Alejandro Ayala Téllez y Otros.
Expediente 157/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Ayala Téllez
- Alejandro Ayala Téllez y Otros.
- Jazmín Torres Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil dieciocho. Superior jerárquico informa trámites Agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Síndico y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Morelia, mediante el cual, en cuanto superior jerárquico de la autoridad exactora, informa los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Ahora, la protección constitucional se concedió a los quejosos para los siguientes efectos: 1. No se aplique a Alejandro Ayala Téllez en el presente y futuro el artículo 17, fracción I, inciso H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en el nivel de consumo Alto Medio, esto es, desde 201 hasta 250 kwh. al mes; así como el uso general en baja tensión, en nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh. al mes. 2. No se aplique a Jazmín Torres Duarte en el presente y futuro el artículo 17, fracción I, incisos E), de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en los niveles de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh. al mes. 3. Con motivo de lo anterior, no les sean exigidos los pagos del denominado derecho por servicio de alumbrado público basados en tales supuestos normativos, mientras tenga vigencia el precepto declarado inconstitucional; en el entendido de que la concesión del amparo se hace en relación a la esfera jurídica de cada uno de los quejosos, con independencia del número de servicio que proporcionaron y por los cuales resultó procedente el juicio de amparo, esto es, la protección se otorga a favor de la persona, con independencia de la cuenta de servicio en particular; sin embargo, dicha concesión no exime a los peticionarios de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica que les sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, con excepción del relativo al Derecho del Alumbrado Público aquí analizado. 4. La anterior concesión del amparo otorgada extiende sus efectos a los actos concretos de aplicación, a efecto de que la autoridad exactora que recibirá los montos respectivos, que al afecto es el titular de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán, restituya a cada uno de los promoventes del amparo, en el pleno goce del derecho fundamental violentado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de cometida la violación, y dado que en el presente caso la promoción del juicio relativo fue originada por la existencia del acto concreto de aplicación de la ley impugnada, y particularmente, con motivo del entero realizado por concepto del derecho declarado inconstitucional, los efectos de la concesión habrán de abarcar también, la restitución de las sumas que los quejosos haya pagado por ese concepto, a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, en el registro del usuario que constituyó el primer acto de aplicación de la ley cuestionada por la parte quejosa o cualquier otro que motivare la aplicación de la norma inconstitucional, con excepción del resto de los rubros a que se alude en las facturas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad respecto del consumo de energía eléctrica prestado a la parte quejosa que ahí se consignan." En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento del fallo concesiorio, ya que el mismo únicamente vincula a las autoridades que reciban los montos correspondientes, así como a las que auxilien en su recaudación, esto es, al Tesorero del Municipio de Morelia, Michoacán y a la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior, dado que a la primera de dichas autoridades corresponde la recaudación y erogación de los ingresos municipales pues es autoridad competente para devolver a los quejosos la cantidad que pagaron por el derecho de alumbrado público reclamado en tal cantidad al ser las encargadas de la administración de recursos municipales; además de que cualquier autoridad, incluso en el supuesto de que no haya sido señalada como responsable en este juicio, está obligada a acatar el presente fallo, tal es el caso de la Comisión Federal de Electricidad que deberá dejar de cobrar el derecho de alumbrado público a la quejosa, basado en la norma declarada inconstitucional, respecto a los números de servicio registrados a su nombre. Al respecto encuentra aplicación, por identidad jurídica substancial, la tesis aislada sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Octava Época Registro: 206675 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Administrativa Tesis: 3a. LXX/93 Página: 353 "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución. Queja 6/93. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. 18 de octubre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 172605 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Página: 144 "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Incidente de inejecución 410/98. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Incidente de inejecución 489/2006. María Leonor Carter Arnabar. 13 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 494/2006. Patricia Capilla Sánchez y otro. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. Incidente de inejecución 540/2006. Carlos López Martínez y otra. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 557/2006. Tereso Antonio Hernández García. 15 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de abril de dos mil siete.". SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Ante la concesión del amparo a la parte quejosa y por lo motivos expuestos en párrafos anteriores, requiérase al Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, así como a la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Gerencia Comercial Centro Occidente, ambos con sede en esta ciudad, para que en términos del numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193, de la ley en aplicación. REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Hágase saber lo anterior al Presidente Municipal Constitucional de Morelia, Michoacán, en cuanto superior jerárquico de la autoridad responsable Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, para los efectos precisados en el artículo 194 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese.
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POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte quejosa...la resolución con engrose de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, que en lo conducente narra: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 157/2018-III, promovido por Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, por propio derecho, comparecieron a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, específicamente la regulación de los derechos por servicio de alumbrado público, artículo 17, fracciones I y II. Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se reclama la promulgación y orden de expedición del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, específicamente la regulación de los derechos por servicio de alumbrado público, artículos 17, fracciones I y II. Del C. Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se reclama el refrendo del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, específicamente la regulación de los derechos por servicio de alumbrado público, artículo 17, fracciones I y II. Del C. Director del Periódico Oficial del Estado del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se reclama la publicación del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, especialmente la regulación de los derechos por servicios de alumbrado público, artículo 17, fracciones I y II. Del C. Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se reclaman todos los actos relacionados con la aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, en lo referente a la recaudación, determinación y cobro de los Derechos por servicio de alumbrado público que se impugnan, contenidos en el artículo 17, fracciones I y II de dicha Ley.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 31, fracción IV, 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento, admisión y trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento de un requerimiento formulado a la parte promovente, mediante auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho este Juzgado Tercero de Distrito desechó de plano la demanda presentada en contra del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, consistentes en el refrendo y publicación, respectivamente, del Decreto legislativo 538, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, concretamente el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, ya que la parte quejosa no formuló concepto de violación dirigido a combatir los actos por vicios propios, lo anterior con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional por lo que respecta al Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, a quienes se les requirió para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general con motivo de su primer acto de aplicación dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, son los siguientes: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: La discusión, aprobación, expedición y promulgación, en el ámbito de sus competencias, del Decreto Legislativo 538 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, particularmente su artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4. Del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán: La aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, concretamente en su artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Congreso y al Gobernador del Estado de Michoacán, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptaron su existencia dentro de sus respectivas competencias. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Sin que para corroborar la existencia de los decretos sea necesario allegarlos al sumario, dado que conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba", no se requiere su existencia en los autos que conforman el presente juicio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, consistente en la aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, concretamente en su artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, que prevé el derecho por alumbrado público, toda vez que al rendir su informe justificado negó la ejecución del acto que se atribuye. Lo anterior, sin que la parte haya aportado prueba para demostrar lo contrario, máxime que la autoaplicación de la contribución constituye un acto de aplicación de la ley y no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el gobernado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete.". Además, no debe perderse de vista que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 413/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, entre otras cosas, que el pago de un tributo no constituye propiamente un acto de autoridad, aun cuando resulte apto para promover el juicio de amparo indirecto, puesto que el sistema fiscal mexicano es "autodeclarativo", de tal forma que corresponde a los contribuyentes liquidar y determinar los tributos a su cargo, con independencia de la mera propuesta que realicen las autoridades o los terceros auxiliares al expedir los documentos o recibos respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, que dice: Época: Novena Época Registro: 168248 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 182/2008 Página: 294 "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008.". Cabe destacar, que la cuestión que nos ocupa, no se analiza respecto a la improcedencia del juicio de amparo ya que ésta presupone la existencia del acto reclamado; sin embargo, atento a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia invocada, válidamente puede concluirse que no existen los actos atribuidos al Tesorero responsable, puesto que la aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales en realidad provino de una autoaplicación del propio gobernado. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del acto atribuido al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. SEXTO. Aplicación de la norma general impugnada. En el presente juicio se encuentra demostrado el acto de aplicación de la norma reclamada, ya que la parte promovente adjuntó a su demanda inicial los avisos-recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, por los servicios de suministro de energía eléctrica que se le prestan: 58128 15-06-01-001 CFE, 58128 99-12-16 XAXX-010101 003 CFE y 58128 13-06-05 XAXX-010101 002 CFE, los primeros dos por el periodo que comprende del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete al veintidós de febrero de dos mil dieciocho, y el tercero, del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete al dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en los que se observa el cobro del derecho de alumbrado público por las cantidades de doscientos dieciséis pesos, ciento ocho pesos y treinta pesos con cuarenta centavos, respectivamente; lo que se relaciona con los recibos de pago expedidos por la propia comisión, de los cuales se desprende que el seis y tres de febrero de dos mil dieciocho, al realizar el pago del suministro de energía eléctrica de los servicios anteriormente señalados, también se realizó el pago del derecho de alumbrado público por las cantidades ya mencionadas. Documentales a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 174532 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 113/2006 Página: 294 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos. Contradicción de tesis 92/2006-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Tesis de jurisprudencia 113/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de agosto de dos mil seis.". Además, el primer acto de aplicación de la norma impugnada se corrobora con el informe de la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la División Comercial Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, ya que mediante el oficio SSB/DF-07-312-2018 signado por el Responsable de la Zona Comercial Morelia, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional la existencia de los suministros de energía eléctrica anteriormente señalados, el monto del derecho de alumbrado público que les corresponde y la fecha de su pago. Conforme a lo anterior se concluye que Alejando Ayala Téllez se ubica en las hipótesis contenidas en las fracciones I, inciso H), y II, inciso A), numeral 4, del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; mientras que Jazmín Torres Duarte se encuentra en el supuesto de la fracción I, inciso E), del artículo en cita. SÉPTIMO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la materia. