Alberto Vazquez Guzman

Expediente 1149/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1149/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Alberto Vazquez Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    "...ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1149/2019-IlI, la demanda promovida por... DESECHAMIENTO En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En este sentido, este órgano jurisdiccional advierte que debe desecharse la demanda de amparo respecto del cambio de dormitorio y/o celda que se reclama en esta instancia constitucional, porque se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el promovente de amparo no acató el principio de definitividad, pues el acto es susceptible de revocarse ante el Juez de Ejecución Penal, según se explicará a continuación. Como se aprecia, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México; por tanto, en primer término, debe elevar su petición -sin formalidad- ante el Director de ese Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que los internos puedan ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver lo planteado. Los artículos 5 y 18 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen los procedimientos a observar, tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. De ahí que corresponda al Comité Técnico, presidido por el Titular del Centro, con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria, determinar la ubicación que le corresponde a cada persona privada de la libertad al ingresar al centro, para los efectos del artículo 5 del citado ordenamiento. Aunado a lo anterior, cabe precisar que los artículos 107 al 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el procedimiento administrativo mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Por tanto, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que antes de promover la vía constitucional, el quejoso debe elevar su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción de Ecatepec de Morelos, Estado de México y de resultar negada su solicitud, debe formular controversia ante el juez de ejecución; sin perjuicio de que acuda; directamente ante éste en caso de que lo estimen oportuno. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, página 230, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, respecto al cambio de celda y/o dormitorio. Así, tocante al traslado a diverso centro penitenciario, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, los que señalan que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. Ahora bien, del capítulo respectivo a los hechos del acto reclamado se advierte que el quejoso manifiesta lo siguiente: ".he sido informado el día 05 de septiembre de 2019, que el Director del Centro quiere cambiarme a un diverso Centro de Readaptación Social." De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado, es un acto futuro de realización incierta, respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto; cuenta habida de que el solo hecho de que haya sido informado, sin mencionar quién, que sería trasladado, no ocasiona una afectación inminente o actual, real y directa con relación a cambiarlo de centro penitenciario. Por lo tanto, no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica del justiciable ante un supuesto traslado a otro centro de reclusión. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Sin que en el caso, se desconozca el contenido de la tesis jurisprudencial PC.II.P.J/4P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, tomo III, visible a página 1884, toda vez que no existe duda sobre la naturaleza incierta y no inminente del acto que se reclama, ya que no se desprende indicio alguno de un acto concreto de autoridad en su contra. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal, respecto al traslado a diverso centro penitenciario. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentra recluido. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita al quejoso, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sea notificado del presente acuerdo, manifieste en ese acto, si es su deseo señalar domicilio, para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

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