Alberto Sorroza Arellano
Expediente 504/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 35 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alberto Sorroza Arellano
- ALBERTO SORROZA ARELLANO y Otros.
- Director General de Prevencion, Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno se ordenó el archivo definitivo en el presente juicio de amparo; por tanto resulta innecesario seguir conservando las documentales, tomo I y tomo II que la autoridad responsable Director General de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, remitió a este Juzgado como justificación de su informe; en consecuencia, remítanse a la autoridad de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 328/2018 de su índice; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 558 a 579 de autos), por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional al quejoso Alberto Sorroza Arellano; resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 328/2018 de su índice (fojas 771 a 786 ídem). En ese sentido, la concesión del amparo se realizó para efecto de que la Jueza de Ejecución de Sentencias responsable repusiera el procedimiento, dejara insubsistente la resolución de veinticinco de mayo de dos mil quince, dictada en el cuadernillo incidental 34/2013-TEP de su índice, mediante la cual ordenó el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", residente en Ocampo, Guanajuato, y otorgara la intervención a un defensor público o particular, asimismo, al propio quejoso a fin de que tuviera una defensa adecuada en el incidente de traslado. Concesión que se hizo extensiva a los actos de las autoridades ejecutoras; por tanto, se puntualizó que el impetrante debe regresar a la prisión donde se encontraba; de ahí que, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, debe dejar insubsistentes los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/22243/2015 y SEGOB/CNS/OADPRS/22244/2015, de uno de julio de dos mil quince, mediante los cuales autorizó el egreso del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, para ser ingresado al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS GUANAJUATO", con residencia en Ocampo, Guanajuato. Bajo ese contexto, por oficio 187 presentado el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 841 a 848), la Jueza de Ejecución de Sentencia del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, informó que dejó sin efecto el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de mayo de dos mil quince, y al advertirse la violación procesal, dejó sin efecto todo lo actuado en el cuadernillo de ejecución 34/2013 instruido al quejoso; de igual modo, le designó defensor público a fin de que tenga una defensa adecuada en el incidente de traslado. En la misma línea, a través de oficio vía correo electrónico 217 de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 857 a 872), la Jueza responsable comunicó que se emitió una nueva resolución en el incidente de origen, en el sentido de declarar improcedente el traslado del quejoso, por lo que deberá continuar en internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, y remitió copia de tal determinación -el veintiocho de marzo siguiente, se glosó a los autos el referido oficio al haberse recibido por la vía ordinaria, al cual se anexó copia certificada de la citada resolución-. Asimismo, mediante oficio presentado el cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 874 a 881), el entonces Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, informó que dejó insubsistentes los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/22243/2015 y SEGOB/CNS/OADPRS/22244/2015 de uno de julio de dos mil quince, con los que se autorizó el egreso del impetrante del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, para ser ingresado al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS GUANAJUATO", con residencia en Ocampo, Guanajuato. Ahora bien, por oficio OADPRS/02C.10/9286/2019 de diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 928 a 935), el entonces Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, informó la imposibilidad material para cumplir la ejecutoria de amparo, en razón de que no cuenta con patrimonio propio y, por tanto, que carece de aeronaves para realizar el traslado del quejoso; además, solicitó que este órgano constitucional requiriera a diversas corporaciones que cuenten con aeronaves a fin de que le presten apoyo para efectuar el traslado precisado. En el mismo sentido, por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso Alberto Sorroza Arellano manifestando que no es su deseo ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, ya que quiere compurgar su pena en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS GUANAJUATO", con residencia en Ocampo; de ahí que, en el referido auto este Juzgado de Distrito consideró que la sentencia de amparo no se podía cumplir; por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que sea éste quien determinara en definitiva si existía o no la causa de imposibilidad anteriormente expuesta. Así, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver el incidente innominado 6/2019 de su índice, instaurado para determinar la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, ordenó devolver los autos a este órgano judicial a fin de que se requiriera además al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la citada Secretaría, para que proceda al cumplimiento del fallo protector, en la esfera de sus atribuciones, tomando las medidas necesarias a efecto de restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos violados. En acuerdo de veintiuno de noviembre del año en curso, se tuvieron por recibidos los autos del presente juicio de amparo y se glosó la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada; en consecuencia, se ordenó requerir al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y a su superior jerárquico Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, para