Alejandra Gonzalez Torres
Expediente 776/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandra Gonzalez Torres
- ANTONIA JIMENEZ MACEDA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la observación que debido a que se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental y es susceptible de depuración transcurridos cinco años a partir de esta fecha, de conformidad con la fracción IV del punto Vigésimo Primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase el duplicado de la causa penal 73/2017, exhibido por la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla; requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES, en contra del auto de formal prisión de ocho de junio de dos mil diecisiete, que le fue dictado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en la causa penal 73/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio del ahora occiso Yovany Iván Adán Jiménez; y, sue ejecución, atribuida a la 2. Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, en los términos señalados en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES, en contra del auto de formal prisión de ocho de junio de dos mil diecisiete, que le fue dictado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en la causa penal 73/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio del ahora occiso Yovany Iván Adán Jiménez; y, sue ejecución, atribuida a la 2. Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, en los términos señalados en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba las documentales que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que, por acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete (foja 54), se reservó la notificación que le corresponde del mismo a la parte quejosa, así como del informe justificado rendido por el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, hasta en tanto, se encontraran en autos la totalidad de los informes de ley, y toda vez que ello ya aconteció, se provee: Hágase del conocimiento de la quejoso ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES, el contenido del presente proveído, junto con la resolución de referencia y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no obstante que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del ocho de agosto próximo (foja 44), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, resulta evidente que para esa fecha continuará transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, concedido en autos a efecto de que las partes se impongan del contenido de los informe justificados rendidos por las autoridades responsables. En aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las once horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, esto es, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
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