Alejandro Aguilar Garcia
Expediente 305/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2019
Partes del expediente
- Alejandro Aguilar Garcia
Actuaciones
- Principal
VII Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 32 a 37), en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
vii) Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro Aguilar García por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 305/2019-VII. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, en el libelo constitucional, el quejoso señala como acto reclamado: "De la autoridad responsable señalada con el inciso b) la ilegal razón actuarial y citatorio ambos de fechas veinte de marzo de dos mil dieciocho, así como la ilegal razón actuarial y la cédula de notificación de fechas veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; de igual forma la ilegal notificación de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho; la ilegal diligencia de pago y embargo de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve. De la autoridad responsable señalada con el inciso a) se reclaman todas y cada una de las actuaciones realizadas en el expediente laboral J.4/585/2017. De la autoridad responsable señalada con el inciso c) el ilegal auto de requerimiento y embargo de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho." Esto es, el peticionario de amparo se duele de todas y cada una de las actuaciones dictadas en el citado sumario laboral, pues aduce no haber sido llamado a juicio y bajo protesta de decir verdad refiere que el día catorce de febrero del año en curso, se presentaron en el domicilio de su padre para requerirle el pago de lo condenado en el juicio laboral J.4/585/2017; que en consecuencia, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve acudió a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca a preguntar de la existencia del citado juicio, a solicitar y obtener copias del mismo; fecha en que sostiene haber tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora, resulta oportuno destacar que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante él tramitados, por ello se advierte que el diverso juicio de amparo indirecto 1503/2018-III, del índice de este juzgado, tiene estrecha relación con la demanda de amparo en estudio, pues en éste, la ahora tercero interesada Engracia García Villar, reclamó la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, de dictar laudo en el juicio laboral J.4/585/2017, y señaló como tercero interesado en aquél a Panificadora Nuestra Herencia y/o Panificadora Nuestra Herencia Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Panificadora el Dorado y/o Panificadora el Dorado Sociedad Anónima de Capital Variable y/o César Humberto Aguilar García y/o Alejandro Aguilar García aquí quejoso, quien fue emplazado personalmente el cinco de octubre de dos mil dieciocho, entregándole copia de la demanda sellada y cotejada, así como el auto admisorio; luego, se apersonó el dieciocho del citado mes y año (fojas 11 y 28 del juicio de amparo 1503/2018-III). Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En el caso, se actualiza manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que el quejoso acude a esta instancia constitucional para reclamar lo actuado en el juicio laboral J.4/585/2017 y aduce tuvo conocimiento el diecinueve de febrero del año en curso. Sin embargo, de las actuaciones que integran el juicio de amparo 1503/2018-III, se advierte que el tres de octubre de dos mil dieciocho, se dejó citatorio a la parte tercero interesada, a saber, Panificadora Nuestra Herencia y/o Panificadora Nuestra Herencia Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Panificadora el Dorado y/o Panificadora el Dorado Sociedad Anónima de Capital Variable y/o César Humberto Aguilar García y/o Alejandro Aguilar García; y el cinco de octubre de dos mil dieciocho, se emplazó por conducto de César Humberto Aguilar García; incluso César Humberto Aguilar García se apersonó al mismo el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho; por lo que se considera que no solo tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural, sino de su naturaleza y objeto. De lo anterior, se pone de manifiesto que el quejoso tuvo conocimiento del juicio laboral del que deriva el acto reclamado desde el cinco de octubre de dos mil dieciocho, no así el diecinueve de febrero del año en curso, como refiere en la demanda que se atiende. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el doce de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo y si el quejoso tuvo conocimiento por lo menos desde el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por tal motivo, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió en exceso. En ese orden de ideas, es claro que el plazo impugnativo debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; es decir, el plazo de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18, ambos de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de éste; el lapso para interponer el juicio de amparo. En esa tesitura, es claro que la demanda de amparo intentada por Alejandro Aguilar García resulta extemporánea por actualizarse la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo; por haber tenido conocimiento de los actos derivados del juicio laboral J.4/585/2017 cuando menos desde que fue emplazado en el juicio de amparo 1503/2018-III. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados; por lo tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 30/2007, página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Tomo XXV, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Y, la consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio, Octava Época, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Alejandro Aguilar García. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a Luis Fernando González González por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la persona restante en términos restringidos por no contar con el citado registro; esto es, para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. No obstante, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las demás partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(se lista citatorio parte quejosa) vii) Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro Aguilar García por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 305/2019-VII. