Alberto Vera Lara
Expediente 934/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Vera Lara
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que el diez de noviembre de dos mil veintiuno se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************. Por tanto, dicha información agréguese en autos para que obre como corresponda, toda vez que el veinticuatro de noviembre del año en curso, se acordó lo conducente Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que el diez de noviembre de dos mil veintiuno se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente cuaderno de antecedentes, se advierte que por oficio ********************de veinte de octubre del presente año, se remitió el juicio de amparo principal del cual deriva el presente sumario a la Oficina de Correspondencia Común en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, con la finalidad de que se sirviera turnarlo al Juzgado de Distrito en turno correspondiente. En ese sentido, solicítese atentamente a dicha oficina de correspondencia común, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas informe si a la fecha se sirvió remitir el juicio de amparo ********************del índice de este juzgado promovido por ********************y a que Juzgado de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan le tocó conocer del mismo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Asistente del Despacho Judicial con motivo de la ausencia de la Encargada del Despacho Logístico Administrativo y del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, remite el escrito sobre acción de amparo promovido por Alberto Vera Lara, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS-MICHOACÁN" ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán y de otra autoridad. Fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno con el número lll-934/2021-V. Ahora bien, analizado íntegramente el escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: 1. ".el no supervisar el trabajo que hace el doctor de psiquiatría ya que he mandado en varias ocasiones peticiones solicitando el medicamento que necesito." 2. ". el no proporcionarme la atención especializada que requiero de un especialista psiquiatra para mitigar el cuadro de ansiedad que he presentado en este lugar." En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos reclamados por el quejoso consistentes en la falta de atención médica o cualquier otro que ponga en riesgo su integridad física o psicológica y para que de inmediato se proporcione atención médica al quejoso para su padecimiento, así como los implementos médicos necesarios. Lo anterior, en el entendido de que la integridad física y salud del quejoso queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, quienes deberán realizar lo siguiente: Deberán ordenar el cese inmediato del acto reclamado por el quejoso, así como de cualquier otro acto que directamente ponga en peligro su vida o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. Pues si bien es cierto, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho a la salud, lo hace de una forma general; y, en el presente asunto lo que se reclama es una posible vulneración al derecho a la salud, como una omisión por parte de la autoridad responsable de brindar atención médica a una persona que se encuentra privada de su libertad, esto es, se trata de una condición específica que requiere de un marco de protección especial o particular. En razón de lo anterior, considerando lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos cuando es más favorable a la persona, se hace necesario recurrir a la precitada jurisprudencia, habida consideración de que en ésta se encuentra mayormente tutelado el derecho a la salud tratándose de una persona que se encuentra privada de su libertad. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que, de las obligaciones generales de respetar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana, derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. En efecto, con respecto a la atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de los detenidos y reclusos, como es el caso concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para el goce y ejercicio del derecho a la vida. Que lo anterior no sólo implica que el Estado debe respetarlos, sino que, además, se requiere que éste adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos en cumplimiento precisamente a su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Toda persona privada de su libertad, tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en posición especial de garantizar los derechos de toda persona que se encuentre bajo su custodia, lo que implica el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención, sin que dicho Estado pueda invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respetar la dignidad del ser humano. Además, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público, como lo establece el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por ende, el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamientos médicos adecuados cuando así se requiera. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por todo lo anterior, concluyó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podía considerarse violatoria de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso trascurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros. Como queda de manifiesto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha realizado un análisis específico del derecho a la salud respecto de las personas que se encuentran privadas de su libertad, atendiendo a sus condiciones especiales. Por tanto, establecido lo anterior conviene precisar que tratándose de medidas cautelares, como la que es solicitada a favor del quejoso, operan dos principios fundamentales, como son: 1) Apariencia de buen derecho: Que apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y, 2) Peligro en la demora: Que consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En mérito a lo anterior, considerando que en el caso concreto existe un derecho a favor del quejoso como lo es el derecho a la atención médica, que la omisión de su cumplimiento a simple vista resulta inconstitucional -apariencia del buen derecho- y que de vulnerarse éste haría prácticamente imposible su restitución -peligro en la demora-, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que cese de inmediato la conducta omisiva de las responsables y procedan de inmediato a otorgar la atención médica necesaria que requiera el quejoso y provean lo conducente a fin de que se le brinde el tratamiento adecuado para el padecimiento que presenta, mismo que de no atenderse en forma urgente e inmediata, podría provocar el deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado, poniendo en peligro su vida. Sustenta lo anterior la tesis P. XIX/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 112, del rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." Así, como la diversa tesis P. XVI/2011, del propio Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, del rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación a este mandato según el artículo 262, de la Ley de Amparo, prevé que será sancionada con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas a este juzgado, el cabal cumplimiento que hayan dado a la suspensión decretada en favor del quejoso. Con el apercibimiento que de no acatar dicha suspensión, las autoridades responsables serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal, para el delito de abuso de autoridad por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurran, como lo dispone el artículo 206 de la Ley de Amparo. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía fax al número 01 443 3 21 54 41 (fax directo), o bien, al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirmen su recepción en el propio número telefónico de fax directo. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física y salud del quejoso, a fin de que no sufra ningún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en su escrito de demanda el quejoso manifestó, que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con residencia en Buena Vista. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo anterior tenemos que, si los actos reclamados no requieren ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado éstos, de lo contrario, es decir, si los actos requieren de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución de los actos reclamados y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona sobre la cual se materialicen los mismos. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados se están ejecutando en Buenavista, Michoacán, en virtud de que el quejoso está recluido en un centro penitenciario ubicado en dicha población, por lo que tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, como el Centro Federal de Reinserción Social en que guarda reclusión el quejoso se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. Es aplicable a lo anterior, el criterio 1a./J.86/2019 (10a.), Décima Época, número de registro 2021191, visible en la página 254, del Tomo l, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de manera inmediata por servicio de mensajería acelerada el expediente en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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