Alejandro Alejo Franco Chavez

Expediente 13/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
13/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
31/08/2015

Partes del expediente

  • Alejandro Alejo Franco Chavez
  • ALEJANDRO ALEJO FRANCO CHAVEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión por haberse negado la medida cautelar solicitada es susceptible de destrucción. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado EMILIANO LÓPEZ PEDRAZA, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCERO INTERESADOS EL PROVEIDO DE FECHA SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez Chihuahua; siete de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio que signa la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, atento a su contenido, se le tiene remitiendo copia certificada que integra la carpeta de investigación 01-2013-0000122 de dicha unidad; en tal virtud, este juzgador federal acuerda: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el doce de enero de dos mil quince, turnado a este Juzgado el mismo día, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: IV- A).- ORDENADORAS: El Fiscal General del Estado de Chihuahua, el Licenciado **********. La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte por conducto del Fiscal Adscrito a la zona norte, el Licenciado **********. La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro por conducto del Fiscal Adscrito a la zona centro, el Licenciado **********. La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. Comandante de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. B).EJECUTORAS: 1.- Comandante de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, dela Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 2.- La Policía Ministerial Investigadora del Delito adscrita a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños de Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 3.- La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte por conducto del Fiscal Adscrito a la Zona Norte, el Licenciado **********. 4.- La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro por conducto del Fiscal Adscrito a la zona centro, el Licenciado **********. 5.- La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. 6.- La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. 7.- El Fiscal General del Estado de Chihuahua, el Licenciado **********. A C T O R E C L A M A D O De las autoridades mencionadas como ordenadoras señalo como acto reclamado LA ORDEN DE DETENCIÒN y/o ASEGURAMIENTO DEL BIEN PRIVATIVO DE LA PROPIEDAD del Vehículo automotor de mi propiedad siendo este de la marca Kenworth, línea camión, modelo 2008, con número de serie vehicular 2NKMHM7X68M313975 y placas de circulación DZ85228, del Estado de Chihuahua, PRIVANDOME DE MI DERECHO DE PROPIEDAD Y DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO SIN NINGUNA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De las autoridades ejecutoras la CUMPLIMENTACION DE LA ORDEN DE DETENCION y/o ASEGURAMIENTO DE LA ORDEN PRIVATIVA DE LA PROPIEDAD de mi vehículo de la marca Kenworth, línea camión, modelo 2008, con número de serie vehicular 2NKMHM7X68M313975 y placas de circulación DZ85228, del Estado de Chihuahua, vulnerando de esta forma mis derechos humanos y garantías consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1, 5, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Se registró bajo el expediente 13/2015-I, el trece de enero de dos mil quince se previno a la parte quejosa, para que manifestara bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituían el acto reclamado o que sirvieran de fundamento a los conceptos de violación, desahogada la misma, el dieciséis de enero del mismo año, se admitió la demanda de amparo de referencia, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto de autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Causa de improcedencia. Es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el suscrito juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama la orden de aseguramiento del vehículo marca Kenworth, línea camión, modelo 2008, con número de serie vehicular 2NKMHM7X68M313975 ordenado en la carpeta de investigación 01-2013-0000122. Del análisis del oficio de cuenta, se advierte que el veintidós de mayo de dos mil quince, se ordenó la devolución del vehículo mencionado al quejoso, quien compareció ante la autoridad responsable oficiante y en la misma fecha se giró el oficio NJSO-413/2013, a la licenciada Graciela Martínez Salaiz, para que realizara la entrega física del vehículo ubicado en el depósito de vehículos de la Fiscalía, Zona Norte. Bajo esas premisas, en virtud de que se dejó sin efectos el aseguramiento reclamado ordenándose la entrega del automotor, es inconcuso que, la autoridad responsable, respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del catorce de agosto de dos mil quince, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE QUE DICE: Ciudad Juárez Chihuahua; siete de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio que signa la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, atento a su contenido, se le tiene remitiendo copia certificada que integra la carpeta de investigación 01-2013-0000122 de dicha unidad; en tal virtud, este juzgador federal acuerda: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el doce de enero de dos mil quince, turnado a este Juzgado el mismo día, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: IV- A).- ORDENADORAS: El Fiscal General del Estado de Chihuahua, el Licenciado **********. La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte por conducto del Fiscal Adscrito a la zona norte, el Licenciado **********. La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro por conducto del Fiscal Adscrito a la zona centro, el Licenciado **********. La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. Comandante de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. B).EJECUTORAS: 1.- Comandante de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, dela Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 2.- La Policía Ministerial Investigadora del Delito adscrita a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños de Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito Zona Centro, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 3.- La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte por conducto del Fiscal Adscrito a la Zona Norte, el Licenciado **********. 4.- La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro por conducto del Fiscal Adscrito a la zona centro, el Licenciado **********. 5.- La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. 6.- La Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Licenciada **********. 7.- El Fiscal General del Estado de Chihuahua, el Licenciado **********. A C T O R E C L A M A D O De las autoridades mencionadas como ordenadoras señalo como acto reclamado LA ORDEN DE DETENCIÒN y/o ASEGURAMIENTO DEL BIEN PRIVATIVO DE LA PROPIEDAD del Vehículo automotor de mi propiedad siendo este de la marca Kenworth, línea camión, modelo 2008, con número de serie vehicular 2NKMHM7X68M313975 y placas de circulación DZ85228, del Estado de Chihuahua, PRIVANDOME DE MI DERECHO DE PROPIEDAD Y DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO SIN NINGUNA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De las autoridades ejecutoras la CUMPLIMENTACION DE LA ORDEN DE DETENCION y/o ASEGURAMIENTO DE LA ORDEN PRIVATIVA DE LA PROPIEDAD de mi vehículo de la marca Kenworth, línea camión, modelo 2008, con número de serie vehicular 2NKMHM7X68M313975 y placas de circulación DZ85228, del Estado de Chihuahua, vulnerando de esta forma mis derechos humanos y garantías consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1, 5, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Se registró bajo el expediente 13/2015-I, el trece de enero de dos mil quince se previno a la parte quejosa, para que manifestara bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituían el acto reclamado o que sirvieran de fundamento a los conceptos de violación, desahogada la misma, el dieciséis de enero del mismo año, se admitió la demanda de amparo de referencia, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto de autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Causa de improcedencia. Es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el suscrito juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama la orden de aseguramiento del vehículo marca Kenworth, línea camión, modelo 2008, con número de serie vehicular 2NKMHM7X68M313975 ordenado en la carpeta de investigación 01-2013-0000122. Del análisis del oficio de cuenta, se advierte que el veintidós de mayo de dos mil quince, se ordenó la devolución del vehículo mencionado al quejoso, quien compareció ante la autoridad responsable oficiante y en la misma fecha se giró el oficio NJSO-413/2013, a la licenciada Graciela Martínez Salaiz, para que realizara la entrega física del vehículo ubicado en el depósito de vehículos de la Fiscalía, Zona Norte. Bajo esas premisas, en virtud de que se dejó sin efectos el aseguramiento reclamado ordenándose la entrega del automotor, es inconcuso que, la autoridad responsable, respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del catorce de agosto de dos mil quince, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; treinta de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio 16956 signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual remite el oficio 20484 que remitió el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 95/2015-V-C, de su índice, derivado del juicio de amparo 13/2015-I-1 del índice de este juzgado, acúsese recibo de estilo y dese de baja en el libro de gobierno que corresponda, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, visto el emplazamiento practicado al tercero interesado, se advierte que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, de conformidad con el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

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