Alejandro Arturo Barcelos Martínez
Expediente 1115/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Arturo Barcelos Martínez
- Alejandro Arturo Barcelos Martínez y Otros.
- Magistrados que Integran la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes quejosa y terceras interesadas hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de siete de marzo último, que tuvo por cumplida la sentencia; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto. En ese orden, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. En principio, cabe destacar que por sentencia dictada en este juicio el cinco de noviembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alejandro Arturo Barcelos Martínez (fojas 42 a 56), respecto del acto atribuido a los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para los efectos siguientes: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada de nueve de julio de dos mil quince, dictada en el toca 106/2015, de su índice y, en su lugar, emitiera otra determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pronunciara una nueva resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación. Lo anterior, porque la Sala responsable no cumplió con lo dispuesto en el artículo 518 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, que es examinar si se aplicó o no la ley correspondiente o si se aplicó en forma inexacta; si se violaron las normas que rigen la valoración de la prueba y el arbitrio judicial o si se alteraron los hechos, lo cual hizo evidente en lo siguiente: No señaló, con la precisión debida los elementos objetivos o externos y normativos sino que únicamente se concretó a realizar una relación de los medios de convicción que obra en la causa penal, sin que para el efecto precisara los elementos del delito ni un análisis de que si éstos se comprobaban o no; sino que únicamente señaló englobar que los agravios resultaban infundados; por lo que era necesario que la responsable valorara la totalidad de las pruebas existentes. No determinó el grado de valor que les otorgaba a los medios probatorios que le sirvieron como base para la emisión de la resolución, por la cual confirmó la negativa de girar orden de aprehensión, tales como de indicio, prueba plena o circunstanciada, esto es, no señaló el alcance demostrativo que generó cada probanza. Omitió determinar si en la resolución recurrida de manera certera se expuso el grado de valor que les otorgaba a ciertos medios probatorios, tales como de indicio, prueba plena, circunstanciada; por tanto, queda evidenciado que al emitir el acto reclamado, la responsable no realizó un estudio exhaustivo del material probatorio existente, limitándose a señalar que con las probanzas que reseñó no se acreditaban los elementos del cuerpo del delito en estudio, cuando debió razonar cuál era la utilidad de cada una de ellas, para asignarles el valor correspondiente, tanto en lo individual como en conjunto, y establecer exactamente la conducta efectuada, precisando las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos. No expuso los motivos jurídicos del porqué concluye que los argumentos son infundados, exponiendo en cualquier caso, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas, que estimara al efecto, para concluir lo fundado o infundado de los agravios, circunstancias que estaba constreñida en virtud del principio de exhaustividad y que no hizo. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (foja 87). Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el cual remitió copia certificada de la resolución de diez de diciembre pasado, emitido en el toca penal 106/2015 Ahora bien, del análisis que se practica a la resolución que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitió en cumplimiento al fallo protector, se aprecia lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de nueve de julio de dos mil quince, que confirmó el auto apelado, por el que se negó librar la orden de aprehensión en contra de Rigoberto Rojas o Rigoberto Rojas Monola, por la comisión del delito de Fraude Específico, en perjuicio patrimonial de Alejandro Arturo Barcelos Martínez. 2. En su lugar emitió nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, de nueva cuenta confirmó la resolución que negó librar orden de aprehensión en contra del referido indiciado, y de la cual se aprecia que funda y motiva su determinación, puesto que: 2.1. Señaló que estimó correcta la apreciación de la resolutora al negar la orden de aprehensión en contra de Rigoberto Rojas o Rigoberto Rojas Monola, por el delito de fraude específico, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Alejandro Arturo Barcelos Martínez, porque no se surten los requisitos que exige el numeral 16 Constitucional, para el libramiento de una orden de aprehensión, ya que si bien dicha resolutora estuvo en lo correcto al tener por