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable, al rendir su informe justificado señaló que el presente juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, pues aduce que no se advierte algún concepto de violación dirigido a combatir los artículos tildados de inconstitucionales, requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa, sustentando sus aseveraciones en las tesis de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO.". Previo a dar respuesta a la improcedencia alegada por la responsable es de destacarse que atento a los motivos por los que manifiesta se actualiza la referida causal invocada, el sustento jurídico es diverso al señalado en su informe, esto es así, pues la improcedencia cuya motivación realiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos legales que señala la responsable. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 196233 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. XLVIII/98 Página: 69 "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.". Establecido lo anterior, debe decirse que es infundada la causal de improcedencia hecha valer, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la invocada Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Ello es así, pues basta una simple lectura de la demanda de amparo, para percatarse que al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra del acto reclamado, pues en esencia la parte quejosa, entre otras cosas, precisó que se transgrede en su perjuicio el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a), de la Constitución Federal, pues estima que es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, de manera que el Poder Legislativo del Estado de Michoacán, no puede imponer contribuciones sobre esa materia, además que tal disposición resulta desproporcional e inequitativa, y para tal efecto cita diversas tesis en las que apoya sus argumentos, entre otros. Además, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente para ello que en el mismo se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la parte quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio. Por lo tanto, al haber expuesto la parte quejosa de manera expresa y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 108 de la Ley de la Materia, los imperativos de la Constitución General de la República que contienen las garantías que en materia tributaria considera se conculcaron con la aprobación, expedición, promulgación, aplicación y ejecución de los artículos relativos a la regulación del cobro por derecho de alumbrado público de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dejó claro cuál es su causa de pedir, además de que expuso los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P/J. 68/2000, que dice: Época: Novena Época Registro: 191384 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 68/2000 Página: 38 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 68/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil. Nota: La jurisprudencia citada en esta tesis aparece publicada con el número 172 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116.". El Coordinador de la Oficina del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en representación de la autoridad responsable, invoca las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es infundado. La fracción XIII que se analiza, dispone: "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;". La hipótesis normativa anterior se refiere a la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos señalados como reclamados sean consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo que hace imposible entrar al fondo de la litis constitucional. En la especie, la autoridad señala que el acto reclamado está consentido expresamente por los quejosos, en razón de que en el mes de febrero del presente año se sujetaron a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, mediante el pago de los derechos de alumbrado público de cada uno de los suministros de energía eléctrica que tienen contratados ante la Comisión Federal de Electricidad, con lo que reconocen y demuestran encontrarse en la hipótesis contenida en los artículos 99 y 100 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán y, consecuentemente, la causación del derecho y su pago en la fecha señalada. En relación con la causal que se estudia, se cita la fracción I del artículo 1 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la fracción transcrita se observa la procedencia del juicio de amparo en contra de normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Federal o Tratados Internacionales en los que el Estado sea parte. Sobre el concepto de leyes heteroaplicativas y su distinción respecto de una autoaplicativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que debe acudirse al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo entre ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; por ello, en cuanto a las leyes heteroaplicativas, es necesario un acto para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. A contrario, dijo la Sala, una ley será autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella se derivan nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna. Es decir, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o materia de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Lo anterior se contiene en la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 200627 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a. XIX/96 Página: 206 "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Amparo en revisión 872/94. Cablevisión, S.A. de C.V. 16 de febrero de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1905/95. Rodolfo Peña Farber. 8 de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Neófito López Ramos.". Por su parte, el Pleno del Alto Tribunal en diverso criterio aislado anteriormente expuso que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización, ya que la finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo es que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que la ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Lo anterior se contiene en la tesis aislada de la literalidad siguiente: Época: Octava Época Registro: 205968 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: VI/89 Página: 162 "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente. Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S. A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez; los señores ministros: Castañón León, González Martínez, Moreno Flores, Suárez Torres y Presidente del Río Rodríguez votaron en contra. Impedido: Rocha Díaz, Ausente: Gutiérrez de Velasco. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 3724/85. Vidriera Los Reyes, S. A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de trece votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez y Díaz Romero; los señores ministros: Castañón León, González Martínez, Moreno Flores, Suárez Torres, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez votaron en contra. Ausente: Gutiérrez de Velasco. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S. A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez; los señores ministros: Castañón León, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores y Presidente del Río Rodríguez votaron en contra. Impedido: Rocha Díaz. Ausente: Suárez Torres. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez. Tesis VI/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: Presidente en funciones González Martínez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez. Ausentes: Castañón León, López Contreras, y Presidente del Río Rodríguez. México, Distrito Federal a cuatro de abril de 1989. Nota: En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION.". En el caso concreto el acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional quedó demostrada en el considerando sexto, ya que los aquí quejosos realizaron el pago del derecho de alumbrado público en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán, y por consecuencia, se colocaron en el supuesto normativo, constituyendo tal circunstancia el primer acto de aplicación de la ley respecto del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Tal aplicación legitima a los quejosos para promover este juicio constitucional en contra de la norma reclamada y, en el mismo sentido, sirve de base para computar el plazo de la impugnación constitucional, sin que ello importe que se trate de un acto expreso de voluntad con el cual se consienta el acto reclamado. Así, si el primer acto de aplicación de la norma para los quejosos Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, tuvo lugar el seis y tres de febrero, respectivamente, y éstos presentaron su demanda constitucional el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, esto es, dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, es de concluirse que no consintieron el acto reclamado, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia que invocada. Por otra parte, la responsable invoca la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 multicitado; sin embargo, atento a los motivos por los que manifiesta se actualiza la causal referida, el sustento jurídico es diverso al señalado, ya que argumenta la falta de definitividad para combatir en este juicio la norma general, hipótesis prevista en la diversa fracción XIV, por lo que se hace la corrección en su cita. Como se adelantó, es infundada la casual de improcedencia. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de la materia, dice: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. [.]". De lo anterior se desprende una excepción al principio de definitividad, conforme a la cual, la impugnación de una norma general con motivo del primer acto de aplicación, cuando proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. Por lo que si en ese sentido los amparistas optaron por promover el presente juicio, con motivo del primer acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, desde luego que el juicio constitucional es procedente y, por consecuencia, debe ser desestimada la causal de improcedencia que al respecto se invoca. Como corolario a lo anterior, es de señalarse que el artículo 154 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán establece la competencia del Tribunal para conocer y resolver las controversias promovidas en contra de actos o resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretendan ejecutar, según corresponda, por el Poder Ejecutivo, de la Auditoría Superior de Michoacán, por los ayuntamientos, por los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales. Sin embargo, no se está en la hipótesis que prevé esa norma, dado que el precepto invocado se refiere expresamente a entidades estatales en las cuales no se encuentra enunciado el Congreso del Estado de Michoacán; y, si bien en el precepto se enuncia la procedencia del juicio contencioso contra actos del Poder Ejecutivo, en la especie no se está en ninguna de las hipótesis específicas previstas en la misma porción normativa, dado que el acto reclamado al Gobernador del Estado de Michoacán, corresponde a la promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. OCTAVO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de garantías, mismos que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.". NOVENO. Estudio de fondo. Son esencialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Ahora bien, respecto de los actos que resultó procedente el juicio de amparo en relación al proceso legislativo que dio origen al artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, que alude a la recaudación del derecho de alumbrado público en el municipio en cita, la quejosa estima que vulnera en su perjuicio el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Federal y la garantía de legalidad prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en realidad grava el servicio de energía eléctrica, lo cual es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que invade la esfera de competencia de la Federación. A efecto de arribar a tal conclusión, resulta necesario señalar que en los artículos 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución General de la República, se dispone lo siguiente: "Art. 73. El Congreso tiene facultad: [.] XXIX.- Para establecer contribuciones: [.] 5º.- Especiales sobre: a).- Energía eléctrica; [.]". "Art. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [.] III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: [.] b). Alumbrado público [.] IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: [.] c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. [.]". Del primer precepto transcrito, se advierte que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, por su parte, en el numeral 115, fracción III, inciso b), se prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y, en la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, se establece que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno. De acuerdo con lo anterior, en principio se aprecia que por una parte, el Congreso Federal tiene facultades para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica, y por la otra que, al corresponder a las legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio. En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la Hacienda Pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo, el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto. Por tanto, a efecto de determinar si las normas impugnadas resultan constitucionales o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución reclamada, es decir, si se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, o, si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho. En primer término, de manera general se señala que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos. En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental, se esboza un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios- titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Así, aun cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, debe entenderse que el término "objeto", se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y e) Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Una vez sentadas las bases anteriores, cabe señalar que en nivel federal el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de ese artículo. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, reconoce como contribuciones a los impuestos, contribuciones de mejoras y derechos (artículo 1°), definiendo al derecho de alumbrado público -artículo 98- como la contribución por el servicio que el Municipio presta a la comunidad en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques y jardines, así como el alumbrado ornamental de temporada, en lugares públicos del Municipio. De lo expuesto, se puede afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o Estado, o bien, la prestación de servicios exclusivos del Estado; mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia. Al respecto, cabe señalar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece. Esta situación de normalidad, tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución. En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto, o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis, y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria. Conforme a los anteriores razonamientos, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera tal que se respeta la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto. En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestación dineraria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, razón por la cual podrá revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realización del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligación, lo cual en algunas ocasiones podrá revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejoras y no un derecho y viceversa. Ahora, debe analizarse la naturaleza de la contribución establecida en el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, aquí impugnado, que establece: "DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPÍTULO II POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO "Artículo 17. El servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, con las tarifas mensuales siguientes: I. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso doméstico CONCEPTO CUOTA MENSUAL [.] E) En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh. al mes. $15.20 H) En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 kwh. al mes $54.00 [.] II. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usurarias de predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: A) En baja tensión: [.] 4. En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh. al mes $108.00 [.]". En dichos preceptos, se establece que por el gasto por servicio de alumbrado público, se causará y pagará un derecho por alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica y atendiendo a las cuotas establecidas en las Leyes de Ingresos de los Municipios, en este caso, conforme a lo establecido en el capítulo II de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán. A tal respecto, destaca que en el convenio de colaboración celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Municipio de Morelia el siete de diciembre de dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el quince de diciembre de ese año, se estableció lo siguiente: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CFE Y EL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA, RELATIVO AL ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA, MICHOACÁN, REPRESENTADO POR EL MAESTRO ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR EN CUANTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA, EL DOCTOR FABIO SISTOS RANGEL EN CUANTO SÍNDICO MUNICIPAL, EL MAESTRO ALBERTO GABRIEL GUZMÁN DÍAZ COMO TESORERO MUNICIPAL Y EL DOCTOR JOSÉ LUIS GIL VÁZQUEZ COMO SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ «EL AYUNTAMIENTO» Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL INGENIERO RAÚL MARTÍNEZ VILLEGAS EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y SUPERINTENDENTE DE ZONA MORELIA DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ «LA COMISIÓN», LOS CUALES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO «LAS PARTES», SUJETÁNDOSE ALTENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: A N T E C E D E N T E S 1. Con fecha 18 de septiembre de 2012 se celebró el anterior Convenio de Colaboración entre «EL AYUNTAMIENTO» y «LA COMISIÓN» para la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cual era vigente a la fecha, acorde a lo estipulado en la cláusula NOVENA del mismo instrumento, por tal motivo y por el cambio en la Administración Municipal, es necesario la renovación de dicho convenio para efectos de que «LA COMISIÓN» siga llevando a cabo la recaudación del DAP en favor de «EL AYUNTAMIENTO». 2. Con fecha 25 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto número 402 del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en el cual expide la nueva Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; artículos 100, 101 y 102, en los que se establece el Derecho de Alumbrado Público a favor de «EL AYUNTAMIENTO». 3. La Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán vigente, establece para el ejercicio fiscal a que refiere la misma, las cuotas bajo las cuales debe cobrar «EL AYUNTAMIENTO» el DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO conocido como DAP, por el servicio de Alumbrado Público que presta a la comunidad en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques y jardines, así como el alumbrado ornamental de temporada, en lugares públicos dentro del Municipio. 4. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 100 establece que son sujetos del Derecho de Alumbrado Público las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del municipio, que reciban el servicio de alumbrado público que presta «EL AYUNTAMIENTO». 5. El artículo 102 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, establece que la contraprestación por el Derecho de Alumbrado Público se causará diariamente y se pagará mensual o bimestralmente conforme a las tarifas y forma que señalen las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo; y servirá para que «EL AYUNTAMIENTO» cubra los costos en los que incurra con motivo de la prestación del servicio de Alumbrado Público. En dicho precepto además se señala que los Municipios tendrán a su cargo la recaudación del Derecho del servicio de Alumbrado Público y podrán celebrar convenios con «LA COMISIÓN» para que dicho Organismo realice la recaudación. D E C L A R A C I O N E S Declara «EL AYUNTAMIENTO»: I. Que es un Órgano de Gobierno de elección popular, investido con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades para signar el presente instrumento, de conformidad con lo señalado en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 123 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 17, 958, 964, 969 fracción I, 998 del Código Civil para el Estado de Michoacán; 2 y 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; y 5, 29, 30 y 31 del Bando de Gobierno Municipal de Morelia, y con el objeto de optimizar recursos y hacer eficiente la recaudación del Derecho de Alumbrado Público, es su voluntad celebrar el presente Convenio con «LA COMISIÓN» para que dicho organismo lleve a cabo la recaudación del Derecho de Alumbrado Público a través de su facturación; II. Que el Presidente Municipal, el MAESTRO ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR, es representante y responsable directo del Gobierno y la Administración Pública Municipal, y tiene facultades para celebrar convenios, contratos y en general los instrumentos jurídicos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos del H. Ayuntamiento, de acuerdo a lo previsto en los artículos 14 fracción I, 32 fracción X y 49 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. III. Que corresponde al Síndico Municipal, el DOCTOR FABIO SISTOS RANGEL, firmar los convenios y/o contratos que celebre el Ayuntamiento y entre otras funciones, la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, de conformidad con los artículos 14 fracción III y 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y artículo 14 fracciones I, III y XIX del Reglamento Interior de la Sindicatura del Municipio de Morelia; IV. Que le corresponde al Tesorero Municipal, el MAESTRO ALBERTO GABRIEL GUZMÁN DÍAZ, recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones municipales, así como las participaciones federal y estatal y los ingresos extraordinarios que se establecen a favor del municipio de conformidad con el Artículo 55 fracción I de la Ley Orgánica Municipal; como lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, donde se establece que la Tesorería Municipal es la responsable de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del municipio, a fin de que sea eficiente y acorde de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia y a los programas emanados del plan de desarrollo municipal; V. Que le corresponde al Secretario de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, el DOCTOR JOSÉ LUIS GIL VÁZQUEZ, planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y eficiente prestación de los Servicios Públicos Municipales, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Organización de la Administración Pública Municipal, así como vigilar la aplicación y observancia de la Ley Orgánica, y las demás disposiciones, respecto a las concesiones, permisos o autorizaciones para la explotación de servicios públicos; VI. Que mediante el contrato de autoabastecimiento de energía eléctrica que celebraron por una parte «Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro S. de R.L. de C.V. «PEOCCI» y el H. Ayuntamiento de Morelia, de fecha 27 de febrero de 2006 y por así convenir a sus intereses, está auto abasteciéndose de energía eléctrica como socio de MEXHIDRO S. de R.L. de C.V. hasta por un 43.62% aproximadamente de los Kilowatts-hora del total requeridos para el servicio de alumbrado público que tiene a su cargo; y, VII. Que para efectos de este convenio señalan para domicilio legal el ubicado en la calle Allende Número 403, del Centro Histórico, C.P. 58000 de esta Ciudad Capital y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MMM850101843. Declara «LA COMISIÓN»: I. Que es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva de Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; II. Que tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; III. Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos con su objeto generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, como su propietario, en términos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; IV. El INGENIERO RAÚL MARTÍNEZ VILLEGAS en su carácter de Superintendente de la Zona Morelia de la División de Distribución Centro Occidente, cuenta con las facultades para comparecer a la celebración del presente Convenio las cuales no le han sido revocadas ni restringidas, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública 31,657, Volumen 1,227 Folios 094 al 097 de fecha 11 de septiembre de 2003 otorgada ante la fe del Lic. Conrado Zuckermann Ponce, Notario Público 105 de Naucalpan de Juárez Estado de México, el cual está vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; V. Que dispone de la organización y elementos suficientes para prestar a «EL AYUNTAMIENTO» los servicios de recaudación de Derecho de Alumbrado Público; VI. Que realiza la mayoría de la cobranza de facturas de energía eléctrica mediante comisionistas y centros de recepción de pago, a quienes en promedio por dicha labor les paga el equivalente a $4.01 (cuatro pesos 01/100 M.N.) por factura cobrada; y, VII. Que para efectos de este Convenio señala como domicilio el ubicado en calle Ventura Puente 1653, colonia Viveros C.P. 58020 de la Ciudad de Morelia y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes CFE370814-Q10. Declaran «LAS PARTES»: I. Que «LAS PARTES» reconocen como válidos los antecedentes y las declaraciones antes transcritas, manifestando que junto con las cláusulas forman parte del presente instrumento para los efectos legales a que den lugar; II. Que «LAS PARTES» se reconocen entre sí la personalidad más amplia que en derecho proceda para la celebración, firma y cumplimiento del presente Convenio; y, III. Que es su voluntad celebrar el presente Convenio por así convenir a sus intereses y de acuerdo a lo pactado en las siguientes: C L Á U S U L A S PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. Para satisfacer la solicitud de «EL AYUNTAMIENTO» expresada en los antecedentes y declaraciones de este Convenio, «LAS PARTES» acuerdan celebrar el presente Convenio con el propósito de que «LA COMISIÓN», a través de las facturas del servicio de energía eléctrica, lleve a cabo a favor de «EL AYUNTAMIENTO» el servicio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público previsto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 100 al 102 y de acuerdo a las cuotas establecidas en el capítulo II artículo 17 la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia vigente. SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. «LAS PARTES» acuerdan que con base en el objeto del presente, «LA COMISIÓN» realizará en favor de «EL AYUNTAMIENTO» las actividades que a continuación se relacionan: a) Desarrollar y elaborar un programa de cómputo con las características necesarias, que permita la recaudación del importe del Derecho de Alumbrado Público a cargo de los sujetos del mismo, de acuerdo a las cuotas aplicables establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia vigente en cada uno de los ejercicios fiscales durante el plazo que dure en aplicación este Convenio; b) Capacitar al personal de «LA COMISIÓN» y los distintos medios de recepción de pagos que tiene contratados, respecto a la forma de recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; c) Incluir en las facturas de energía eléctrica, el importe de la tarifa del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO que corresponde a los sujetos de ese derecho; d) Notificar a los sujetos del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO el importe a pagar por concepto de ese derecho; e) Recibir el pago del importe del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; f) Resguardar y manejar el efectivo recaudado por concepto del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; g) Generar los registros necesarios para el control administrativo de la recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; y, h) La entrega de un estado de cuenta a «EL AYUNTAMIENTO» de la facturación de los servicios de Alumbrado Público y recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO con valores al mes inmediato anterior, dentro de los primeros 10 días de cada mes, integrado de la siguiente forma: 1. Saldo del mes anterior. 2. El detalle y monto de la facturación de los suministros de Alumbrado Público del Municipio. 3. El detalle por contribuyente del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO acumulado por localidad y monto total de la recaudación del mes inmediato anterior. 4. Monto del efectivo recaudado por «LA COMISIÓN» a favor de «EL AYUNTAMIENTO» y entregado a «EL AYUNTAMIENTO» por concepto de la recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO realizado en el mes inmediato anterior. 5. Pago realizado por «EL AYUNTAMIENTO» a «LA COMISIÓN» por concepto de la facturación del servicio de energía eléctrica relativa al alumbrado público correspondiente del mes anterior. 