ALEJANDRO AVILA ARTEAGA y Otros.
Expediente 1047/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALEJANDRO AVILA ARTEAGA y Otros.
- Alejandro Avila Arteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ".... , por el que promueve denuncia de repetición del acto reclamado, al respecto, se provee: En primer término, de un estudio integral del escrito de que se trata, se advierte que el referido quejoso como base para promover su denuncia de repetición de acto reclamado indica que ésta es con motivo de que en el diecinueve de diciembre del año pasado reubicaron a otra persona a la celda en la que guarda reclusión dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-13", Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, provocándole un estado de incertidumbre y estrés, alterando de esa forma su estado mental, repitiéndose con ello el acto reclamado por el que se le concedió la protección de la justicia Federal en este juicio. Ahora bien, del estado de los autos se advierte que en el presente juicio de amparo se dictó sentencia el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, misma que causó ejecutoria el doce de diciembre de esa misma anualidad, ordenando el cumplimiento de la misma, la cual se tuvo por cumplida el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, declarado firme el cinco de abril siguiente. Por lo anterior, se puede advertir que el plazo de quince días que contempla el artículo 1991 de la Ley de Amparo, para promover la denuncia de repetición del acto reclamado, transcurrió con exceso, ya que como fue precisado en el párrafos que anteceden, el auto que tuvo por cumplida la sentencia de autos, fue declarado firme el cinco de abril de dos mil diecinueve, al haber trascurrido el plazo de quince días que establece el diverso artículo 202 de la citada ley; y el diverso acto del que se duele el 1 Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. 1 Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 quejoso y motivo de la denuncia planteada por éste ocurrió, según su dicho, el diecinueve de diciembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2018 (10ª) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. [Décima Época, registro: 2016694, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, página: 12]. Asimismo, también cabe precisar que la sentencia emitida en autos fue concedida para los efectos siguientes: ".solidaria o mancomunadamente, en el ámbito de sus competencias, den respuesta por escrito a la petición del quejoso, en la que pidió que se le asigne una estancia de acuerdo a su estado actual de salud física y mental, -que aduce, fueron ocasionados en su detención y traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS", Miahuatlán, Oaxaca-, y se la hagan saber." En este sentido, el promovente en su escrito de cuenta, indica que el diecinueve de diciembre de dos mil veinte, reubicaron a otra persona al lugar en donde se encuentra recluido, provocándole con ello un estado de incertidumbre, así como mucho estrés, alterando su estado mental de forma terrible, por lo que considera que las responsables se encuentran repitiendo con ello el acto reclamado en este juicio de amparo. Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 ??????????????? Por lo anterior, resulta evidente que el acto que indica la parte quejosa repiten las responsables el cual consiste esencialmente en -reubicar a otra persona dentro del lugar en que se encuentra, provocando con ello incertidumbre, estrés y alteración de su estado mental-, no es el mismo que dio origen al presente juicio de amparo, puesto que el acto respecto del cual se le concedió el amparo se hizo consistir en la omisión de dar respuesta a su solicitud, mediante la cual pidió que se le asigne una estancia de acuerdo a su estado actual de salud física y mental. Por lo que se puede determinar que dichos actos son distintos, ya que el reclamado en este juicio se trata específicamente de una omisión por parte de las responsables, en tanto que, el acto que aduce ahora le causa perjuicio se trata de una acción determinada efectuada por las responsables, con motivo de la reubicación de un interno en la estancia en que se encuentra el aquí quejoso. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente el incidente relativo a la denuncia de repetición de acto reclamado que promueve el impetrante del amparo. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, se hace del conocimiento del quejoso que las manifestaciones que efectúa respecto del actuar de las responsables, las cuales aduce le provocan un estado de incertidumbre, así como mucho estrés, alterando su estado mental de forma terrible, son relativas a las condiciones de su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que de considerar necesario inconformarse respecto de dichas circunstancias, éste debe dirigir su reclamo a través del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y agotar los recursos en él establecidos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad" [Décima Época, registro: 2018548, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común Penal, página: 230]. Bajo esa tesitura, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia en cita, se explicó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho2, así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". De esta forma, con el nuevo sistema penitenciario, corresponde a las autoridades judiciales en materia penal y en especial a los jueces de ejecución ?tanto en el ámbito federal como local?, supervisar, conocer y resolver todas las cuestiones de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena3, las controversias que se produzcan en los centros de reinserción social, así como controlar las decisiones que adopte la 2 Y que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once. 3 En aplicación de la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, página 18, registro 2001988, de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011". Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 ??????????????? administración penitenciaria sobre la ejecución. Lo anterior, para velar que en todo momento se garanticen y efectivicen los derechos humanos. Precisamente, dichas atribuciones contribuyen para lograr los objetivos de las reformas constitucionales de referencia, consistentes en: terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la ejecución de las sanciones, que el Poder Judicial vigile el cumplimiento estricto de la pena, evitar el rompimiento de la secuencia derivada de la propia sentencia, así como la consolidación de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario nacional ?el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte?. En ese orden de ideas, la Primera Sala consideró que para lograr la consolidación del nuevo sistema, se hizo patente la necesidad de crear una ley única y de aplicación en toda la República, que unificara los procedimientos y criterios correspondientes. Esto, para dotar de certeza y seguridad jurídica en condiciones de igualdad a los justiciables, así como para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente. En adición a que la ley debía contribuir: i) al cumplimiento de las medidas dictadas por un juez calificado; ii) a que los centros de reclusión contaran con medios de prevención, seguridad y de adecuado funcionamiento; y iii) a la necesidad de que el Estado respetara y cumpliera los medios de reinserción social en beneficio de las personas privadas de su libertad, evitando que vuelvan a delinquir. Metas que solo se lograrían con una normativa que auxiliara a concretar la figura del juez de ejecución al señalar expresamente las cuestiones que serían competencia exclusiva de la autoridad judicial ?como la imposición de las penas, su modificación, su duración, entre otras?, y que de igual forma delimitara las funciones de las autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y el internamiento preventivo. Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 artículo 24, la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional ?en el fuero federal o local?, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Aunado a que el transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal5, estableció que con su entrada en vigor, quedarían abrogadas las normas que regularan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas y la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sumado a que los procedimientos que aún se encontraran en trámite, debían sustanciarse conforme a la legislación aplicable a su inicio, pero con la aplicación de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley, de acuerdo con el principio pro persona. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal6, su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: 97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 4 Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. 5 Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma. 6 Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 ??????????????? 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. [Lo destacado es propio] Posteriormente, en la ejecutoria se desarrolló el tema sobre el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se reclaman las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad. En un primer momento, la Primera Sala estableció que de acuerdo a la norma antes citada7, deben entenderse como condiciones de internamiento: "[.] cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación [.]"8. Y señaló que del análisis del marco constitucional y normativo anterior, se advertía que "[.] cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta [.]"9. Entonces, debido a que corresponde a las autoridades penitenciarias la administración, operación, supervisión de seguridad y funcionamiento de los centros de reclusión; nos encontramos ante un acto u omisión que deriva de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En ese sentido, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo10, prevé que previo a promover el juicio de 7 Derivado de una interpretación sistemática de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 8 Párrafo 106 de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 57/2018. 9 Ibídem, párrafo 132. 10 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 amparo, el quejoso está obligado a agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios que permitan modificar, revocar, nulificar o confirmar el acto reclamado; debido a que el juicio constitucional es un medio de control de carácter extraordinario. Asimismo, para que opere el principio de definitividad, el recurso ordinario debe encontrarse previsto en la ley aplicable y la norma no debe exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo ni en un plazo mayor, para el otorgamiento de la suspensión del acto. Además, no existe obligación de agotar el principio en cita, si el acto carece de fundamentación o en caso de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sin embargo, la Primera Sala consideró que en caso de que un recluso desee inconformarse por las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, éste debe dirigir su reclamo a través del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y agotar los recursos en él establecidos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En la inteligencia de que el procedimiento previsto por la ley en cita, permite que los internos y otras personas legitimadas, formulen peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual se pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En la ejecutoria se explica que el título cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Del Procedimiento de Ejecución", capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", regula un mecanismo de control que tiene como objetivo11, que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [...] 11 Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 ??????????????? interno, o si se afectaron los derechos de terceras personas; pues en caso de existir, se habrá de subsanar tal afectación. El procedimiento inicia con la presentación de una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria ?no urgente? o ante el juez respectivo ?urgente?, la cual puede ser formulada por la persona privada de su libertad, sus familiares, su defensor, entre otras personas12. Asimismo, las peticiones administrativas se tramitan, según la modalidad que elija el promovente y del carácter apremiante de la solicitud, ya que pueden ser no urgentes o urgentes. Las peticiones administrativas no urgentes se formulan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentre recluida la persona, con la posibilidad de que el solicitante se desista de su petición en cualquier momento13. En la petición se puede aportar la información pertinente para atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; además, en caso de que el interno lo solicite, la autoridad administrativa lo debe auxiliar para formular su escrito14. La substanciación de las peticiones no urgentes se encuentra prevista en los artículos 111 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal15, 12 Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. 13 Conforme al último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es posible el desistimiento si el tema planteado en la petición se refiere al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. 14 Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. 15 Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 procedimiento que fue sintetizado por la Primera Sala de la siguiente manera: ? Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. ? En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. ? Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. ? Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 ??????????????? ? Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. ? Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda16. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. ? La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento17. ? Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistirse de la acción, siempre que dicho desistimiento no implique la renuncia a un derecho fundamental. ? Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. ? Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla18. 16 Al respecto el artículo 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dice: Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas --- Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: --- I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; [.]. 17 Su trámite se substanciará conforme a los artículos 120 a 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 18 Conforme a los artículos 130 a 132, fracción VIII, de la citada Ley que dicen: Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 Por su parte, las peticiones administrativas urgentes, son aquellas de carácter apremiante y deben ser atendidas de inmediato19, pues de lo contrario quedarían sin materia. En la ejecutoria, se resumió el trámite de estas solicitudes de la siguiente forma: ?El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. ? Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. ? Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda20. ? Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. --- El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. --- Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. --- Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y [.]. 19 Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. 20 Así lo establece el artículo 130 antes citado. Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 ??????????????? determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla21. ?Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que es necesario agotar el mecanismo de control que inicia con la denominada petición administrativa ante la autoridad correspondiente ?según su carácter de no urgente o urgente?. En el entendido de que el referido mecanismo de control ofrece una asistencia continua al interno, permite que la omisión reclamada sea reparada, prevé que se impugne la omisión de atender las solicitudes, le otorga al promovente la facultad de optar por la petición administrativa no urgente o la urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto sea suspendido o cese de inmediato. Pero además porque: "[.] constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto"22. Razones por las que la Primera Sala sostuvo que el mecanismo de control previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal "[.] ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente [.]"23. Máxime que la suspensión ahí establecida no exige mayores requisitos ni un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo. Por lo que agotar dicho procedimiento y los medios de impugnación ahí previstos ?cumplir el principio de definitividad?, le da funcionalidad, ejecución y coherencia a las reformas constitucionales que implementaron el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, su judicialización y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través de los jueces penales correspondientes. En esa tesitura, debido a que en el caso se reclama una omisión 21 Así lo establece el artículo 132, fracción VII, antes citado. 22 Párrafo 122 de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 57/2018. 23 Ibídem, párrafo 141. Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 inherente a las condiciones de internamiento del peticionario ?falta de proporcionarle atención médica? y no se agotó el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, el interno puede acudir directamente al juez de ejecución24; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. Por lo que, se informa al promovente que ante la omisión de respuesta o si ésta se emitió en sentido contrario a sus intereses, debe inconformarse ante el juez penal competente, conforme al artículo 114 párrafo segundo o tercero, antes de acudir al amparo. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. Aunado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la cual derivó la invocada jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), precisó que si bien el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene naturaleza distinta al juicio de amparo, éste goza de efectos prácticos e idénticos a aquél, toda vez que el juez de ejecución está facultado para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, además, sin exigir mayores requisitos a los previstos en la legislación de amparo, suspender de inmediato los efectos del acto que motivó la petición administrativa, y en caso de omisiones, instruir a la autoridad penitenciaria sobre las acciones a realizar. 24 Según se advierte, en específico, del tercer párrafo del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. [Lo destacado es propio] Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 ??????????????? Y por otro lado, al ser el acto reclamado una omisión no está sujeto a la condicionante constitucional de estar fundado precisamente atendiendo a su naturaleza omisiva. En consecuencia, resulta incontrovertible que el quejoso, aquí recurrente quien se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; es destinatario de la aludida legislación nacional de ejecución penal y, consecuentemente, disponen del procedimiento de peticiones en ella previsto para combatir todo acto u omisión que incida en sus condiciones de internamiento. En ese contexto jurídico, se evidencia que en el caso particular existe una violación a una norma secundaria de manera directa, y a la Constitución en forma indirecta. Además, debe precisarse que el hecho de que los actos reclamados llegaran a afectar algún derecho sustantivo del quejoso, y que éste pudiera considerarse como de imposible reparación, no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es así, porque la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad reclamado y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo; en tanto la regla de definitividad consiste en la exigencia de agotar previamente al juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. De ahí que aun tratándose de actos que sean de imposible reparación, antes de acudirse al juicio de amparo es necesario agotar el medio de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a), en materia común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a Christian David Domínguez Colmenares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a2.7e 10/09/21 12:42:13 un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Similares criterios sostuvieron el Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 188/2019 y de revisión 271/2019, en sesiones de dieciséis y veintiocho de enero de dos mil veinte, respectivamente. Finalmente, toda vez que el quejoso ALEJANDRO ÁVILA ARTEAGA está privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán de Porfirio Díaz, lugar que señaló para ser notificado; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, así como los subsecuentes que sean de carácter personal, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, tomando las medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil diecinueve. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: ".solidaria o mancomunadamente, en el ámbito de sus competencias, den respuesta por escrito a la petición del quejoso, en la que pidió que se le asigne una estancia de acuerdo a su estado actual de salud física y mental, -que aduce, fueron ocasionados en su detención y traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS", Miahuatlán, Oaxaca-, y se la hagan saber." Con motivo de ello, la Encargada de la Dirección General y Presidencia del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS", Miahuatlán, Oaxaca, mediante oficio de dieciocho de enero del año en curso (foja 61), remitió copia certificada del oficio emitido por el Técnico Penitenciario de dicho centro penitenciario, por el que se contesta el ocurso del quejoso, y se le hace saber que la solicitud de reubicación fue aprobada. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que mediante oficio suscrito por el Técnico Penitenciario de dicho centro federal, se acordó el escrito del quejoso, atendiendo a su situación física y mental, actualmente se encuentra ubicado solo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Encargada de la Dirección General y Presidencia del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", y anexo que acompaña, por el cual remite la constancia de notificación del quejoso ..... Con base en lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, atendiendo a que el quejoso...... , se encuentra privado de su libertad, con copia simple de las constancias que se agregan, désele vista para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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