Alejandrina Zamora Hernandez

Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
96/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Alejandrina Zamora Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil dieciocho. En atención a lo anterior, advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En consecuencia, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, determina lo siguiente: I. Se declara consentida la sentencia dictada en audiencia constitucional con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, donde se declaró el sobreseimiento del presente juicio de amparo, al no haberse interpuesto el recurso de revisión previsto en el artículo 81 de la Ley de Amparo. II. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en la sentencia dictada en este juicio lo sobreseyó, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destruccion. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Personalmente."

  2. Principal

    Mesa de Amparo V-B "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 96/2018. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las catorce horas con cincuenta minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 96/2018, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo , (ii) acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho , donde se admitió a trámite la referida demanda de amparo e (iv) informe justificado . Se da cuenta con la relación de constancias que antecede. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda lo siguiente: téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las exhibidas por los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, al momento de rendir su informe justificado y las documentales que exhibió mediante oficios presentados ante este Juzgado el veintitrés de febrero, uno y seis de marzo del año en curso, respectivamente ; al no existir otros medios de prueba que relacionar, se cierra el período probatorio, para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos; por tanto, se da por concluida la presente audiencia, y se emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 96/2018, promovida por Alejandrina Zamora Hernandez. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si se actualiza la violación a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. El quejoso refiere que por escrito de fecha uno de octubre de dos mil doce demandó en la vía ordinaria laboral al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y por auto de fecha veintitrés de mismo mes y año quedó radicado el expediente con el número 136/2012, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. 2. Con fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, dictó el quinto laudo, por lo cual con escrito de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete el quejoso promovió incidente de liquidación de las prestaciones que debiera cubrir el demandado Tribunal Superior de Justicia del Estado; sin embargo, a la fecha no se ha dictado acuerdo o auto a pesar del tiempo trascurrido. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 3. La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridad: Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Acto reclamado: La omisión de proveer el escrito de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, de manera pronta, completa e imparcial, debiendo señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación respecto de los incrementos salariales, promovido en el expediente laboral 136/2012. 4. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 96/2018 y fue admitida el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 5. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta misma fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 6. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión y las autoridades responsables tienen residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD 7. Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 8. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 9. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 10. En el caso concreto, la intención del quejoso es reclamar: La omisión de proveer el escrito de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, de manera pronta, completa e imparcial, debiendo señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación respecto de los incrementos salariales, promovido en el expediente laboral 136/2012. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 11. Los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, al rendir su informe justificado (folios 13 a 45), aceptaron la existencia del acto reclamado. 12. Aunado a lo anterior, la existencia de las aludidas omisiones quedan patentizadas con el contenido de las copias certificadas que remitió la propia responsable adjuntas a su informe, actuaciones que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos públicos emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales; apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. PROCEDENCIA 13. Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio . 14. En la especie, de oficio se advierte que respecto del acto atribuido a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, consistente en la omisión de proveer el escrito de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, de manera pronta, completa e imparcial, debiendo señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación respecto de los incrementos salariales, promovido en el expediente laboral 136/2012., se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que ha cesado en sus efectos. 15. A efecto de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". 16. Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 17. Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. 18. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. 19. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente:  La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo.  Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo.  O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. 20. Ahora, de las constancias que mediante el informe justificado que rindió la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, firmado por los integrantes de la misma, remitió copia certificada del audiencia de fecha veintidós de enero del presente año, donde se dio trámite al escrito de fecha quince de agosto, materia de esta sede constitucional, en la que se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, con motivo de la vista que se le otorgó a la actora Alejandrina Zamora Hernández, la cual fue notificada por conducto de su autorizado Héctor Alavéz el mismo día; así mismo por medio del oficio número JAESPO/SGA/0887/2018, la referida autoridad remite copia certificada de la audiencia de fecha diecinueve de febrero del actual, donde se señalan las nueve horas del veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en el citado expediente laboral. 21. Cabe destacar, que mediante ofició presentado ante este juzgado el pasado seis de marzo del año en curso y que como ya se dijo en líneas anteriores la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, remite copia con firmas autógrafas de la audiencia de veintiocho de febrero del año en curso, por medio del cual, acredita que se llevó acabo la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación promovido en el expediente laboral 136/2012 de su índice, promovido por la aquí quejosa Alejandrina Zamora Hernández, el cual le fue notificado el mismo veintiocho de febrero. 22. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, pues con el pronunciamiento emitido en el citado acuerdo, la omisión atribuida a la autoridad responsable dejó de existir y por consecuencia cesó en sus efectos. 23. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario, cesó al haberse llevado acabo la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación promovido en el expediente laboral 136/2012, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales del quejoso, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. 24. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." 25. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con sede en esta ciudad de Oaxaca. VIII.DECISIÓN 26. En esas condiciones, ante la constatación de un impedimento jurídico, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V de la Ley de Amparo. 27. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandrina Zamora Hernández, en contra del acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en los términos precisados en los apartados IV y V de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa de Amparo V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngase a la secretaria General de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado cumpliendo con el requerimiento que se formuló el pasado veintiséis de febrero. Notifíquese.

  4. Principal

    Mesa de Amparo V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, y téngase a la autoridad responsable, cumpliendo con el requerimiento que se formuló el pasado veintiséis de febrero. Notifíquese.

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