acreditados los requisitos consistentes en a) que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito y b) que ese delito se encuentre sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, lo que tiene por acreditado con la querella del ofendido; lo cierto es que también destaca que dicha resolutora estuvo en lo correcto al estimar que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de fraude específico previsto en el artículo 381, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial del ofendido. Lo anterior, señaló la Sala responsable, ya que para poder determinar si en el caso existen datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión era necesario valorar las constancias existentes en la indagatoria, lo que hizo en los siguientes términos: Pruebas Valor probatorio Análisis de la Sala responsable 1. Denuncia de Alejandro Arturo Barcelos, de catorce de mayo de dos mil trece. Destacó que la resolutora le concedió valor probatorio indiciario conforme al artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, porque fue presentada de manera escrita y ratificada ante la representación social, por ello reúne los requisitos de los artículos 6, 9 y 10 del mismo ordenamiento legal, además fue vertida por una persona capaz ya que contaba con 53 años, que cursó la instrucción secundaria, que tiene capacidad física e intelectual así como criterio para juzgar el hecho por el que declara, que los hechos los conoció de manera directa porque es la persona que recibió como pago los tres cheques, uno de treinta y cinco mil pesos y dos más por cuarenta mil pesos cada uno y al momento en que acudió a cobrarlos le informaron que estaban reportados como robados y carecían de fondos, aseverando la resolutora que tales hechos los narró de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias y no consta que haya sido obligado a declarar y adujo que su versión de torna verosímil. Estima inexacta dicha valoración, toda vez señala que la declaración no satisface los requisitos que exige el artículo VI, inciso e) ya que no es clara ni precisa pues se encuentra contradicha entre sí, y además con lo que manifestaron los testigos Celia Gómez Monroy y Víctor Bulmaro Martínez Pérez, destacando las razones al respecto. 2. La fe ministerial de documento de quince de mayo de dos mil trece. Diligencia a la que la resolutora le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 68 y 356, fracción X, del código adjetivo penal. Señala la Sala responsable que no tuvo razón al concederle dicho valor, ya que la misma tiene valor indiciario de conformidad con el artículo 354 del mismo ordenamiento porque fue realizada en atención a lo que disponen los artículos 370, 371 y 372 del multicitado ordenamiento, exponiendo la razón al respecto. 3. Declaraciones de los testigos Cecilia Gómez Monroy y Victor Bulmaro Martínez Pérez, de doce de junio de dos mil trece. Declaraciones a las que la resolutora parcialmente concedió valor probatorio pues adujo que la primera no satisface los requisitos que establecen los incisos d) y e) de la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, señalando las razones de ello, y que el segundo no satisface los requisitos del inciso d) de la referida fracción, también exponiendo las razones. Establece que la resolutora estuvo en lo correcto al manifestar que tales declaraciones no son claras y precisas y como consecuencia no se satisfacen los requisitos que estimó tal resolutora; por lo que resulta infundado lo afirmado por el Ministerio Público en sus agravios en los que aduce que dichos testimonios satisfacen los requisitos de la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos, señalando sus razones; pues ninguna expuso para llegar a su conclusión y menos para rebatir los argumentos de la resolutora en cuanto a que dichas declaraciones no son claras ni precisas. 4. Dictamen de catorce de octubre de dos mil trece, emitido por Ana Patricia Velasco Carazo. La resolutora le negó valor probatorio, pues adujo que si bien el mismo fue rendido en términos de los artículos 396, 397, 400, 403 y 404 del Código de Procedimientos Penales porque fue emitido en base a su experiencia con que cuenta, también lo es que para emitirlo tomó en cuenta las declaraciones de los testigos, las cuales desestimó. Estimó correcta la valoración, porque si para determinar el monto la perito se basó tanto en la querella del ofendido y en las declaraciones ya citadas, de las que ya se dieron razones porque no son confiables, por tanto no tiene razón el recurrente en aseverar que la resolutora no valoró dicho dictamen, pues contrario a ello la a quo emitió razones por las que le negó valor, por ello es inexacto lo que alega el recurrente, en el sentido de que dicho dictamen tiene valor probatorio, señalando las razones al respecto. 