Alejandrina Zamora Hernández
Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandrina Zamora Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA II San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio ha causado estado. II. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en el artículo décimo primero, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en este juicio se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VII. Finalmente, al carecer de objeto que permanezcan en esta secretaría las constancias con las que se ordenó formar el tomo uno de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese. Lo proveyó y firma el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario Miriam Fabiola Núñez Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil dieciocho. La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, remite copia con firmas autógrafas de los acuerdos de veinte y veintisiete de junio del año en curso, dictados en el expediente laboral 136/2012, de su índice, por los cuales se subsanaron diversos errores respecto a la interlocutoria de siete de junio de dos mil dieciocho, relativa al incidente de liquidación promovida por la actora **************; por tanto, se toma nota de lo anterior para los efectos legales conducentes, tomando en consideración que el pasado quince de junio se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, en razón de haber cesado los efectos del acto reclamado. Notifíquese.
- Principal
"... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil dieciocho. Agréguense los oficios y anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, del primer oficio de la secretaria de acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, se advierte que remite el original de la interlocutoria de siete de junio del año en curso. Y en cuanto al segundo similar, se advierte que envía el tomo dos del expediente laboral original *******, por tanto, téngasele cumpliendo con lo requerido el pasado ocho de junio, y para un mejor manejo de este expediente, fórmese el tomo uno de pruebas por separado con las constancias remitidas por la autoridad de cuenta, y guárdese en la secretaría de este juzgado. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto . En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo , pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella . Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . En el caso concreto, la quejosa *******, reclamó la omisión de dictar resolución en el incidente de liquidación de manera pronta, completa e imparcial, así como señalar fecha para su reinstalación material y el requerimiento del pago a la parte demandada en el juicio laboral. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que se dictó resolución en el incidente de liquidación del expediente laboral ******* del incide de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, en la que se declaró materialmente imposible la reinstalación de la aquí quejosa en su puesto de trabajo, toda vez que la titular de la base regresó a su plaza; asimismo consideró procedente el incidente de liquidación promovido por la parte actora y comisionó al actuario de su adscripción para que en su compañía en diligencia le requiera el pago de la cantidad de $*****,*******.** (******pesos ******/100); por lo que, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Sin que el suscrito esté en condiciones de analizar lo correcto o no de las determinaciones realizadas por la responsable en la interlocutoria de siete de junio de dos mil dieciocho, toda vez que la materia de la litis lo era únicamente la omisión de dictarla; siendo que las ulteriores etapas del procedimiento laboral dependerán del impulso procesal de la parte actora. Sirve de guía a esta decisión y orientadora de la respuesta dada aquí al quejoso la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4. Décima Época, página 2772, con número de registro 2000025, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Asimismo, cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, materia común, página 2771, registro 2000011, siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (once horas con cincuenta minutos del veinticinco de junio de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria Miriam Fabiola Núñez Castillo, que autoriza y da fe." (NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y dése vista a las partes. Ahora bien, del contenido del informe se advierte que es cierto el acto reclamado, por tanto, a fin de dictar una resolución apegada a derecho, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a su notificación, remita a este juzgado copia certificada del incidente de liquidación en el expediente laboral 136/2012 de su índice. Apercíbase a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior, se hará efectiva la multa con la cual se le conminó en auto inicial. Por último, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta, la audiencia constitucional señalada para el doce de junio de dos mil dieciocho, se reprograma para las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente.
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