6. Monto de la retribución pactada en este Convenio por concepto de los gastos erogados por los servicios de administración y recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 7. Saldo del mes. TERCERA. INFORMACIÓN ADICIONAL «El AYUNTAMIENTO» podrá solicitar información adicional a «LA COMISIÓN» relacionada con la administración de este Convenio, peticiones que serán atendidas por «LA COMISIÓN», con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información así como los demás ordenamientos legales que le rigen, notificando a «El AYUNTAMIENTO» si es posible su entrega y en su caso si genera algún costo. CUARTA. RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN. Con motivo de lo antes pactado, las partes acuerdan que «EL AYUNTAMIENTO» contribuirá a sufragar el costo y gastos de los servicios generados por la recaudación de los DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO que realice «LA COMISIÓN», en términos de este Convenio, por lo que «EL AYUNTAMIENTO» se obliga a retribuir a «LA COMISIÓN» por concepto de los servicios antes precisados $1.45 (un peso 45/100 M.N.) por cada derecho recaudado de los suministros que se encuentran bajo el régimen de autoabastecimiento y $0.40 (cero pesos 40/100 M.N.) por cada derecho recaudado abastecido por «LA COMISIÓN». Monto que será pagado por «EL AYUNTAMIENTO» a «LA COMISIÓN» en el mes inmediato siguiente al cierre de la recaudación. QUINTA. PAGOS A REALIZAR. «EL AYUNTAMIENTO» pagará a «LA COMISIÓN» el monto total de la facturación de los servicios de Alumbrado Público facturados en el mes inmediato anterior, conforme al saldo plasmado en la información entregada y que se menciona en la cláusula segunda de este Convenio. «EL AYUNTAMIENTO» pagará a «LA COMISIÓN» el monto total de la retribución pactada en la cláusula cuarta correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de la recaudación conforme al saldo plasmado en la información entregada y que se menciona en la cláusula segunda de este Convenio en base a lo establecido en la cláusula sexta. Previo al pago de la facturación «LA COMISIÓN» entregará a «EL AYUNTAMIENTO» el monto recaudado por concepto de DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO de conformidad con la cláusula segunda, mediante transferencia bancaria a la cuenta número 146104223 de BBVA Bancomer, S.A. que en este acto «EL AYUNTAMIENTO» designa para el efecto. SEXTA. FALTA DE PAGO DE SALDOS A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES: a) «LA COMISIÓN» tendrá 10 días naturales posteriores a la entrega del estado de cuenta para realizar el pago del monto recaudado por concepto de DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO conforme la cláusula segunda, de no recibir el pago oportuno «EL AYUNTAMIENTO» procederá conforme a derecho corresponda; b) «EL AYUNTAMIENTO» dispondrá de 10 días naturales, posteriores a la entrega del estado de cuenta para realizar el pago del monto de la retribución conforme a las cláusulas segunda y cuarta, de no recibir el pago «LA COMISIÓN» suspenderá el servicio a «EL AYUNTAMIENTO» y realizará las gestiones de cobranza de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento; y, c) «EL AYUNTAMIENTO» dispondrá de 10 días naturales, posteriores a la entrega del estado de cuenta para realizar el pago del monto de la facturación de los servicios que le corresponden a «EL AYUNTAMIENTO» por el concepto de Alumbrado Público conforme a la cláusula segunda, de no recibir el pago «LA COMISIÓN» suspenderá el servicio a «EL AYUNTAMIENTO» y realizará las gestiones de cobranza de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio tendrá su vigencia a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y concluirá al término de la presente administración, es decir el 31 de agosto de 2018. Cualquiera de «LAS PARTES» podrá darlo por concluido en cualquier momento, para lo cual deberá comunicar su voluntad a la otra parte por escrito con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. OCTAVA. VIGENCIA DE LAS CUOTAS. Las cuotas a aplicar por «LA COMISIÓN» en la recaudación de los DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO serán las vigentes para el año calendario del Ejercicio Fiscal de que se trate contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia correspondiente a cada ejercicio, obligándose «EL AYUNTAMIENTO» a notificar detallada y oportunamente el proyecto para su aplicación en el ejercicio fiscal inmediato posterior por escrito a «LA COMISIÓN», y por su parte «LA COMISIÓN» se obliga en su caso, a modificar y aplicar las cuotas en los montos solicitados por «EL AYUNTAMIENTO» dentro de los 30 días posteriores a que reciba la notificación referida. NOVENA. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. «LAS PARTES» manifiestan expresamente que ha sido su libre voluntad en los términos del presente Convenio, y que en su celebración han actuado de buena fe, sin que exista vicio alguno del consentimiento, por lo que renuncian a anularlo o rescindirlo por tal motivo, dejando sin efecto cualquier otra negociación, compromiso u obligación verbal o escrita contraída con anterioridad al presente. DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente Convenio será regido e interpretado de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y en particular por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, así como lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia. DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del Convenio, las partes se someten a las Leyes y Tribunales competentes de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Leído que fue el presente y enteradas las partes del contenido y alcance legal de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas, y reconociéndose mutuamente la personalidad que ostentan lo firman en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 07 días del mes de diciembre del año 2015.". Del convenio transcrito se colige que la Comisión Federal de Electricidad presta apoyo al Municipio de Morelia sobre el cobro del "Derecho de Alumbrado Público" el cual será incluido en los avisos-recibo de adeudo que expida dicha Comisión a los usuarios del servicio de energía eléctrica, de acuerdo a las cuotas establecidas en el capítulo II, la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente. De todo lo anterior, se puede señalar que el denominado "Derecho por Alumbrado Público" a que se hace mención en el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, sí viola el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que ese numeral señala de manera expresa las tarifas a pagar por derecho de alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica según el número de kwh utilizados en un mes y atendiendo a las cuotas establecidas en el artículo 17 de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán, particularmente los supuestos previstos en las fracciones fracción I, incisos E) y H), y II, inciso A), numeral 4, que previamente quedaron transcritos. Así las cosas, no obstante que el artículo 17 impugnado, denomina a la contribución de mérito "derecho", lo cierto es que materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica puesto que no atiende al costo que se genera para el municipio por la prestación del servicio de alumbrado público, sino que, como ya se indicó, se basa y se calcula conforme al consumo respectivo; tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, sobre tal tema, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia temática que dice: Época: Octava Época Registro: 900084 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN Materia(s): Constitucional Tesis: 84 Página: 115 "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. Octava Época: Amparo en revisión 3014/79.-Industrias Químicas de México, S.A.-28 de septiembre de 1982.-Unanimidad de dieciséis votos.-Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.-Secretario: José Pérez Troncoso. Amparo en revisión 703/79.-Inocencio Alejandro Ávalos.-27 de marzo de 1984.-Unanimidad de diecinueve votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretario: Arturo Iturbe Rivas. Amparo en revisión 5643/79.-Jesús Gomaba Grijalva y coag.-24 de abril de 1984.-Unanimidad de dieciséis votos.-Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.-Secretario: José Pérez Troncoso. Amparo en revisión 4036/84.-Cementos Mexicanos, S.A.-3 de febrero de 1987.-Mayoría de quince votos.-Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.-Secretario: Esteban Santos Velázquez. Amparo en revisión 7959/86.-Cementos Mexicanos, S.A.-19 de abril de 1988.-Mayoría de diecinueve votos.-Ponente: Victoria Adato Green.-Secretario: Benjamín Soto Cardona. Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, página 87, Pleno, tesis 72.". A efecto de emitir dicha jurisprudencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la reserva expresa de facultades en favor del Poder Legislativo Federal que señala el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los Estados no pueden establecer ninguna carga tributaria, cualquiera que sea la denominación que le asignen, en materia de energía eléctrica, pues ello está reservado al Congreso de la Unión, ya que sólo el Congreso Federal puede gravar la energía eléctrica, según este precepto, ya sea su producción, distribución, venta o consumo, que los Estados sólo tendrán derecho a la participación que la ley federal determine, y los Municipios, a su vez, sólo tendrán derecho al porcentaje que de esa participación señale la ley local. Así pues, estimó que cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. En tales condiciones, no cabe sino concluir que el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, invade la esfera de facultades exclusivas del Congreso de la Unión al establecer en realidad un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica, en contravención a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece dicha facultad exclusiva para la Federación; y con lo que, además, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, toda vez que no existe congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, esto es, la base imponible, pues no existe relación entre el costo que representa la prestación del servicio de alumbrado público (hecho imponible), con el consumo de energía eléctrica del particular (base imponible). Lo antes considerado encuentra sustento, en lo conducente y por analogía en las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números P./J. 73/2006, en la página 919, del Tomo XXIII, Junio de 2006, y P./J. 120/2007, en la página 985, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondientes a la Novena Época, de rubros: "CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS RELATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: No se aplique a Alejandro Ayala Téllez en el presente y futuro el artículo 17, fracción I, inciso H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en el nivel de consumo Alto Medio, esto es, desde 201 hasta 250 kwh. al mes; así como el uso general en baja tensión, en nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh. al mes. No se aplique a Jazmín Torres Duarte en el presente y futuro el artículo 17, fracción I, incisos E), de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en los niveles de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh. al mes. Con motivo de lo anterior, no les sean exigidos los pagos del denominado derecho por servicio de alumbrado público basados en tales supuestos normativos, mientras tenga vigencia el precepto declarado inconstitucional; en el entendido de que la concesión del amparo se hace en relación a la esfera jurídica de cada uno de los quejosos, con independencia del número de servicio que proporcionaron y por los cuales resultó procedente el juicio de amparo, esto es, la protección se otorga a favor de la persona, con independencia de la cuenta de servicio en particular; sin embargo, dicha concesión no exime a los peticionarios de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica que les sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, con excepción del relativo al Derecho del Alumbrado Público aquí analizado. La anterior concesión del amparo otorgada extiende sus efectos a los actos concretos de aplicación, a efecto de que la autoridad exactora que recibirá los montos respectivos, que al afecto es el titular de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán, restituya a cada uno de los promoventes del amparo, en el pleno goce del derecho fundamental violentado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de cometida la violación, y dado que en el presente caso la promoción del juicio relativo fue originada por la existencia del acto concreto de aplicación de la ley impugnada, y particularmente, con motivo del entero realizado por concepto del derecho declarado inconstitucional, los efectos de la concesión habrán de abarcar también, la restitución de las sumas que los quejosos haya pagado por ese concepto, a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, en el registro del usuario que constituyó el primer acto de aplicación de la ley cuestionada por la parte quejosa o cualquier otro que motivare la aplicación de la norma inconstitucional, con excepción del resto de los rubros a que se alude en las facturas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad respecto del consumo de energía eléctrica prestado a la parte quejosa que ahí se consignan. En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que reciban los montos correspondientes, así como a las que auxilien en su recaudación, esto es, al Tesorero del Municipio de Morelia, Michoacán y a la Comisión Federal de Electricidad. Encuentra sustento lo considerado, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197512 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXV/97 Página: 414 "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución 214/97. Comisariado Ejidal del Poblado "Centauro del Norte". 27 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Así como la jurisprudencia P./J. 73/2009, emitida por el propio Tribunal Pleno, que dice: Época: Novena Época Registro: 166796 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Julio de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 73/2009 Página: 64 "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero. Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el quince de junio en curso, aprobó, con el número 73/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil nueve.". Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica substancial, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: Época: Novena Época Registro: 179675 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 188/2004 Página: 470 "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido. Incidente de inejecución 317/96. Cementos Tolteca, S.A. de C.V. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 950/2003. American Airlines Incorporated y otras. 12 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Amparo en revisión 2541/2003. Aerovías de México, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Amparo en revisión 315/2004. Mario Arturo Moreno Ivanova y otro. 2 de julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Amparo en revisión 365/2004. Julio Ernesto Martínez Pantoja. 