Alejandrina Zamora Hernández

Expediente 679/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
679/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Alejandrina Zamora Hernández
  • ALEJANDRINA ZAMORA HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Se declara consentido el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad..., archívese el expediente principal como asunto concluido. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa de amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese al expediente el escrito de la quejosa *****, a través del cual desahoga la vista obsequiada el pasado trece de septiembre y hace diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Del estado procesal que guarda el expediente, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; siendo desahogada únicamente por la promovente del amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente, las constancias aportadas por la autoridad responsable y las manifestaciones realizadas en las líneas que anteceden. En ese tenor, se tiene que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en este expediente, misma que causó ejecutoria el veintiséis de marzo siguiente; donde el único punto resolutivo a la letra dice: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandrina Zamora Hernández, contra los actos reclamados a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado IX de este fallo, para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia." En esa determinación fueron señalados los efectos de la protección de la Justicia Federal que fue otorgada; siendo los siguientes: "a. Deje insubsistente la interlocutoria reclamada. b. Previo a emitir nueva resolución, verifique que realmente es jurídica y materialmente imposible la reinstalación de la quejosa, comprobar que Griselda Alvarado Dehesa (empleada de base) se reincorporó a su base a partir del dieciséis de septiembre de dos mil quince, allegarse de las constancias necesarias para verificar dichas circunstancias, pronunciarse respecto a las manifestaciones realizadas y a la objeción en cuanto al alcance legal y valor probatorio de las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada, lo cual fue promovido por la parte quejosa en ocurso recibido el seis de febrero de dos mil dieciocho, determinar en su caso, lo relativo a la terminación de la prestación de servicios de la aquí quejosa, y resolver en torno a la reinstalación sin controvertir lo determinado en el laudo respectivo. c. Una vez resuelto lo relativo a la acción principal de hacer, esto es, la reinstalación, podrá proceder al cálculo en cantidad líquida de los salarios caídos, los incrementos salariales y las demás prestaciones a las que fue condenado el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el incidente de liquidación que en su caso promuevan las partes." Con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector, la responsable emitió las siguientes determinaciones: 1. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la interlocutoria de siete de junio de dos mil dieciocho y su aclaración de veinte siguiente; además, giró oficio a diversas dependencias con el fin de verificar si es realmente jurídica y materialmente imposible la reinstalación de Alejandrina Zamora Hernández y ordenó que el actuario de su adscripción certificara y diera fe que Griselda Alvarado Dehesa se reincorporó a su base a partir del dieciséis de septiembre de dos mil quince 2. En proveído de veintidós de abril del presente año, con el objetivo de verificar lo antes expuesto, se fijó fecha y hora para que el actuario adscrito a la responsable se constituyera en el lugar de trabajo de Griselda Alvarado Dehesa y certificara los puntos ahí precisados. 3. A través del oficio sin número de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el Director de la Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca informó que Griselda Alvarado Dehesa reanudó labores el dieciséis de septiembre de dos mil quince y que se encuentra laborando al servicio del Poder Judicial, adscrita a la Dirección de Administración dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; lo anterior, se corrobora con el escrito de la nombrada, presentado ante la oficialía de partes de la mencionada Dirección de Administración, el tres de septiembre de dos mil quince, donde peticiona se le reincorpore a su plaza a partir del dieciséis de septiembre del citado año. 4. El treinta de abril siguiente, se reagendó la mencionada diligencia, pues cuando el actuario se constituyó en el lugar de trabajo de Griselda Alvarado Dehesa, se percató que la nombrada no laboró ese día. 5. Mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la Junta responsable tuvo por desahogada la diligencia ordenada al actuario de su adscripción y se pronunció respecto de las manifestaciones realizadas y a la objeción en cuanto a su autenticidad, contenido, firma, alcance legal y valor probatorio de las documentales ofrecidas por la parte demandada, lo que fue promovido en el ocurso recibido el seis de febrero de dos mil dieciocho y respecto a la reinstalación. 6. Por lo que hace a las objeciones planteadas, la Junta señaló que la aquí quejosa no ofreció medio probatorio alguno para demostrar su objeción; asimismo, indicó que no advierte que la reincorporación de Griselda Alvarado Dehesa sea un trámite simulado, pues se remitió el reporte de asistencias correspondiente. 7. En cuanto a la reinstalación, la responsable precisó que del informe que rindió el Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca se advierte que desde la reanudación de servicios de Griselda Alvarado Dehesa ha continuado prestando sus servicios a la parte demandada; señaló que en el laudo se condenó a la reinstalación con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil doce y hasta el tiempo que dure la licencia otorgada a la nombrada, titular de la plaza, así como el pago de sueldos dejados de percibir desde la fecha de la baja injustificada y los que se sigan generando hasta la reinstalación. 