5. El informe que emitió el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el veinticuatro de enero de dos mil catorce. 6. El informe que emitió el Registrador de Comercio, el uno de abril de dos ml catorce 7. El informe que emitió el Director de Obras y Servicios Universitarios de veintisiete de octubre de dos mil catorce. La resolutora le otorgó valor pleno, en términos de la fracción I del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, pues adujo que satisfacen los requisitos que exige la fracción II del artículo 356 del mismo ordenamiento. La sala responsable estimó correcta la valoración, porque al ser expedidas por funcionarios públicos, satisfacen los requisitos de la fracción II del precepto legal invocado. 8. La declaración de Carmen Rojas Martínez de veintinueve de agosto de dos mil catorce. La resolutora le negó valor probatorio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos para el Estado de Oaxaca, por las razones que señaló. La Sala responsable señala que no asiste razón a la resolutora de negarle valor probatorio, habida cuenta que dicha coinculpada, exhibió los diversos recibos y pólizas de cheques, de los diversos pagos que se le realizaron tanto al ofendido como a la testigo Cecilia Gómez Monroy, y el ofendido lejos de objetar dichas documentales, por el contrario mediante escrito de uno de octubre de dos mil catorce, exhibió una relación de los pagos que le realizaron para que se cotejaran con los recibos que exhibió la coinculpada, es decir, que dicho ofendido tácitamente está admitiendo la existencia de esos recibos, entre los que obra uno por la cantidad de ochenta y cuatro mil pesos, que se le cubrió al ofendido por los trabajos realizados en la facultad de veterinaria como finiquito de los mismo, por ello dicha declaración sí tiene valor indiciario de conformidad con el precepto que invocó la resolutora, y en cuanto a dicha declaración el recurrente nada manifestó si a la misma se le debe conceder o negar valor probatorio alguno. 9. La fe ministerial de documento de veintinueve de agosto de dos mil catorce, en la que el representante social tuvo a la vista las documentales que se ahí se describen. 10. La fe ministerial de documento de veintitrés de octubre de dos mil catorce, en la que la autoridad ministerial tuvo a la vista las documentales que se precisan La Sala responsable destaca que la resolutora omitió valorarlas pero a las mismas les concede valor indiciario de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales porque la autoridad ministerial las realizó en atención a lo que disponen los artículos 370, 371 y 372 del ordenamiento invocado, pues dicha autoridad detalló el contenido de cada una de las documentales lo que plasmó en su acta respectiva, documentales con las que por un lado la inculpada afirma le cubrió diversos pagos al ofendido incluyendo el finiquito por los trabajos de pintura realizados en la facultad de veterinaria u por la otra el ofendido las exhibió con la finalidad de que se cotejen con los documentos que exhibió dicha inculpada, sin embargo el recurrente nada dice en sus agravios al respecto, si la resolutora estuvo en lo correcto o no al dejar de valorar dichas diligencias. 11. La declaración ministerial de Rigoberto Rojas Monola, con fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce. La resolutora le negó eficacia probatoria en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales, por las razones que señaló. La sala responsable estima correcta dicha valoración, porque efectivamente por sí sola es insuficiente para demostrar que no realizó ningún contrato con el ofendido respecto a los trabajos de aplicación de pintura en la facultad de veterinaria, pero en cuanto a dicha declaración el Ministerio Público también fue omiso en sus agravios al manifestar si la resolutora estuvo o no en lo correcto al negarle valor probatorio alguno. 2.2. De ahí que, la Sala responsable señaló que contrario a la afirmación del recurrente, la resolutora estuvo en lo correcto al estimar que no se acredita el cuerpo del delito de fraude específico, previsto en el artículo 381, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, que se dijo cometido en perjuicio de Alejandro Arturo Barcelos Martínez, ya que no se encuentran acreditados los elementos que para su comprobación exige el artículo 25 del Código de Procedimientos Penales, estableciendo las razones al respecto, el análisis realizado, la valoración de las pruebas existentes, el grado de valor que les otorgó y el alcance demostrativo de cada una de ellas, por lo que es de concluirse que realiza el análisis exhaustivo del material probatorio existente en autos, precisando, además, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos, y señalando los motivos jurídicos del porqué concluye que los argumentos del recurrente son infundados. