Alejandro Arellano Castro

Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
810/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Arellano Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe..

  2. Principal

    SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua; a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 810/2022-III, promovido por *******,contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el uno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró transgredidos los contemplados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 810/2022-III, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el contenido del oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo1 ; sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal: Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director de Análisis Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno en representación de la Gobernadora y el Titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo3 . I. Actualización de causa de improcedencia. En tal virtud, quien resuelve considera que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente el artículo 29, fracciones I, II, IV y V; para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre éstos, se pagará el derecho conforme a la cuota de.167.3734 UMAs II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de. 167.3734 UMAs. III. -.- IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley... 167.3734 UMAs V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio. 167.3734 UMAs b) Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privativas de condominio, por cada una de ellas, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs. -.- Sin embargo, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, el solicitante de derechos fundamentales ofreció como prueba de su intención, los certificados de pago remitidos por el Notario Público número Veintiocho, en esta ciudad, con folio relativo al número de operación *******, así como el certificado con folio relativo al número de operación *******, ambos de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y a nombre del contribuyente *******, así como oficio signado por dicho Notario Público, dirigido al aquí quejoso, en el cual hace saber los fundamentos legales que justifican el pago de los derechos de registro generados en tales inscripciones, documentales de las que se advierte que al quejoso se le aplicó el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. Documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, las anteriores documentales se consideran suficientes para tener por acreditado el primer acto de aplicación únicamente respecto del numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, que se reclaman en esta instancia, no así respecto del numeral 29, fracciones II, IV y V, de la legislación referida, dado que no se aplicó ningún estímulo. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve en lo atinente al numeral 29, fracciones II, IV y V, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dado que, como se afirmó, no se demostró que les fueron aplicados. II. Estudio de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables que no se actualizaron. A) El Congreso del Estado de Chihuahua, precisa que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII4 , en relación con el numeral 5, fracción I5 , de la Ley de la Materia, pues aduce que la parte quejosa fue omisa en acreditar su interés jurídico, al no demostrar que fue ella quien sufrió un menoscabo en su esfera jurídica, en virtud de la aplicación del Decreto impugnado. Dicha causa de improcedencia es infundada pues contrario a lo expuesto por la autoridad, del sumario destaca que el quejoso ofreció como pruebas las documentales a su vez solicitadas al Notario Público número Veintiocho, en esta ciudad, el cual, remitió a este juzgado, certificados de pago emitidos por dicho notario, con folio relativo al número de operación *******, así como el certificado con folio relativo al número de operación *******, ambos de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y a nombre del contribuyente *******, esto es, fueron expedidas a nombre del quejoso, eso implica que sí realizó los pagos relativos y fueron aplicados precisamente a su nombre; documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. B) El Congreso del Estado de Chihuahua, aduce que no puede establecerse si la demanda de amparo se promovió en tiempo, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo6 , ésta en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 del mismo ordenamiento legal7 . Dicha causal de improcedencia se desvirtúa, pues con los documentos mencionados en párrafos anteriores, consistentes en certificados de pago emitidos por el Notario Público número Veintiocho, en esta ciudad, con folios relativo al número de operación *******, así como el certificado con folio relativo al número de operación *******, ambas de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y a nombre del contribuyente *******, se demuestra que la demanda de amparo está interpuesta en tiempo, pues si el derecho tildado de inconstitucional se pagó el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el término genérico de quince días para promover el juicio, comenzó a transcurrir el uno de septiembre de dos mil veintidós y concluyó el veintiséis de ese mismo mes y año, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre, por ser inhábiles; de manera que, si la demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el uno de septiembre del año en curso, este juicio de amparo se promovió en tiempo. Esto es, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el quejoso se autoaplicó la normatividad impugnada, pues se autoliquidó la contribución relativa, lo que sirve de base para efecto de computar el plazo de impugnación, sin necesidad de un acto específico de la autoridad. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 153/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 367, materia Común, Novena Época, con registro digital 171860, del contenido siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. C). El Congreso del Estado de Chihuahua, manifestó también que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, al aseverar que el hoy quejoso fue omiso en acreditar su interés jurídico en el presente asunto Dicha causal de improcedencia se desvirtúa, pues con los documentos mencionados en párrafos anteriores, consistentes en certificados de pago emitidos por el Notario Público número Veintiocho, en esta ciudad, con folios relativo al número de operación *******, así como el certificado con folio relativo al número de operación *******, ambas de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y a nombre del contribuyente *******, se demuestra el interés jurídico del hoy quejoso en el presente juicio. D). La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado manifestó que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, virtud a que el solicitante del amparo omitió combatir la promulgación del decreto por vicios propios. La citada causa de improcedencia es infundada, virtud a que en cuanto a la promulgación el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada. En tales consideraciones es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Apoya lo anterior, la tesis (I Región) 8o.7 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible a página 2278, del Libro 58, de septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, registro 2017974, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada. E). Respecto a la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por el Ejecutivo Estatal, respecto a la publicación del Decreto reclamado, debe decirse que dicho acto no fue reclamado por el quejoso, de ahí que no es dable realizar su estudio, al no ser materia de la litis planteada. Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a las ya analizadas, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. Quinto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. A continuación, se exponen las razones de ello. En primer término, cabe precisar que está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en su numeral primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero, en relación con el diverso 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, ya que al efecto, la parte quejosa exhibió el certificado de pago relativo a la operación *******, así como el certificado con folio relativo al número de operación *******, ambas de *******, a nombre de *******, donde se advierte, entre otros, el concepto siguiente: -ART 29 FRACC VI. ASENTAR LAS INSCRICIONES NECESARIAS DE LA DIVISIÓN DE LA COPROPIEDAD SIEMPRE QUE ALGUNAS DIVISIONES-, -$*******-. Por ello, si de la documental de antecedentes se advierte que le fueron aplicadas las tarifas establecidas para las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos; entonces, se concluye la existencia de los actos de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico los numerales primero y decimotercero, en relación con el 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en los términos indicados. En este sentido, la parte quejosa en sus conceptos de violación, medularmente argumentó lo siguiente: Que la Ley de Ingresos que remite a la Ley Estatal de Derechos en su artículo 29, que establece el cobro de derechos por la cantidad de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización es exorbitante, en relación con el verdadero costo del servicio prestado. Sostiene, que el cobro antedicho no guarda un sano y razonable equilibrio entre la cuota de referencia y los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en relación con el costo real de esa contraprestación, lo cual trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria; ya que debe otorgarse el mismo trato a quienes reciben igual servicio. Así mismo, refiere que de un análisis de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, se establece un ingreso por la cantidad de $******* (*******), mientras que en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de este año, se tiene destinada la cantidad $******* (*******), para el pago de los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales etcétera, por lo que existe una diferencia de $******* (*******), por lo que resulta exorbitante el ingreso estimado en comparación con el egreso autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. Agrega que de la ejecutoria que se dictó en el juicio de amparo *******, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua en esta ciudad, se desprende que el costo real por cada inscripción es de $******* (*******). Como se destacó con antelación, la inconformidad de la disconforme se centra en que el costo del derecho es desmedido y ni siquiera se aproxima al costo de producción del mismo, ya que se está lucrando con ese derecho y, por tanto, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio prestado, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias. A fin de dar contestación a los argumentos vertidos por la quejosa, cabe precisar, qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua: 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: -.- III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. -.- Ahora, para dar respuesta a lo anterior, se estima necesario traer a colación el contenido del apartado de Derechos de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, punto 4.3.2.3, que dispone: DERECHOS Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. Derechos 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 465,000.000 Por su parte, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su artículo 29, fracción I, establece que por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización. Ahora, el diez de enero de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la referida medida vigente a partir del uno de febrero del mismo año, equivale a $******* (*******), lo que resulta en una cuota de $******* (*******), tal como se advierte del certificado de pago exhibido por la parte quejosa, *******. En relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio. En ese sentido, para que se tengan satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un -razonable equilibrio- entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, acotó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 3/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196933, Novena Época, Materias Administrativa, Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de enero de 1998, página 54, del contenido: DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como -las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio-, lo que implicó la supresión del vocablo -contraprestación-; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Acotado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la legislación en cita. Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también expuso que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, le corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. El referido criterio 2a. CX/2013, fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005254, Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, de enero de 2014, Tomo II, página 1589, del epígrafe y texto: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen. En el caso concreto, no se acreditó que el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos, es injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, ya que de las documentales que fueron allegadas por la quejosa, únicamente se demuestra el acto de aplicación. Atento a ello, ante los argumentos con los que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la parte agraviada ofreciera las probanzas que considerara pertinentes para acreditar lo alegado. Es aplicable la tesis XVII.2o.P.A.19 A (10a.), con registro digital 2012271, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materia Constitucional, Común, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, de agosto de 2016, Tomo IV, página 2539, que a la letra dice: DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo. Por tanto, si la parte quejosa no demostró que el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, existe un desequilibrio entre la cuota que establece la ley para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el Estado representa la prestación de ese servicio. Se estima lo anterior, porque la carga de la prueba, tratándose de derechos por servicios, corresponde al quejoso y en términos de la jurisprudencia PC.XVII. J/2 A (11a.) del Pleno de este Circuito; el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, no autoriza que los Jueces de Distrito ni tampoco los Tribunales Colegiados de Circuito alleguen la información pública que obra en precedentes persuasivos, por no constituir un hecho notorio que releve al quejoso de su carga probatoria, salvo que sobre el tema exista jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Sin que se estime procedente que este Juzgado de Distrito deba suplir la deficiencia de la queja en ese aspecto a la parte quejosa por existir precedentes persuasivos, pues el Pleno de este Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2021, de la cual derivó la Jurisprudencia de previa cita, determinó que:  Conforme la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales de amparo se encuentran obligados a aplicar la jurisprudencia - incluso temática-, pues de acuerdo al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se requerirá que el juicio de amparo sea procedente respecto al acto.  Resulta viable aplicar la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley: 1) sin que sea necesario reclamar la ley respectiva; 2) sin importar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general, sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal; y, 3) sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados.  Tanto en el amparo indirecto como en el directo, es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando ésta haya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados en tiempo y, en consecuencia, no han querido ser tolerados por el agraviado.  Por lo que hace a la jurisprudencia, el Juez de Distrito se constriñe a verificar que el juicio de amparo sea procedente respecto al acto y no podrá exigirse al quejoso que cumpla con la carga probatoria que en materia tributaria se le impone para demostrar que la ley impugnada vulnera el principio de proporcionalidad reclamado, pues la jurisprudencia que declara su inconstitucionalidad tiene la fuerza suficiente para desincorporar de su esfera jurídica la aplicación de la ley respecto del acto concreto y los futuros que pudieran actualizarse.  De no existir jurisprudencia, no se produce una violación evidente de la ley que deje sin defensa al quejoso, por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito analiza el juicio de amparo contra leyes tributarias, bajo el principio de estricto derecho, esto es, sin tener en cuenta que en distintos expedientes de su conocimiento se generaron precedentes persuasivos, en los que se había ofrecido información pública que sirvió para declarar la inconstitucionalidad de la ley por trastocar el principio de proporcionalidad tributaria, pues ello no releva a las partes de cumplir con su carga probatoria.  La fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo ha sido interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha establecido que su contenido faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate.  La suplencia de la queja no puede llegar al extremo de colocar al Juez de Distrito, en la posición de buscar entre todos los expedientes que son de su conocimiento, las pruebas o consultas ciudadanas que benefician al quejoso, por más que éstas puedan derivar de un sistema informativo de carácter público, porque con ello se rompería el principio de igualdad procesal entre las partes, trastocaría la distribución de las cargas probatorias, así como el principio de estricto derecho aplicable a la materia administrativa (fiscal), por tanto, esta información no tiene el carácter de hecho notorio suficiente para relevar a las partes de su carga probatoria.  El resultado de las miles de consultas públicas que las personas llevan a cabo en la página oficial de INFOMEX o bien al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si bien gozan de la característica de constituir información pública, únicamente podrían ser invocados por el Juez de Distrito de manera oficiosa como hechos notorios, cuando en el juicio de amparo no exista al respecto duda o discusión, porque en caso contrario, se trastocaría el principio de igualdad procesal en el que subyace el equilibrio y seguridad de las partes.  