Aldo José Beltrán Jakes

Expediente 444/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
444/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Aldo José Beltrán Jakes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL AUTORIZADO LEGAL DEL QUEJOSO LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL LIZÁRRAGA GÁMEZ EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: En atención al estado procesal de los autos, se obtiene que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se declaró cumplida la sentencia constitucional, no obstante que dicha determinación se le notificó de manera personal el veintitrés de agosto de este año, y por conducto de su autorizado legal el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Además, con relación a la certificación secretarial de cuenta, considerando que el presente expediente está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó el juicio de amparo respecto de ciertos actos reclamados y se concedió la protección constitucional a la parte quejosa por lo que hace a otros. De acuerdo a lo anterior, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez transcurrido más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De igual modo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, glósese al expediente principal el cuaderno original del incidente suspensional, el cual conforme a la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberán conservarse el auto y la resolución interlocutoria en los cuales se negó por una parte la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y por otra se concedió, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión en forma separada, una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. En diverso orden de ideas, del análisis de este asunto se desprende que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia constitucional, así como del auto y la resolución interlocutoria dictada en el cuaderno incidental, estos últimos dictados en el cuaderno original del incidente relativo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado. En diverso orden de ideas, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el sobre devuelto por el Administrador de Correos, residente en esta ciudad, que contiene el oficio 2243-4, de veintidós de agosto del año en curso, dirigido a "DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y RESINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SINALOA", que al reverso porta la leyenda "CAMBIO DE DOMICILIO"; en ese sentido, reexpídase el oficio de referencia a fin de que la autoridad responsable se encuentre notificada del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso. Por último, considerando que el quejoso Aldo José Beltrán Jakes se encuentra interno en el Centro Penitenciario Goros Dos, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción la notificación personal al citado quejoso del presente auto, en el referido centro penitenciario, lo cual deberá realizar en cuanto a sus labores lo permitan; en la inteligencia de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el encausado para proceder a su plena identificación.

  2. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se obtiene que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se declaró cumplida la sentencia constitucional, no obstante que dicha determinación se le notificó de manera personal el veintitrés de agosto de este año, y por conducto de su autorizado legal el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Además, con relación a la certificación secretarial de cuenta, considerando que el presente expediente está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó el juicio de amparo respecto de ciertos actos reclamados y se concedió la protección constitucional a la parte quejosa por lo que hace a otros. De acuerdo a lo anterior, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez transcurrido más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De igual modo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, glósese al expediente principal el cuaderno original del incidente suspensional, el cual conforme a la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberán conservarse el auto y la resolución interlocutoria en los cuales se negó por una parte la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y por otra se concedió, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión en forma separada, una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. En diverso orden de ideas, del análisis de este asunto se desprende que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia constitucional, así como del auto y la resolución interlocutoria dictada en el cuaderno incidental, estos últimos dictados en el cuaderno original del incidente relativo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado. En diverso orden de ideas, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el sobre devuelto por el Administrador de Correos, residente en esta ciudad, que contiene el oficio 2243-4, de veintidós de agosto del año en curso, dirigido a "DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y RESINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SINALOA", que al reverso porta la leyenda "CAMBIO DE DOMICILIO"; en ese sentido, reexpídase el oficio de referencia a fin de que la autoridad responsable se encuentre notificada del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso. Por último, considerando que el quejoso Aldo José Beltrán Jakes se encuentra interno en el Centro Penitenciario Goros Dos, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción la notificación personal al citado quejoso del presente auto, en el referido centro penitenciario, lo cual deberá realizar en cuanto a sus labores lo permitan; en la inteligencia de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el encausado para proceder a su plena identificación.