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJSOA MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto. En ese orden, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. En principio, cabe destacar que por sentencia dictada en este juicio el cinco de noviembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alejandro Arturo Barcelos Martínez (fojas 42 a 56), respecto del acto atribuido a los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para los efectos siguientes: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada de nueve de julio de dos mil quince, dictada en el toca 106/2015, de su índice y, en su lugar, emitiera otra determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pronunciara una nueva resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación. Lo anterior, porque la Sala responsable no cumplió con lo dispuesto en el artículo 518 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, que es examinar si se aplicó o no la ley correspondiente o si se aplicó en forma inexacta; si se violaron las normas que rigen la valoración de la prueba y el arbitrio judicial o si se alteraron los hechos, lo cual hizo evidente en lo siguiente: No señaló, con la precisión debida los elementos objetivos o externos y normativos sino que únicamente se concretó a realizar una relación de los medios de convicción que obra en la causa penal, sin que para el efecto precisara los elementos del delito ni un análisis de que si éstos se comprobaban o no; sino que únicamente señaló englobar que los agravios resultaban infundados; por lo que era necesario que la responsable valorara la totalidad de las pruebas existentes. No determinó el grado de valor que les otorgaba a los medios probatorios que le sirvieron como base para la emisión de la resolución, por la cual confirmó la negativa de girar orden de aprehensión, tales como de indicio, prueba plena o circunstanciada, esto es, no señaló el alcance demostrativo que generó cada probanza. Omitió determinar si en la resolución recurrida de manera certera se expuso el grado de valor que les otorgaba a ciertos medios probatorios, tales como de indicio, prueba plena, circunstanciada; por tanto, queda evidenciado que al emitir el acto reclamado, la responsable no realizó un estudio exhaustivo del material probatorio existente, limitándose a señalar que con las probanzas que reseñó no se acreditaban los elementos del cuerpo del delito en estudio, cuando debió razonar cuál era la utilidad de cada una de ellas, para asignarles el valor correspondiente, tanto en lo individual como en conjunto, y establecer exactamente la conducta efectuada, precisando las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos. No expuso los motivos jurídicos del porqué concluye que los argumentos son infundados, exponiendo en cualquier caso, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas, que estimara al efecto, para concluir lo fundado o infundado de los agravios, circunstancias que estaba constreñida en virtud del principio de exhaustividad y que no hizo. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (foja 87). Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el cual remitió copia certificada de la resolución de diez de diciembre pasado, emitido en el toca penal 106/2015 Ahora bien, del análisis que se practica a la resolución que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitió en cumplimiento al fallo protector, se aprecia lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de nueve de julio de dos mil quince, que confirmó el auto apelado, por el que se negó librar la orden de aprehensión en contra de Rigoberto Rojas o Rigoberto Rojas Monola, por la comisión del delito de Fraude Específico, en perjuicio patrimonial de Alejandro Arturo Barcelos Martínez. 2. En su lugar emitió nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, de nueva cuenta confirmó la resolución que negó librar orden de aprehensión en contra del referido indiciado, y de la cual se aprecia que funda y motiva su determinación, puesto que: 2.1. Señaló que estimó correcta la apreciación de la resolutora al negar la orden de aprehensión en contra de Rigoberto Rojas o Rigoberto Rojas Monola, por el delito de fraude específico, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de Alejandro Arturo Barcelos Martínez, porque no se surten los requisitos que exige el numeral 16 Constitucional, para el libramiento de una orden de aprehensión, ya que si bien dicha resolutora estuvo en lo correcto al tener por acreditados los requisitos consistentes en a) que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito y b) que ese delito se encuentre sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, lo que tiene por acreditado con la querella del ofendido; lo cierto es que también destaca que dicha resolutora estuvo en lo correcto al estimar que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de fraude específico