Alejandra Solórzano Burciaga
Expediente 1711/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1711/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/04/2018
Partes del expediente
- Alejandra Solórzano Burciaga
- ALEJANDRA SOLÓRZANO BURCIAGA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 148 a 150), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de doce de marzo del año en curso (foja 151), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el dieciséis de marzo del presente año (fojas 153 a 155); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada trascurrió del veintidós al veintiséis de los cursantes, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 100 a 114), se determinó conceder a Alejandra Solórzano Burciaga, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $16,252.82 (dieciséis mil doscientos cincuenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), que pagó por concepto, entre otro, de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit ; respecto de los actos jurídicos que se consignan en el instrumento público número diecisiete mil ciento siete, tomo trigésimo, libro séptimo, del Protocolo a cargo del Notario Público Marco Antonio Carrillo Rincón, con sede en Xalisco, Nayarit; conforme se advierte del comprobante de pago respectivo (fojas 30 y 91); en la inteligencia de que el quejoso deberá cubrir la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió". (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Por otro lado, no será objeto de devolución la cantidad de ciento cuarenta y cuatro pesos, que aparece en el recibo de pago, por el conceptos de "cancelación de inscripción", toda vez que tal concepto no fue objeto de reclamo dentro de la presente instancia constitucional.". Es decir, los actos que debía realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 118 y 119). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de enero del dos mil dieciocho (fojas 135 y 136), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $11,909.87 (once mil novecientos nueve pesos 87/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Por lo que a través de auto de veintiséis de febrero del año en curso (fojas 137 y 138), se determinó que el fallo protector concedido no se encontraba cumplido en sus términos, por las razones expuestas en dicho acuerdo, por tanto, se requirió nuevamente al director general de ingresos y recaudador responsables, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación de la determinación de referencia, acataran la ejecutoria de mérito. En consecuencia a lo anterior, mediante comunicado y anexos presentados ante este órgano jurisdiccional el nueve de marzo pasado (fojas 148 a 150), el director general jurídico adscrito a la secretaría responsable, manifestó la forma en que dio cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiséis de febrero del año en curso; es decir, le devolvió a la parte quejosa la cantidad de $4,025.94 (cuatro mil veinticinco pesos 94/100 moneda nacional), el ocho del mes y año en curso mediante cheque (foja 149), con motivo de la actualización fiscal respectiva. En ese contexto, se advierte que las autoridades citadas, por conducto de su representante, devolvieron la cantidad total de $15,935.81 (quince mil novecientos treinta y cinco pesos 81/100 moneda nacional). En ese tenor, si tenemos que al monto total de $16,252.82 (dieciséis mil doscientos cincuenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, así como la cantidad de $144.00 pesos por concepto de cancelación de inscripción, toda vez que no fue objeto de reclamo en el presente juicio, da como resultado la suma de $15,548.82 (quince mil quinientos cuarenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, y el ocho de marzo del año en curso se efectúo la devolución mediante cheque a la peticionaria del amparo; no obstante lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable haya efectuado un pago mediante transferencia bancaria el veintiuno de febrero del presente año, toda vez que debe de tomarse la última fecha de devolución de la cantidad erogada en autos; es decir, el ocho de marzo de dos mil dieciocho; el por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero fue publicada el nueve de marzo, esto es, con posterioridad a la fecha de devolución citada, resulta indudable que se debe utilizar el diverso para el mes de enero en razón de que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue 126.886; y para el mes de enero de dos mil dieciocho 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03642. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $16,115.10 (dieciséis mil ciento quince pesos 10/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $566.28 (quinientos sesenta y seis pesos 28/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $16,115.10 (dieciséis mil ciento quince pesos 10/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $15,935.81 (quince mil novecientos treinta y cinco pesos 81/100 moneda nacional); es decir, faltó reintegrarle la cantidad de $179.29 (ciento setenta y nueve pesos 72/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría devolverla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de reintegrarla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 148 a 150), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de doce de marzo del año en curso (foja 151), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el dieciséis de marzo del presente año (fojas 153 a 155); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada trascurrió del veintidós al veintiséis de los cursantes, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 100 a 114), se determinó conceder a Alejandra Solórzano Burciaga, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $16,252.82 (dieciséis mil doscientos cincuenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), que pagó por concepto, entre otro, de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit ; respecto de los actos jurídicos que se consignan en el instrumento público número diecisiete mil ciento siete, tomo trigésimo, libro séptimo, del Protocolo a cargo del Notario Público Marco Antonio Carrillo Rincón, con sede en Xalisco, Nayarit; conforme se advierte del comprobante de pago respectivo (fojas 30 y 91); en la inteligencia de que el quejoso deberá cubrir la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió". (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Por otro lado, no será objeto de devolución la cantidad de ciento cuarenta y cuatro pesos, que aparece en el recibo de pago, por el conceptos de "cancelación de inscripción", toda vez que tal concepto no fue objeto de reclamo dentro de la presente instancia constitucional.". Es decir, los actos que debía realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 118 y 119). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de enero del dos mil dieciocho (fojas 135 y 136), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $11,909.87 (once mil novecientos nueve pesos 87/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria. Por lo que a través de auto de veintiséis de febrero del año en curso (fojas 137 y 138), se determinó que el fallo protector concedido no se encontraba cumplido en sus términos, por las razones expuestas en dicho acuerdo, por tanto, se requirió nuevamente al director general de ingresos y recaudador responsables, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación de la determinación de referencia, acataran la ejecutoria de mérito. En consecuencia a lo anterior, mediante comunicado y anexos presentados ante este órgano jurisdiccional el nueve de marzo pasado (fojas 148 a 150), el director general jurídico adscrito a la secretaría responsable, manifestó la forma en que dio cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiséis de febrero del año en curso; es decir, le devolvió a la parte quejosa la cantidad de $4,025.94 (cuatro mil veinticinco pesos 94/100 moneda nacional), el ocho del mes y año en curso mediante cheque (foja 149), con motivo de la actualización fiscal respectiva. En ese contexto, se advierte que las autoridades citadas, por conducto de su representante, devolvieron la cantidad total de $15,935.81 (quince mil novecientos treinta y cinco pesos 81/100 moneda nacional). En ese tenor, si tenemos que al monto total de $16,252.82 (dieciséis mil doscientos cincuenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, así como la cantidad de $144.00 pesos por concepto de cancelación de inscripción, toda vez que no fue objeto de reclamo en el presente juicio, da como resultado la suma de $15,548.82 (quince mil quinientos cuarenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, y el ocho de marzo del año en curso se efectúo la devolución mediante cheque a la peticionaria del amparo; no obstante lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable haya efectuado un pago mediante transferencia bancaria el veintiuno de febrero del presente año, toda vez que debe de tomarse la última fecha de devolución de la cantidad erogada en autos; es decir, el ocho de marzo de dos mil dieciocho; el por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero fue publicada el nueve de marzo, esto es, con posterioridad a la fecha de devolución citada, resulta indudable que se debe utilizar el diverso para el mes de enero en razón de que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue 126.886; y para el mes de enero de dos mil dieciocho 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03642. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $16,115.10 (dieciséis mil ciento quince pesos 10/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $566.28 (quinientos sesenta y seis pesos 28/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $16,115.10 (dieciséis mil ciento quince pesos 10/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $15,935.81 (quince mil novecientos treinta y cinco pesos 81/100 moneda nacional); es decir, faltó reintegrarle la cantidad de $179.29 (ciento setenta y nueve pesos 72/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría devolverla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de reintegrarla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, manifiesta que entregó a la parte quejosa el cheque número 0000378, expedido por la Institución Bancaria Santander, valioso por la cantidad de $4,025.94 (cuatro mil veinticinco pesos 94/100 moneda nacional), lo que acredita con los diversos anexos que acompaña, principalmente con el acuse de recibo del cheque en mención (foja 151); esto es, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido dentro del presente sumario constitucional Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Sin que sea óbice a lo anterior, que en dicho oficio se señala como quejoso a Héctor López Solís; lo cual, se considera error de precisión que resulta inatendible, toda vez que de su contenido se advierte que la parte quejosa dentro del presente sumario constitucional es Alejandra Solorzano Burciaga.
- Principal
Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, manifiesta que entregó a la parte quejosa el cheque número 0000378, expedido por la Institución Bancaria Santander, valioso por la cantidad de $4,025.94 (cuatro mil veinticinco pesos 94/100 moneda nacional), lo que acredita con los diversos anexos que acompaña, principalmente con el acuse de recibo del cheque en mención (foja 151); esto es, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido dentro del presente sumario constitucional Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Sin que sea óbice a lo anterior, que en dicho oficio se señala como quejoso a Héctor López Solís; lo cual, se considera error de precisión que resulta inatendible, toda vez que de su contenido se advierte que la parte quejosa dentro del presente sumario constitucional es Alejandra Solorzano Burciaga.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Alejandra Guadalupe Cabuto Chacón2457/2018
- Alejandra Guadalupe Huizar Carrillo503/2018
- Alejandra Jiménez Orejel643/2018
- Alejandra Real Ramírez281/2017
- Alejandra Rodríguez Juárez1047/2023
- Alejandra Ruiz de Chávez Delgadillo2390/2017
- Alejandra Vázquez Ordóñez61/2018
- Alejandrina González García1243/2019
- Alejandrina Ríos Pérez2159/2016
- Alejandrina Trejo Sepúlveda169/2017
- Alejandro Alberto Vázquez Núñez152/2017
- Alejandro Armenta Pérez521/2023