ALEJANDRA MORALES MESA y Otros.
Expediente 718/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALEJANDRA MORALES MESA y Otros.
- Alejandra Morales Mesa
- Antonio Morales Mesa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de agosto de dos mil veintitrés. I. Firme desechamiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de once de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que se haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. II. Archivo. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés), se establece que el presente asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción IV, del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de ser conservable íntegramente cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. En ese sentido, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad no responsable aludida y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
I. Informes relativos a la suspensión de plano. Agréguense a los autos, para que surtan los efectos legales procedentes, los oficios FGE/CGAJ/DPC/5111/2023-22CONST y FGE/CGAJ/DPC/5158/2023-22CONS remitidos -vía correo electrónico institucional- por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del 1. Fiscal General del Estado de Puebla; el diverso oficio SSC/DJ/1657/2023 signado por la Abogada de Guardia del Departamento de Asuntos de lo Contencioso y Consultivo de la 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla; así como el oficio 3450/2023 signado por la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla; mediante los cuales, en contestación al requerimiento formulado por acuerdo dictado el diez de julio de dos mil veintitrés, rinden su informe relativo a la suspensión de plano, decretada en favor del quejoso Antonio Morales Mesa. De igual forma, se tiene a la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitiendo copia certificada de las constancias que sustentan su dicho, las cuales, se tomarán en consideración en el momento oportuno. Asimismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegadas para oír y recibir notificaciones a las personas indicadas por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del 1. Fiscal General del Estado de Puebla. II. Diligencia. Por otro lado, agréguese a los autos la diligencia practicada a la primera hora con veinte minutos del diez de julio pasado, por el actuario judicial adscrito, entendida con el directo quejoso Antonio Morales Mesa, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, ubicadas en calle 6 Norte, entre calles 8 y 10 Oriente, en la ciudad de Puebla; en la cual, en atención a lo ordenado en auto de radicación de diez de julio de este año, en lo que interesa, asentó: 1. Que al ingresar fue atendido por Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien, entre otras cuestiones, le comunicó que el directo quejoso Antonio Morales Mesa se encontraba en una sala de espera en compañía de su padre y que no se encontraba torturado, incomunicado ni maltratado. 2. Que notificó al directo quejoso Antonio Morales Mesa la citada determinación de diez de julio de dos mil veintitrés y, al quedar entendido de la misma, le requirió para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta y quedarían sin efectos las providencias dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a lo que manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor con la que se dio inicio al presente controvertido constitucional. 3. Que el quejoso directo Antonio Morales Mesa manifestó que no se encontraba incomunicado al encontrarse acompañado por su padre. 4. Que el quejoso directo manifestó que no ha sufrido de malos tratos por parte de alguna autoridad; quien se encuentra orientado en tiempo y lugar, cuenta con golpes del lado izquierdo de su rostro, refiriendo que dichos golpes contra su integridad fueron infringidos por parte de su suegro, siendo las únicas lesiones que se observan a la vista, y refiere que sí sabe porque fue trasladado a ese recinto. 5. Que el quejoso se encuentra en una sala de espera en el interior de las oficinas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, la que cuenta con área de baño en buen estado, luz eléctrica y acceso a la luz natural, cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes. 6. Y, el directo quejoso nombró como su abogado que lo represente en este juicio de amparo a José Manuel Viciconty Zapot, proporcionando los datos de su cédula profesional, la cual se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. De lo que se toma nota para los efectos legales procedentes; mientras, téngase al quejoso designando a José Manuel Viciconty Zapot como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. III. Desechamiento. El suscrito juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, respecto a la demanda de amparo promovida por Alejandra Morales Mesa, a favor y en nombre de Antonio Morales Mesa, en la que se reclamó al 1. Fiscal General del Estado de Puebla, al 2. Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, y a la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: La orden de detención fuera de procedimiento, incomunicación, tortura o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, los cuales se encuentran proscritos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entran en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. Por ende, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: ( Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; ( Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, ( Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, en primer lugar conviene señalar que si bien la promovente Alejandra Morales Mesa reclama la incomunicación del directo quejoso Antonio Morales Mesa, lo cierto es que del análisis total de las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, no se advierte que éste se haya encontrado o se encuentre en dicho estado de incomunicación o que hubiere estado impedido para presentar la demanda de amparo, pues de la diligencia practicada con el directo quejoso el diez de julio pasado, el actuario judicial adscrito refirió lo siguiente -lo destacado es propio-: "(.) "la persona buscada se encuentra en una sala de espera al interior de las instalaciones visitadas en compañía de su padre, manifestando que no se encuentra torturado, maltratado o incomunicado, por lo que me traslado al área donde se ubica el quejoso de referencia, en compañía del licenciado José Manuel Viciconty Zapot, quien refiere ser defensor particular del quejoso Antonio Morales Mesa, por lo que se le proporciona el acceso para poder entrevistarse con su defendido. (.) .acto continuo, el quejoso desea agregar que no se encuentra incomunicado derivado de encontrarse en compañía de su padre, señalando que no ha sido víctima de tortura física o maltrato en las instalaciones visitadas. (.)" De lo antes transcrito, se advierte que el directo quejoso Antonio Morales Mesa, al momento de llevarse a cabo la diligencia aludida con el actuario judicial adscrito, se encontraba en compañía de su padre y se pudo entrevistar con el licenciado José Manuel Viciconty Zapot, quien refiere ser su defensor particular. Además, se destaca que el propio quejoso manifestó de voz propia no encontrarse incomunicado ni haber sufrido actos de tortura o malos tratos por parte de los funcionarios de la fiscalía en donde se encuentra detenido. Aunado a lo anterior, en el oficio 3450/2023 signado por la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla -por el que rindió su informe relativo a la suspensión de plano-, se anexaron copia certificada de diversas documentales derivadas de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/FEMI-I/007210/2023, las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De tales documentales se advierte lo siguiente -lo destacado es propio-: Registro de llamada "(.) ".siendo las 20:15 horas. se le hace del conocimiento al Ciudadano Antonio Morales Mesa, que tiene derecho a realizar una llamada a alguien de su confianza o algún familiar para informarle que se encuentra en calidad de detenido por un hecho con apariencia de delito de resistencia de particulares, manifestando el detenido que no es necesario, ya que su familia tiene conocimiento que venía a esta Agencia, por lo que no desea realizar ninguna llamada... (.)" Registro de alimentos. "(.) .siendo las 22:00 horas, el c. Antonio Morales Mesa, recibió alimentos, mismos que le fueron proporcionados por su progenitor el C. Carlos Antonio Morales Cabañas, con quien tuvo comunicación, platicó con él un rato y verificó que el trato por parte del personal de esta Representación Social ha sido bueno y en apego y respeto a sus derechos humanos..." (.)" Entonces, al margen de lo asentado en la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se colige que el quejoso no estuvo o está impedido para signar la demanda de amparo, pues lo asentado en el acta se corrobora con las documentales descritas, especialmente la circunstancia de que, previo a las veintidós horas con treinta y dos minutos del diez de julio de dos mil veintitrés -hora y fecha de la presentación de la demanda de amparo-, al quejoso se le dio oportunidad de comunicarse con sus familiares o persona de confianza y tuvo comunicación con su padre, quien, incluso, de forma presencial, le proporcionó alimentos. En efecto, es importante resaltar que la incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a un detenido para hablar o comunicarse con tercera persona, lo que no ocurre en este caso en particular, pues, se insiste, del contenido de la diligencia practicada por el actuario judicial de la adscripción con el directo quejoso y de las documentales aportadas por la fiscal no responsable, se colige que el quejoso, previo a la presentación de la demanda de amparo, se encontraba en compañía de su padre. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INCOMUNICACION DEL REO. La incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a un detenido, para hablar o comunicarse con tercera persona." En ese sentido, si bien con reclamarse actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se puede tener por cumplido el primer requisito -antes señalado- para que cualquier persona promueva en nombre del directo quejoso, lo cierto es que el segundo requisito no se tiene colmado, ya que aquél debió o debe encontrarse imposibilitado para promover directamente el amparo. Por lo que, si bien el quejoso directo Antonio Morales Mesa se encontraba privado de su libertad, ello no quiere decir que estuviera o esté incomunicado o tenga impedimento alguno para firmar la demanda de amparo, ya que alguna persona, abogado o la propia promovente pudo acceder a las instalaciones de detención y recabar la firma, ya que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encontraba incomunicado. Lo anterior, evidencia que no se acredita el segundo requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, toda vez que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso). Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor del quejoso directo Antonio Morales Mesa, porque aquél no estuvo imposibilitado para ejercer la acción constitucional; por ende, no existió razón que le impidiera promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del quejoso directo Antonio Morales Mesa por la manifiesta e indudable improcedencia de la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo¨. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y las promociones de cuenta dada su trascendencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad no responsable aludida, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: I. Informes relativos a la suspensión de plano. Agréguense a los autos, para que surtan los efectos legales procedentes, los oficios FGE/CGAJ/DPC/5111/2023-22CONST y FGE/CGAJ/DPC/5158/2023-22CONS remitidos -vía correo electrónico institucional- por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del 1. Fiscal General del Estado de Puebla; el diverso oficio SSC/DJ/1657/2023 signado por la Abogada de Guardia del Departamento de Asuntos de lo Contencioso y Consultivo de la 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla; así como el oficio 3450/2023 signado por la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla; mediante los cuales, en contestación al requerimiento formulado por acuerdo dictado el diez de julio de dos mil veintitrés, rinden su informe relativo a la suspensión de plano, decretada en favor del quejoso Antonio Morales Mesa. De igual forma, se tiene a la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitiendo copia certificada de las constancias que sustentan su dicho, las cuales, se tomarán en consideración en el momento oportuno. Asimismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegadas para oír y recibir notificaciones a las personas indicadas por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del 1. Fiscal General del Estado de Puebla. II. Diligencia. Por otro lado, agréguese a los autos la diligencia practicada a la primera hora con veinte minutos del diez de julio pasado, por el actuario judicial adscrito, entendida con el directo quejoso Antonio Morales Mesa, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, ubicadas en calle 6 Norte, entre calles 8 y 10 Oriente, en la ciudad de Puebla; en la cual, en atención a lo ordenado en auto de radicación de diez de julio de este año, en lo que interesa, asentó: 1. Que al ingresar fue atendido por Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien, entre otras cuestiones, le comunicó que el directo quejoso Antonio Morales Mesa se encontraba en una sala de espera en compañía de su padre y que no se encontraba torturado, incomunicado ni maltratado. 2. Que notificó al directo quejoso Antonio Morales Mesa la citada determinación de diez de julio de dos mil veintitrés y, al quedar entendido de la misma, le requirió para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta y quedarían sin efectos las providencias dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a lo que manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor con la que se dio inicio al presente controvertido constitucional. 3. Que el quejoso directo Antonio Morales Mesa manifestó que no se encontraba incomunicado al encontrarse acompañado por su padre. 4. Que el quejoso directo manifestó que no ha sufrido de malos tratos por parte de alguna autoridad; quien se encuentra orientado en tiempo y lugar, cuenta con golpes del lado izquierdo de su rostro, refiriendo que dichos golpes contra su integridad fueron infringidos por parte de su suegro, siendo las únicas lesiones que se observan a la vista, y refiere que sí sabe porque fue trasladado a ese recinto. 5. Que el quejoso se encuentra en una sala de espera en el interior de las oficinas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, la que cuenta con área de baño en buen estado, luz eléctrica y acceso a la luz natural, cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes. 6. Y, el directo quejoso nombró como su abogado que lo represente en este juicio de amparo a José Manuel Viciconty Zapot, proporcionando los datos de su cédula profesional, la cual se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. De lo que se toma nota para los efectos legales procedentes; mientras, téngase al quejoso designando a José Manuel Viciconty Zapot como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. III. Desechamiento. El suscrito juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, respecto a la demanda de amparo promovida por Alejandra Morales Mesa, a favor y en nombre de Antonio Morales Mesa, en la que se reclamó al 1. Fiscal General del Estado de Puebla, al 2. Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, y a la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: La orden de detención fuera de procedimiento, incomunicación, tortura o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, los cuales se encuentran proscritos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entran en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. Por ende, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: ( Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; ( Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, ( Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, en primer lugar conviene señalar que si bien la promovente Alejandra Morales Mesa reclama la incomunicación del directo quejoso Antonio Morales Mesa, lo cierto es que del análisis total de las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, no se advierte que éste se haya encontrado o se encuentre en dicho estado de incomunicación o que hubiere estado impedido para presentar la demanda de amparo, pues de la diligencia practicada con el directo quejoso el diez de julio pasado, el actuario judicial adscrito refirió lo siguiente -lo destacado es propio-: "(.) "la persona buscada se encuentra en una sala de espera al interior de las instalaciones visitadas en compañía de su padre, manifestando que no se encuentra torturado, maltratado o incomunicado, por lo que me traslado al área donde se ubica el quejoso de referencia, en compañía del licenciado José Manuel Viciconty Zapot, quien refiere ser defensor particular del quejoso Antonio Morales Mesa, por lo que se le proporciona el acceso para poder entrevistarse con su defendido. (.) .acto continuo, el quejoso desea agregar que no se encuentra incomunicado derivado de encontrarse en compañía de su padre, señalando que no ha sido víctima de tortura física o maltrato en las instalaciones visitadas. (.)" De lo antes transcrito, se advierte que el directo quejoso Antonio Morales Mesa, al momento de llevarse a cabo la diligencia aludida con el actuario judicial adscrito, se encontraba en compañía de su padre y se pudo entrevistar con el licenciado José Manuel Viciconty Zapot, quien refiere ser su defensor particular. Además, se destaca que el propio quejoso manifestó de voz propia no encontrarse incomunicado ni haber sufrido actos de tortura o malos tratos por parte de los funcionarios de la fiscalía en donde se encuentra detenido. Aunado a lo anterior, en el oficio 3450/2023 signado por la autoridad no responsable Andrea León García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla -por el que rindió su informe relativo a la suspensión de plano-, se anexaron copia certificada de diversas documentales derivadas de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/FEMI-I/007210/2023, las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De tales documentales se advierte lo siguiente -lo destacado es propio-: Registro de llamada "(.) ".siendo las 20:15 horas. se le hace del conocimiento al Ciudadano Antonio Morales Mesa, que tiene derecho a realizar una llamada a alguien de su confianza o algún familiar para informarle que se encuentra en calidad de detenido por un hecho con apariencia de delito de resistencia de particulares, manifestando el detenido que no es necesario, ya que su familia tiene conocimiento que venía a esta Agencia, por lo que no desea realizar ninguna llamada... (.)" Registro de alimentos. "(.) .siendo las 22:00 horas, el c. Antonio Morales Mesa, recibió alimentos, mismos que le fueron proporcionados por su progenitor el C. Carlos Antonio Morales Cabañas, con quien tuvo comunicación, platicó con él un rato y verificó que el trato por parte del personal de esta Representación Social ha sido bueno y en apego y respeto a sus derechos humanos..." (.)" Entonces, al margen de lo asentado en la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se colige que el quejoso no estuvo o está impedido para signar la demanda de amparo, pues lo asentado en el acta se corrobora con las documentales descritas, especialmente la circunstancia de que, previo a las veintidós horas con treinta y dos minutos del diez de julio de dos mil veintitrés -hora y fecha de la presentación de la demanda de amparo-, al quejoso se le dio oportunidad de comunicarse con sus familiares o persona de confianza y tuvo comunicación con su padre, quien, incluso, de forma presencial, le proporcionó alimentos. En efecto, es importante resaltar que la incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a un detenido para hablar o comunicarse con tercera persona, lo que no ocurre en este caso en particular, pues, se insiste, del contenido de la diligencia practicada por el actuario judicial de la adscripción con el directo quejoso y de las documentales aportadas por la fiscal no responsable, se colige que el quejoso, previo a la presentación de la demanda de amparo, se encontraba en compañía de su padre. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INCOMUNICACION DEL REO. La incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a un detenido, para hablar o comunicarse con tercera persona." En ese sentido, si bien con reclamarse actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se puede tener por cumplido el primer requisito -antes señalado- para que cualquier persona promueva en nombre del directo quejoso, lo cierto es que el segundo requisito no se tiene colmado, ya que aquél debió o debe encontrarse imposibilitado para promover directamente el amparo. Por lo que, si bien el quejoso directo Antonio Morales Mesa se encontraba privado de su libertad, ello no quiere decir que estuviera o esté incomunicado o tenga impedimento alguno para firmar la demanda de amparo, ya que alguna persona, abogado o la propia promovente pudo acceder a las instalaciones de detención y recabar la firma, ya que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encontraba incomunicado. Lo anterior, evidencia que no se acredita el segundo requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, toda vez que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso). Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor del quejoso directo Antonio Morales Mesa, porque aquél no estuvo imposibilitado para ejercer la acción constitucional; por ende, no existió razón que le impidiera promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del quejoso directo Antonio Morales Mesa por la manifiesta e indudable improcedencia de la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo¨. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y las promociones de cuenta dada su trascendencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad no responsable aludida, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de cuenta con el número 718/2023 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo indirecto que se lleva en este Juzgado. Expediente Físico y Electrónico. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. Consulta de expediente. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. Digitalización. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Cuestiones preliminares. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que la promovente ***, a favor y en nombre de ***, reclama la incomunicación y la detención, de los cuales, el primero, se encuentra proscrito en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entra en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. De ahí que se cumplan con los requisitos para la recepción y tramitación de la presente demanda bajo el esquema de "caso urgente". Trámite. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tramita la demanda de amparo promovida por ***, a favor y en nombre de ***, contra actos atribuidos al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y al 2. Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, así como a la autoridad no señalada como responsable Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres. Suspensión de Oficio y de Plano. La orden de detención fuera de procedimiento del directo quejoso, incomunicación o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los acto reclamados en favor del directo quejoso Antonio Morales Mesa, consistentes en la incomunicación, tortura física o maltrato, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. Asimismo, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, en favor del directo quejoso Antonio Morales Mesa, para los siguientes efectos: Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención del quejoso ya efectuada por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede, en términos del artículo 165 de la ley de la materia, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que haya sido puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y, en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido, que las autoridades responsables y la autoridad no señalada como responsable Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, deberán permitir al quejoso directo tener comunicación con su abogado y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. Requerimiento de informe. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables y de la autoridad no señalada como responsable Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables y a la autoridad no señalada como responsable Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada una y por separado, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222-119-9543; y, que el licenciado Víctor Hugo Jiménez Loranca, es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2221085566 y correo electrónico institucional victor.jimenez.loranca@correo.cjf.gob.mx, así como correo electrónico personal la.mesa.a@hotmail.com, para recibir dicha información. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. Ratificación de la demanda. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización del quejoso Antonio Morales Mesa, para lo cual deberá constituirse en las oficinas siguientes: ( De la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres; ( De la Fiscalía General de la República Delegación Puebla; ( De la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; ( Del Complejo Seguridad Metropolitano C5; ( Área de Seguridad Pública de la Fiscalía General del Estado de Puebla; ( De la Casa de Justicia del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; ( De la Casa de Justicia del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital; ( Del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla; ( Del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla; ( De la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla; ( La 25° Zona Militar en la ciudad de Puebla; y/o, ( En el lugar en el que las autoridades responsables indiquen se encuentra resguardado o detenido el referido quejoso. Y, una vez localizado, le requiera para que