Alejandro Alvarez Hernández y Otros.
Expediente 453/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mayte Arambula Magallanes y Otros.
- Alejandro Alvarez Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, contra el auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida ***********; sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción l del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que los quejosos, no realizaron manifestación alguna respecto al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Atento lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones aún las personales se les realicen por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********************. Doy fe.***
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, mediante el cual remite el despacho 69/2019 del índice de ese Juzgado, debidamente diligenciado. Como lo solicita, con un extracto de este acuerdo, vía fax, acúsese recibo de estilo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la demanda de amparo promovida por ****************************************************, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario de Educación del Estado de Chihuahua y Director General del Instituto Tecnólogico Superior de Nuevo Casas Grandes. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 453/2019-VI. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, es importante destacar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron como autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario de Educación del Estado de Chihuahua y Director General del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, a quienes les imputaron el posible despido respecto de los empleos que desempeñan en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, así como la ejecución del mismo. A juicio de quien resuelve, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De los preceptos transcritos se colige que por Autoridad debe entenderse aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno señala que por Autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Por no oponerse a lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar el concepto Autoridad para efectos del juicio de amparo, que se encuentra plasmados en la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, febrero de 1997, página 118, del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Asimismo, es ilustrativo para distinguir cuándo se está en presencia de una Autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª. CCIV/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El concepto de autoridades se refiere a aquellos entes que cuentan con la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente los intereses legítimos de los gobernados, sin la posibilidad de someter su decisión a los órganos jurisdiccionales; esto es, para efectos del juicio de amparo, las autoridades son aquellas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, o en el caso de particulares, también tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos o intereses de los interesados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es importante puntualizar, que la Ley de Amparo incorporó el concepto de autoridad responsable, de manera más amplia, que el contenido en el artículo 11 de la ley anterior; en ese contexto, para determinar la calidad de autoridad responsable, es indispensable analizar las características particulares de aquel a quien se imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de amparo. Conforme a lo expuesto no todo acto, aun emitido por un ente del Estado, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, pero que no obedecen necesariamente a una relación de supra a subordinación. En efecto, el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Conforme a la teoría general del derecho, todo sistema jurídico contempla una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras (de coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, cuando el Estado establece una relación contractual con una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Además, lo manifiesto e indudable de la causal que este juzgador estima actualizada, radica en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 679, de rubro TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.-, en el que determinó que del artículo 123 constitucional, apartado B, fracciones IX y XII, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Asimismo, que las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese, lo cual es aplicable analógicamente al presente caso. De igual forma, señaló que resultaba significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia con la que se demuestra que en dichas relaciones el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Lo anterior, permite establecer que el eventual despido del cual se duelen los peticionarios de amparo y que atribuyen a las responsables en cita, es consecuencia del vínculo que subyace entre los empleados del centro educativo superior de referencia, sobre la base de un acto jurídico que, en su caso, obligaría al estado patrón a ordenar que deje sin efectos el despido alegado, y ordenar la reincorporación o indemnización de los directos agraviados al centro de trabajo en el que se desempeñaban sus funciones, en cuyo caso, se actúa en un plano de igualdad equivalente al de un patrón y sus trabajadores, aun en su calidad de servidores públicos estatales, dado que involucra el cumplimiento de ese vínculo que los une. Por lo que, es inconcuso que el posible despido alegado, así como la ejecución del mismo, que se les atribuye a las autoridades que se designaron como responsables, no implica una imposición o subordinación nacida del ejercicio del poder público, mediante el cual se afecte la esfera jurídica de estos últimos, sino por la relación de coordinación equivalente a la del patrón y sus trabajadores y que, como antes se vio, son aquéllas que se entablan como si se tratara de particulares. En esta tesitura, no se puede considerar como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no realizan actos positivos, negativos u omisivos, que tienen su origen en una relación jurídica con sus empleados; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente debe acudir al procedimiento laboral correspondiente, en el que demande el respeto a los derechos que estime se encuentran reconocidos. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por los quejosos. Máxime que sobre el tema relativo al despido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió que no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en la tesis jurisprudencial antes citada, razón por la cual es notoria e indudable la causa de improcedencia que se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1991, página 164, registro 221658, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis I.9o.A.95 A, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1406, registro 173645, que dice lo siguiente: TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU CESE NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PUES LA RELACIÓN ENTRE AMBOS ES DE CARÁCTER LABORAL. En el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal se establecen las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debe expedir las leyes sobre el trabajo que rijan entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal por una parte, y sus trabajadores, por la otra; asimismo, en la fracción XII del citado precepto se equipara a la relación existente entre Estado y empleado, como laboral, situando al primero como patrón, lo que se confirma con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 43, 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con excepción de los grupos contemplados en el párrafo segundo de la citada fracción XII. Por otra parte, para los efectos del juicio de amparo se considera como autoridad responsable al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados. Por tanto, el cese de un trabajador de confianza del Gobierno del Distrito Federal, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que se desplegó dentro de una relación laboral, pues en estos casos la autoridad no actúa con imperio, sino como patrón. De igual forma, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, toda vez que la parte quejosa, señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Tecnológico, siete mil cien (7100), edificio A, planta baja y/o calle Valle de Arno, tres mil ciento diez (3110), fraccionamiento Plaza del Sol, ambos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en turno, para que comisione a quien corresponda notifique el presente auto a la parte quejosa en cualesquiera de los domicilios indicados; asimismo, deberá requerir a dicha parte para que dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo las comunicaciones derivadas de este juicio, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado, con base en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a la licenciada Delia Leonarda Preciado Núñez, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como para imponerse de los autos al licenciado Gerardo Sánchez Berumen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Asimismo, dado el número de promoventes, este órgano designa como representante común de los quejosos a Alejandro Álvarez Hernández, en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. Ahora, en relación a las pruebas documentales que anexa la parte quejosa a su demanda de amparo, en atención al sentido del presente auto, resulta innecesario proveer al respecto. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Alejandra Villordo De la Cruz y Otros.421/2022
- Alejandro Alba Domínguez62/2018
- Alejandro Alba Domínguez780/2019
- Alejandro Alejo Franco Chavez13/2015
- Alejandro Alvarado Ruíz y Otros.28/2018
- Alejandro Alvarado Ruíz268/2022
- Alejandro Arellano Castro810/2022
- Alejandro Borjas Martínez853/2023
- Alejandro César Orozco López656/2020
- Alejandro Colorado Rojas799/2016
- Alejandro Contreras Molina97/2018
- Alejandro Delgado Ayala152/2017