Alejandra García Sandoval
Expediente 415/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/03/2019
Partes del expediente
- Alejandra García Sandoval
Actuaciones
- Principal
* TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el delegado de las responsables pertenecientes al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual informa las gestiones para dar cumplimiento al fallo protector, como lo acredita con la documental que adjunta; consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos, en vías de cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, del comunicado de que se trata se advierte que éste no le ha sido notificado a la parte promovente del amparo; luego, atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal al solicitante del amparo y tercero interesado para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Entonces, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, para que notifique de forma personal a la parte quejosa el oficio sin número suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, de once de marzo de dos mil diecinueve. Es aplicable al respecto por analogía, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: ** Ahora, del estado de autos se aprecia que por proveído de veintiocho de diciembre del año pasado, se tuvo al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit (foja 232), informando, entre otras cosas, la imposibilidad para acatarlo de manera inmediata, por encontrarse en el cierre del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, es decir, para reintegrar a la parte quejosa la cantidad que pagó por concepto de anticipo de pago de impuesto predial dos mil diecisiete, por lo que respecta única y exclusivamente a la cuenta catastral R005164, relativa al bien inmueble ubicado en el ejido La Jarretadera, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que se consigna en la escritura pública "66,303", pasada ante la fe del Notario Público Número 7 de Guadalajara, Jalisco, y, agregó que se estaría en aptitud de efectuar el cumplimiento a la sentencia de amparo, a partir del dos de enero de dos mil diecinueve, sin que al día de hoy lo haya hecho. En ese tenor, en cuanto a la generación de la cantidad establecida como monto a devolver, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, comunique el acatamiento dado a la sentencia concesoria de amparo, esto es, acompañe documento oficial idóneo con el cual acredite que fue devuelta la cantidad que pagó por el concepto aludido y su actualización respectiva, tal como se precisó en la ejecutoria de amparo. Además, se le hace del conocimiento al Tesorero Municipal que es su obligación proporcionar oportunamente todos los datos necesarios para la formulación del presupuesto de egresos municipales y realizar el anteproyecto respectivo, por lo que, tenía conocimiento desde el ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 215), que se encontraba pendiente el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, por lo que, tendrá que informar las gestiones que realizó a fin de cumplir con la misma, lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, artículos 44, 45 fracción XIII, 115, 117, fracciones IV, XXII y XXIV. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a DOSCIENTOS VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Con independencia de lo anterior, es oportuno precisar que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce de la garantía violada a la parte quejosa; por ende, este Órgano de Control Constitucional, debe vigilar que las sentencias que dicte, queden debidamente cumplidas, por lo que si existen autoridades con una vinculación para lograr el objetivo consistente en el cumplimiento del fallo protector, están obligadas a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Apoya a lo anterior, la Tesis I.3o (región) 3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, publicada en la página dos mil cuarenta y siete, Tomo III, septiembre dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "** En ese tenor, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, tercer párrafo de la Ley de la Materia, requiérase al Cabildo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, como autoridad vinculada, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea notificado del presente auto, en el ámbito de las atribuciones que le concede la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, arábigo 17, fracción IV, realicen las gestiones necesarias para que se logre el cumplimiento de la sentencia de amparo, incluso efectúen los trámites para que se considere el pago del adeudo a la parte promovente del amparo como parte de los egresos municipales; asimismo, remitan las documentales que acrediten esa situación. Adjúntesele copia de la sentencia amparadora a fin de que conozcan su contenido. Esto, de conformidad con el arábigo 202 de esa ley, que señala que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio; y previo el trámite respectivo para modificar el presupuesto. Por lo que previo a girar el oficio a dichos integrantes del cabildo, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, remita los nombres y cargos que ocupan los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento, toda vez que dicha información resulta necesaria para que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas procedentes; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley. Apercibidos que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se les impondrá a cada uno, en lo personal, una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). * *
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada **********(fojas 94 y 95), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintiocho de enero de la presente anualidad (foja 96), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 65), se determinó conceder a la quejosa ***********, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción IV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo oficial de pago 2940176 y la constancia de pago exhibida por el Recaudador General de Rentas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el dos de octubre de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $**********; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/411/2019 de veinticuatro de enero de la presente anualidad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el veinticinco de enero siguiente (fojas 94 y 95), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada ************, informó que el veintitrés de enero del año actual, realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de *******, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Luego, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de ***********, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dos de octubre de dos mil dieciocho y el veintitrés de enero del año actual, se realizó la transferencia a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a diciembre de ese año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año pasado entre el índice para el mes de diciembre de esa anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917; y para el mes de diciembre de la presente anualidad fue de 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02083. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $20,324.03 (veinte mil trescientos veinticuatro pesos 03/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $**********. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad $********** por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $************; sin embargo, éste reintegró la diversa de $20,182.76 (veinte mil ciento ochenta y dos pesos 76/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $141.27 (ciento cuarenta y un pesos con 27/100 moneda nacional); máxime que la parte quejosa no realizó manifestación alguna sobre el faltante que tenía que devolver la autoridad con motivo de la vista otorgada por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve; por ende, respecto del numerario faltante de $141.33 (ciento cuarenta y un pesos con 33/100 moneda nacional); dígasele a la parte quejosa que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer a través del recurso de inconformidad en contra de la presente determinación conforme lo dispuesto al artículo 201 de la Ley de Amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
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