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, en el libelo constitucional, el quejoso señala como acto reclamado: "De la autoridad responsable señalada con el inciso b) la ilegal razón actuarial y citatorio ambos de fechas veinte de marzo de dos mil dieciocho, así como la ilegal razón actuarial y la cédula de notificación de fechas veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; de igual forma la ilegal notificación de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho; la ilegal diligencia de pago y embargo de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve. De la autoridad responsable señalada con el inciso a) se reclaman todas y cada una de las actuaciones realizadas en el expediente laboral J.4/585/2017. De la autoridad responsable señalada con el inciso c) el ilegal auto de requerimiento y embargo de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho." Esto es, el peticionario de amparo se duele de todas y cada una de las actuaciones dictadas en el citado sumario laboral, pues aduce no haber sido llamado a juicio y bajo protesta de decir verdad refiere que el día catorce de febrero del año en curso, se presentaron en el domicilio de su padre para requerirle el pago de lo condenado en el juicio laboral J.4/585/2017; que en consecuencia, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve acudió a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca a preguntar de la existencia del citado juicio, a solicitar y obtener copias del mismo; fecha en que sostiene haber tenido conocimiento del acto reclamado. Ahora, resulta oportuno destacar que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante él tramitados, por ello se advierte que el diverso juicio de amparo indirecto 1503/2018-III, del índice de este juzgado, tiene estrecha relación con la demanda de amparo en estudio, pues en éste, la ahora tercero interesada Engracia García Villar, reclamó la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, de dictar laudo en el juicio laboral J.4/585/2017, y señaló como tercero interesado en aquél a Panificadora Nuestra Herencia y/o Panificadora Nuestra Herencia Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Panificadora el Dorado y/o Panificadora el Dorado Sociedad Anónima de Capital Variable y/o César Humberto Aguilar García y/o Alejandro Aguilar García aquí quejoso, quien fue emplazado personalmente el cinco de octubre de dos mil dieciocho, entregándole copia de la demanda sellada y cotejada, así como el auto admisorio; luego, se apersonó el dieciocho del citado mes y año (fojas 11 y 28 del juicio de amparo 1503/2018-III). Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En el caso, se actualiza manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que el quejoso acude a esta instancia constitucional para reclamar lo actuado en el juicio laboral J.4/585/2017 y aduce tuvo conocimiento el diecinueve de febrero del año en curso. Sin embargo, de las actuaciones que integran el juicio de amparo 1503/2018-III, se advierte que el tres de octubre de dos mil dieciocho, se dejó citatorio a la parte tercero interesada, a saber, Panificadora Nuestra Herencia y/o Panificadora Nuestra Herencia Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Panificadora el Dorado y/o Panificadora el Dorado Sociedad Anónima de Capital Variable y/o César Humberto Aguilar García y/o Alejandro Aguilar García; y el cinco de octubre de dos mil dieciocho, se emplazó por conducto de César Humberto Aguilar García; incluso César Humberto Aguilar García se apersonó al mismo el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho; por lo que se considera que no solo tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural, sino de su naturaleza y objeto. De lo anterior, se pone de manifiesto que el quejoso tuvo conocimiento del juicio laboral del que deriva el acto reclamado desde el cinco de octubre de dos mil dieciocho, no así el diecinueve de febrero del año en curso, como refiere en la demanda que se atiende. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el doce de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo y si el quejoso tuvo conocimiento por lo menos desde el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por tal motivo, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió en exceso. En ese orden de ideas, es claro que el plazo impugnativo debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; es decir, el plazo de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18, ambos de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de éste; el lapso para interponer el juicio de amparo. En esa tesitura, es claro que la demanda de amparo intentada por Alejandro Aguilar García resulta extemporánea por actualizarse la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo; por haber tenido conocimiento de los actos derivados del juicio laboral J.4/585/2017 cuando menos desde que fue emplazado en el juicio de amparo 1503/2018-III. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados; por lo tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 30/2007, página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Tomo XXV, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Y, la consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio, Octava Época, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Alejandro Aguilar García. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a Luis Fernando González González por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la persona restante en términos restringidos por no contar con el citado registro; esto es, para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. No obstante, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las demás partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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