Alberto Noé Juárez Acevedo
Expediente 1966/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1966/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Noé Juárez Acevedo
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito que suscribe Alberto Noé Juárez Acevedo; en atención a su contenido, devuélvanse los documentos que solicita, teniéndose por autorizadas para recibirlos a las personas que indica, previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de doce de enero del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia terminada de engrosar el quince de octubre de dos mil quince, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa IRMA ADELAIDA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, para los siguientes efectos: Que una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, la resolución reclamada dejara de surtir sus efectos legales y la autoridad responsable emitiera los actos necesarios para que la anulación del acto reclamado surtiera toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos y consecuencias; lo que se traduce en que remitiera el expediente 62/2014, del índice de la Comisión Delegacional de Solicitudes de Rembolso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Comisión de Quejas Médicas del referido Instituto, a efecto de que resolviera lo conducente. Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Comité de Quejas Medicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México por conducto de su delegada, interpuso en su contra recurso de revisión, el cual fue admitido por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa de este Circuito, radicándolo como amparo en revisión número 53/2016, y mediante ejecutoria de uno de septiembre de dos mil dieciséis, confirmaron la sentencia recurrida. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a las responsables el cumplimiento de la misma. La autoridad responsable por oficio UADyCS/106/2016, de fecha dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, informó que mediante oficio CDQM/ST/129/2014, de doce de septiembre de dos mil catorce, remitió la queja médica promovida por la quejosa a la Presidenta del Comité de Quejas Médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así también, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de octubre del año pasado, dictada por el Comité de Quejas medicas en su Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, dejo insubsistente la resolución emitida en la cuarta Sesión Ordinaria celebrada el once de marzo del dos mil quince y declaro improcedente la queja medica promovida ante el instituto por la quejosa. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Alberto Noé Juárez Acevedo contra actos del Subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1966/2016. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de garantías, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, siendo muy clara la disposición legal transcrita en el sentido de declarar improcedente el juicio constitucional si no se ha cumplido con ello. Precisado lo anterior, el acto reclamado consiste en la anotación hecha en la constancia de verificación de antecedentes penales de fecha siete del actual, en la que la autoridad responsable Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tomando como base el juicio de amparo 687/2015, del índice de este juzgado de Distrito, promovido contra la resolución dictada el siete de abril de dos mil quince, por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 158/2014, por el delito de robo calificado con violencia, estableció que el aquí quejoso no cumplía con los requisitos de ingreso a las instituciones policiales. En ese contexto, contra el mencionado acto procede el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos 111, segunda parte, fracción VI, de la Constitución Política del Estado, 1, primer párrafo, 66, 70, 185 y 186 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mismo que no requiere mayores requisitos para la obtención de la suspensión de los actos impugnados que los que exige la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, los que para mayor claridad se transcriben enseguida: "Artículo 111. (.) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos, combate a la corrupción e impartición de Justicia Administrativa, tendrá la estructura que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y las siguientes atribuciones: (.) VI.- Resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares. Así como las que se susciten entre los Municipios entre sí o entre éstos y el Gobierno del Estado, como consecuencia de los convenios que celebren para el ejercicio de funciones, de ejecución de obras o prestación de servicios públicos municipales; la ley establecerá las normas para su organización y funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, y". "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca". "Artículo 66.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes, ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta Ley". "Artículo 70.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal del Estado o Municipal. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión". "Artículo 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado". "Artículo 186.- El Tribunal podrá modificar o revocar en cualquier momento el acuerdo en que haya concedido la suspensión si varían las circunstancias bajo las cuales se otorgó". Por lo tanto, al no agotar el quejoso previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 del mismo ordenamiento legal. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados para tal efecto a las personas que menciona, sin las facultades que contempla el artículo 12 de la Ley de la Materia. Se hace la precisión que quedan en la secretaría de este juzgado los documentos que anexó el impetrante a su demanda, a fin de que le sean devueltos en su oportunidad. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que el promovente del amparo solicita que se omita publicar sus datos personales, en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; por tanto, hágase esta circunstancia del conocimiento del Administrador Regional en el Estado de Oaxaca, Encargado del Módulo de Acceso a la Información en esta población, Órgano Administrativo adscrito a la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 1667/2015 (2914/2015), por el que se le encomendó emplazar a la tercera interesada Catalina Juárez Sosa. Ahora bien, advirtiéndose de la razón de cuatro de diciembre de dos mil dieciséis, levantada por la Actuaria del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, que no le fue posible trasladarse a la comunidad de San Andrés Lovene, debido a la falta de acceso y al alto índice de peligrosidad del mismo, así como a que la autoridad municipal se negó a brindarle protección por las circunstancias antes mencionadas; en consecuencia, a fin de no seguir retrasando el trámite del presente juicio, se ordena emplazar al presente juicio a la tercera interesada Catalina Juárez Sosa, mediante estrados en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para lo cual, gírese oficio al titular del mismo a fin dé cumplimiento a lo anterior, debiendo remitir a la brevedad posible las constancias que así lo acrediten, o bien, en caso de que ya haya señalado domicilio en esa localidad en la causa penal 46/2011, de su índice, la emplace en el mismo, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y 259, fracción I, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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