Aldo Caballero Duran
Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aldo Caballero Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 118/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario hace relación de las constancias de autos, da cuenta de que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal Adscrita los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Aldo Caballero Durán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de emitir determinación en relación con la presentación de la demanda laboral promovida por el aquí quejoso. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de emitir determinación en relación con la presentación de la demanda laboral promovida por el aquí quejoso. Tercera. Al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que no es cierto el acto que se les atribuye, toda vez que en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, tuvo por recibida y radicada la demanda promovida por el quejoso Aldo Caballero Durán, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y señaló las diez horas con treinta minutos del quince de abril del año en curso para el verificativo de la audiencia de conciliación entre las partes contendientes. Negativa que se desvirtúa, toda vez que el proveído referido en el párrafo anterior fue emitido de manera posterior a la presentación de la demanda, por lo que en ese momento existía el acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas que remitió dicha autoridad en apoyo a su informe justificado, a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno, por constituir documentos públicos. Cuarta. Por tanto, en la especie, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber sido emitido el mismo, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus garantías al quejoso como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que cesó la omisión reclamada; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aldo Caballero Durán, en términos de la consideración cuarta de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. MARILYN "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA 7229. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN. MORELIA, MICHOACÁN DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 118/2019, QUE PROMUEVE ALDO CABALLERO DURÁN, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA EXPRESA: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 118/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario hace relación de las constancias de autos, da cuenta de que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal Adscrita los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Aldo Caballero Durán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de emitir determinación en relación con la presentación de la demanda laboral promovida por el aquí quejoso. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de emitir determinación en relación con la presentación de la demanda laboral promovida por el aquí quejoso. Tercera. Al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que no es cierto el acto que se les atribuye, toda vez que en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, tuvo por recibida y radicada la demanda promovida por el quejoso Aldo Caballero Durán, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y señaló las diez horas con treinta minutos del quince de abril del año en curso para el verificativo de la audiencia de conciliación entre las partes contendientes. Negativa que se desvirtúa, toda vez que el proveído referido en el párrafo anterior fue emitido de manera posterior a la presentación de la demanda, por lo que en ese momento existía el acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas que remitió dicha autoridad en apoyo a su informe justificado, a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno, por constituir documentos públicos. Cuarta. Por tanto, en la especie, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber sido emitido el mismo, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus garantías al quejoso como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que cesó la omisión reclamada; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aldo Caballero Durán, en términos de la consideración cuarta de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE SE INDICAN. MORELIA, MICHOACÁN, A 29 DE MARZO DE 2019. A T E N T A M E NT E: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. LICENCIADO OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número , signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, atento a su contenido se acuerda: Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que no se llevó a cabo la audiencia constitucional fijada para las once horas con diez minutos del quince de marzo del año en curso dentro del cuaderno en que se actúa. Por tanto, a efecto de subsanar dicha omisión y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, con el cual se ordena dar cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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