Alberto Osornio Martínez
Expediente 159/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alberto Osornio Martínez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Josué... endosatario en procuración del quejoso Alberto... personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, así como la copia simple que adjunta, por el cual da cumplimiento a la prevención que se le hiciera mediante auto de veinticuatro de enero del año en curso. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda, así como de su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1115/2013 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia con residencia en Cuautitlán, Estado de México; en el cual la autoridad responsable, no proveyó de conformidad lo solicitado por la parte actora, aquí quejosa, por razones indicadas en los autos de veinte de octubre y dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Y como consecuencia de lo anterior: La omisión por parte de la autoridad responsable al no haber dictado auto por el que se inicie el procedimiento de remate a que se refiere el artículo 1410 del Código de Comercio en el Juicio Ejecutivo Mercantil; así como la omisión de continuar con la prosecución del juicio. DESECHAMIENTO. Al respecto, este juzgador estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De conformidad con la disposición reproducida, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo; salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones II, penúltimo párrafo, III, IV, último párrafo, VII y XII, de la Constitución Federal; 17, fracción IV, 20, 61, fracciones XVIII, incisos a), b) y c), y XX, segundo párrafo y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K , cuyo tenor es: RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías. De lo anterior, se desprende que tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Bajo el esquema apuntado, los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado en la presente instancia constitucional, establecen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. De los anteriores preceptos se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento mercantil aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos y decretos dictados fuera de audiencia; como en el caso concreto en que se reclama el acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1115/2013 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia con residencia en Cuautitlán, Estado de México; en el cual la autoridad responsable, no proveyó de conformidad lo solicitado por la parte actora, aquí quejosa, por razones indicadas en los autos de veinte de octubre y dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, y como consecuencia, la omisión de no haber dictado auto por el que se inicie el procedimiento de remate a que se refiere el artículo 1410 del Código de Comercio en el Juicio Ejecutivo Mercantil; así como la omisión de continuar con la prosecución del juicio. De lo cual se colige que la procedencia del juicio biinstancial se encuentra sujeta a que previamente se controviertan en el juicio de origen mediante el recurso de revocación. Lo anterior, toda vez que del escrito de desahogo de prevención presentado por la parte quejosa, manifiesta que el proveído dictado por la autoridad responsable el trece de diciembre de dos mil diecisiete, no admite recurso ordinario alguno, toda vez que la cuantía en el juicio de origen, es por la cantidad de $100, 000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N). No pasa inadvertido para el suscrito, las excepciones al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso no se actualizan, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. De igual forma, no se actualiza la relativa a que a la promovente le revista el carácter de tercera extraño, debido a que como lo sostuvo bajo protesta de decir verdad, en el propio escrito de demanda, la quejosa es parte actora en el juicio de origen. De ahí que, con mayor razón, al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto reclamado. Por otra parte, es de mencionar que no procede ocuparse del análisis del segundo acto reclamado, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable al no haber dictado auto por el que se inicie el procedimiento de remate a que se refiere el artículo 1410 del Código de Comercio en el Juicio Ejecutivo Mercantil; así como la omisión de continuar con la prosecución del juicio, pues en su escrito aclaratorio, refiere que es consecuencia del auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, pues es evidente que se encuentran vinculadas, es decir sigue la suerte de lo principal. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Josué..., en su carácter de endosatario en procuración del quejoso Alberto ....
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Josué Joel González Aguilar, ostentándose como endosatario en procuración del quejoso Alberto Osornio Martínez, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 159/2018-I-A. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones I y IV, en relación con el numeral 114, fracciones I, II, III, y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computados, realice lo siguiente: 1- Deberá exhibir los documentos necesarios que permitan establecer de manera fehaciente que acredite el carácter de endosatario en procuración del quejoso Alberto Osornio Martínez, toda vez que omitió anexarlos a su escrito de demanda. Ante ello, debe establecerse que la personalidad con la que se promueve un juicio de amparo, es requisito indispensable, pues se debe encontrar plenamente demostrada, a fin de que el suscrito se pronuncie respecto de la admisión de la demanda que aquí se promueve. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 336, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 284 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." 2.-Precise el acto que reclama en el presente asunto; esto en virtud que por una parte señala: La omisión por parte de la autoridad responsable al no haber dictado auto por el cual, inicie el procedimiento de remate a que se refiere el artículo 1410 del Código de Comercio en el Juicio Ejecutivo Mercantil 1115/2013, seguido por Alberto Osornio Martínez, en contra de Arturo Osornio Hernández y Sergio Osornio Hernández. Por otra parte, en su capítulo de conceptos de violación refiere el auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de origen, en el cual la autoridad responsable no proveyó de conformidad lo solicitado por la parte actora, por las razones indicadas en los autos de veinte de octubre y dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; y, de ser el caso, precise si contra éste interpuso recurso alguno, así como el estado procesal que guarda. Circunstancias que generan incertidumbre para fijar la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, la cual establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." 3.- Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir los juegos de copias necesarios para cada una de las partes. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones que se le formulan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones las listas de publicación de este juzgado de distrito. Se tiene como autorizadas a las personas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho y en caso contrario, sólo será para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente por medio de lista a la parte quejosa.
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