Alberto Rodrigo Hidalgo Crespo
Expediente 1051/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alberto Rodrigo Hidalgo Crespo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Alberto Rodrigo Hidalgo Crespo, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de amparo 1051/2018-I-B. ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - El auto de once de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro de la carpeta administrativa 1895/2017, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual se dictó auto de apertura a juicio oral. DESECHAMIENTO. Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo que en su orden, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Así, mediante auto de once de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro de la carpeta administrativa 1895/2017, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dictó auto de apertura a juicio oral, el cual tilda de inconstitucional la parte quejosa en virtud que se admitieron diversos medios probatorios que, dice, no son pertinentes ni idóneos para acreditar el hecho. Sin embargo, dicho acto únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga resolución favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, si el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas y por los cuales tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal; y, por otro lado, el acto reclamado pone fin a la etapa intermedia en el procedimiento penal, teniendo por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, es inconcuso que el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos. Con ello, queda de manifiesto que no se le está privando, a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Sustenta lo anterior, la tesis XI.P.12 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, visible a página 2632, que señala en su rubro y texto: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones el centro de su reclusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a la parte quejosa el uso de dispositivos electrónicos para la captura de acuerdos y constancias que obren en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Alberto Ortiz Jimenez1568/2018
- Alberto Osornio Martínez159/2018
- Alberto Pacheco Pacheco386/2018
- Alberto Pérez Casanova709/2021
- Alberto Pérez Casanova1129/2022
- Alberto Ramos Olivas1309/2021
- Alberto Rodrigo Hidalgo Crespo1033/2018
- Alberto Romero Sánchez1045/2021
- Alberto Senado Michan1168/2019
- Alberto Vázquez Guzmán525/2018
- Alberto Vazquez Guzman1149/2019
- Alberto Vázquez Martínez64/2021