previsto en el artículo 381, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial del ofendido. Lo anterior, señaló la Sala responsable, ya que para poder determinar si en el caso existen datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión era necesario valorar las constancias existentes en la indagatoria, lo que hizo en los siguientes términos: Pruebas Valor probatorio Análisis de la Sala responsable 1. Denuncia de Alejandro Arturo Barcelos, de catorce de mayo de dos mil trece. Destacó que la resolutora le concedió valor probatorio indiciario conforme al artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, porque fue presentada de manera escrita y ratificada ante la representación social, por ello reúne los requisitos de los artículos 6, 9 y 10 del mismo ordenamiento legal, además fue vertida por una persona capaz ya que contaba con 53 años, que cursó la instrucción secundaria, que tiene capacidad física e intelectual así como criterio para juzgar el hecho por el que declara, que los hechos los conoció de manera directa porque es la persona que recibió como pago los tres cheques, uno de treinta y cinco mil pesos y dos más por cuarenta mil pesos cada uno y al momento en que acudió a cobrarlos le informaron que estaban reportados como robados y carecían de fondos, aseverando la resolutora que tales hechos los narró de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias y no consta que haya sido obligado a declarar y adujo que su versión de torna verosímil. Estima inexacta dicha valoración, toda vez señala que la declaración no satisface los requisitos que exige el artículo VI, inciso e) ya que no es clara ni precisa pues se encuentra contradicha entre sí, y además con lo que manifestaron los testigos Celia Gómez Monroy y Víctor Bulmaro Martínez Pérez, destacando las razones al respecto. 2. La fe ministerial de documento de quince de mayo de dos mil trece. Diligencia a la que la resolutora le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 68 y 356, fracción X, del código adjetivo penal. Señala la Sala responsable que no tuvo razón al concederle dicho valor, ya que la misma tiene valor indiciario de conformidad con el artículo 354 del mismo ordenamiento porque fue realizada en atención a lo que disponen los artículos 370, 371 y 372 del multicitado ordenamiento, exponiendo la razón al respecto. 3. Declaraciones de los testigos Cecilia Gómez Monroy y Victor Bulmaro Martínez Pérez, de doce de junio de dos mil trece. Declaraciones a las que la resolutora parcialmente concedió valor probatorio pues adujo que la primera no satisface los requisitos que establecen los incisos d) y e) de la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, señalando las razones de ello, y que el segundo no satisface los requisitos del inciso d) de la referida fracción, también exponiendo las razones. Establece que la resolutora estuvo en lo correcto al manifestar que tales declaraciones no son claras y precisas y como consecuencia no se satisfacen los requisitos que estimó tal resolutora; por lo que resulta infundado lo afirmado por el Ministerio Público en sus agravios en los que aduce que dichos testimonios satisfacen los requisitos de la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos, señalando sus razones; pues ninguna expuso para llegar a su conclusión y menos para rebatir los argumentos de la resolutora en cuanto a que dichas declaraciones no son claras ni precisas. 4. Dictamen de catorce de octubre de dos mil trece, emitido por Ana Patricia Velasco Carazo. La resolutora le negó valor probatorio, pues adujo que si bien el mismo fue rendido en términos de los artículos 396, 397, 400, 403 y 404 del Código de Procedimientos Penales porque fue emitido en base a su experiencia con que cuenta, también lo es que para emitirlo tomó en cuenta las declaraciones de los testigos, las cuales desestimó. Estimó correcta la valoración, porque si para determinar el monto la perito se basó tanto en la querella del ofendido y en las declaraciones ya citadas, de las que ya se dieron razones porque no son confiables, por tanto no tiene razón el recurrente en aseverar que la resolutora no valoró dicho dictamen, pues contrario a ello la a quo emitió razones por las que le negó valor, por ello es inexacto lo que alega el recurrente, en el sentido de que dicho dictamen tiene valor probatorio, señalando las razones al respecto. 5. El informe que emitió el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el veinticuatro de enero de dos mil catorce. 6. El informe que emitió el Registrador de Comercio, el uno de abril de dos ml catorce 7. El informe que emitió el Director de Obras y Servicios Universitarios de veintisiete de octubre de dos mil catorce. La resolutora le otorgó valor pleno, en términos de la fracción I del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, pues adujo que satisfacen los requisitos que exige la fracción II del artículo 356 del mismo ordenamiento. La sala responsable estimó correcta la valoración, porque al ser expedidas por funcionarios públicos, satisfacen los requisitos de la fracción II del precepto legal invocado. 