Alejandro Agustín Martínez
Expediente 633/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/07/2018
Partes del expediente
- Alejandro Agustín Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el ocho de junio de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, devuélvase las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en un legajo de copias certificadas del expediente laboral J.2/238/2018. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; ocho de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo remite un legajo de copias certificadas del expediente laboral J.2/238/2018, de su índice estadístico. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. Por lo tanto, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la omisión de tramitar la demanda laboral que fue remitida por la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, toda vez que la ahora junta responsable no se había pronunciado respecto a la radicación, admisión y emplazamiento a juicio a la parte demandada, así como los tramites y actos subsecuentes dentro del plazo establecido por la ley que rige el acto reclamado, entre ellos el emplazamiento a la parte demandada. Ahora bien, de la copia certifica del auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral J.2/238/2018, a la cual se le concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, fijó las ocho horas con quince minutos del cinco de julio del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se pronunció respecto a la notificación al quejoso de ese auto y al emplazamiento de la parte demandada, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dicha causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente cesó sus efectos, pues la junta responsable al haberse pronunciado respecto a la tramitación y substanciación del juicio laboral remitido por la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la notificación del auto de radicación al quejoso, y la orden de emplazamiento a la parte demandada, se tiene que el acto reclamado que en esta instancia reclama la parte quejosa dejó de surtir efectos, pues con la actuación de la responsable se advierte que se le ha restituido en el goce de sus derechos fundamentales que aducía transgredidos; es decir, que la afectación dejó de existir, como si se le hubiera otorgado la protección de la justicia federal solicitada. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el quejoso al precisar en su escrito de demanda el acto reclamado hace referencia a la omisión de la autoridad responsable de proveer respecto a la radicación del juicio laboral, así como todos los actos subsecuentes, como el emplazamiento; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad laboral correspondiente de proveer lo conducente, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, es decir, el juicio de amparo resulta improcedente respecto a la solicitud del amparo indirecto por todos los posibles actos que llegaran a emitirse en un procedimiento; de ahí que, se debe especificar el acto en concreto con el que se aduce la responsable transgrede los derechos del solicitante. Resultan aplicables en lo conducente los criterios jurisprudenciales 2a./J. 16/2011 (10a.) y 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubros y textos siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Aunado a que, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que establece: "Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." Este Juzgador advierte la existencia del juicio de amparo indirecto 808/2018-I, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que el promovente es el ahora quejoso en el juicio que se actúa, y donde señala como acto reclamado el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral J.2/238/2018, mediante el que asumió la competencia planteada por la diversa Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente 01/655/16-II. Es decir, se aprecia que en ambos juicios de amparo se reclaman aspectos atinentes al expediente laboral J.2/238/2018, pero en el juicio de amparo 808/2018-I, se controvierte el contenido del auto de radicación propiamente, y en el juicio que se actúa la omisión de proveer sobre el mismo; lo que evidencia que la intención del quejoso deviene únicamente en saber sobre el auto de radicación de expediente del índice de la junta laboral con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México, lo que en caso ya aconteció. Es aplicable la Jurisprudencia XXII J/12, publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Mayra Nayeli Meléndez Piedra, apoderada legal de Alejandro Agustín Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Finalmente, por las consideraciones expuestas, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para celebrarse el veintiuno de junio de dos mil dieciocho a las diez horas. Notifíquese; personalmente
- Principal
En cumplimiento al aviso de notificación de trece de junio de dos mil dieciocho, se notifica a la parte quejosa el auto de ocho de junio de los cursantes, ello en virtud a no haber comparecido a este recinto judicial a notificarse. I) Toluca, Estado de México; ocho de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo remite un legajo de copias certificadas del expediente laboral J.2/238/2018, de su índice estadístico. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. Por lo tanto, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la omisión de tramitar la demanda laboral que fue remitida por la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, toda vez que la ahora junta responsable no se había pronunciado respecto a la radicación, admisión y emplazamiento a juicio a la parte demandada, así como los tramites y actos subsecuentes dentro del plazo establecido por la ley que rige el acto reclamado, entre ellos el emplazamiento a la parte demandada. Ahora bien, de la copia certifica del auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral J.2/238/2018, a la cual se le concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, fijó las ocho horas con quince minutos del cinco de julio del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se pronunció respecto a la notificación al quejoso de ese auto y al emplazamiento de la parte demandada, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dicha causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente cesó sus efectos, pues la junta responsable al haberse pronunciado respecto a la tramitación y substanciación del juicio laboral remitido por la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la notificación del auto de radicación al quejoso, y la orden de emplazamiento a la parte demandada, se tiene que el acto reclamado que en esta instancia reclama la parte quejosa dejó de surtir efectos, pues con la actuación de la responsable se advierte que se le ha restituido en el goce de sus derechos fundamentales que aducía transgredidos; es decir, que la afectación dejó de existir, como si se le hubiera otorgado la protección de la justicia federal solicitada. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el quejoso al precisar en su escrito de demanda el acto reclamado hace referencia a la omisión de la autoridad responsable de proveer respecto a la radicación del juicio laboral, así como todos los actos subsecuentes, como el emplazamiento; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad laboral correspondiente de proveer lo conducente, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, es decir, el juicio de amparo resulta improcedente respecto a la solicitud del amparo indirecto por todos los posibles actos que llegaran a emitirse en un procedimiento; de ahí que, se debe especificar el acto en concreto con el que se aduce la responsable transgrede los derechos del solicitante. Resultan aplicables en lo conducente los criterios jurisprudenciales 2a./J. 16/2011 (10a.) y 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubros y textos siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Aunado a que, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que establece: "Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." Este Juzgador advierte la existencia del juicio de amparo indirecto 808/2018-I, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que el promovente es el ahora quejoso en el juicio que se actúa, y donde señala como acto reclamado el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral J.2/238/2018, mediante el que asumió la competencia planteada por la diversa Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente 01/655/16-II. Es decir, se aprecia que en ambos juicios de amparo se reclaman aspectos atinentes al expediente laboral J.2/238/2018, pero en el juicio de amparo 808/2018-I, se controvierte el contenido del auto de radicación propiamente, y en el juicio que se actúa la omisión de proveer sobre el mismo; lo que evidencia que la intención del quejoso deviene únicamente en saber sobre el auto de radicación de expediente del índice de la junta laboral con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México, lo que en caso ya aconteció. Es aplicable la Jurisprudencia XXII J/12, publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Mayra Nayeli Meléndez Piedra, apoderada legal de Alejandro Agustín Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Finalmente, por las consideraciones expuestas, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para celebrarse el veintiuno de junio de dos mil dieciocho a las diez horas. Notifíquese; personalmente
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número de Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a través del cual atiende el requerimiento formulado en auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante en el proveído de referencia y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo promovida por Mayra Nayeli Meléndez Piedra, apoderada legal de Alejandro Agustín Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se ordena formar incidente de suspensión, pues la promovente del amparo no solicitó dicha medida cautelar, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PARTE TERCERA INTERESADA. Se reserva ordenar la notificación de radicación del juicio a la parte tercera interesada, hasta en tanto obren las constancias relacionadas con los actos reclamados y de éstas se obtenga la identidad de las personas a quiénes, les recaiga tal carácter, en términos del artículo 5, fracción III, de la ley de la materia y, en su caso, la necesidad o no de llamarlos a juicio. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese; mediante lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.
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