiere inconformado con esa determinación. Por lo tanto, la determinación adoptada en audiencia de once de octubre de dos mil dieciocho, debe estimarse consentida tácitamente, pues no se promovió el amparo en su contra oportunamente. Se estima lo anterior, ya que si el quejoso no estaba de acuerdo con la negativa de modificar la pensión alimenticia provisional, desde ese momento estaba en aptitud de combatirla, sin que lo haya hecho. Determinación que obtuvo firmeza al no haber sido impugnada a través del medio de defensa legal, lo que trajo como consecuencia que el pronunciamiento emitido en el acuerdo impugnado y las consideraciones de la propia resolución quedaran firmes. De ahí, que el acto de molestia en esta vía constitucional, no puede ser examinado, al ser una mera consecuencia de lo determinado en audiencia celebrada el once de octubre de dos mil dieciocho, que no se reclamó oportunamente y por ende se entiende que deriva de un acto consentido, por lo que se actualiza la hipótesis prevista por los artículos señalados. En consecuencia, lo anterior impide el análisis del acto reclamado dada la improcedencia del presente juicio de amparo. Orienta lo anterior la tesis III.1o.A.11 K, que dice: Época: Novena Época Registro: 202345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.1o.A.11 K Página: 582 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 45/95. Silvia Susana Alcalá Iñiguez. 2 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: Bernardo Olmos Avilés". De ahí, que al actualizarse la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Por todo lo anterior, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. QUINTO. Forma de Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Carrillo García, por su propio derecho, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el cuarto de los mismos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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