Aldo Ramiro Irazoqui Traslaviña

Expediente 487/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
487/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Aldo Ramiro Irazoqui Traslaviña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, once de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, toda vez que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, ordenándose el archivo del mismo el tres de enero del año en curso.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el siete de octubre de dos mil veintidós, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "para el efecto de que la autoridad responsable Integrantes de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, Sinaloa, proceda con la mayor prontitud y turne el asunto a la etapa de alegatos en el juicio laboral número 1228/2020, pues sólo así podrán cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, así como lo preceptuado por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante oficio recibido en este juzgado el quince de este mes, allegó copia certificada del auto de catorce de noviembre del año en curso, donde se advierte que se concedió a las partes el término de dos días para que por escrito formulen alegatos; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "para el efecto de que la autoridad responsable Integrantes de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Culiacán, Sinaloa, proceda con la mayor prontitud y turne el asunto a la etapa de alegatos en el juicio laboral número 1228/2020, pues sólo así podrán cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, así como lo preceptuado por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante oficio recibido en este juzgado el quince de este mes, allegó copia certificada del auto de catorce de noviembre del año en curso, donde se advierte que se concedió a las partes el término de dos días para que por escrito formulen alegatos; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.

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