En caso que las partes pretendan ofrecer como prueba este tipo de información, en razón al cumplimiento del ejercicio de su carga probatoria, es preciso que soliciten y aporten los datos necesarios, entre éstos, la liga electrónica para su localización, con el fin de allegar al conocimiento del Juez la información que debe tener en cuenta al emitir la sentencia de amparo y, desde luego, con el fin de abrir la oportunidad a la autoridad responsable para que enderece su objeción.  Razones por la que sostuvo que con base en el principio de estricto derecho aplicable a la materia administrativa (fiscal) en el juicio de amparo, las pruebas con las que se pretenda acreditar la inconstitucionalidad de una ley en el juicio de amparo indirecto, deben ofrecerse y desahogarse por el quejoso en el expediente respectivo, pues no obstante que en diversos precedentes persuasivos del conocimiento del Juez de Distrito o de los Tribunales Colegiados de Circuito, exista información pública derivada de las consultas realizadas a los Institutos de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que haya resultado útil para decretar la inconstitucionalidad de una ley en materia tributaria, no se traducen en hechos notorios susceptibles de relevar al quejoso de la carga probatoria, pues tales datos únicamente pueden ser invocados oficiosamente cuando en el juicio de amparo no exista al respecto duda o discusión, porque en caso contrario, se trastoca el principio de igualdad procesal en el que subyace el equilibrio y seguridad de las partes.  Por tanto, señaló que, en concordancia con el marco constitucional derivado del artículo 107, fracción II, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Federal, no opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, salvo que sobre el tema exista jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, supuesto en el que correspondería abordar el estudio de manera oficiosa atento a lo que prevé la fracción I del indicado precepto legal. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia PC.XVII. J/2 A (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, registro digital 2023714, Undécima Época, Materia Común, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, de octubre de 2021, Tomo II, página 3168, del epígrafe y texto: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA (FISCAL). EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, NO AUTORIZA QUE LOS JUECES DE DISTRITO O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ALLEGUEN LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE OBRA EN PRECEDENTES PERSUASIVOS, POR NO CONSTITUIR UN HECHO NOTORIO QUE RELEVE AL QUEJOSO DE SU CARGA PROBATORIA, SALVO QUE SOBRE EL TEMA EXISTA JURISPRUDENCIA PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente sobre la aplicación de la suplencia de la queja en materia administrativa (fiscal) en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; pues para uno de ellos no procede, por tratarse de un supuesto de estricto derecho, cuando el quejoso invoca que en diversos expedientes existe información pública con la que se decretó la inconstitucionalidad del derecho reclamado por trastocar el principio de proporcionalidad tributaria, mientras que para el otro, al tratarse de hechos notorios y al existir más de cinco precedentes en los que se resolvió la inconstitucionalidad del derecho porque trastoca dicho principio, ya no es exigible el ofrecimiento de pruebas para su demostración. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito resuelve que del análisis de los artículos 94 y 107, fracción II, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo, se estima que con base en el principio de estricto derecho aplicable a la materia administrativa (fiscal) en el juicio de amparo, las pruebas con las que se pretenda acreditar la inconstitucionalidad de una ley en el juicio de amparo indirecto, deben ofrecerse y desahogarse por el quejoso en el expediente respectivo. Justificación: Lo anterior, pues no obstante que en diversos precedentes persuasivos del conocimiento de los Jueces de Distrito o de los Tribunales Colegiados de Circuito, exista información pública derivada de las consultas realizadas a los Institutos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, que haya resultado útil para decretar la inconstitucionalidad de alguna ley en materia tributaria, no se traducen en hechos notorios susceptibles de relevar al quejoso de la carga probatoria, pues tales datos únicamente pueden ser invocados oficiosamente cuando en el juicio de amparo no exista al respecto duda o discusión, porque en caso contrario, se trastoca el principio de igualdad procesal en el que subyace el equilibrio y seguridad de las partes; por tanto, en concordancia con el marco constitucional que antecede, no opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, salvo que sobre el tema exista jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, supuesto en el que correspondería abordar el estudio de manera oficiosa, atento a lo que prevé la fracción I del indicado precepto legal. Como se ve, de dichas consideraciones y jurisprudencia se desprende que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, no autoriza que los Jueces de Distrito ni los Tribunales Colegiados de Circuito alleguen la información pública que obra en precedentes persuasivos, por no constituir un hecho notorio que releve al quejoso de su carga probatoria, salvo que sobre el tema exista jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación. En la especie, la parte inconforme solo exhibió como pruebas de su intención el certificado con número de operación con folio *******, así como el certificado con folio relativo al número de operación *******, ambas de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a nombre del contribuyente *******, expedidos por el Notario Público número *******, ambos por la cantidad de $******* (*******); asimismo, ofertó la ejecutoria del Juicio de Amparo *******, del índice del Juzgado Tercero de Distrito; de igual manera hizo referencia a una serie de informes de la Unidad de Transparencia tanto de la Secretaría de Hacienda, como de la Secretaría General de Gobierno, registradas con números de folios: *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******; sin embargo, dichas documentales no fueron aportadas al sumario; por otra parte, se tuvieron por ofrecidas las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, pero no aquéllas con las que probara la inconstitucionalidad del derecho impugnado, por lo que no satisfizo su carga probatoria, respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que, desde su perspectiva, sientan las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada. Lo anterior, para que así la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofreciera las probanzas que considerara pertinentes para desvirtuar lo alegado por la quejosa. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, les corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. No es obstáculo que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, hubiere emitido jurisprudencia respecto al tema que subyace en el juicio de amparo -el cobro por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria porque no guarda un sano equilibrio con el costo real de esa contraprestación, lo que genera una falta de correlación entre ambas y redunda en un cobro exorbitante 8 , así como la diversa jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo séptimo Circuito, -derechos por servicios registrales. los numerales 12 y 11 del apartado IV, de las tarifas anexas a las leyes de ingresos del estado de chihuahua para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, respectivamente, que prevén el cobro de $15,000.00 por el servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos, violan el principio de proporcionalidad tributaria.9 Sin embargo, la existencia de esos criterios, no actualiza la excepción contemplada en la jurisprudencia del Pleno de este Circuito, en cuanto a que sobre el tema exista jurisprudencia, pues los citados criterios de los Tribunales de este Circuito se refieren a la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua de dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno. Por tanto, si en el caso, la quejosa, a partir del argumento de que el numeral 29 de la Ley Estatal de Derechos, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, a ella corresponde aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo, lo que no hizo, pues no puede considerarse que, porque en el ejercicio de dos mil diecinueve existía tal desproporción, también lo sea en el ejercicio de dos mil veintidós, ya que esto debe sustentarse con las pruebas idóneas en cada ejercicio. De ahí que no se actualice la salvedad contemplada en las jurisprudencias en cita, en cuanto a que sobre el tema exista jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, porque como se vio, las jurisprudencias del Pleno y Tribunales de este Circuito, se refieren a Leyes de Ingresos para el Estado de Chihuahua de dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, pues derivan de meras apreciaciones subjetivas sin estar sustentadas en material probatorio alguno que permitan realizar su análisis, se impone negar la protección constitucional solicitada. Es aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, de diciembre de 2002, página 61, registro digital 185425, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 810/2022-III, promovido por *******, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de la presente.SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra los actos reclamados y autoridades responsables, señalados en el considerando quinto, por los motivos y fundamentos señalados en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese por lista electrónica, personalmente al quejoso y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el el oficio y anexo enviado por el Notario Público Número *******, residente en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de ocho de marzo de dos mil veintitrés, y al efecto remite las constancias respectivas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto de conformidad con los articulo 124 y 152 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual se le tiene ofreciendo las documentales consistentes en: 1.- DOCUMENTAL ORIGINAL. Certificado o constancia de recepción de dinero entregado por parte de la quejosa ******* a la notaría número ******* para el Distrito Judicial Bravos, destinado para los gastos de escrituración entre los que se encuentran los relativos a los derechos registrales. 2.- DOCUMENTAL ORIGINAL. Desglose o presupuesto elaborado por la notaría número ******* para el Distrito Judicial Bravos, en el que conste detallados los conceptos relativos a los gastos de la escritura que la quejosa ******* celebró ante la fe del referido fedatario. 3.- DOCUMENTAL ORIGINAL. El acuse o documento elaborado por el referido fedatario que le informó al quejoso del fundamento que justifica la retención de los cobros por los derechos registrales. Asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que dichas documentales le fueron solicitadas al Notario Público número ******* para el Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, pero las mismas no le fueron entregadas. En ese sentido, y dado que se cumple con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, se requiere al Notario Público número ******* para el Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días legalmente computado, remita copia certificada de las constancias que expresa el autorizado de la parte quejosa, en caso de que sean enviadas con firma electrónica, manifieste bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso; en el entendido, que la firma electrónica que obre en dichos documentos, deberá ser de su suscriptor, o en su defecto, de aquella persona autorizada en términos del ordinal 9 de la Ley de Amparo; apercibido que, para el caso de que incumpla con lo que se le solicita, dentro del plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización que asciende a la suma de $10,374.00 (diez mil trescientos setena y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio al notario de mérito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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