Alejandra Guadalupe Cabuto Chacón

Expediente 2457/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2457/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Alejandra Guadalupe Cabuto Chacón
  • Integrantes de la Junta Especial Número dos de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y anexos que acompaña, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de marzo del año en que se actúa (fojas 347 a 348), remite la información de las cuentas de impuesto predial número R004879, R004780, R004862, R004771, R004836, R004781, R004779, R004869 y R004778; en los que describa el valor catastral de cada uno de los bienes inmuebles, así como la ubicación de cada inmueble; en esas condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Luego, una vez que se cuentan con las constancias que solicitó el perito oficial mediante escrito recibido en este juzgado federal en cuatro de marzo del presente año (fojas 345 a 346), con fundamento en el numeral 148, párrafo segundo, en relación con el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2° de la Ley en cita, se le autoriza el término de DIEZ DÍAS hábiles contados a partir del siguiente día hábil al en que surta efectos la presente notificación, rinda su dictamen pericial. Apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la ciudad de México, conforme lo establecen los dispositivos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual expresa su conformidad con el acatamiento al fallo protector, que hicieron las autoridades responsables; ahora, por oficio y anexos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiséis de febrero de este año (fojas 124 a 152), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento. Así, de los anexos aludidos se aprecia que se efectuaron devoluciones al solicitante de amparo, por el importe de las deducciones que se le aplicaron en su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones). En ese tenor, este órgano jurisdiccional, de oficio, resuelve sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a fin de verificar si de acuerdo con las constancias de referencia, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Bajo ese contexto, por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 60), por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para efectos de que: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no deberán restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia número 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." 2. La autoridad responsable ejecutora realizará las gestiones necesarias y devolverá a ********************, debidamente actualizadas, las cantidades descontadas por el "concepto 53", con fundamento en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación, esto es, el quince de mayo de dos mil dieciocho.(.)" Resolución que causó ejecutoria por acuerdo de veintiséis de noviembre del año pasado (fojas 76 a 77). Así, de lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver al peticionario de amparo las cantidades que le fueron descontadas por el "concepto 53" (fondo de pensiones), en el recibo de nómina de quince de mayo de dos mil dieciocho, debidamente actualizadas. Ante ello, la responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado el once de diciembre de dos mil dieciocho y veintisiete de febrero de este año, exhibió el acuse de recibo del comunicado dirigido al aquí quejoso, en el cual se le hace saber que se ha desincorporado de su esfera jurídica los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 82 a 84 y 124 a 152), mismo que le fue notificado en su domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo que se había restituido al quejoso las cantidades generadas con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 94 a 95). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior es así, pues si bien por acuerdo de veinte de febrero de este año (fojas 116 a 117), se requirió al Director General del Fondo aludido, a fin de que devolviera al quejoso las actualizaciones relativas a los descuentos por concepto 53, el solicitante de amparo expresó su conformidad en los términos en que las responsables acataron el fallo. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 4a. X/91, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 32, Tomo VII, Abril de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: **Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió (fojas 8 a 12 y 23 a 27), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. **

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********** respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre el escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho en el juicio laboral 97/2018, por las razones precisadas en tercer considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia la Unión no ampara ni protege a ********** contra los actos consistentes en la omisión de proveer sobre la admisión de la demanda laboral, así como señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y continuar por el juicio laboral por todas sus etapas y la omisión de notificar a la quejosa el auto admisorio y emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente; asimismo, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por *****, en su carácter de Presidente, Secretario y Vocal del Comité Particular Ejecutivo del Nuevo Centro de Población Ejidal "Rancho de Los Llanitos", parte aquí quejosa, a través del cual, objetan el dictamen pericial emitido por , en su calidad de perito oficial designada por este órgano jurisdiccional, por la razón que exponen; por tanto, se tiene por hecha la referida objeción, la que se tomará en cuenta al momento de dictarse la resolución correspondiente.

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