Alejandro Calderón Gaona

Expediente 238/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
238/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Calderón Gaona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo IV-238/2018 promovido por Alejandro Calderón Gaona, contra actos de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Agencia Especializada en Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente obran en cuaderno de pruebas por separado, las documentales que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe justificado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente formuló alegatos, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, a través de su pedimento 122/2018. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los alegatos de referencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 238/2018-IV, promovido por Graciela Calderón Gaona, en favor de Alejandro Calderón Gaona, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en delitos de acto impacto y otra autoridad; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado a las veintitrés horas con cincuenta y siete minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho ante la secretaria de guardia de este juzgado, Graciela Calderón Gaona, en favor de Alejandro Calderón Gaona, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en delitos de acto impacto, por los siguientes actos: "ACTO RECLAMADO.- La ilegal detención y privación de la libertad de mi hermano Alejandro Calderón Gaona, por estas autoridades con el argumento de que mi hermano es responsable de hechos delictivos". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, se proveyó sobre la suspensión de plano, y mandó pedir los informes relativos al cumplimiento de la suspensión, reservándose proveer respecto a su admisión hasta en tanto ratificara el quejoso su demanda de garantías respecto de los puntos ahí expuestos. Asimismo, se comisionó a los actuarios adscritos, a efecto de que se constituyeran en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en esta ciudad y el resto de los diversos lugares de reclusión de las autoridades señaladas como responsables, y procedieran a localizarlo, a efecto de que dieran fe del estado físico que presentara el quejoso, y además lo requirieran para efectos de su ratificación. En cumplimiento a lo antes ordenado, a las tres horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita, se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez", lugar donde localizó a Alejandro Calderón Gaona, y enterado del motivo de su presencia se dio por notificado de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa; asimismo, en dicha diligencia el Actuario adscrito asentó que a simple vista el impetrante del amparo no presentaba huellas de lesiones, sin embargo el quejoso se levantó la playera y la actuaria advirtió manchas de color violáceo en los costados del abdomen, parte alta y pecho, así como moretones en la parte baja de la espalda y coxis; refiriendo que esas lesiones le habían sido inferidas por sus aprehensores; además el quejoso le manifestó que ratificaba en todas y cada una de sus partes el escrito inicial de demanda. Con lo anterior, el veintidós de marzo del año en curso, se previno al quejoso y se dio vista al Ministerio Público con motivo de los actos de tortura, y mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, se proveyó sobre la admisión de la demanda, auto en el que además se dieron por hechas las manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada inicialmente; asimismo, se dio vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, con motivo de los actos de tortura y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: a). Incomunicación. b). Privación de la libertad; y, c) Demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Púbico Investigador en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 30) negó los actos reclamados consistentes en aplicar algún acto de los prohibidos en el artículo 22 constitucional e incomunicación. Aunado a lo anterior, la responsable expuso para sostener su negativa, que el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho permitió el acceso al área de separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado a Eva Socorro Guerra Ruiz, quien dijo ser esposa del ahora quejoso. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados a la anotada autoridad responsable, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a dichos actos se refiere. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Sexta Época Registro: 804176 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XLIII, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 181 "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.Amparo en revisión 4689/57. Adolfo Aguilar Borja y coagraviados. 3 de enero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Franco Carreño. Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen XLIII, página 181. Amparo en revisión 6131/57. Antonio Macías Caballero y coagraviados. 3 de enero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen XLIII, página 181. Amparo en revisión 1275/55. Rodolfo Luna y coagraviados. 3 de enero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Angel González de la Vega. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 310, página 209". CUARTO.- Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Púbico Investigador en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 30) negó el acto reclamado que se hace consistir en la privación de la libertad; sin embargo, en dicho informe agregó que el quejoso fue detenido en flagrancia de delito de sabotaje, por lo que se le resolvió su situación jurídica dentro del término legal. Ahora, de las constancias remitidas se pone de manifiesto que efectivamente el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, en turno, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/24538/2018, por la probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de sabotaje, autoridad que registró ese caso bajo el número de proceso 191/2018. De igual forma, de las constancias anteriores se pone de manifiesto que el diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Jueza de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, declinó la competencia a favor de su homólogo en Uruapan, Michoacán, quien admitió la competencia y estableció que el ahora imputado quedaba a su disposición bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En esos términos, la negativa vertida por la autoridad en relación al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, queda desvirtuada, puesto que del contenido de su informe, se advierten manifestaciones que evidencian la existencia de dicho acto que también se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento a éste, por lo que se impone tener por desvirtuada la negativa del acto producida por dicha autoridad y como cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable al respecto la tesis aislada del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 628/92. Camilo Abrajan Moreno. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez". Documentales que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y que hacen prueba plena de la existencia del acto reclamado, generan en este juzgador la certeza de la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Ahora bien, para quien esto resuelve, se advierte de oficio, que en el caso, cobra actualización la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ...XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que por el cambio de situación jurídica resultan consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 918214 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, P.R. SCJN Materia(s): Común Tesis: 51 Página: 39 "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Amparo en revisión 459/96.