8. La declaración de Carmen Rojas Martínez de veintinueve de agosto de dos mil catorce. La resolutora le negó valor probatorio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos para el Estado de Oaxaca, por las razones que señaló. La Sala responsable señala que no asiste razón a la resolutora de negarle valor probatorio, habida cuenta que dicha coinculpada, exhibió los diversos recibos y pólizas de cheques, de los diversos pagos que se le realizaron tanto al ofendido como a la testigo Cecilia Gómez Monroy, y el ofendido lejos de objetar dichas documentales, por el contrario mediante escrito de uno de octubre de dos mil catorce, exhibió una relación de los pagos que le realizaron para que se cotejaran con los recibos que exhibió la coinculpada, es decir, que dicho ofendido tácitamente está admitiendo la existencia de esos recibos, entre los que obra uno por la cantidad de ochenta y cuatro mil pesos, que se le cubrió al ofendido por los trabajos realizados en la facultad de veterinaria como finiquito de los mismo, por ello dicha declaración sí tiene valor indiciario de conformidad con el precepto que invocó la resolutora, y en cuanto a dicha declaración el recurrente nada manifestó si a la misma se le debe conceder o negar valor probatorio alguno. 9. La fe ministerial de documento de veintinueve de agosto de dos mil catorce, en la que el representante social tuvo a la vista las documentales que se ahí se describen. 10. La fe ministerial de documento de veintitrés de octubre de dos mil catorce, en la que la autoridad ministerial tuvo a la vista las documentales que se precisan La Sala responsable destaca que la resolutora omitió valorarlas pero a las mismas les concede valor indiciario de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales porque la autoridad ministerial las realizó en atención a lo que disponen los artículos 370, 371 y 372 del ordenamiento invocado, pues dicha autoridad detalló el contenido de cada una de las documentales lo que plasmó en su acta respectiva, documentales con las que por un lado la inculpada afirma le cubrió diversos pagos al ofendido incluyendo el finiquito por los trabajos de pintura realizados en la facultad de veterinaria u por la otra el ofendido las exhibió con la finalidad de que se cotejen con los documentos que exhibió dicha inculpada, sin embargo el recurrente nada dice en sus agravios al respecto, si la resolutora estuvo en lo correcto o no al dejar de valorar dichas diligencias. 11. La declaración ministerial de Rigoberto Rojas Monola, con fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce. La resolutora le negó eficacia probatoria en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales, por las razones que señaló. La sala responsable estima correcta dicha valoración, porque efectivamente por sí sola es insuficiente para demostrar que no realizó ningún contrato con el ofendido respecto a los trabajos de aplicación de pintura en la facultad de veterinaria, pero en cuanto a dicha declaración el Ministerio Público también fue omiso en sus agravios al manifestar si la resolutora estuvo o no en lo correcto al negarle valor probatorio alguno. 2.2. De ahí que, la Sala responsable señaló que contrario a la afirmación del recurrente, la resolutora estuvo en lo correcto al estimar que no se acredita el cuerpo del delito de fraude específico, previsto en el artículo 381, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, que se dijo cometido en perjuicio de Alejandro Arturo Barcelos Martínez, ya que no se encuentran acreditados los elementos que para su comprobación exige el artículo 25 del Código de Procedimientos Penales, estableciendo las razones al respecto, el análisis realizado, la valoración de las pruebas existentes, el grado de valor que les otorgó y el alcance demostrativo de cada una de ellas, por lo que es de concluirse que realiza el análisis exhaustivo del material probatorio existente en autos, precisando, además, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos, y señalando los motivos jurídicos del porqué concluye que los argumentos del recurrente son infundados. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V A Agréguese el oficio la Secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y al requerimiento de cuatro del actual, remite copia certificada de la resolución de diez de diciembre del año en curso, emitido en el toca penal 106/2015. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la comunicación de cuenta y su anexo; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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