Aldo Alonso Santillán Flores

Expediente 777/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
777/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Aldo Alonso Santillán Flores

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 777/2019 que le corresponde.se advierte que el promovente señala como acto reclamado: (.) Respecto a dicho acto reclamado, este juzgado advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: (.) El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Por su parte, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (.) Así, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: (.) (.) En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: (.) En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: (.) De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En suma, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes, los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Lo anterior, se dice así, pues el quejoso ***, se duele del acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual habilita días del periodo vacacional de verano dos mil diecinueve, para el efecto de desahogar toda y una de las diligencias relacionadas con la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio dos mil dieciocho, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 224, Tomo CXCIX del cinco de junio del año en curso. No obstante, debe decirse que del acto aquí reclamado se advierte que fue emitido para el efecto de que: ".la notificación del Pliego de Observaciones respectivo y el cómputo del término para la entrega de la solventación de las observaciones a cargo de los servidores públicos o personas responsables a quienes se les haya notificado el citado Pliego de Observaciones, a que hace alusión el artículo 52, párrafo primero, de la Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como para desarrollar todas y cada una de las diligencias que deriven de la Fiscalización Superior.". Del lo anterior se advierte que dicho acto no incide de modo alguno en sus derechos subjetivos públicos, toda vez que va dirigido a habilitar días inhábiles para el desahogo de diligencias relacionadas con la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio dos mil dieciocho, en el que aun cuando existiera una obligación en los términos pretendidos por el promovente, éste podría hacer valer su planteamiento en caso de que le iniciaran alguno de los procedimientos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, pero no en este momento porque su eventual inicio depende de lo que decida la Auditoría Superior de la Federación. (.) Por tanto, resulta evidente que el acto reclamado no causa perjuicio alguno a los derechos subjetivos del promovente, ya que en su caso, dicha afectación se actualizaría hasta que la autoridad competente promoviera las acciones correspondientes derivadas de las diligencias realizadas por el órgano de fiscalización. Esto es, si el procedimiento de auditoría en materia de revisión de la cuenta pública inicia con una orden de fiscalización y culmina con el dictamen que tienen las conclusiones, mientras el procedimiento de responsabilidad resarcitoria se activa con la emisión del acuerdo de inicio, ello implica que son autónomos y con finalidades distintas, pues el primero es una mera investigación de hechos, que tiene como único objetivo determinar la existencia o no de alguna irregularidad. (.) Entonces debe decirse que, uno de los requisitos para la tramitación del juicio de amparo es en todo caso, que el quejoso resienta directamente una afectación a sus derechos, que en la especie no acontece, pues como lo aduce en su demanda, dicho acto no le repercute alguna afectación. Lo anterior se sostiene así, pues conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla persona a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte derechos humanos, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró que el acto reclamado incida directa o indirectamente a sus derechos, con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida... "

  3. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

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