Aldo Serrano Graña
Expediente 938/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Aldo Serrano Graña
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Aldo Serrano Graña contra actos del Lic. Edel Humberto Álvarez Peña, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 938/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO En principio, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: ? El acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se dio contestación al escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, presentado por la parte quejosa. Ahora bien, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Al respecto, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I, primer párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De los artículos mencionados, se desprende que unos de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste debe promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, que la persona que demanda el amparo y protección de la justicia, debe ser el titular del derecho subjetivo transgredido, o quien tenga el interés legítimo, ya sea individual o colectivo, del derecho que está siendo violado por una "norma general, acto u omisión de cierta autoridad. De ahí que, la afectación real y actual de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o tiene el interés legítimo en éste, resulta ser un elemento indispensable para que el juicio de amparo cumpla con el principio de instancia de parte agraviada. Pues de no existir perjuicios en los derechos subjetivos del promovente, el acto que se reclama no podría ser materia de estudio y análisis constitucional. En ese tenor, se desprende el segundo de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el relacionado con la existencia del agravio personal y directo sobre los derechos humanos y fundamentales del promovente, que genera la norma, acto u omisión que se reclama. Entendiendo como agravio en el juicio de amparo a la privación de los derechos subjetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito, prevean. Ahora, a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción primera, del artículo 107 constitucional, si el promovente del juicio de amparo aduce ser el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, pero la norma, acto u omisión que reclama no transgrede su cumulo de derechos. Es decir, no viola los derechos fundamentales y humanos reconocidos por los diversos ordenamientos, y por tanto no le genera perjuicio alguno sobre éstos, se desprende que no se cumple con los principios de parte agraviada y la existencia de un agravio personal y directo sobre el promovente. Asimismo, el carácter de quejoso no se le puede reconocer al promovente que a pesar de ser titular de derechos subjetivos o tener interés legítimo en éstos, al momento de acudir al juicio de amparo carece de violaciones a algún derecho previsto en el artículo primero de la Ley de Amparo, pues se encuentra reclamando en la vía constitucional una norma, acto u omisión que no generan agravios en sus derechos subjetivos. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad. Siendo menester precisar que el interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo no es procedente contra actos que no generan agravios dentro de los derechos subjetivos del promovente. Es decir, cuando los intereses jurídicos o legítimos, ya sean individuales o colectivos, no son afectados por la norma, acto u omisión que se reclama. De ahí que, previo al estudio de los demás requisitos para que se provea sobre la admisión de la demanda de amparo, es menester advertir si el promovente de la vía constitucional, es titular de derechos subjetivos o intereses legítimos, que aduce están siendo vulnerados dentro de sus esferas jurídicas por normas, actos y omisiones previstas en el artículo primero de la ley en la materia. En atención al caso en concreto, se advierte que el promovente Aldo Serrano Graña, busca sólo lograr un control de legalidad en abstracto sobre el acto, y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor, menos aún representa una colectividad, puesto que acude por su propio derecho. Se considera lo anterior, porque el quejoso combate, como ya quedó establecido, el acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se dio contestación a su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, en el que solicitó la intervención del Lic. Edel Humberto Álvarez Peña, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, debido a diversas irregularidades dentro del expediente 1774/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz De lo que se colige que la autoridad responsable, actuó como una autoridad administrativa y sancionadora de las conductas desplegadas por el denunciado. En ese contexto, resulta patente que el interés del promovente, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado, residente en esta, entidad federativa (Veracruz), ya que no se observa que, de prosperar esta instancia constitucional, se genere algún beneficio jurídico del accionante, es decir, la anulación del acto no produciría ningún efecto directo o indirecto en los derechos subjetivos posibles del promovente de amparo. En tal caso, a pesar de que el quejoso le interesa que el funcionario público que denunció sea sancionado por sus actuaciones u omisiones, tal objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de amparo indirecto porque se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés jurídico previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, que es necesario para acudir al juicio de amparo. En efecto, el interés mostrado por el impetrante de amparo no llega a calificar como jurídico sino como simple, puesto que no se encuentran en una situación tal, en la que el acto reclamado permita considerarlo como parte agraviada, en los términos que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que lo reclamado no le afecta directamente, sino de manera indirecta. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.), emitida por la Segunda "Sala de la Suprema Corte de Justicia de "a Nación, de contenido siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES)." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2a./J.1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE." En razón de ello, se concluye que el promovente de la demanda de amparo carece de interés jurídico para iniciar el presente medio de control constitucional, pues no demostró la existencia de los derechos subjetivos que aduce se encuentran violados ni que lo reclamado a la autoridad afecta esos derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Luego, tras haber realizado un análisis de los preceptos tanto constitucionales como de la Ley de Amparo sobre el interés jurídico, legítimo y la afectación a los derechos subjetivos del promovente, en relación a los principios fundamentales del juicio de amparo sobre la instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, así como de las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sobre los requisitos constitutivos del interés jurídico para promover el juicio de amparo, se concluye que el acto que se reclama, no afecta la esfera jurídica del gobernado y por tanto ésta no posee interés jurídico para promover juicio de amparo En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, primer párrafo, este último, aplicado en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo;. Por lo tanto, con fundamento en el "artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Fabiola Gutiérrez Sánchez y José Domingo Romero Molina, debido a que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Agustín Romero Silva, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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