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se obtiene que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada el seis de agosto del año en curso, con relación al oficio y a las constancias enviadas por el Jefe del Departamento adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante haber sido notificado personalmente el siete de agosto de dos mil dieciocho, y por conducto de su autorizado legal el diez de agosto siguiente; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, el presente juicio de amparo se sobreseyó respecto de ciertos actos y se concedió la protección constitucional al quejoso Aldo José Beltrán Jakes con relación a otros; dicha resolución causó ejecutoria el dos de marzo de dos mil dieciocho, al no ser impugnada por alguna de las partes. En la inteligencia de que el amparo se concedió para los siguientes efectos: Que las autoridades responsables dejaran insubsistentes los oficios que constituyeron el acto reclamado en el juicio, los cuales contienen la orden de traslado del quejoso Aldo José Beltrán Jakes del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Veracruz", el quince de junio de dos mil diecisiete. Esto es, los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/15380/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/15423/2017, ambos de catorce de junio de dos mil diecisiete, signados por el Coordinador General de Centros Federales, en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", respectivamente. Que el quejoso fuera regresado al Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; sin embargo, atendiendo a los motivos de urgencia que originaron su traslado, esto es, de seguridad o gobernabilidad que puso en riesgo al citado centro, asimismo, al tratarse de un sentenciado por delito federal, el Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, previa evaluación de riesgo podía ordenar que no fuera regresado al citado centro y que fuera ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, lugar más cercano a esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Finalmente, si la autoridad responsable insistía en ordenar el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Veracruz", debía acudir ante el Juez competente para que esta autoridad judicial autorizara la orden de traslado correspondiente. Actos que debían cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 16 constitucional, en relación con los previstos en el diverso 18, párrafo noveno, del mismo ordenamiento. En ese contexto, la Subdirectora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/007302/2018, de dos de abril de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de los diversos SEGOB/CNS/OADPRS/7002/2018 y SEGOB/CNS/OADPRS/7001/2018, ambos de veintiséis de marzo de ese año, dirigidos al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Sinaloa y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", respectivamente, en virtud de los cuales dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, las comunicaciones oficiales SEGOB/CNS/OADPRS/15380/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/15423/2017, los dos de catorce de junio de dos mil diecisiete, tendentes al traslado del quejoso Aldo José Beltrán Jakes del Centro Penitenciario Goros II, residente en esta ciudad, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente". Asimismo, la responsable ordenadora les informó la autorización del egreso del justiciable del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" para ser devuelto al Centro Penitenciario Goros II, residente en esta ciudad, por lo que les ordenó realizar las gestiones conducentes para tales efectos. De igual modo, el Jefe del Departamento adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/15735/2018 de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, allegó la copia certificada del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de Personas Privadas de la Libertad en el Aeropuerto 1723/2018 Bis y Acta Administrativa de Entrega-Recepción de Personas Privadas de la Libertad, ambas de siete de julio del año en curso, con las cuales se acredita el egreso del quejoso Aldo José Beltrán Jakes del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" y la entrega del mismo al personal del Centro Penitenciario Goros II. Con lo anterior, se ordenó vista personal al quejoso y a su autorizado legal el seis de agosto de dos mil dieciocho, lo cual se les notificó el siete y diez de agosto siguientes, respectivamente, sin que hayan realizado alguna manifestación, como se precisó; en el entendido de que el informe de cumplimiento rendido por la responsable ordenadora se le notificó al quejoso Aldo José Beltrán Jakes, por conducto de la actuaria judicial de la adscripción, en el Centro Penitenciario Goros II, residente en esta ciudad, es decir, se encuentra plenamente acreditado que el quejoso efectivamente fue devuelto al centro de reclusión donde se encontraba antes de la orden de traslado combatida. En consecuencia, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente la orden de traslado reclamada y se regresara al amparista Aldo José Beltrán Jakes al Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, lo cual ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo. Por último, considerando que el quejoso Aldo José Beltrán Jakes se encuentra interno en el Centro Penitenciario Goros Dos, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción la notificación personal al multicitado quejoso del presente auto, en el referido centro penitenciario, lo cual deberá realizar en cuanto a sus labores lo permitan; en la inteligencia de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el encausado para proceder a su plena identificación.