Alejandro Agustín Martínez Macias

Expediente 1125/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1125/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Agustín Martínez Macias

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; primero de octubre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible en su oportunidad de ser destruible (vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte agraviada omitió desahogar el requerimiento inserto en el auto preventivo de tres de septiembre de dos mil diecinueve. En esta tesitura, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento inserto en esa determinación y se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Emmanuel Izquierdo Martínez, quien se ostenta con el carácter de apoderado de Alejandro Agustín Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1125/2019-II. El numeral 114 de la Ley de Amparo en vigor, en la parte que interesa, establece: [...]El énfasis es propio. Ahora, la fracción II del artículo 114, transcrito, no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos previstos en artículo 108 de la legislación en comento; sino cualquier deficiencia, irregularidad u omisión, expresamente indicadas en las restantes fracciones, que pudiese obstaculizar el trámite respectivo. En ese tenor, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con tres copias del documento respectivo y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: Único. Con apoyo en el numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, deberá acreditar con documento fehaciente el carácter con el que se ostenta, es decir, como apoderado de Alejandro Agustín Martínez, pues si bien exhibió una promoción original de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la que solicita a la responsable copia del acuerdo donde se le reconoce la personalidad como apoderado del quejoso; dicha constancia resulta insuficiente para acreditar la personalidad con que se ostenta. Lo anterior es así pues, el artículo 17 Constitucional prevé el derecho relativo a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, éstos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia 2ª./J. 1/96, visible en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1996, Tomo III, Novena Época, bajo el rubro: [...] Al promovente se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento anterior, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el promovente. De conformidad con la certificación secretarial que antecede, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a Marco Antonio García García y Reyna Belén Mena Acosta, y/o en términos restringidos a las personas restantes, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    II) (CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Emmanuel Izquierdo Martínez, quien se ostenta con el carácter de apoderado de Alejandro Agustín Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1125/2019-II. El numeral 114 de la Ley de Amparo en vigor, en la parte que interesa, establece: [...]El énfasis es propio. Ahora, la fracción II del artículo 114, transcrito, no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos previstos en artículo 108 de la legislación en comento; sino cualquier deficiencia, irregularidad u omisión, expresamente indicadas en las restantes fracciones, que pudiese obstaculizar el trámite respectivo. En ese tenor, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con tres copias del documento respectivo y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: Único. Con apoyo en el numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, deberá acreditar con documento fehaciente el carácter con el que se ostenta, es decir, como apoderado de Alejandro Agustín Martínez, pues si bien exhibió una promoción original de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la que solicita a la responsable copia del acuerdo donde se le reconoce la personalidad como apoderado del quejoso; dicha constancia resulta insuficiente para acreditar la personalidad con que se ostenta. Lo anterior es así pues, el artículo 17 Constitucional prevé el derecho relativo a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, éstos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia 2ª./J. 1/96, visible en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1996, Tomo III, Novena Época, bajo el rubro: [...] Al promovente se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento anterior, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el promovente. De conformidad con la certificación secretarial que antecede, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a Marco Antonio García García y Reyna Belén Mena Acosta, y/o en términos restringidos a las personas restantes, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al promovente.

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