en ese acto o dentro del término de tres días legalmente computado, realice lo siguiente: ( Manifieste si ratifica o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. ( Lo prevenga para que nombre a un abogado o abogados que la representen en este juicio de amparo, para lo cual, deberá proporcionar los datos de la cédula profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; con el apercibimiento que, de no hacerlo este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio de estimarlo necesario. Además, signifíquese al actuario que al localizar al quejoso deberá: a) Ratificar a la autoridad ante quien esté detenido el quejoso, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional; b) Asentar las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor o abogado, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentra detenido y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 Constitucional; y, c) Asentar las condiciones del lugar en el que está detenido el quejoso, esto es, si cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. Prevención. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: Único. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres. Lo anterior, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".le dijeron a mi hermano que no estaba detenido pero que no se podía retirar del lugar como a las 05:30 de la tarde lo subieron en la puerta de atrás de la patrulla FORD VP-200 y se lo llevaron a la fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres..." De la anterior transcripción se advierte que después de detener al directo quejoso, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres; en consecuencia, la parte quejosa deberá señalar con claridad y precisión si es su deseo o no señalar como autoridad responsable a la antes referida, y el acto o actos que le atribuye, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que la presente prevención es con el fin de que subsane la irregularidad ya precisada, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Apercibimiento de no cumplir prevención. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De las notificaciones a las autoridades. Se hace saber a las autoridades responsables, a la autoridad no señalada como responsable Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, y de la autoridad no señalada como responsable Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. Asimismo, signifíquese tanto a las autoridades responsables como a las autoridades que tengan o pudieran tener a disposición al quejoso que deberán dar ingreso inmediato al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, con el fin de dar cumplimiento a la diligencia encomendada en esta determinación. Con el apercibimiento de no hacerlo se impondrá al funcionario que demore o niegue la entrada, así como al Titular de la institución a la que pertenece, una multa, a cada una y por separado, equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Vista a ministerio público. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. Incidente de suspensión. No es necesario abrir incidente de suspensión, cuenta habida que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. En otro orden, se toma nota del número telefónico, para canal de comunicación directa no procesal. Autorizados. Del contenido integral de la demanda de amparo en estudio, no se advierte que se haya señalado a persona alguna como autorizado procesal en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Autorización zona conurbada. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. Interconexión entre autoridades. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Exhortación para continuar con la tramitación del presente juicio de amparo "en línea". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Compensación carga laboral. Toda vez que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue recibida por el Secretario de Guardia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; en consecuencia, para compensar la carga laboral, se requiere al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que remita la boleta de turno que corresponda, tomando en consideración que la demanda que se proveyó se trata de alguno de los supuestos del artículo 22 constitucional, por lo que se ordena remitir copia autorizada de la demanda para los efectos administrativos correspondientes. Integración de expediente físico. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y al quejoso directo en el lugar de su detención en los términos aquí señalados y corriéndole traslado con copia certificada de la presente determinación (copia que contendrá las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de los funcionarios que actúan en esta determinación, que hacen la vez de la certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del AG12/2020), en el entendido de que si el actuario es informado que ha sido trasladado a un diverso lugar de reclusión o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre y cuando se encuentre dentro de la zona conurbada descrita en este auto, para lo cual deberá indagar sobre su paradero; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad no responsable aludida, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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