Aldair Campos Villagomez

Expediente 1039/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1039/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Aldair Campos Villagomez
  • José María Campos Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, residente en esta ciudad, las documentales que allegó al presente juicio que obra en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el juicio especial familiar oral del que emana el juicio en que se actúa corresponde al número 1865/2018 de su índice sobre pago de alimentos que promueve el quejoso Aldair Campos Villagómez. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1039/2018, sin la comparecencia de las partes. , Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al juez con la documental ofertadas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofertadas por la citada autoridad responsable; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para ofrecerlas. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Aldair Campos Villagómez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar; y, Director de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La orden de privación de la libertad en contra del quejoso con motivo del medio de apremio dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, residente en esta ciudad dentro del expediente 132/2018 sobre cesación de pago de pensión alimenticia en contra de José María Campos Martinez, emanado del juicio especial familiar 1865/2018. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 1039/2018, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de naturaleza omisiva y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: La orden de privación de la libertad en contra del quejoso con motivo del medio de apremio dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, residente en esta ciudad. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. El Director de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza, el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de la orden privativa de libertad, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que se aportara alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarta. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar residente en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. Ahora bien, de las constancias que anexó el juez responsable, se advierte que el diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio 132/2018 que sobre cesación de pago de pensión alimenticia promovido por el quejoso Aldair Campos Villagómez, frente José María Campos Martinez, se dictó un acuerdo donde manifiesta que las partes celebraron un convenio en el que el demandado se compromete a dar apoyo económico al quejoso, para atender sus principales necesidades, por lo que el juez declaró sin materia el juicio de origen y dejó sin efectos la medida de apremio efectuada en contra del aquí quejoso. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. En el presente asunto, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo que, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, revela que al momento de promover la demanda de amparo (tres de diciembre de dos mil dieciocho) existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la orden de privación de la libertad en contra del quejoso con motivo del medio de apremio dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, residente en esta ciudad dentro del expediente 132/2018 sobre cesación de pago de pensión alimenticia en contra de José María Campos Martinez, emanado del juicio especial familiar 1865/2018; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto ya que el diez de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó un acuerdo donde declaró sin materia el juicio de origen y dejó sin efectos la medida de apremio efectuada en contra del aquí quejoso. Por lo anterior, debe considerarse que el acto positivo reclamado cesó en sus efectos, en virtud de que cesó en sus efectos al haber comparecido al quejoso ante la autoridad responsable. Apoya por analogía la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aldair Campos Villagómez, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, residente en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de catorce de enero del año en curso, remite copia certificada del juicio oral familiar 1865/2018; en tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza dichas documentales, con las cuales se ordena formar un tomo de prueba por separado. Por tanto, a fin de que trascurra el termino de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias allegadas por el juez responsable en párrafos precedentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, para su verificativo. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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