Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla
Expediente 1210/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla
- MANUEL CARVAJAL PÉREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio 46683/2019 signado por la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al cual adjunta el juicio de amparo 1815/2019, un tomo de pruebas y los autos original y duplicado del incidente de suspensión, promovido por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1210/2019-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. De dichas constancias se advierte que la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por razón de materia, al respecto se provee lo siguiente: INCOMPETENCIA. De las constancias que integran el juicio de amparo 1815/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, la titular de dicho órgano jurisdiccional, tomó como consideración para plantear la incompetencia de que se trata, la siguiente: "(.) Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de desalojo de una fracción del predio rústico denominado "EL CAPIRE" ubicado en la carretera Izúcar de Matamoros-Chiautla de Tapia sin número, Municipio de Chiautla de Tapia, Puebla, la que reclama al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial Chiautla de Tapia, Puebla y al Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla (en su denominación correcta) (fojas 4). Asimismo, del oficio de cuenta suscrito por el juez de lo Penal del Distirto Judicial Chiautla de Tapia, Puebla se advierte que la orden de desalojo reclamada deriva de la causa penal 31/2004. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de materia, para conocer del presente juicio, por los motivos que enseguida se exponen: En términos del artículo 6, del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, este Juzgado de Distrito es competente para conocer únicamente de los asuntos a que se refieren los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto es, de los amparos en materia administrativa, en materia civil, en materia de trabajo y de los juicios civiles federales. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la orden de desalojo ordenada en la causa penal 31/2004, del índice del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial Chiautla de Tapia, Puebla, se estima que este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, carece de competencia para conocer de dicho acto, al ser de naturaleza penal. (.)" Sin embargo, el suscrito Juez de Distrito, muy respetuosamente, no acepta la competencia legal declinada en favor de este Juzgado de Distrito de Amparo Materia Penal en el Estado de Puebla; no obstante, se trate efectivamente de un procedimiento penal. En primer término, para una mejor comprensión de las razones por las cuales este Juzgado Federal determina no aceptar la competencia legal declinada, conviene narrar las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de amparo indirecto 1815/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a saber: Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, promovieron juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla y otra autoridad, el cual fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, realizó lo siguiente: Radicó la demanda bajo el número de amparo 1815/2019; Previo desahogo de prevención, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda y solicitó a las autoridades responsables los informes justificados; Ordenó la apertura y tramitación del incidente de suspensión; y, Señaló las diez horas del seis de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida que fue la secuela procesal, por auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, tiene por recibidas las constancias solicitadas al Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, atinentes al controvertido constitucional 2023/2019 de su estadística; y, En acuerdo de seis de diciembre del actual (fojas 51 a 54, del juicio de amparo 1815/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla), se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al considerar que los actos reclamados son de naturaleza penal; dejando sin efecto la audiencia constitucional señalada para el seis de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, el suscrito juzgador respetuosamente no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante, ya que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Lo anterior, lleva a establecer que un juzgador puede abstenerse de conocer de un asunto por incompetencia en razón de territorio, materia, cuantía o grado, siempre y cuando se haga en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda, ya que en atención al principio, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de que los órganos jurisdiccionales no pueden revocar sus propias determinaciones, una vez aceptada tácita o expresamente la competencia por parte de un Juez de Distrito éste, de manera oficiosa, no puede declinar aquélla a favor de otro, sino hasta que se dicte sentencia y en ésta estudie nuevamente el tema (lo que no sucedió en el caso). De lo contrario, se contravendrían las garantías del debido proceso y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la parte quejosa no tendría certeza de qué autoridad es la que tramitará el juicio que promovió, pues a discreción y en cualquier momento procesal, se analizarían cuestiones relativas a la competencia. Así, en el caso se advierte que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se avocó al conocimiento del asunto, tan es así que, admitió a trámite el mismo; actuaciones con las que indudablemente asumió tácitamente la competencia para conocer de la demanda planteada. Máxime, que el artículo 48 de la Ley de Amparo prevé expresamente que, en el caso de que se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito que estime carecer de competencia, éste la remitirá de plano, con sus anexos, al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, lo cual no ocurrió en el caso que se analiza, pues la Jueza declinante admitió la demanda de amparo de estudio. A mayor abundamiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la referida ley, el Juez de Distrito tiene un plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, para resolver si desecha, previene o admite, lo que en el caso no aconteció, pues dicho plazo fue claramente excedido, al haberse presentado la demanda el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la cual fue turnada el veinticinco de octubre siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Luego, de los antecedentes que se precisaron en párrafos anteriores, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente concluye que el trámite dado al asunto no se ajustó al procedimiento establecido en el numeral precisado, respecto al tópico que se analiza, pues la incompetencia no se resolvió en la audiencia constitucional. Por lo que, esta autoridad Federal considera que, a efecto de dar certeza jurídica a Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, será quien debe continuar con la tramitación del juicio y, una vez que celebre la audiencia constitucional, si determina que carece de competencia legal para resolver el asunto, entonces pronunciarse al respecto, en su caso, remitir nuevamente el oficio a un Juzgado de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, ya que al haberse admitido la demanda de amparo en estudio el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la jueza declinante aceptó su competencia legal para conocer del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA. Tratándose de conflictos competenciales entre tribunales sujetos a diferente régimen, si el tribunal en favor del cual se declina la competencia, al recibir el oficio del declinante, no se pronuncia expresamente sobre su competencia, pero dicta un proveído previniendo a la parte actora para que ajuste su demanda a los requisitos legales establecidos por la ley que regula el régimen al que se encuentra sujeto, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda, es indudable que tal auto constituye aceptación tácita de su competencia. Lo anterior porque al ser la competencia un presupuesto procesal de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda, de considerarse incompetente el tribunal lo hubiera declarado así, en vez de dictar un proveído por el que se decidirá el destino de la demanda, el cual sólo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional que se considera competente para conocer del negocio, pues en tal hipótesis es claro que el auto de prevención no puede tener como finalidad únicamente la de allegarse información, incluso para saber si se es competente o no, en virtud de los términos en que se sustenta la incompetencia del declinante por razón del régimen y en atención a la materia de la reclamación. Consecuentemente, atendiendo a las peculiaridades de este tipo de cuestiones competenciales por declinatoria no jurisdiccionales, debe considerarse que el auto de prevención dictado por el tribunal en favor del cual se declina una competencia para que la parte actora ajuste su demanda a los requisitos previstos en la ley que funda la competencia del tribunal, constituye el acto de aplicación que actualiza el perjuicio que la ley le causa para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que esgrimió la jueza oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido, un tomo de pruebas, así como los autos original y duplicado del incidente de suspensión; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no haber proporcionado los datos necesarios para tal efecto. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
PUBLICACIÓN DE CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DEL ACTUAL, QUE DICE: "Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio 46683/2019 signado por la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al cual adjunta el juicio de amparo 1815/2019, un tomo de pruebas y los autos original y duplicado del incidente de suspensión, promovido por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1210/2019-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. De dichas constancias se advierte que la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por razón de materia, al respecto se provee lo siguiente: INCOMPETENCIA. De las constancias que integran el juicio de amparo 1815/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, la titular de dicho órgano jurisdiccional, tomó como consideración para plantear la incompetencia de que se trata, la siguiente: "(.) Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de desalojo de una fracción del predio rústico denominado "EL CAPIRE" ubicado en la carretera Izúcar de Matamoros-Chiautla de Tapia sin número, Municipio de Chiautla de Tapia, Puebla, la que reclama al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial Chiautla de Tapia, Puebla y al Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla (en su denominación correcta) (fojas 4). Asimismo, del oficio de cuenta suscrito por el juez de lo Penal del Distirto Judicial Chiautla de Tapia, Puebla se advierte que la orden de desalojo reclamada deriva de la causa penal 31/2004. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de materia, para conocer del presente juicio, por los motivos que enseguida se exponen: En términos del artículo 6, del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, este Juzgado de Distrito es competente para conocer únicamente de los asuntos a que se refieren los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto es, de los amparos en materia administrativa, en materia civil, en materia de trabajo y de los juicios civiles federales. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la orden de desalojo ordenada en la causa penal 31/2004, del índice del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial Chiautla de Tapia, Puebla, se estima que este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, carece de competencia para conocer de dicho acto, al ser de naturaleza penal. (.)" Sin embargo, el suscrito Juez de Distrito, muy respetuosamente, no acepta la competencia legal declinada en favor de este Juzgado de Distrito de Amparo Materia Penal en el Estado de Puebla; no obstante, se trate efectivamente de un procedimiento penal. En primer término, para una mejor comprensión de las razones por las cuales este Juzgado Federal determina no aceptar la competencia legal declinada, conviene narrar las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de amparo indirecto 1815/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a saber: Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, promovieron juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla y otra autoridad, el cual fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, realizó lo siguiente: Radicó la demanda bajo el número de amparo 1815/2019; Previo desahogo de prevención, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda y solicitó a las autoridades responsables los informes justificados; Ordenó la apertura y tramitación del incidente de suspensión; y, Señaló las diez horas del seis de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida que fue la secuela procesal, por auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, tiene por recibidas las constancias solicitadas al Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, atinentes al controvertido constitucional 2023/2019 de su estadística; y, En acuerdo de seis de diciembre del actual (fojas 51 a 54, del juicio de amparo 1815/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla), se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al considerar que los actos reclamados son de naturaleza penal; dejando sin efecto la audiencia constitucional señalada para el seis de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, el suscrito juzgador respetuosamente no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante, ya que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Lo anterior, lleva a establecer que un juzgador puede abstenerse de conocer de un asunto por incompetencia en razón de territorio, materia, cuantía o grado, siempre y cuando se haga en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda, ya que en atención al principio, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de que los órganos jurisdiccionales no pueden revocar sus propias determinaciones, una vez aceptada tácita o expresamente la competencia por parte de un Juez de Distrito éste, de manera oficiosa, no puede declinar aquélla a favor de otro, sino hasta que se dicte sentencia y en ésta estudie nuevamente el tema (lo que no sucedió en el caso). De lo contrario, se contravendrían las garantías del debido proceso y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la parte quejosa no tendría certeza de qué autoridad es la que tramitará el juicio que promovió, pues a discreción y en cualquier momento procesal, se analizarían cuestiones relativas a la competencia. Así, en el caso se advierte que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se avocó al conocimiento del asunto, tan es así que, admitió a trámite el mismo; actuaciones con las que indudablemente asumió tácitamente la competencia para conocer de la demanda planteada. Máxime, que el artículo 48 de la Ley de Amparo prevé expresamente que, en el caso de que se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito que estime carecer de competencia, éste la remitirá de plano, con sus anexos, al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, lo cual no ocurrió en el caso que se analiza, pues la Jueza declinante admitió la demanda de amparo de estudio. A mayor abundamiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la referida ley, el Juez de Distrito tiene un plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, para resolver si desecha, previene o admite, lo que en el caso no aconteció, pues dicho plazo fue claramente excedido, al haberse presentado la demanda el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la cual fue turnada el veinticinco de octubre siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Luego, de los antecedentes que se precisaron en párrafos anteriores, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente concluye que el trámite dado al asunto no se ajustó al procedimiento establecido en el numeral precisado, respecto al tópico que se analiza, pues la incompetencia no se resolvió en la audiencia constitucional. Por lo que, esta autoridad Federal considera que, a efecto de dar certeza jurídica a Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros, la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, será quien debe continuar con la tramitación del juicio y, una vez que celebre la audiencia constitucional, si determina que carece de competencia legal para resolver el asunto, entonces pronunciarse al respecto, en su caso, remitir nuevamente el oficio a un Juzgado de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, ya que al haberse admitido la demanda de amparo en estudio el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la jueza declinante aceptó su competencia legal para conocer del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA. Tratándose de conflictos competenciales entre tribunales sujetos a diferente régimen, si el tribunal en favor del cual se declina la competencia, al recibir el oficio del declinante, no se pronuncia expresamente sobre su competencia, pero dicta un proveído previniendo a la parte actora para que ajuste su demanda a los requisitos legales establecidos por la ley que regula el régimen al que se encuentra sujeto, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda, es indudable que tal auto constituye aceptación tácita de su competencia. Lo anterior porque al ser la competencia un presupuesto procesal de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda, de considerarse incompetente el tribunal lo hubiera declarado así, en vez de dictar un proveído por el que se decidirá el destino de la demanda, el cual sólo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional que se considera competente para conocer del negocio, pues en tal hipótesis es claro que el auto de prevención no puede tener como finalidad únicamente la de allegarse información, incluso para saber si se es competente o no, en virtud de los términos en que se sustenta la incompetencia del declinante por razón del régimen y en atención a la materia de la reclamación. Consecuentemente, atendiendo a las peculiaridades de este tipo de cuestiones competenciales por declinatoria no jurisdiccionales, debe considerarse que el auto de prevención dictado por el tribunal en favor del cual se declina una competencia para que la parte actora ajuste su demanda a los requisitos previstos en la ley que funda la competencia del tribunal, constituye el acto de aplicación que actualiza el perjuicio que la ley le causa para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que esgrimió la jueza oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Alejandra Fenriquez Cohctzaltitla y otros. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido, un tomo de pruebas, así como los autos original y duplicado del incidente de suspensión; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no haber proporcionado los datos necesarios para tal efecto. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico."
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