8. Se dio por terminada la prestación de servicios de la actora Alejandrina Zamora Hernández y se determinó que es jurídicamente y materialmente imposible la reinstalación de la actora que se condenó en el laudo, lo que deberá ser considerado para todos los efectos legales en el incidente de liquidación en el que se proceda al cálculo en cantidad liquida de los salarios caídos, incrementos salariales y demás prestaciones a que fue condenado el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 9. En proveído del pasado dieciocho de junio, se requirió a las partes en el citado juicio laboral, a fin de que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes promovieran la apertura del incidente de liquidación y exhibieran su planilla respectiva. 10. El dos de julio del año que transcurre, se tuvo a Alejandrina Zamora Hernández promoviendo incidente de liquidación, por lo que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 11. A las diez horas del ocho de julio del presente año, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de liquidación, en la cual la Junta responsable se reservó la facultad de calificar pruebas y emitir la interlocutoria respectiva. 12. El doce de septiembre de dos mil diecinueve, se resolvió en incidente de liquidación bajo los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 17, 18 y 843 de la Ley Federal del Trabajo se declara procedente el incidente de liquidación promovido por la parte actora en los términos especificados en esta resolución. SEGUNDO. Se establece el pago de incrementos a los salarios caídos en los términos especificados en el considerando segundo de esta resolución." Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo expuesto en las líneas que anteceden, se evidencia que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la resolución reclamada y su aclaración. Procedió a indagar si era jurídica y materialmente imposible la reinstalación de la quejosa y verificó que Griselda Alvarado Dehesa se reincorporó a su base a partir del dieciséis de septiembre de dos mil quince, allegándose de las constancias correspondientes. Se pronunció respecto de las manifestaciones realizadas y a la objeción en cuanto a su autenticidad, contenido, firma, alcance legal y valor probatorio de las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandada, lo que fue promovido por la parte actora -aquí quejosa- a través del escrito presentado ante la Junta responsable el seis de febrero de dos mil dieciocho. Resolvió que es jurídica y materialmente imposible la reinstalación de la quejosa a que se condenó en el laudo. Requirió a las partes para que promovieran la apertura del incidente de liquidación, lo que fue desahogado por la actora y en resolución de doce del mes y año en curso, resolvió el mencionado incidente. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este Juzgador y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos legales de los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo. Respecto de las manifestaciones hechas por la quejosa, debe decirse que se esté a lo determinado en las líneas que anteceden, pues este órgano jurisdiccional estima que el fallo protector se encuentra cumplido, ya que la Junta responsable acató los efectos precisados en éste, como se relató. En primer lugar, porque uno de los efectos de la sentencia concesoria fue el de verificar si era jurídica y materialmente imposible su reinstalación, sin señalar la forma en la que debería de realizarlo la responsable. Sin que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo alcance al efecto de vencer la imposibilidad material y jurídica que existe para reinstalar a la quejosa en una base que no se encuentra disponible. Asimismo, se dio valor probatorio a las pruebas aportadas por la parte demandada y se pronunció respecto de las manifestaciones vertidas y las objeciones planteadas. Se resolvió en incidente de liquidación, respecto del cual en la sentencia de amparo no se precisó la forma en la que debería de emitirse, es decir, no se dieron a la Junta responsable lineamientos específicos para cumplir. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, como Titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec), con efectos a partir del dieciséis de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga. Cobra aplicación, por analogía, la tesis con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la secretaria Lizeth Ortiz Segura, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mesa de amparo VI-A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Se ordene agregar a los autos para que obren como en derecho correspondan el oficio y anexo señalados en la cuenta y téngase a la Secretaria General de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca exhibiendo copia certificada de la resolución pronunciada el pasado doce de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 136/2012, mediante la cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el invocado numeral se resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. [...]. Por lo expuesto y por los criterios invocados por el Más Alto Tribunal del País, es que no se provee de conformidad la solicitud de la promovente del amparo de mandar el presente asunto por inejecución al Tribunal Colegiado que corresponda, ni se impondrán las multas que refiere. No obstante lo anterior, como a la fecha este juzgado no tiene conocimiento si ya se dictó resolución correspondiente en el incidente de liquidación promovido por *****************, requiérase a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo improrrogable de tres días remita a este juzgado la resolución interlocutoria a que se ha hecho alusión o manifieste el impedimento legal que le asista para ello. Se le apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización... [...] Notifíquese.

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