-Elda María Argüello Leal.-6 de noviembre de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón.-Secretario: Neófito López Ramos. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 219, Segunda Sala, tesis 2a. CXI/96". Así las cosas, si en el presente juicio de amparo se reclama el acto tendente a privar al quejoso de su libertad personal, y, de las constancias de autos se aprecia que la responsable, negó dicho acto , pero informó que el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, en turno, por haber sido detenido en flagrancia de delito de sabotaje. De igual forma, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que la Jueza de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, declinó la competencia a favor de su homólogo en Uruapan, Michoacán, quien admitió la competencia y estableció que el aquí quejoso quedaba a su disposición bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal 45/2018. Lo anterior arroja que en su oportunidad, el quejoso fue puesto a disposición de autoridad judicial competente, por lo que existe un cambio de situación jurídica, virtud a la cual las violaciones reclamadas a la autoridad responsable, se han consumado irreparablemente, por ello, no son susceptibles de estudiarse sin afectarse la nueva situación jurídica que prevalece. Por tanto, es inconcuso que en el caso debe sobreseerse en el juicio constitucional al actualizarse la causal de improcedencia que establece la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo reformada, por virtud de un cambio de situación jurídica. Época: Octava Época Registro: 222078 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Agosto de 1991 Materia(s): Penal Tesis: VI.1o. J/57 Página: 139 "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 29/90. Eutiquio Roque López. 24 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Amparo en revisión 279/90. Fidel Martínez Avelino y otros. 23 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 458/90. Genaro Vázquez Mendoza. 17 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 124/91. Joel Morales de Jesús y otros. 4 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 158/91. Antonio Hernández Lamegos. 25 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García. Nota: Esta tesis también aparece publica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 44, de agosto 1991, página 47". Así como por analogía, la tesis de jurisprudencia del literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 188565 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Penal Tesis: VIII.1o. J/17 Página: 970 "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999. La adición del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que entró en vigor el nueve de febrero de 1999, pone de manifiesto que la excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal, son las relacionadas únicamente con los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al auto de término constitucional y a la sentencia en el juicio penal, limitándose la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo en esos casos, al dictado de la sentencia de primera instancia, para que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; de donde se advierte entonces que al excluirse de ese precepto legal, las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16 constitucional, relativas a la orden de aprehensión; por tanto, resulta que la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, no requiere del dictado de la sentencia definitiva, sino que basta con que se dicte el auto de formal prisión. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Amparo en revisión 382/99. 13 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: Martha G. Ortiz Polanco. Amparo en revisión 484/99. 10 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Roberto Cantú Treviño. Secretario: Gilberto Andrés Delgado Pedroza. Amparo en revisión 485/99. 21 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Benito Emilio Serna Licerio, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempañar las funciones de Magistrado. Secretaria: Sanjuana Alonso Orona. Amparo en revisión 216/2001. 17 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Arenas Ochoa. Secretario: Carlos Miguel García Treviño. Amparo en revisión 262/2001. 7 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Arturo Pedroza Romero. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 890, tesis VI.P. J/1, de rubro: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999)." y Tomo X, diciembre de 1999, página 666, tesis I.2o.P. J/11, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999.". Nota: Por ejecutoria de fecha 2 de junio de 2004, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 159/2003-PS en que participó el presente criterio". Los criterios que anteceden se invocan aun y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. SEXTO. CONSIDERACIÓN EN RELACIÓN A LA MANIFESTACIÓN DE ACTOS DE TORTURA. Ahora, de la constancia de ratificación de escrito de demanda se advierte que el quejoso expuso fue objeto de actos de tortura por parte de sus aprehensores, puesto que refiere le propinaron golpes en su superficie corpórea al momento de su detención. En ese sentido, atento a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal que dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Se estima que en el caso particular la obligación que impone dicho precepto se encuentra colmada en el caso concreto, puesto que en auto de veintidós de marzo del año en curso, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, con los actos de tortura manifestados por el quejoso, a fin de que proveyera lo conducente a la investigación, de dichos actos. Con motivo de lo anterior, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado informó por medio de oficio 897/2018 de veintitrés de marzo del año en curso, que solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, canalizara la referida vista judicial al área competente a efecto de que procediera de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre dichos hechos. En esos términos, se estima innecesario dar vista de nueva cuenta al Ministerio Público de la adscripción para los mismos efectos, puesto que a la fecha ya se cuenta con la certeza de que se ha hecho saber al Procurador General de Justicia del Estado la posible existencia del delito de tortura cometido en contra del ahora quejoso, a efecto de que inicie la averiguación correspondiente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo interpuesto por Graciela Calderón Gaona, en favor de Alejandro Calderón Gaona, en contra de la autoridad y por los actos precisados en los considerandos segundo, tercero y cuarto, con base a las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. PEDIMENTO MINISTERIAL. Visto el pedimento de cuenta y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.gemr/rcl

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído, de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin que sea posible llevar a cabo la misma, virtud a la ausencia temporal del titular de este órgano jurisdiccional y a que en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, sólo se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, supuestos en los que no encuadra el presente asunto. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy FeRcl

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy FeRcl

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