ALEJANDRA o ALEJANDRINA DE LA CRUZ OLIVARES
Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALEJANDRA o ALEJANDRINA DE LA CRUZ OLIVARES
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.********************Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. ********************Finalmente, se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 628/2020-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Alejandrina de la Cruz Olivares; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, mediante buzón judicial y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de Partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", Alejandrina de la Cruz Olivares, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental y garantía violada la contenida en el artículo 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de diez de septiembre de dos mil veinte, la demanda promovida por Alejandrina de la Cruz Olivares, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 628/2020-A; el citado sumario constitucional se admitió a trámite, y se ordenó la apertura del incidente de suspensión respectivo; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 47). En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución, den Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Iñiguez) y como nuevo acto reclamado la orden de reaprehensión dictada el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del cuaderno de ejecución SIPE 377/2018, al derivarse tal potestad del informe justificado rendido por las diversas responsables 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), 2. Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla y 3. Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla (en su denominación correcta); y en su caso, formulara los conceptos de violación que estimara pertinentes; apercibida la quejosa que de ser omisa sobre el particular, se tendrían únicamente como autoridades responsables y como acto reclamado, los señalados en su escrito inicial de demanda y sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente sumario constitucional. En ese orden, una vez que transcurrió el término de quince días otorgado a la impetrante de amparo, para que atendiera el requerimiento formulado en los términos precisados en el párrafo que precede, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa y se tuvieron únicamente señaladas como autoridades responsables y, acto reclamado, los que se señalaron en el escrito inicial de demanda y se determinó que sobre esa base se resolvería este juicio. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veinte de octubre de dos mil veinte, se señalaron las doce horas con dieciocho minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que Alejandrina de la Cruz Olivares, en esta instancia constitucional reclama: - La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: NÚMERO DE ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega). Negó (fojas 50 y 51) 2 Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla. Negó (foja 38) 3 Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla (en su denominación correcta). Negó (foja 48) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que la quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la peticionaria de amparo la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que el acto sí existía y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, reclamado a las autoridades destacadas previamente. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No es óbice a lo anterior, que las referidas autoridades responsables al rendir su informe justificado hubieren informado que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución, den Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Iñiguez), libró una orden de reaprehensión el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del cuaderno de ejecución SIPE 377/2018, en contra de la aquí quejosa; acto y autoridad que no fueron señalados como responsables por la quejosa en su escrito inicial de demanda. Sin embargo, después de requerir a la peticionaria del amparo, para que expresara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, por el acto y autoridad precisados en el párrafo que precede, omitió desahogar tal requerimiento, por lo que en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, se tuvo únicamente como actos reclamados y autoridades responsables, los señalados en su escrito inicial de demanda. En consecuencia de lo anterior, el mandato de recaptura emitido dentro del cuaderno de ejecución SIPE 377/2018, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Iñiguez), no forma parte de la materia de este juicio de amparo, y por tanto, en esta sentencia no se realiza mayor pronunciamiento respecto del mismo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Alejandrina de la Cruz Olivares, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita; en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días, otorgado en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a la quejosa Alejandrina de la Cruz Olivares, para que refiriera si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable en el presente controvertido constitucional al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Iñiguez), y como nuevo acto reclamado la orden de reaprehensión dictada el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del cuaderno de ejecución SIPE 377/2018; sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido proveído; y, se tienen únicamente como actos reclamados y autoridades responsables en el presente juicio de amparo, los señalados en su escrito inicial de demanda y, sobre esa base se resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Finalmente, ya que fueron señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional; a fin de que las partes puedan imponerse del presente acuerdo, procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las doce horas con dieciocho minutos del treinta de octubre de dos mil veinte. Notifíquese por lista a las partes...
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