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL AUTORIZADO LEGAL DEL QUEJOSO ALDO JOSÉ BELTRÁN JACKES, LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL LIZÁRRAGA GÁMEZ, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se obtiene que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada el seis de agosto del año en curso, con relación al oficio y a las constancias enviadas por el Jefe del Departamento adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante haber sido notificado personalmente el siete de agosto de dos mil dieciocho, y por conducto de su autorizado legal el diez de agosto siguiente; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, el presente juicio de amparo se sobreseyó respecto de ciertos actos y se concedió la protección constitucional al quejoso Aldo José Beltrán Jakes con relación a otros; dicha resolución causó ejecutoria el dos de marzo de dos mil dieciocho, al no ser impugnada por alguna de las partes. En la inteligencia de que el amparo se concedió para los siguientes efectos: Que las autoridades responsables dejaran insubsistentes los oficios que constituyeron el acto reclamado en el juicio, los cuales contienen la orden de traslado del quejoso Aldo José Beltrán Jakes del Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Veracruz", el quince de junio de dos mil diecisiete. Esto es, los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/15380/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/15423/2017, ambos de catorce de junio de dos mil diecisiete, signados por el Coordinador General de Centros Federales, en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", respectivamente. Que el quejoso fuera regresado al Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; sin embargo, atendiendo a los motivos de urgencia que originaron su traslado, esto es, de seguridad o gobernabilidad que puso en riesgo al citado centro, asimismo, al tratarse de un sentenciado por delito federal, el Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, previa evaluación de riesgo podía ordenar que no fuera regresado al citado centro y que fuera ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, lugar más cercano a esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Finalmente, si la autoridad responsable insistía en ordenar el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Veracruz", debía acudir ante el Juez competente para que esta autoridad judicial autorizara la orden de traslado correspondiente. Actos que debían cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 16 constitucional, en relación con los previstos en el diverso 18, párrafo noveno, del mismo ordenamiento. En ese contexto, la Subdirectora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/007302/2018, de dos de abril de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de los diversos SEGOB/CNS/OADPRS/7002/2018 y SEGOB/CNS/OADPRS/7001/2018, ambos de veintiséis de marzo de ese año, dirigidos al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Sinaloa y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", respectivamente, en virtud de los cuales dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, las comunicaciones oficiales SEGOB/CNS/OADPRS/15380/2017 y SEGOB/CNS/OADPRS/15423/2017, los dos de catorce de junio de dos mil diecisiete, tendentes al traslado del quejoso Aldo José Beltrán Jakes del Centro Penitenciario Goros II, residente en esta ciudad, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente". Asimismo, la responsable ordenadora les informó la autorización del egreso del justiciable del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" para ser devuelto al Centro Penitenciario Goros II, residente en esta ciudad, por lo que les ordenó realizar las gestiones conducentes para tales efectos. De igual modo, el Jefe del Departamento adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/15735/2018 de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, allegó la copia certificada del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de Personas Privadas de la Libertad en el Aeropuerto 1723/2018 Bis y Acta Administrativa de Entrega-Recepción de Personas Privadas de la Libertad, ambas de siete de julio del año en curso, con las cuales se acredita el egreso del quejoso Aldo José Beltrán Jakes del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" y la entrega del mismo al personal del Centro Penitenciario Goros II. Con lo anterior, se ordenó vista personal al quejoso y a su autorizado legal el seis de agosto de dos mil dieciocho, lo cual se les notificó el siete y diez de agosto siguientes, respectivamente, sin que hayan realizado alguna manifestación, como se precisó; en el entendido de que el informe de cumplimiento rendido por la responsable ordenadora se le notificó al quejoso Aldo José Beltrán Jakes, por conducto de la actuaria judicial de la adscripción, en el Centro Penitenciario Goros II, residente en esta ciudad, es decir, se encuentra plenamente acreditado que el quejoso efectivamente fue devuelto al centro de reclusión donde se encontraba antes de la orden de traslado combatida. En consecuencia, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente la orden de traslado reclamada y se regresara al amparista Aldo José Beltrán Jakes al Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta ciudad, lo cual ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo. Por último, considerando que el quejoso Aldo José Beltrán Jakes se encuentra interno en el Centro Penitenciario Goros Dos, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción la notificación personal al multicitado quejoso del presente auto, en el referido centro penitenciario, lo cual deberá realizar en cuanto a sus labores lo permitan; en la inteligencia de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el encausado para proceder a su plena identificación.

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