Alberto Pérez Morales

Expediente 1164/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1164/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
30/01/2018

Partes del expediente

  • Alberto Pérez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio que suscribe la Presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; visto su contenido, como lo solicita y toda vez que en proveído de veintitrés de enero del actual, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto definitivamente concluido, devuélvasele el original del toca familiar 149/2017 de su índice, expediente 685/2009 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al citado expediente 685/2009, y dos cuadernos de pruebas, que en su oportunidad remitió como apoyo a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO.- R E S U L T A N D O : PRIMERO. ALBERTO PÉREZ MORALES, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en: la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca familiar 149/2017, y su ejecución; misma que estima violatoria de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa de este Circuito Judicial, y a quien por razón de la materia le correspondió conocer de la referida demanda, la radicó bajo el amparo directo 651/2017, declinó competencia al juzgado de Distrito en turno para conocer de la misma, toda vez que el acto reclamado no constituye una resolución definitiva. TERCERO. En auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo directo 651/2017, del índice del tribunal declinante, por lo que atento a lo ordenado, este juzgado admitió la demanda de amparo, sin que hubiere necesidad de requerir el informe justificado por ya obrar en autos, así como tampoco emplazar a la parte tercera interesada por haberlo efectuado la responsable, ordenó dar la intervención que legalmente le compete a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente expediente en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. La presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que así se corrobora con las constancias que remitió como justificación de su informe, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. Atento a lo anterior, resulta cierto el acto de ejecución atribuido al juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, pues éste le dará cumplimentación a la resolución hoy reclamada. TERCERO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan infundados. En el caso, conviene tener en cuenta que el acto reclamado tiene como origen el juicio que en vías de controversias del orden familiar 685/2009, del índice del juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, promovió la hoy tercera interesada Rosario Méndez Ordaz, quien demandó al aquí quejoso ALBERTO PÉREZ MORALES, una pensión alimenticia a su favor, así como de sus menores hijas; juicio que substanciado en todas sus etapas procesales, y con motivo de la ejecutoria dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se le fijó una pensión alimenticia a favor de cada una de sus acreedoras alimentarias del quince por ciento de todas sus percepciones. Posteriormente, el hoy quejoso promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia (en lo que interesa) en contra de Rosario Méndez Ordaz, el cual quedó radicado el nueve de octubre de dos mil quince, bajo el argumento de que la acreedora alimentaria había concluido sus estudios profesionales en la licenciatura en derecho, acreditando su dicho con la copia certificada de su cédula profesional, por lo que, actualmente es una persona con edad suficiente para trabajar, ser profesionista titulada, sana físicamente, y capaz de proveerse por sí misma de lo necesario. Tramitado que fue el incidente, el juez natural mediante resolución de siete de diciembre de dos mil dieciséis, absolvió a la demandada incidentista de la cancelación de pensión alimenticia, bajo el argumento de que si bien era cierto, al momento de que se fijó la pensión alimentaria, la acreedora se encontraba estudiando la carrera de licenciada en derecho, y que actualmente la concluyó, obteniendo la cédula correspondiente, cierto era también, que el actor incidentista no demostró se encontrara ejerciendo la profesión referida, y que la misma le generara ingresos económicos, además de que la obligación de proporcionarse alimentos es justificable, en tanto subsiste entre ellos un deber de socorro y ayuda, sin que obstara que actualmente existe un juicio de divorcio promovido por el aquí quejoso. En contra de dicha determinación ALBERTO PÉREZ MORALES, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala hoy responsable, quien el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, confirmó la resolución recurrida; constituyendo ésta el acto reclamado. La consideración esencial en la cual se basó la Sala responsable para la emisión de la resolución hoy tildada de inconstitucional, consiste en que tal como lo refirió el juez natural, el hoy quejoso no demostró que la acreedora con motivo de su profesión tenga ingresos propios, por lo que permanece intocada la presunción legal de la necesidad a que se refiere el artículo 163, del Código Civil para el Estado. En su único concepto de violación el quejoso refiere que tal razonamiento es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 14, de la Constitución General, en razón de que no atendió a los principios de igualdad y necesidad tratándose de alimentos, que si bien los cónyuges se deben alimentos, también lo es que debe atenderse al principio de necesidad, siendo que en el caso, la acreedora no demostró tener alguna incapacidad física o legal para el ejercicio de su profesión, o bien, que no pueda tener acceso a un empleo, de ahí que al exigírsele acreditar que con motivo de su profesión obtiene ingresos, la resolución reclamada se torna ilegal. Como se dijo en párrafos precedentes, tal motivo de disenso es infundado, y para ello, resulta pertinente transcribir lo que disponen los artículos 161, 313, 314, 323, y 332, fracción III, todos del Código Civil para el Estado, los cuales son del siguiente tenor: Artículo 161. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a ayudarse mutuamente. Artículo 313. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Artículo 314. Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Artículo 323. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. Artículo 332. Cesa la obligación de dar alimentos: I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II. Cuando el alimentario deja de necesitar los alimentos; III. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo o al estudio del alimentario mayor de edad, mientras subsistan estas causas; IV. Si el alimentario, sin consentimiento del que deba dar los alimentos, abandona la casa de éste, por causas injustificadas. Si las causas fueron atendibles, podrá el alimentario solicitar su desincorporación. . De los tres primeros preceptos de advierte que la obligación de darse alimentos es recíproca y obligatoria entre los cónyuges, así también, que para la correcta fijación de una pensión alimenticia, debe tomarse en cuenta la posibilidad del deudor alimentario para poder proporcionarla, así como la necesidad del acreedor alimentario para recibirla, dicho de otra forma, el juzgador al determinar el monto de una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: "la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos", pues en toda determinación que se asuma al respecto, debe tomarse en cuenta que se trata de una cuestión de orden público e interés social, por ende, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Por último, existen causas que hacen cesar la obligación de darse alimentos. Precisado lo anterior, se arriba al conocimiento de que contrario a lo argüido por ALBERTO PÉREZ MORALES, la Sala responsable estuvo en lo correcto en estimar que no procedía cancelar la pensión alimenticia decretada a favor de la tercera interesada Rosario Méndez Ordaz, pues al caso, no aportó medio de convicción alguno por el cual demostrara que su acreedora alimentaria ya no necesitaba recibirlos, en razón de percibir un ingreso económico con motivo de su profesión (licenciada en derecho). En efecto, para poder decretar la cancelación de una pensión alimenticia, el deudor alimentario debe fundarse en alguna de las causales a que se contrae el artículo 332, del Código Civil, esto es, que carezca de los medio para cumplirla; cuando el acreedor deje de necesitarlos; cuando la necesidad de los alimentos dependa de la vagancia o falta de aplicación del trabajo por parte del acreedor alimentario, o bien, cuando el acreedor alimentario abandona la casa del deudor alimentario. Hipótesis que no acreditó el hoy quejoso, pues su pretensión la basó en que su acreedora cuenta con la profesión de licenciada en derecho, y que por ello es capaz de proveerse por sí misma de lo necesario para su subsistencia, sin aportar medio de convicción alguno que acreditara su dicho. Ahora, si bien es cierto quedó acreditado en el expediente relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia, que Rosario Méndez Ordaz, concluyó sus estudios universitarios, obteniendo el título de licenciada en derecho, cierto lo es también, que esa circunstancia no desvirtúa la presunción que tiene de recibir alimentos, pues se itera, el quejoso no aportó prueba alguna por la cual se demostrara que con motivo de dicha profesión, o bien, por diversos medios, obtuviera recursos económicos para solventar sus necesidades personales, debiéndose tomar en cuenta, que conforme al juicio natural del cual derivó el incidente en cita, su aún cónyuge se dedicó al cuidado de los menores hijos, así como a las labores del hogar. En otras palabras, corresponde al quejoso probar que su acreedora no necesita recibir alimentos, porque con motivo de su profesión percibe ingresos económicos suficientes para subsistir; pretender lo contrario, esto es, que sea ella quien tenga que probar que no cuenta con dichos ingresos, sería tanto como obligarla a demostrar hechos negativos no obstante tener la presunción por ley a su favor de necesitar los alimentos. Sin que impida resolver en los términos apuntados, el hecho de argumentar el quejoso que la acreedora alimentaria no haya acreditado tener una incapacidad física o legal para el ejercicio de su profesión, y con ello subsistir la obligación de otorgarle una pensión alimenticia. En efecto, pues si bien dicha circunstancia no se acreditó en autos, también lo es, que dicha circunstancia no demerita la presunción legal que tiene de recibir alimentos, pues se itera, al momento de la fijación de éstos, se dedicaba a las labores del hogar, y por ende, al cuidado de los hijos, aspectos que no fueron desvirtuados por el quejoso en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, menos, que obtuviera ingresos con motivo de su profesión. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, visible a página 823, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ALIMENTOS. LA ESPOSA DEBE CONTRIBUIR CON ESA OBLIGACIÓN SI SE DEMUESTRA QUE TIENE UNA FUENTE DE INGRESOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De una objetiva interpretación del artículo 150 del Código Civil para el Estado de México, se desprende que la obligación de proporcionar alimentos por regla general y en principio corresponde al marido, pues debe otorgarlos a la mujer y a los hijos realizando todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar; pero si la esposa tiene bienes propios, ejerce alguna profesión, oficio o comercio, debe contribuir a su vez con los gastos de la familia, siempre que la parte que le corresponda no exceda de la mitad de éstos, y sólo cuando se demuestre que el marido estuviese imposibilitado para trabajar o careciere de bienes propios, la cónyuge cubrirá tales gastos. Por consiguiente, es de concluir que cuando la mujer demanda el pago de alimentos, al consorte varón incumbe la obligación de demostrar que los proporciona, o en su defecto probar que aquélla no los necesita, bien porque tenga bienes propios o porque desempeñe algún trabajo o profesión, oficio o comercio que le permita percibir ingresos, pues sería injusto dejar la carga de la prueba al respecto a la esposa; por ello, si se omite justificar lo anterior, la cónyuge no tiene la obligación de contribuir para los gastos propios de la familia en términos de lo antes señalado, máxime si quedó acreditada la capacidad económica del deudor alimentista. En ese orden de ideas, y al resultar infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, sin que se advierta suplencia de la deficiencia que hace valer en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección que la Justicia Federal solicita ALBERTO PÉREZ MORALES, contra el acto reclamado a los magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca familiar 149/2017, por las razones expuestas en este considerando, así como en contra del acto de ejecución atribuido al juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ALBERTO PÉREZ MORALES, contra el acto reclamado a los magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el toca familiar 149/2017, así como en contra de su ejecución atribuida al juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por las razones expuestas en la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta que suscribe el quejoso Alberto Pérez Morales; visto su contenido, téngasele autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, esto, sin revocar a las diversas autorizadas en autos. NOTIFÍQUESE.

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