Alberto Noel Martínez Ramos

Expediente 1338/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1338/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Alberto Noel Martínez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, glósese a los autos para que obre como corresponda el sobre cerrado de cuenta que devuelve la Administradora de Correos de México, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que contiene el oficio número 5703, dirigido al Director del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, toda vez que con esta fecha se archiva el presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el sobre que devuelve el Administrador de Correos de México, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el oficio 4144 dirigido al Director del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, toda vez que ya se dictó la sentencia respectiva. Asimismo, glósese el oficio que envía la autoridad responsable, toda vez que con fecha veintiuno de febrero actual, se dictó la sentencia respectiva. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1338/2017; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. ALBERTO NOEL MARTÍNEZ RAMOS, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, Director de la Dirección General de Reinserción Social, y Director del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, consistentes en la resolución o acuerdo para trasladarlo del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, al Centro de Reinserción Social de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y su ejecución, los que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo 41/2017, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, mediante el cual ordena el traslado de ALBERTO NOEL MARTÍNEZ RAMOS del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, al Centro de Reinserción Social de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; y, La ejecución de dicho acuerdo. TERCERO. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, y el encargado del despacho de la Dirección General de Reinserción Social, al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario, por lo que, con fundamento en el artículo 64, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por cuanto a dichas responsables se refiere. CUARTO. La Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificado de su petición, como así se advierte del acuse de recibo correspondiente, por ende, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto de ejecución que se le atribuye. QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, estima resulta improcedente la presente instancia constitucional, en razón de que el quejoso debió agotar el principio de definitividad, es decir, debió combatir la orden de traslado reclamada ante el juez que lo tiene bajo su disposición. Es infundado tal argumento. En efecto, pues en la especie nos encontramos ante una orden de traslado que no fue autorizada por algún órgano judicial, luego entonces, se trata de un acto emitido fuera de procedimiento susceptible de analizarse vía constitucional, máxime que afecta indirectamente la libertad del quejoso. Al no advertirse diversa causa de improcedencia que estudiar, se procede a analizar el fondo del asunto. SEXTO. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, se estiman infundados, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: De las constancias remitidas por la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, se advierte que mediante Acuerdo 41/2017, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ordenó el traslado de ALBERTO NOEL MARTÍNEZ RAMOS del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, al Centro de Reinserción Social de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en razón de que el mismo resultaba inoperante para brindar las condiciones de vida y seguridad para sus internos. Ahora bien, a fin de analizar la constitucionalidad o no del referido acuerdo, es pertinente tomar en cuenta la siguiente cronología: El diecinueve de junio de dos mil once, entró en vigor lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del dos mil ocho, el cual literalmente dispone: "QUINTO. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto." Tal reforma se refiere al modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, previsto en los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en el que si bien intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, las facultades de cada uno se encuentran debidamente diferenciadas, pues al primero le corresponde únicamente la administración de las prisiones y al segundo todo lo relativo a la duración y modificación de las penas, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados. Ahora, el ocho de octubre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, de la Ley Fundamental, el cual en su inciso c), aludió a las facultades legislativas que posee el Congreso de la Unión para expedir, entre otros aspectos, la legislación única en materia de ejecución de penas, la cual debería regir en la República Mexicana tanto en el orden federal como en el común. En ese sentido, en el régimen transitorio de la enmienda constitucional en comento, particularmente en su artículo Segundo, el Constituyente Permanente estableció que la legislación única en materia de ejecución de penas que expidiera el Congreso de la Unión, tendría que entrar en vigor a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis; los preceptos en cita son del tenor literal siguiente: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: . XXI.- Para expedir: . c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; ." TRANSITORIOS. SEGUNDO. LA LEGISLACION ÚNICA EN LAS MATERIAS PROCEDIMENTAL PENAL, DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE EJECUCION DE PENAS QUE EXPIDA EL CONGRESO DE LA UNIÓN CONFORME AL PRESENTE DECRETO, ENTRARA EN VIGOR EN TODA LA REPUBLICA A MAS TARDAR EL DIA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Luego, en cumplimiento a tal mandato constitucional, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que de conformidad con su artículo primero transitorio, la mayor parte de su contenido normativo entró en vigor al día siguiente. En ese sentido, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la normativa aplicable a todo lo concerniente a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, y por ende, lo relativo a los traslados de las personas sentenciadas, tanto a nivel Federal, como Estatal. Sentado lo anterior, procede analizar si la orden de traslado emitida por la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, se ajustó a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y para ello, es pertinente transcribir lo que disponen los numerales 2, párrafo primero, 3, fracciones I y XVII, 50, 51 y 52, de la Ley en comento: Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. . Artículo 3. Glosario Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: I. Autoridad Penitenciaria: A la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargada de operar el Sistema Penitenciario; XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario; Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De los citados preceptos se colige, que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable tanto en el ámbito Federal, como en el Local, así también, recogen el principio de judicialización de la ejecución de penas, en razón de que todo traslado -por regla general- debe ser aprobado y ordenado por la autoridad judicial, no obstante, se permite un caso de excepción, en el cual, la autoridad penitenciaria (administrativa) podrá ordenar el traslado de los sentenciados, con las condiciones que previamente establece la legislación en estudio. Se hace notar, que la citada potestad conferida a la autoridad penitenciaria para trasladar a una persona de un centro de reclusión a otro, es transitoria, en la medida que no conlleva una decisión definitiva, dado que ello le compete única y exclusivamente a la autoridad judicial. En ese orden, para que la autoridad penitenciaria pueda ordenar el traslado de una persona privada de su libertada, sin previa autorización judicial, deberá -conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal- cumplir con lo siguiente: Deberá emitir la orden de traslado correspondiente mediante resolución administrativa. Notificar dicha resolución al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de ejecutarse el traslado. Ubicar el motivo del traslado en alguna de las hipótesis que establece el numeral 52, de la Ley aplicable. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2078, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. SI SE EMITIÓ A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SUS ARTÍCULOS 50 A 52, QUE CONSOLIDAN EL PRINCIPIO DE JUDICIALIZACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS. De la interpretación al artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige que, a partir de su vigencia (17 de junio de 2016), ésta es aplicable para los procedimientos o actos procedimentales que surjan en la etapa de ejecución de penas, con independencia de que la causa penal del sentenciado haya causado estado antes del inicio de esa vigencia, pues en congruencia con las enmiendas constitucionales de 18 de junio de 2008 y 8 de octubre de 2013, dicha legislación representa para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el medio idóneo para instrumentalizar los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, los cuales deben lograr su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible. Lo anterior, porque la intención del Poder Reformador de la Constitución en que se creara una ley única en materia de ejecución de penas, fue con el fin de generar seguridad jurídica de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por tanto, si la orden de traslado fue dictada antes de la entrada en vigor de la ley mencionada, la legislación en la materia aplicable para los requisitos de su emisión, es alguna de aquellas que fueron abrogadas a raíz de la vigencia de esa norma especial. En cambio, si fue dictada el día o después de que aquélla entrara en vigor, la aplicable será ésta, por lo que para que ese mandato pueda emitirse, debe satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 50 a 52 de ese ordenamiento, que consolidan el principio de judicialización en la etapa de ejecución de penas, previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, pues establecen, como regla, que todo traslado tiene que ser aprobado y ordenado por una autoridad judicial y, salvo en circunstancias de excepción previamente establecidas en la ley, la autoridad penitenciaria -administrativa- podrá emitirlo con la condicionante de que a la brevedad posible, tendrá que hacerlo del conocimiento de la autoridad judicial para su aval o avenencia. Conforme a lo anterior, y con base en las constancias de autos, se llega a la conclusión de que la orden de traslado reclamada por ABERTO NOEL MARTÍNEZ RAMOS, se encuentra ajustada a derecho, pues se colmaron los requisitos que para tal efecto dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el traslado de una persona sin previa autorización judicial. En efecto, pues en la especie la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, ordenó el traslado del aludido quejoso mediante el Acuerdo 41/2017, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, aduciendo que el centro penitenciario en el cual se encontraba purgando su pena, resultaba inoperante para brindar las condiciones de vida y seguridad que se requieren para su subsistencia, pues el mismo fue habilitado como un centro de reclusión improvisado anexo al Palacio Municipal de Huajuapan de León, ordenándose además, dadas sus condiciones, que a partir de su traslado, así como del resto de los reclusos, el Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, dejaría de funcionar como tal; dicha determinación fue ejecutada el uno de diciembre de dos mil diecisiete; finalmente, tal resolución fue notificada al juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en la misma data, ante quien se encuentra a disposición el aludido quejoso. Como se aprecia, la autoridad responsable ciñó su actuar a lo establecido en el arábigo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón de que ordenó el traslado de ALBERTO NOEL MARTÍNEZ RAMOS, mediante resolución administrativa (Acuerdo 41/2017), para ello se fundó en el riesgo que corría en su integridad dada las condiciones del centro de internamiento, las cuales se encuentran justificadas, pues ante todo las autoridades administrativas deben velar por la seguridad y salud de los reclusos, así también, notificó tal determinación al juez competente, en la misma fecha en la cual se ejecutó el traslado, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ejecución. Sin que impida resolver en dicho sentido, la circunstancia de que al momento de emitirse la presente sentencia, no obre constancia alguna por la cual, el juez competente se haya pronunciado respecto a la legalidad del traslado reclamado. En efecto, pues la actuación de la autoridad penitenciaria (traslado), se encuentra desvinculada de la calificación de legalidad que en su caso haga el juez de ejecución. Ello es así, pues para efectos del amparo, la excepción prevista en el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite a las autoridades penitenciarias ordenar y ejecutar el traslado de las personas privadas de su libertad sin previa judicialización, siempre y cuando se colmen los extremos previstos en dicho numeral, requisitos que deben ser analizados vía constitucional, pues tal determinación puede causar agravios al quejoso en caso de no cumplirse con los mismos, tornando dicho traslado en inconstitucional, lo que traería en su momento la concesión del amparo para el efecto de regresarlo al centro de reclusión del cual fue extraído, sin soslayarse el hecho de que el órgano jurisdiccional pudiera no pronunciarse respecto a la legalidad del traslado dentro del término de cuarenta y ocho horas que prevé tal numeral, siendo esta otra razón que daría lugar al amparo biinstancial. En las relatadas consideraciones, se estima que la orden de traslado reclamada no vulneró derecho humano alguno en perjuicio de ALBERTO NOEL MARTÍNEZ RAMOS, por lo que, al resultar infundados los conceptos de violación, y al no existir en el caso, suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, conlleva negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1338/2017, en términos del considerando tercero de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ALBERTO NOEL MARTÍNEZ RAMOS, contra el acto reclamado a la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, y al Director del Centro de Reinserción Social de Huajuapan de León, Oaxaca, consistentes en la resolución que ordena su traslado de ese centro de reclusión, al diverso de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano