Alberto Uriel Campos Felidor y Otros.

Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
299/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Alberto Uriel Campos Felidor y Otros.
  • José Manuel Morales Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción; devuélvanse constancias remitidas por autoridad responsable.

  2. Principal

    Dada imposibilidad de notificar personalmente a promovente, efectúese por lista fijada en los estrados, así como las subsecuentes: "Xalapa, Veracruz, tres de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la *********, al que anexa dos juegos de la demanda de amparo con firmas autógrafas de los promoventes, original del informe justificado signado por el *********, constante de nueve hojas, constancias de emplazamiento realizado al *********, constante de tres hojas, constancias de emplazamiento practicado al Asesor Jurídico de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado, con sede en esta ciudad, compuestas de tres hojas, original y tres copias del escrito de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, constante de dos hojas, un legajo de copias certificadas relativas al proceso penal *********, compuesto de ciento noventa y tres fojas útiles y dos discos versátiles de audio y video con folio *********. Así como la determinación emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el amparo directo número 49/2019, en la que, el Tribunal de su adscripción, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********, al advertir que el acto reclamado no se trata de una resolución definitiva que pone fin al juicio impugnable en amparo directo, sino a través del amparo indirecto. Sobre el particular este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del *********, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 299/2019 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, se tiene que el acto reclamado consiste en la resolución dictada en la audiencia intermedia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve y continuada el siete de marzo siguiente, por el *********, en el proceso penal *********, iniciado en contra de los aquí quejosos *********, además de otro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso calificado y robo de vehículo, en donde se declaró la inadmisión de pruebas ofrecidas por su defensa. Contra dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción V del numeral 107 del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.). Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo indirecto es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional en la vía indirecta, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber: que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado (como la vida, la propiedad o la posesión, la integridad personal, por citar algunos), sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales. En el presente caso, de la demanda de amparo y anexos acompañados, se advierte que los quejosos *********, reclaman del Juez de Control, que no admitió las pruebas ofrecidas por su defensa, lo que consta en la resolución dictada en la audiencia intermedia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve y continuada el siete de marzo siguiente, en el proceso penal *********, en donde a petición del Ministerio Público se les negó la admisión de pruebas por no encontrase ajustadas al precepto 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ello, se colige que dicho acto no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alegan los quejosos únicamente produce consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas si obtienen sentencia favorable dentro del juicio de origen, en razón de que no originan, desde luego, un ataque a los derechos humanos de los promoventes. De no ser así, estarán en condiciones de recurrir las violaciones cometidas en dicho procedimiento al promover el juicio de amparo directo, en donde las podrán hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo y, obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Resulta pertinente citar como criterio orientador la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, Materia Común, Registro: 2006589, de rubro siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por tanto, el acto que reclaman los quejosos ********* en esta vía constitucional, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, toda vez que éste tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, y en el caso, se debe considerar que la inadmisibilidad de pruebas en la audiencia intermedia, atañen cuestiones intraprocesales. Resulta oportuno mencionar que la audiencia intermedia tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, materia y conocimiento del Tribunal del juicio oral, por lo que, son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no sucede. Es así, ya que la inadmisibilidad de las pruebas ofrecidas por el defensor de los aquí quejosos ********* dentro de la audiencia intermedia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve y continuada el siete de marzo siguiente, dentro del proceso penal *********, que se reclama no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación, es decir, es meramente formal, dado que no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, sino solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente puede llegar a trascender el resultado de la resolución que se dicte en el juicio. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. También brinda apoyo la tesis XI.P.14 P (10a.), por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1844, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, registro 2013269, de rubro: PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, y el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (estos últimos en sentido contrario), se DESECHA DE PLANO, por notoria manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que pase inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, en el caso a estudio, al ser manifiesta, notoria e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora obtenida. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, tomo XXIV, junio de 2006, página 921, titulada: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Aunado a lo anterior, debe decirse que conforme al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la decisión del Juez de Control de exclusión de medios de prueba es apelable; de ahí que en contra de lo reclamado procede dicho medio de defensa. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes de amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 487, de rubro siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de una violación procesal de la misma envergadura. En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la hipótesis prevista en la la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, y el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (estos últimos en sentido contrario); por tanto con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley, se DESECHA LA DEMANDA EN ESTUDIO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicitan los quejosos, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, debido a que tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, como su autorizado, únicamente en términos del artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo a *********, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, aunado a que tampoco acreditó contar con dicho documento. ANEXOS Ahora, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo de pruebas por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación, constancias que se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional en virtud de su volumen, aunado a que no son necesarias para sustentar este proveído, por lo que resulta innecesaria su digitalización. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable."

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