8 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 188/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.". Es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas declaradas inconstitucionales, por lo cual el Congreso y el Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, sin embargo, dado que se acudió al presente juicio con motivo de un acto de su aplicación, y debido a que el entero del tributo reclamado se realizó a favor del Municipio de Morelia, Michoacán, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como a sus subalternos, para que devuelvan a los quejosos las cantidades enteradas en aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, dado que a ellos corresponde la recaudación y erogación de los ingresos municipales pues son las autoridades competentes para devolver a la quejosa tal cantidad al ser las encargadas de la administración de recursos municipales; además de que cualquier autoridad, incluso en el supuesto de que no haya sido señalada como responsable en este juicio, está obligada a acatar el presente fallo, tal es el caso de la Comisión Federal de Electricidad que deberá dejar de cobrar el derecho de alumbrado público a la quejosa, basado en la norma declarada inconstitucional, respecto a los números de servicio registrados a su nombre. Al respecto encuentra aplicación, por identidad jurídica substancial, la tesis aislada sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Octava Época Registro: 206675 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Administrativa Tesis: 3a. LXX/93 Página: 353 "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución. Queja 6/93. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. 18 de octubre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 172605 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Página: 144 "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Incidente de inejecución 410/98. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Incidente de inejecución 489/2006. María Leonor Carter Arnabar. 13 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 494/2006. Patricia Capilla Sánchez y otro. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. Incidente de inejecución 540/2006. Carlos López Martínez y otra. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 557/2006. Tereso Antonio Hernández García. 15 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de abril de dos mil siete.". Finalmente, resulta innecesario abordar y estudiar el resto de los motivos de disenso que hace valer la parte promovente del amparo en su escrito de demanda, pues al resultar fundado el concepto de violación a que se hizo referencia en la presente consideración, es inútil decidir sobre los restantes, pues la acción constitucional que se intenta en relación a la violación del numeral constitucional referido, es suficiente para desincorporar de la esfera de obligaciones tributarias de la parte quejosa, la contribución reglamentada por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal y sostenerla con independencia del resto de los conceptos de violación vertidos en su escrito de demanda. Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el proemio de este fallo, en términos del considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, en relación a los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 157/2018-III, promovido por Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, por propio derecho, comparecieron a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, específicamente la regulación de los derechos por servicio de alumbrado público, artículo 17, fracciones I y II. Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se reclama la promulgación y orden de expedición del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, específicamente la regulación de los derechos por servicio de alumbrado público, artículos 17, fracciones I y II. Del C. Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se reclama el refrendo del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, específicamente la regulación de los derechos por servicio de alumbrado público, artículo 17, fracciones I y II. Del C. Director del Periódico Oficial del Estado del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se reclama la publicación del Decreto Legislativo número 538, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, especialmente la regulación de los derechos por servicios de alumbrado público, artículo 17, fracciones I y II. Del C. Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se reclaman todos los actos relacionados con la aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 29 de diciembre de 2017, en lo referente a la recaudación, determinación y cobro de los Derechos por servicio de alumbrado público que se impugnan, contenidos en el artículo 17, fracciones I y II de dicha Ley.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 31, fracción IV, 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento, admisión y trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento de un requerimiento formulado a la parte promovente, mediante auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho este Juzgado Tercero de Distrito desechó de plano la demanda presentada en contra del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, consistentes en el refrendo y publicación, respectivamente, del Decreto legislativo 538, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, concretamente el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, ya que la parte quejosa no formuló concepto de violación dirigido a combatir los actos por vicios propios, lo anterior con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional por lo que respecta al Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, a quienes se les requirió para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general con motivo de su primer acto de aplicación dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, son los siguientes: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: La discusión, aprobación, expedición y promulgación, en el ámbito de sus competencias, del Decreto Legislativo 538 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, particularmente su artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4. Del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán: La aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, concretamente en su artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Congreso y al Gobernador del Estado de Michoacán, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptaron su existencia dentro de sus respectivas competencias. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Sin que para corroborar la existencia de los decretos sea necesario allegarlos al sumario, dado que conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba", no se requiere su existencia en los autos que conforman el presente juicio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, consistente en la aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, concretamente en su artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, que prevé el derecho por alumbrado público, toda vez que al rendir su informe justificado negó la ejecución del acto que se atribuye. Lo anterior, sin que la parte haya aportado prueba para demostrar lo contrario, máxime que la autoaplicación de la contribución constituye un acto de aplicación de la ley y no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el gobernado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete.". Además, no debe perderse de vista que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 413/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, entre otras cosas, que el pago de un tributo no constituye propiamente un acto de autoridad, aun cuando resulte apto para promover el juicio de amparo indirecto, puesto que el sistema fiscal mexicano es "autodeclarativo", de tal forma que corresponde a los contribuyentes liquidar y determinar los tributos a su cargo, con independencia de la mera propuesta que realicen las autoridades o los terceros auxiliares al expedir los documentos o recibos respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, que dice: Época: Novena Época Registro: 168248 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 182/2008 Página: 294 "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008.". Cabe destacar, que la cuestión que nos ocupa, no se analiza respecto a la improcedencia del juicio de amparo ya que ésta presupone la existencia del acto reclamado; sin embargo, atento a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia invocada, válidamente puede concluirse que no existen los actos atribuidos al Tesorero responsable, puesto que la aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales en realidad provino de una autoaplicación del propio gobernado. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del acto atribuido al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. SEXTO. Aplicación de la norma general impugnada. En el presente juicio se encuentra demostrado el acto de aplicación de la norma reclamada, ya que la parte promovente adjuntó a su demanda inicial los avisos-recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, por los servicios de suministro de energía eléctrica que se le prestan: 58128 15-06-01-001 CFE, 58128 99-12-16 XAXX-010101 003 CFE y 58128 13-06-05 XAXX-010101 002 CFE, los primeros dos por el periodo que comprende del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete al veintidós de febrero de dos mil dieciocho, y el tercero, del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete al dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en los que se observa el cobro del derecho de alumbrado público por las cantidades de doscientos dieciséis pesos, ciento ocho pesos y treinta pesos con cuarenta centavos, respectivamente; lo que se relaciona con los recibos de pago expedidos por la propia comisión, de los cuales se desprende que el seis y tres de febrero de dos mil dieciocho, al realizar el pago del suministro de energía eléctrica de los servicios anteriormente señalados, también se realizó el pago del derecho de alumbrado público por las cantidades ya mencionadas. Documentales a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 174532 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 113/2006 Página: 294 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos. Contradicción de tesis 92/2006-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Tesis de jurisprudencia 113/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de agosto de dos mil seis.". Además, el primer acto de aplicación de la norma impugnada se corrobora con el informe de la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la División Comercial Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, ya que mediante el oficio SSB/DF-07-312-2018 signado por el Responsable de la Zona Comercial Morelia, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional la existencia de los suministros de energía eléctrica anteriormente señalados, el monto del derecho de alumbrado público que les corresponde y la fecha de su pago. Conforme a lo anterior se concluye que Alejando Ayala Téllez se ubica en las hipótesis contenidas en las fracciones I, inciso H), y II, inciso A), numeral 4, del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; mientras que Jazmín Torres Duarte se encuentra en el supuesto de la fracción I, inciso E), del artículo en cita. SÉPTIMO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la materia. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable, al rendir su informe justificado señaló que el presente juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, pues aduce que no se advierte algún concepto de violación dirigido a combatir los artículos tildados de inconstitucionales, requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa, sustentando sus aseveraciones en las tesis de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO.". Previo a dar respuesta a la improcedencia alegada por la responsable es de destacarse que atento a los motivos por los que manifiesta se actualiza la referida causal invocada, el sustento jurídico es diverso al señalado en su informe, esto es así, pues la improcedencia cuya motivación realiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos legales que señala la responsable. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 196233 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. XLVIII/98 Página: 69 "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.". Establecido lo anterior, debe decirse que es infundada la causal de improcedencia hecha valer, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la invocada Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Ello es así, pues basta una simple lectura de la demanda de amparo, para percatarse que al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra del acto reclamado, pues en esencia la parte quejosa, entre otras cosas, precisó que se transgrede en su perjuicio el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a), de la Constitución Federal, pues estima que es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, de manera que el Poder Legislativo del Estado de Michoacán, no puede imponer contribuciones sobre esa materia, además que tal disposición resulta desproporcional e inequitativa, y para tal efecto cita diversas tesis en las que apoya sus argumentos, entre otros. Además, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente para ello que en el mismo se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la parte quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio. Por lo tanto, al haber expuesto la parte quejosa de manera expresa y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 108 de la Ley de la Materia, los imperativos de la Constitución General de la República que contienen las garantías que en materia tributaria considera se conculcaron con la aprobación, expedición, promulgación, aplicación y ejecución de los artículos relativos a la regulación del cobro por derecho de alumbrado público de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dejó claro cuál es su causa de pedir, además de que expuso los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P/J. 68/2000, que dice: Época: Novena Época Registro: 191384 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 68/2000 Página: 38 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 68/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil. Nota: La jurisprudencia citada en esta tesis aparece publicada con el número 172 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116.". El Coordinador de la Oficina del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en representación de la autoridad responsable, invoca las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es infundado. La fracción XIII que se analiza, dispone: "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;". La hipótesis normativa anterior se refiere a la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos señalados como reclamados sean consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo que hace imposible entrar al fondo de la litis constitucional. En la especie, la autoridad señala que el acto reclamado está consentido expresamente por los quejosos, en razón de que en el mes de febrero del presente año se sujetaron a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, mediante el pago de los derechos de alumbrado público de cada uno de los suministros de energía eléctrica que tienen contratados ante la Comisión Federal de Electricidad, con lo que reconocen y demuestran encontrarse en la hipótesis contenida en los artículos 99 y 100 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán y, consecuentemente, la causación del derecho y su pago en la fecha señalada. En relación con la causal que se estudia, se cita la fracción I del artículo 1 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la fracción transcrita se observa la procedencia del juicio de amparo en contra de normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Federal o Tratados Internacionales en los que el Estado sea parte. Sobre el concepto de leyes heteroaplicativas y su distinción respecto de una autoaplicativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que debe acudirse al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo entre ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; por ello, en cuanto a las leyes heteroaplicativas, es necesario un acto para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. A contrario, dijo la Sala, una ley será autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella se derivan nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna. Es decir, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o materia de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Lo anterior se contiene en la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 200627 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a. XIX/96 Página: 206 "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Amparo en revisión 872/94. Cablevisión, S.A. de C.V. 16 de febrero de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1905/95. Rodolfo Peña Farber. 8 de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Neófito López Ramos.". Por su parte, el Pleno del Alto Tribunal en diverso criterio aislado anteriormente expuso que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización, ya que la finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo es que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que la ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Lo anterior se contiene en la tesis aislada de la literalidad siguiente: Época: Octava Época Registro: 205968 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: VI/89 Página: 162 "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente. Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S. A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez; los señores ministros: Castañón León, González Martínez, Moreno Flores, Suárez Torres y Presidente del Río Rodríguez votaron en contra. Impedido: Rocha Díaz, Ausente: Gutiérrez de Velasco. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 3724/85. Vidriera Los Reyes, S. A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de trece votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez y Díaz Romero; los señores ministros: Castañón León, González Martínez, Moreno Flores, Suárez Torres, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez votaron en contra. Ausente: Gutiérrez de Velasco. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S. A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez; los señores ministros: Castañón León, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores y Presidente del Río Rodríguez votaron en contra. Impedido: Rocha Díaz. Ausente: Suárez Torres. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez. Tesis VI/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de diecisiete votos de los señores ministros: Presidente en funciones González Martínez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez. Ausentes: Castañón León, López Contreras, y Presidente del Río Rodríguez. México, Distrito Federal a cuatro de abril de 1989. Nota: En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION.". En el caso concreto el acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional quedó demostrada en el considerando sexto, ya que los aquí quejosos realizaron el pago del derecho de alumbrado público en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán, y por consecuencia, se colocaron en el supuesto normativo, constituyendo tal circunstancia el primer acto de aplicación de la ley respecto del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Tal aplicación legitima a los quejosos para promover este juicio constitucional en contra de la norma reclamada y, en el mismo sentido, sirve de base para computar el plazo de la impugnación constitucional, sin que ello importe que se trate de un acto expreso de voluntad con el cual se consienta el acto reclamado. Así, si el primer acto de aplicación de la norma para los quejosos Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, tuvo lugar el seis y tres de febrero, respectivamente, y éstos presentaron su demanda constitucional el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, esto es, dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, es de concluirse que no consintieron el acto reclamado, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia que invocada. Por otra parte, la responsable invoca la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 multicitado; sin embargo, atento a los motivos por los que manifiesta se actualiza la causal referida, el sustento jurídico es diverso al señalado, ya que argumenta la falta de definitividad para combatir en este juicio la norma general, hipótesis prevista en la diversa fracción XIV, por lo que se hace la corrección en su cita. Como se adelantó, es infundada la casual de improcedencia. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de la materia, dice: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. [.]". De lo anterior se desprende una excepción al principio de definitividad, conforme a la cual, la impugnación de una norma general con motivo del primer acto de aplicación, cuando proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. Por lo que si en ese sentido los amparistas optaron por promover el presente juicio, con motivo del primer acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, desde luego que el juicio constitucional es procedente y, por consecuencia, debe ser desestimada la causal de improcedencia que al respecto se invoca. Como corolario a lo anterior, es de señalarse que el artículo 154 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán establece la competencia del Tribunal para conocer y resolver las controversias promovidas en contra de actos o resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretendan ejecutar, según corresponda, por el Poder Ejecutivo, de la Auditoría Superior de Michoacán, por los ayuntamientos, por los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales. Sin embargo, no se está en la hipótesis que prevé esa norma, dado que el precepto invocado se refiere expresamente a entidades estatales en las cuales no se encuentra enunciado el Congreso del Estado de Michoacán; y, si bien en el precepto se enuncia la procedencia del juicio contencioso contra actos del Poder Ejecutivo, en la especie no se está en ninguna de las hipótesis específicas previstas en la misma porción normativa, dado que el acto reclamado al Gobernador del Estado de Michoacán, corresponde a la promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. OCTAVO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de garantías, mismos que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.". NOVENO. Estudio de fondo. Son esencialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Ahora bien, respecto de los actos que resultó procedente el juicio de amparo en relación al proceso legislativo que dio origen al artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, que alude a la recaudación del derecho de alumbrado público en el municipio en cita, la quejosa estima que vulnera en su perjuicio el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Federal y la garantía de legalidad prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en realidad grava el servicio de energía eléctrica, lo cual es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que invade la esfera de competencia de la Federación. A efecto de arribar a tal conclusión, resulta necesario señalar que en los artículos 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución General de la República, se dispone lo siguiente: "Art. 73. El Congreso tiene facultad: [.] XXIX.- Para establecer contribuciones: [.] 5º.- Especiales sobre: a).- Energía eléctrica; [.]". "Art. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [.] III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: [.] b). Alumbrado público [.] IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: [.] c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. [.]". Del primer precepto transcrito, se advierte que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, por su parte, en el numeral 115, fracción III, inciso b), se prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y, en la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, se establece que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno. De acuerdo con lo anterior, en principio se aprecia que por una parte, el Congreso Federal tiene facultades para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica, y por la otra que, al corresponder a las legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio. En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la Hacienda Pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo, el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto. Por tanto, a efecto de determinar si las normas impugnadas resultan constitucionales o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución reclamada, es decir, si se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, o, si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho. En primer término, de manera general se señala que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos. En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental, se esboza un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios- titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Así, aun cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, debe entenderse que el término "objeto", se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y e) Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Una vez sentadas las bases anteriores, cabe señalar que en nivel federal el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de ese artículo. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, reconoce como contribuciones a los impuestos, contribuciones de mejoras y derechos (artículo 1°), definiendo al derecho de alumbrado público -artículo 98- como la contribución por el servicio que el Municipio presta a la comunidad en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques y jardines, así como el alumbrado ornamental de temporada, en lugares públicos del Municipio. De lo expuesto, se puede afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o Estado, o bien, la prestación de servicios exclusivos del Estado; mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia. Al respecto, cabe señalar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece. Esta situación de normalidad, tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución. En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto, o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis, y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria. Conforme a los anteriores razonamientos, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera tal que se respeta la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto. En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestación dineraria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, razón por la cual podrá revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realización del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligación, lo cual en algunas ocasiones podrá revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejoras y no un derecho y viceversa. Ahora, debe analizarse la naturaleza de la contribución establecida en el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, aquí impugnado, que establece: "DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPÍTULO II POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO "Artículo 17. El servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, con las tarifas mensuales siguientes: I. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso doméstico CONCEPTO CUOTA MENSUAL [.] E) En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh. al mes. $15.20 H) En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 kwh. al mes $54.00 [.] II. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usurarias de predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: A) En baja tensión: [.] 4. En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh. al mes $108.00 [.]". En dichos preceptos, se establece que por el gasto por servicio de alumbrado público, se causará y pagará un derecho por alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica y atendiendo a las cuotas establecidas en las Leyes de Ingresos de los Municipios, en este caso, conforme a lo establecido en el capítulo II de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán. A tal respecto, destaca que en el convenio de colaboración celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Municipio de Morelia el siete de diciembre de dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el quince de diciembre de ese año, se estableció lo siguiente: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CFE Y EL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA, RELATIVO AL ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA, MICHOACÁN, REPRESENTADO POR EL MAESTRO ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR EN CUANTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA, EL DOCTOR FABIO SISTOS RANGEL EN CUANTO SÍNDICO MUNICIPAL, EL MAESTRO ALBERTO GABRIEL GUZMÁN DÍAZ COMO TESORERO MUNICIPAL Y EL DOCTOR JOSÉ LUIS GIL VÁZQUEZ COMO SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ «EL AYUNTAMIENTO» Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL INGENIERO RAÚL MARTÍNEZ VILLEGAS EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y SUPERINTENDENTE DE ZONA MORELIA DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ «LA COMISIÓN», LOS CUALES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO «LAS PARTES», SUJETÁNDOSE ALTENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: A N T E C E D E N T E S 1. Con fecha 18 de septiembre de 2012 se celebró el anterior Convenio de Colaboración entre «EL AYUNTAMIENTO» y «LA COMISIÓN» para la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cual era vigente a la fecha, acorde a lo estipulado en la cláusula NOVENA del mismo instrumento, por tal motivo y por el cambio en la Administración Municipal, es necesario la renovación de dicho convenio para efectos de que «LA COMISIÓN» siga llevando a cabo la recaudación del DAP en favor de «EL AYUNTAMIENTO». 