que otorgaran cumplimiento a la sentencia constitucional, para lo cual se giraron los oficios 3293-4A y 3294-4A, respectivamente; sin embargo, hasta la fecha no han otorgado cumplimiento al requerimiento efectuado. Pues bien, para mejor comprensión, se considera pertinente mencionar que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1618/2013, entre otras cosas, estableció lineamientos conforme a los cuales debía realizarse el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo. Lineamientos que deben ser observados por todos los órganos constitucionales -en amparo directo e indirecto- del país. Pues bien, a fin de observar el procedimiento establecido por el más Alto Tribunal Constitucional del país y en aras de que se cumpla a cabalidad y con puntualidad la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, el suscrito Juzgador realiza las siguientes precisiones. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en concreto en su artículo 192, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. En el mismo auto en que se ordena la notificación señalada, -el Pleno estableció- que se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el propio auto, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Tribunal Constitucional agregó que el plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) ya iniciado el procedimiento y no cumplida la sentencia en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, y 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Cabe destacar que la ejecutoria precisa que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Una vez precisado lo establecido en la Ley de Amparo sobre las diversas particularidades del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, surgen algunas cuestiones que se considera necesario puntualizar, en específico las relacionadas con la imposición de sanciones (multa, separación y consignación a las autoridades contumaces) y respecto de la forma en que deberán proceder los órganos jurisdiccionales frente al actuar de las autoridades en el contexto del procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo. En primer lugar, debe destacarse que, como ya se señaló, la ley es clara en determinar que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el anterior sistema de ejecución y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. En un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria y, en su caso, de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo público y posterior consignación ante el juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, se insiste, la autoridad responsable ha sido omisa respecto del cumplimiento, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. La finalidad del sistema de ejecución de sentencias prevista en la Ley de Amparo consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria y como medida para lograr esta pronta actuación, se prevé en la ley un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Es en atención a ello, que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad cumple la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si la autoridad no cumple con la sentencia de amparo aún después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento que podrá concluir con la separación del cargo y consignación. Ahora bien, para determinar que existe incumplimiento -fuera del caso de omisión total la ley-, en el propio artículo 193, establece que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, el Tribunal Pleno consideró que el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento, constituye un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden el cumplimiento de la sentencia de amparo, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberán imponerse las sanciones de multa y continuar con el procedimiento de inejecución para lo cual se enviarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno propongan a este Tribunal Pleno, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior es aplicable, en los casos en que las autoridades pretenden acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pero no cuando han sido omisas respecto del mismo. El incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es importante precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, en el requerimiento de la sentencia de amparo, pues en la medida en que estos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo. Por otro lado, debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven cabo, son pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, ciertos procedimientos que no son necesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, pues de ellos no depende una condición de exigibilidad del fallo. Respecto de las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales que conozcan previamente del procedimiento de ejecución de sentencia, es importante señalar que en términos de lo previsto en el artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo podrá imponer válidamente la multa respectiva a la autoridad responsable o a una diversa vinculada al cumplimiento del fallo protector, siempre y cuando en el plazo razonable que se otorgue para el acatamiento de la sentencia no cumpla con ésta o no acredite alguna causa justificada para ello, e incluso en el supuesto de que su omisión a responder en el plazo otorgado sobre la información relativa a qué autoridades en el ámbito de su competencia, tienen las atribuciones necesarias para acatar la sentencia. Cabe señalar que en el caso de las autoridades vinculadas, es decir las diversas a las que fueron llamadas a juicio como autoridades responsables, la legalidad de la multa impuesta está condicionada a que el juzgador de amparo hubiere expresado las consideraciones y los fundamentos legales al tenor de los cuales les corresponde emitir algún acto para el cumplimiento del fallo protector. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta mediante oficio a la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que en el término de diez días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, para lo cual deberá remitir a este Juzgado copia certificada de las actas administrativas que acrediten que el quejoso Alberto Sorroza Arellano egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS GUANAJUATO", con sede en Ocampo, Guanajuato, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con residencia en Guasave, Sinaloa. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, salvo impedimento legal o material que para ello tuviere, se le impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, atendiendo a que ha sido contumaz en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual genera retraso en la restitución de los derechos sustanciales del quejoso y los perjuicios que ello conlleva; de ahí que se justifique fijar el monto ligeramente arriba de la mínima. De igual manera, considerando que el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, es quien tiene la calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México; por tanto, con apoyo en los artículos 192, tercer párrafo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérasele para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo; bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden dentro del plazo de tres días contado a partir de que reciba el presente comunicado, se le impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, puesto que incurre en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Se fija el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se considera un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito.". En el entendido de que, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el resolver el incidente innominado 6/2019 de su índice, sostuvo que los motivos aducidos en el oficio OADPRS/02C.10/9286/2019, signado en representación de la responsable, no constituyen impedimento legal para dar cabal cumplimiento a la sentencia protectora dictada en este juicio constitucional, en razón de que si bien, se informó que ante la carencia de aeronaves y de patrimonio propio, la responsable tiene imposibilidad material para dar cumplimiento a la citada ejecutoria, al no contar con posibilidad para realizar el traslado del quejoso, el cual debe efectuarse de forma aérea -pues de realizarse vía terrestre, implicaría alto riesgo para el personal de seguridad que se comisione para el operativo, así como para el propio quejoso-; así como que tal imposibilidad deriva del "Plan 50 de austeridad" implementado por el Presidente de la República Mexicana (en el cual, entre otros puntos, se estableció que nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados); lo cierto es que, el Tribunal de Alzada estimó, el referido plan de austeridad no puede estar por encima de las determinaciones judiciales, y si bien se estableció que no se pueden utilizar aviones privados, se entiende que ello es para actividades que no lo requieran de manera oficial; sin embargo, si a criterio de la autoridad responsable y por los motivos que expone, estima relevante el uso de transporte aéreo para llevar a cabo el traslado del quejoso ordenado en el fallo protector, pues no se ubica en un supuesto de uso irracional o no oficial de ese transporte, por lo que debe avocarse a realizar las gestiones necesarias para obtener el apoyo pertinente para cumplir su función, sea de manera económica para la contratación de servicio privado o mediante la facilitación de aeronaves de uso oficial propiedad de la nación. En la inteligencia de que, el Órgano Colegiado destacó que, tales gestiones conciernen exclusivamente a la autoridad responsable y no a este órgano de control constitucional, por no ser propias de la función jurisdiccional, por ello es inatendible su petición en cuanto a que se requiera a Policía Federal, SEDENA, Secretaría de Marina o diversa corporación que cuente con aeronaves, para que le presten apoyo en la realización del traslado del impetrante; pues en todo caso, incumbe a la autoridad responsable obtener el apoyo necesario para cumplir, bajo su más estricta responsabilidad con el traslado indicado en la sentencia de amparo. Por último, se precisa que la autoridad responsable y su superior jerárquico podrán otorgar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, vía fax al teléfono 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
Visto el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 755/2019 (origen E-367/2019) del índice de este juzgado federal, mismo que se remitió a fin de notificar personalmente al quejoso Alberto Sorroza Arellano, quien se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y la resolución de treinta y uno de octubre del año en cita, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el incidente innominado 6/2019 de su índice; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo. En el entendido de que, es innecesario acusar recibo al Juzgado exhortado, dado que el propio sistema lo genera. En atención a su contenido, téngase al quejoso Alberto Sorroza Arellano por notificado respecto del acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y la resolución de treinta y uno de octubre del año en cita, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el incidente innominado 6/2019 de su índice, en términos de la diligencia de notificación realizada por el Actuario Judicial adscrito al órgano exhortado, el dos de diciembre del presente año. Por último, en virtud de lo solicitado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante oficio 3891/2019 de siete de noviembre de dos mil diecinueve, remítase mediante oficio vía interconexión IOJ del SISE, copia certificada de las constancias de notificación respectivas a fin de que determine lo conducente en el incidente innominado 6/2019 de su índice.
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