ALEJANDRO CALVO CUELLAR y Otros.
Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ALEJANDRO CALVO CUELLAR y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 199/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, remitido para notificar a los quejosos ..... , el proveído de diecisiete del actual; sin necesidad de acusar recibo del medio de comunicación, en virtud de que fue recibido vía SISE, por lo que se generó el acuse respectivo. Dese de baja este medio de comunicación, en el libro oficial respectivo. Por otro lado, agréguese a los autos la copia del oficio signado por la Subdirectora de Área de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, por el que rinde informe en acatamiento a la suspensión de oficio y de plano concedida a los quejosos; al respecto se reserva proveer lo conducente, como más adelante se verá. En otro aspecto agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número....Ahora bien, toda vez que en autos de diecinueve y veintiuno de junio del año en curso, así como en este propio, se reservó acordar lo procedente, con relación a los informes rendidos por las autoridades responsables Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, residente en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", residente en Puente Grande Jalisco, y Subdirectora de Área de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a la suspensión de plano, hasta en tanto se tuviera conocimiento qué Juzgado se avocó al conocimiento de la competencia declinada para conocer del juicio de amparo, lo que en el párrafo precedente aconteció. Por tanto, remítansele los citados informes, para lo que estime procedente acordar. En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo, promovida por.......; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 516/2019. Previamente, en atención a que el acto reclamado consiste en la orden de traslado de los quejosos de un centro penitenciario a otro, que se dice en la demanda fue ordenado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social con sede en la Ciudad de México y por el Director General del Centro Federal de Readaptación Número 2, con sede en Puente Grande, Jalisco, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 58/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. [foja 865, Libro 36, Tomo II, noviembre de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación], SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO del aludido acto, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la orden de traslado reclamada del Centro de Readaptación Social número 2, con sede en Puente Grande, Jalisco, donde actualmente se encuentran internos a algún otro centro penitenciario, debiendo los quejosos quedar a disposición de este Juzgado y, en su caso, del Juez de Distrito a quien se estima competente para el conocimiento del asunto; en cuanto a su libertad personal en el lugar de su reclusión, y a disposición del juez y autoridad penitenciaria correspondientes por lo que se refiere al procedimiento judicial que le atañe. Ello, en el entendido de que la suspensión otorgada no surtirá efecto legal alguno, si: a) Ya se llevó a cabo el traslado de los quejosos a un diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentran recluidos. b) La ejecución de la nueva orden de traslado es con motivo del cumplimiento a una ejecutoria de amparo. c) La nueva orden de traslado proviene de autoridad judicial y no de autoridad administrativa -ya que cambiaría la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en ese caso, corresponde al Juez de Distrito a quien se declina competencia, en párrafos siguientes, pronunciarse respecto de la suspensión de la orden de traslado atribuida al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco-; toda vez que el pronunciamiento de la suspensión de plano sólo es con relación al acto atribuido a las autoridades administrativas. d) Los quejosos se encuentran recluidos por estar siendo procesados o haber sido sentenciados por delitos provenientes de la delincuencia organizada, siempre y cuando la orden de traslado provenga de autoridad judicial. e) Se trata de internos que requieran de medidas especiales de seguridad, siempre y cuando la orden de traslado provenga de autoridad judicial. Por lo que al actualizarse cualquiera de estas condiciones, la suspensión de plano no tendrá efecto legal alguno. Cabe señalar, que la suspensión otorgada no autoriza a los quejosos a violar alguna disposición interna o externa que represente la alteración de la disciplina y las normas apropiadas de conducta obligadas a observar en el centro de readaptación en que se encuentra. Condicionante que encuentran fundamento en el artículo 18, párrafos segundo, tercero y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el sistema penitenciario y la creación de centros de reclusión específicos para internos que requieran medidas especiales de seguridad. Sustenta lo anterior, el criterio emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contenido en la tesis I.9o.P.129 P (10a.), Décima Época, pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. Lo anterior, en virtud de que en esos supuestos se afecta al interés social y se contravienen disposiciones de orden público; por lo que se impone a las autoridades responsables como efecto de la suspensión otorgada, la obligación de notificarlo al juez competente dentro del plazo de 24 horas que prevé el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En la inteligencia de que la seguridad, custodia y guarda de los quejosos, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentra, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. En tal virtud, requiéraseles a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada; apercibidas que de no hacerlo su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, los peticionarios de amparo, esencialmente, reclaman a través de este juicio de amparo la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Número 2, con sede en Puente Grande, Jalisco, a otro centro penitenciario, actos que atribuye al Comisionado del Órgano desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México; Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 y Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, y de los hechos relatados en su escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos se encuentran privados de su libertad en el citado Centro Federal de Readaptación Social Número 2, con sede en Puente Grande, Jalisco, de donde pretenden, según los quejosos, trasladarlos. En ese tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que los actos reclamados a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tendrán ejecución en el Estado de Jalisco, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde puede tener ejecución el acto reclamado, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realizará. En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, residente en Puente Grande, toda vez que es el lugar donde se ejecutara la orden de traslado reclamada. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de este asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado, esto es, en el Estado de Jalisco, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin proveer trámite alguno, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia para conocer de la referida demanda de amparo; por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se ordena remitir de inmediato este expediente junto con las copias de la demanda correspondientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, residente en Puente Grande, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Con copia de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. A fin de notificar este proveído a....., quienes se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Número 2, con sede en Puente Grande, Jalisco; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía SISE al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, residente en Puente Grande, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente auto a ....., por lo que se le solicita tenga a bien ordenar deducir copia certificada de este auto para efecto de entregarla al requerido, y sin que se estime necesario acusar recibo, en atención a que éste se consulta electrónicamente. Hecho que sea lo anterior, devuelva por la misma vía la comunicación oficial respectiva. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles.
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