2. Con fecha 25 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto número 402 del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en el cual expide la nueva Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; artículos 100, 101 y 102, en los que se establece el Derecho de Alumbrado Público a favor de «EL AYUNTAMIENTO». 3. La Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán vigente, establece para el ejercicio fiscal a que refiere la misma, las cuotas bajo las cuales debe cobrar «EL AYUNTAMIENTO» el DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO conocido como DAP, por el servicio de Alumbrado Público que presta a la comunidad en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques y jardines, así como el alumbrado ornamental de temporada, en lugares públicos dentro del Municipio. 4. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 100 establece que son sujetos del Derecho de Alumbrado Público las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del municipio, que reciban el servicio de alumbrado público que presta «EL AYUNTAMIENTO». 5. El artículo 102 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, establece que la contraprestación por el Derecho de Alumbrado Público se causará diariamente y se pagará mensual o bimestralmente conforme a las tarifas y forma que señalen las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo; y servirá para que «EL AYUNTAMIENTO» cubra los costos en los que incurra con motivo de la prestación del servicio de Alumbrado Público. En dicho precepto además se señala que los Municipios tendrán a su cargo la recaudación del Derecho del servicio de Alumbrado Público y podrán celebrar convenios con «LA COMISIÓN» para que dicho Organismo realice la recaudación. D E C L A R A C I O N E S Declara «EL AYUNTAMIENTO»: I. Que es un Órgano de Gobierno de elección popular, investido con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades para signar el presente instrumento, de conformidad con lo señalado en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 123 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 17, 958, 964, 969 fracción I, 998 del Código Civil para el Estado de Michoacán; 2 y 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; y 5, 29, 30 y 31 del Bando de Gobierno Municipal de Morelia, y con el objeto de optimizar recursos y hacer eficiente la recaudación del Derecho de Alumbrado Público, es su voluntad celebrar el presente Convenio con «LA COMISIÓN» para que dicho organismo lleve a cabo la recaudación del Derecho de Alumbrado Público a través de su facturación; II. Que el Presidente Municipal, el MAESTRO ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR, es representante y responsable directo del Gobierno y la Administración Pública Municipal, y tiene facultades para celebrar convenios, contratos y en general los instrumentos jurídicos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos del H. Ayuntamiento, de acuerdo a lo previsto en los artículos 14 fracción I, 32 fracción X y 49 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. III. Que corresponde al Síndico Municipal, el DOCTOR FABIO SISTOS RANGEL, firmar los convenios y/o contratos que celebre el Ayuntamiento y entre otras funciones, la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, de conformidad con los artículos 14 fracción III y 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y artículo 14 fracciones I, III y XIX del Reglamento Interior de la Sindicatura del Municipio de Morelia; IV. Que le corresponde al Tesorero Municipal, el MAESTRO ALBERTO GABRIEL GUZMÁN DÍAZ, recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones municipales, así como las participaciones federal y estatal y los ingresos extraordinarios que se establecen a favor del municipio de conformidad con el Artículo 55 fracción I de la Ley Orgánica Municipal; como lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, donde se establece que la Tesorería Municipal es la responsable de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del municipio, a fin de que sea eficiente y acorde de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia y a los programas emanados del plan de desarrollo municipal; V. Que le corresponde al Secretario de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, el DOCTOR JOSÉ LUIS GIL VÁZQUEZ, planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen funcionamiento y eficiente prestación de los Servicios Públicos Municipales, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Organización de la Administración Pública Municipal, así como vigilar la aplicación y observancia de la Ley Orgánica, y las demás disposiciones, respecto a las concesiones, permisos o autorizaciones para la explotación de servicios públicos; VI. Que mediante el contrato de autoabastecimiento de energía eléctrica que celebraron por una parte «Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro S. de R.L. de C.V. «PEOCCI» y el H. Ayuntamiento de Morelia, de fecha 27 de febrero de 2006 y por así convenir a sus intereses, está auto abasteciéndose de energía eléctrica como socio de MEXHIDRO S. de R.L. de C.V. hasta por un 43.62% aproximadamente de los Kilowatts-hora del total requeridos para el servicio de alumbrado público que tiene a su cargo; y, VII. Que para efectos de este convenio señalan para domicilio legal el ubicado en la calle Allende Número 403, del Centro Histórico, C.P. 58000 de esta Ciudad Capital y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MMM850101843. Declara «LA COMISIÓN»: I. Que es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva de Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; II. Que tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; III. Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos con su objeto generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, como su propietario, en términos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; IV. El INGENIERO RAÚL MARTÍNEZ VILLEGAS en su carácter de Superintendente de la Zona Morelia de la División de Distribución Centro Occidente, cuenta con las facultades para comparecer a la celebración del presente Convenio las cuales no le han sido revocadas ni restringidas, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública 31,657, Volumen 1,227 Folios 094 al 097 de fecha 11 de septiembre de 2003 otorgada ante la fe del Lic. Conrado Zuckermann Ponce, Notario Público 105 de Naucalpan de Juárez Estado de México, el cual está vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; V. Que dispone de la organización y elementos suficientes para prestar a «EL AYUNTAMIENTO» los servicios de recaudación de Derecho de Alumbrado Público; VI. Que realiza la mayoría de la cobranza de facturas de energía eléctrica mediante comisionistas y centros de recepción de pago, a quienes en promedio por dicha labor les paga el equivalente a $4.01 (cuatro pesos 01/100 M.N.) por factura cobrada; y, VII. Que para efectos de este Convenio señala como domicilio el ubicado en calle Ventura Puente 1653, colonia Viveros C.P. 58020 de la Ciudad de Morelia y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes CFE370814-Q10. Declaran «LAS PARTES»: I. Que «LAS PARTES» reconocen como válidos los antecedentes y las declaraciones antes transcritas, manifestando que junto con las cláusulas forman parte del presente instrumento para los efectos legales a que den lugar; II. Que «LAS PARTES» se reconocen entre sí la personalidad más amplia que en derecho proceda para la celebración, firma y cumplimiento del presente Convenio; y, III. Que es su voluntad celebrar el presente Convenio por así convenir a sus intereses y de acuerdo a lo pactado en las siguientes: C L Á U S U L A S PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. Para satisfacer la solicitud de «EL AYUNTAMIENTO» expresada en los antecedentes y declaraciones de este Convenio, «LAS PARTES» acuerdan celebrar el presente Convenio con el propósito de que «LA COMISIÓN», a través de las facturas del servicio de energía eléctrica, lleve a cabo a favor de «EL AYUNTAMIENTO» el servicio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público previsto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 100 al 102 y de acuerdo a las cuotas establecidas en el capítulo II artículo 17 la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia vigente. SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. «LAS PARTES» acuerdan que con base en el objeto del presente, «LA COMISIÓN» realizará en favor de «EL AYUNTAMIENTO» las actividades que a continuación se relacionan: a) Desarrollar y elaborar un programa de cómputo con las características necesarias, que permita la recaudación del importe del Derecho de Alumbrado Público a cargo de los sujetos del mismo, de acuerdo a las cuotas aplicables establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia vigente en cada uno de los ejercicios fiscales durante el plazo que dure en aplicación este Convenio; b) Capacitar al personal de «LA COMISIÓN» y los distintos medios de recepción de pagos que tiene contratados, respecto a la forma de recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; c) Incluir en las facturas de energía eléctrica, el importe de la tarifa del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO que corresponde a los sujetos de ese derecho; d) Notificar a los sujetos del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO el importe a pagar por concepto de ese derecho; e) Recibir el pago del importe del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; f) Resguardar y manejar el efectivo recaudado por concepto del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; g) Generar los registros necesarios para el control administrativo de la recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO; y, h) La entrega de un estado de cuenta a «EL AYUNTAMIENTO» de la facturación de los servicios de Alumbrado Público y recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO con valores al mes inmediato anterior, dentro de los primeros 10 días de cada mes, integrado de la siguiente forma: 1. Saldo del mes anterior. 2. El detalle y monto de la facturación de los suministros de Alumbrado Público del Municipio. 3. El detalle por contribuyente del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO acumulado por localidad y monto total de la recaudación del mes inmediato anterior. 4. Monto del efectivo recaudado por «LA COMISIÓN» a favor de «EL AYUNTAMIENTO» y entregado a «EL AYUNTAMIENTO» por concepto de la recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO realizado en el mes inmediato anterior. 5. Pago realizado por «EL AYUNTAMIENTO» a «LA COMISIÓN» por concepto de la facturación del servicio de energía eléctrica relativa al alumbrado público correspondiente del mes anterior. 6. Monto de la retribución pactada en este Convenio por concepto de los gastos erogados por los servicios de administración y recaudación del DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 7. Saldo del mes. TERCERA. INFORMACIÓN ADICIONAL «El AYUNTAMIENTO» podrá solicitar información adicional a «LA COMISIÓN» relacionada con la administración de este Convenio, peticiones que serán atendidas por «LA COMISIÓN», con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información así como los demás ordenamientos legales que le rigen, notificando a «El AYUNTAMIENTO» si es posible su entrega y en su caso si genera algún costo. CUARTA. RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN. Con motivo de lo antes pactado, las partes acuerdan que «EL AYUNTAMIENTO» contribuirá a sufragar el costo y gastos de los servicios generados por la recaudación de los DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO que realice «LA COMISIÓN», en términos de este Convenio, por lo que «EL AYUNTAMIENTO» se obliga a retribuir a «LA COMISIÓN» por concepto de los servicios antes precisados $1.45 (un peso 45/100 M.N.) por cada derecho recaudado de los suministros que se encuentran bajo el régimen de autoabastecimiento y $0.40 (cero pesos 40/100 M.N.) por cada derecho recaudado abastecido por «LA COMISIÓN». Monto que será pagado por «EL AYUNTAMIENTO» a «LA COMISIÓN» en el mes inmediato siguiente al cierre de la recaudación. QUINTA. PAGOS A REALIZAR. «EL AYUNTAMIENTO» pagará a «LA COMISIÓN» el monto total de la facturación de los servicios de Alumbrado Público facturados en el mes inmediato anterior, conforme al saldo plasmado en la información entregada y que se menciona en la cláusula segunda de este Convenio. «EL AYUNTAMIENTO» pagará a «LA COMISIÓN» el monto total de la retribución pactada en la cláusula cuarta correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de la recaudación conforme al saldo plasmado en la información entregada y que se menciona en la cláusula segunda de este Convenio en base a lo establecido en la cláusula sexta. Previo al pago de la facturación «LA COMISIÓN» entregará a «EL AYUNTAMIENTO» el monto recaudado por concepto de DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO de conformidad con la cláusula segunda, mediante transferencia bancaria a la cuenta número 146104223 de BBVA Bancomer, S.A. que en este acto «EL AYUNTAMIENTO» designa para el efecto. SEXTA. FALTA DE PAGO DE SALDOS A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES: a) «LA COMISIÓN» tendrá 10 días naturales posteriores a la entrega del estado de cuenta para realizar el pago del monto recaudado por concepto de DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO conforme la cláusula segunda, de no recibir el pago oportuno «EL AYUNTAMIENTO» procederá conforme a derecho corresponda; b) «EL AYUNTAMIENTO» dispondrá de 10 días naturales, posteriores a la entrega del estado de cuenta para realizar el pago del monto de la retribución conforme a las cláusulas segunda y cuarta, de no recibir el pago «LA COMISIÓN» suspenderá el servicio a «EL AYUNTAMIENTO» y realizará las gestiones de cobranza de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento; y, c) «EL AYUNTAMIENTO» dispondrá de 10 días naturales, posteriores a la entrega del estado de cuenta para realizar el pago del monto de la facturación de los servicios que le corresponden a «EL AYUNTAMIENTO» por el concepto de Alumbrado Público conforme a la cláusula segunda, de no recibir el pago «LA COMISIÓN» suspenderá el servicio a «EL AYUNTAMIENTO» y realizará las gestiones de cobranza de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio tendrá su vigencia a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y concluirá al término de la presente administración, es decir el 31 de agosto de 2018. Cualquiera de «LAS PARTES» podrá darlo por concluido en cualquier momento, para lo cual deberá comunicar su voluntad a la otra parte por escrito con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. OCTAVA. VIGENCIA DE LAS CUOTAS. Las cuotas a aplicar por «LA COMISIÓN» en la recaudación de los DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO serán las vigentes para el año calendario del Ejercicio Fiscal de que se trate contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia correspondiente a cada ejercicio, obligándose «EL AYUNTAMIENTO» a notificar detallada y oportunamente el proyecto para su aplicación en el ejercicio fiscal inmediato posterior por escrito a «LA COMISIÓN», y por su parte «LA COMISIÓN» se obliga en su caso, a modificar y aplicar las cuotas en los montos solicitados por «EL AYUNTAMIENTO» dentro de los 30 días posteriores a que reciba la notificación referida. NOVENA. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. «LAS PARTES» manifiestan expresamente que ha sido su libre voluntad en los términos del presente Convenio, y que en su celebración han actuado de buena fe, sin que exista vicio alguno del consentimiento, por lo que renuncian a anularlo o rescindirlo por tal motivo, dejando sin efecto cualquier otra negociación, compromiso u obligación verbal o escrita contraída con anterioridad al presente. DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente Convenio será regido e interpretado de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y en particular por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, así como lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia. DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del Convenio, las partes se someten a las Leyes y Tribunales competentes de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Leído que fue el presente y enteradas las partes del contenido y alcance legal de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas, y reconociéndose mutuamente la personalidad que ostentan lo firman en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 07 días del mes de diciembre del año 2015.". Del convenio transcrito se colige que la Comisión Federal de Electricidad presta apoyo al Municipio de Morelia sobre el cobro del "Derecho de Alumbrado Público" el cual será incluido en los avisos-recibo de adeudo que expida dicha Comisión a los usuarios del servicio de energía eléctrica, de acuerdo a las cuotas establecidas en el capítulo II, la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente. De todo lo anterior, se puede señalar que el denominado "Derecho por Alumbrado Público" a que se hace mención en el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, sí viola el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que ese numeral señala de manera expresa las tarifas a pagar por derecho de alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica según el número de kwh utilizados en un mes y atendiendo a las cuotas establecidas en el artículo 17 de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán, particularmente los supuestos previstos en las fracciones fracción I, incisos E) y H), y II, inciso A), numeral 4, que previamente quedaron transcritos. Así las cosas, no obstante que el artículo 17 impugnado, denomina a la contribución de mérito "derecho", lo cierto es que materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica puesto que no atiende al costo que se genera para el municipio por la prestación del servicio de alumbrado público, sino que, como ya se indicó, se basa y se calcula conforme al consumo respectivo; tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, sobre tal tema, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia temática que dice: Época: Octava Época Registro: 900084 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN Materia(s): Constitucional Tesis: 84 Página: 115 "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. Octava Época: Amparo en revisión 3014/79.-Industrias Químicas de México, S.A.-28 de septiembre de 1982.-Unanimidad de dieciséis votos.-Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.-Secretario: José Pérez Troncoso. Amparo en revisión 703/79.-Inocencio Alejandro Ávalos.-27 de marzo de 1984.-Unanimidad de diecinueve votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretario: Arturo Iturbe Rivas. Amparo en revisión 5643/79.-Jesús Gomaba Grijalva y coag.-24 de abril de 1984.-Unanimidad de dieciséis votos.-Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.-Secretario: José Pérez Troncoso. Amparo en revisión 4036/84.-Cementos Mexicanos, S.A.-3 de febrero de 1987.-Mayoría de quince votos.-Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.-Secretario: Esteban Santos Velázquez. Amparo en revisión 7959/86.-Cementos Mexicanos, S.A.-19 de abril de 1988.-Mayoría de diecinueve votos.-Ponente: Victoria Adato Green.-Secretario: Benjamín Soto Cardona. Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, página 87, Pleno, tesis 72.". A efecto de emitir dicha jurisprudencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la reserva expresa de facultades en favor del Poder Legislativo Federal que señala el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los Estados no pueden establecer ninguna carga tributaria, cualquiera que sea la denominación que le asignen, en materia de energía eléctrica, pues ello está reservado al Congreso de la Unión, ya que sólo el Congreso Federal puede gravar la energía eléctrica, según este precepto, ya sea su producción, distribución, venta o consumo, que los Estados sólo tendrán derecho a la participación que la ley federal determine, y los Municipios, a su vez, sólo tendrán derecho al porcentaje que de esa participación señale la ley local. Así pues, estimó que cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. En tales condiciones, no cabe sino concluir que el artículo 17, fracción I, incisos E) y H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, invade la esfera de facultades exclusivas del Congreso de la Unión al establecer en realidad un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica, en contravención a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece dicha facultad exclusiva para la Federación; y con lo que, además, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, toda vez que no existe congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, esto es, la base imponible, pues no existe relación entre el costo que representa la prestación del servicio de alumbrado público (hecho imponible), con el consumo de energía eléctrica del particular (base imponible). Lo antes considerado encuentra sustento, en lo conducente y por analogía en las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números P./J. 73/2006, en la página 919, del Tomo XXIII, Junio de 2006, y P./J. 120/2007, en la página 985, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondientes a la Novena Época, de rubros: "CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS RELATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: No se aplique a Alejandro Ayala Téllez en el presente y futuro el artículo 17, fracción I, inciso H), y fracción II, inciso A), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en el nivel de consumo Alto Medio, esto es, desde 201 hasta 250 kwh. al mes; así como el uso general en baja tensión, en nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh. al mes. No se aplique a Jazmín Torres Duarte en el presente y futuro el artículo 17, fracción I, incisos E), de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en los niveles de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh. al mes. Con motivo de lo anterior, no les sean exigidos los pagos del denominado derecho por servicio de alumbrado público basados en tales supuestos normativos, mientras tenga vigencia el precepto declarado inconstitucional; en el entendido de que la concesión del amparo se hace en relación a la esfera jurídica de cada uno de los quejosos, con independencia del número de servicio que proporcionaron y por los cuales resultó procedente el juicio de amparo, esto es, la protección se otorga a favor de la persona, con independencia de la cuenta de servicio en particular; sin embargo, dicha concesión no exime a los peticionarios de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica que les sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, con excepción del relativo al Derecho del Alumbrado Público aquí analizado. La anterior concesión del amparo otorgada extiende sus efectos a los actos concretos de aplicación, a efecto de que la autoridad exactora que recibirá los montos respectivos, que al afecto es el titular de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán, restituya a cada uno de los promoventes del amparo, en el pleno goce del derecho fundamental violentado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de cometida la violación, y dado que en el presente caso la promoción del juicio relativo fue originada por la existencia del acto concreto de aplicación de la ley impugnada, y particularmente, con motivo del entero realizado por concepto del derecho declarado inconstitucional, los efectos de la concesión habrán de abarcar también, la restitución de las sumas que los quejosos haya pagado por ese concepto, a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, en el registro del usuario que constituyó el primer acto de aplicación de la ley cuestionada por la parte quejosa o cualquier otro que motivare la aplicación de la norma inconstitucional, con excepción del resto de los rubros a que se alude en las facturas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad respecto del consumo de energía eléctrica prestado a la parte quejosa que ahí se consignan. En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que reciban los montos correspondientes, así como a las que auxilien en su recaudación, esto es, al Tesorero del Municipio de Morelia, Michoacán y a la Comisión Federal de Electricidad. Encuentra sustento lo considerado, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197512 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXV/97 Página: 414 "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución 214/97. Comisariado Ejidal del Poblado "Centauro del Norte". 27 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Así como la jurisprudencia P./J. 73/2009, emitida por el propio Tribunal Pleno, que dice: Época: Novena Época Registro: 166796 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Julio de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 73/2009 Página: 64 "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero. Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el quince de junio en curso, aprobó, con el número 73/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil nueve.". Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica substancial, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: Época: Novena Época Registro: 179675 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 188/2004 Página: 470 "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido. Incidente de inejecución 317/96. Cementos Tolteca, S.A. de C.V. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 950/2003. American Airlines Incorporated y otras. 12 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Amparo en revisión 2541/2003. Aerovías de México, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Amparo en revisión 315/2004. Mario Arturo Moreno Ivanova y otro. 2 de julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Amparo en revisión 365/2004. Julio Ernesto Martínez Pantoja. 8 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 188/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.". Es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas declaradas inconstitucionales, por lo cual el Congreso y el Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, sin embargo, dado que se acudió al presente juicio con motivo de un acto de su aplicación, y debido a que el entero del tributo reclamado se realizó a favor del Municipio de Morelia, Michoacán, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como a sus subalternos, para que devuelvan a los quejosos las cantidades enteradas en aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, dado que a ellos corresponde la recaudación y erogación de los ingresos municipales pues son las autoridades competentes para devolver a la quejosa tal cantidad al ser las encargadas de la administración de recursos municipales; además de que cualquier autoridad, incluso en el supuesto de que no haya sido señalada como responsable en este juicio, está obligada a acatar el presente fallo, tal es el caso de la Comisión Federal de Electricidad que deberá dejar de cobrar el derecho de alumbrado público a la quejosa, basado en la norma declarada inconstitucional, respecto a los números de servicio registrados a su nombre. Al respecto encuentra aplicación, por identidad jurídica substancial, la tesis aislada sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Octava Época Registro: 206675 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Administrativa Tesis: 3a. LXX/93 Página: 353 "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución. Queja 6/93. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. 18 de octubre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 172605 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Página: 144 "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Incidente de inejecución 410/98. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Incidente de inejecución 489/2006. María Leonor Carter Arnabar. 13 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 494/2006. Patricia Capilla Sánchez y otro. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. Incidente de inejecución 540/2006. Carlos López Martínez y otra. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 557/2006. Tereso Antonio Hernández García. 15 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de abril de dos mil siete.". Finalmente, resulta innecesario abordar y estudiar el resto de los motivos de disenso que hace valer la parte promovente del amparo en su escrito de demanda, pues al resultar fundado el concepto de violación a que se hizo referencia en la presente consideración, es inútil decidir sobre los restantes, pues la acción constitucional que se intenta en relación a la violación del numeral constitucional referido, es suficiente para desincorporar de la esfera de obligaciones tributarias de la parte quejosa, la contribución reglamentada por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal y sostenerla con independencia del resto de los conceptos de violación vertidos en su escrito de demanda. Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el proemio de este fallo, en términos del considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Alejandro Ayala Téllez y Jazmín Torres Duarte, en relación a los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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